La inédita articulación entre Estados Unidos, el FMI y la CGT
Promueven un diálogo tripartito con empresarios y el Gobierno para contener el avance de China en la región, pero también para auxiliar a la gestión de Milei
Nicolás Balinotti
Marc Stanley, embajador de EE.UU., saluda a Pablo Moyano
Es muy probable que la CGT estire al máximo la definición para activar un nuevo paro general a pesar de que las consecuencias de esa demora podrían empujarla hacia una ruptura. El jueves próximo quedarán en evidencia las diferentes posturas dentro del consejo directivo, pero no estaría en los planes de los grupos mayoritarios resolver ese día la tercera huelga contra Javier Milei.
Los gremios esperarán por lo menos hasta agosto, cuando se concretaría la escenificación del diálogo social y tripartito con los empresarios más poderosos del país y representantes del Gobierno. Se trata de una postal de cordialidad que es promovida y gestionada por Estados Unidos en tren de auxiliar a Milei para contener el malestar y las dudas que puedan surgir sobre su gestión de los sectores productivos. Al margen de las cuestiones domésticas, Estados Unidos tiene su interés, sobre todo, en conservar su influencia y negocios en la región en su pelea geopolítica con China.
Pasó esta semana por Buenos Aires una delegación del Congreso estadounidense presidida por el demócrata Ben Cardin, titular del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Como parte de su agenda, Cardin incluyó un encuentro cara a cara con una comitiva de la CGT encabezada por Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y Maia Volcovinsky (Judiciales). “Está el riesgo latente del caos social. El Gobierno tiene que mostrar gestión, con el ajuste y bajar la inflación no alcanza”, advirtieron los sindicalistas cuando se los consultó sobre el rumbo de la gestión de Milei. Un mensaje similar había llevado hace algunas semanas el jefe de la Uocra a Washington, cuando fue convocado por la Subsecretaría para Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo, Thea Lee, quien unos días después recibió, por separado, al secretario de Trabajo de Milei, Julio Cordero. Lee bajó la misma línea, de acuerdo con la versión de sus dos invitados: promover el diálogo social y reconocer la representación sindical. Cordero, sin embargo, negó que se haya hablado sobre asuntos domésticos. Martínez dijo lo contrario. Un tuit de ayer de la embajada de Estados Unidos en la Argentina pareció darle la razón al sindicalista.
El encuentro de Lee, la funcionaria de Joe Biden, se enmarca en el programa M-Power, que impulsan Estados Unidos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y del que la Argentina es parte como socio fundador. Cordero fue convocado a Washington por ser el funcionario del área, mientras que a Martínez lo citaron por su rol de secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, una suerte de cancillería laboral que lo hizo miembro permanente de la OIT. El M-Power consiste en una alianza con sindicatos, ONG y académicos que se orienta hacia una acción activa internacional para fomentar las organizaciones de trabajadores y la defensa de sus derechos. Uno de los mandamientos del programa es la justicia social, algo “aberrante y violento”, según la definición de Milei, porque para él significa “robarle a alguien para darle a otro”. ¿Sabrá el Presidente que su secretario de Trabajo es uno de los promotores de este concepto?
Cordero reabrió el martes pasado el diálogo con la CGT y logró que las amenazas de paro sean por ahora solo parte del juego retórico. Con algunos dirigentes se abrazó de manera tan efusiva que sirvió para romper el hielo de una reunión en la que no hubo tensión. Se preocupó por aclarar ante sus interlocutores que él no está detrás de los proyectos de ley para limitar los mandatos sindicales ni de la iniciativa que pretende eliminar “la cuota solidaria”, dos medidas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremios en caso de que prosperen en el Congreso. De hecho, los sindicalistas le pidieron al Gobierno que desista de apelar la judicialización del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 en el que la CGT objeta la reforma de estos dos puntos, entre otros que habían sido incluidos en la Ley Bases original. Por esta razón, Cordero excluyó de la numerosa comitiva oficial que recibió a los sindicalistas en Alem 650 a Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área a cargo de supervisar la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus estatutos. Aquino quedó en el ojo de la tormenta después de haber reconocido en una entrevista radial que el objetivo de la gestión libertaria es traducir en proyectos de ley autónomos los artículos de la reforma laboral que habían sido excluidos de la Ley Bases.
Como parte del mismo raid, Cordero recibirá la semana que viene a los representantes del Grupo de los Seis, que integran la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural Argentina. Un auditorio que le resultará tan familiar como el sindical. Con muchos de ellos, la relación roza la amistad. Hicieron migas durante años en las semanas que compartieron gremialistas y empresarios en Suiza, en la sede de la OIT. Allí se fomenta casi como primer mandamiento el diálogo tripartito, con el Estado como mediador. Totalmente a contramano del manual libertario.
Antes de su desembarco en la Secretaría de Trabajo, Cordero fue el abogado histórico de Techint y trabajó hasta un día antes de su nombramiento en el Estado en la financiera Finma, vinculada al influyente grupo empresario que encabeza Paolo Rocca. Desde allí asesoró en las sombras a La Libertad Avanza en temas laborales para su plataforma electoral y luego intervino en la redacción de la letra chica del capítulo IV del DNU 70/23, que está a la espera de una resolución de la Corte Suprema. Lógicamente, sus vínculos con Techint se mantienen intactos. Hasta conserva su cobertura médica de la Obra Social Asociación del Personal Superior de la Organización Techint. Sus nexos podrían ser una ventaja para convencer a las entidades empresariales de que ahora sí funcionaría la institucionalización del diálogo tripartito con los gremios y el Estado.
Contacto con el FMI
Los empresarios celebraron la aprobación de la Ley Bases, pero al igual que los sindicalistas consideran ahora que hace falta algo más que el ajuste a ritmo de machete y la baja de la inflación. Temen una hiperrecesión. “Necesitamos conocer un rumbo, una política de desarrollo, tener certezas. Un día es cepo sí, pero otro día es cepo no”, dijo algo desorientado un empresario industrial el día que se conoció que la actividad tuvo un desplome en mayo de 14,3% interanual. La inestabilidad cambiaria y el riesgo país son señales de alarma, pero también los compromisos de deuda que se avecinan. En un país en el que faltan dólares, hay vencimientos a pagar por US$65.300 millones hasta 2027, según precisan economistas. El auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sería entonces necesario.
Como parte de la misma articulación entre Estados Unidos, la CGT y la Secretaría de Trabajo aparece el FMI. Luis Cubeddu, el venezolano que es subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, es la mano derecha de Rodrigo Valdés, el funcionario del staff que supervisa las discusiones con la Argentina y que fue cuestionado por Milei. Cubeddu tuvo un reciente contacto con los gremialistas para tomar la temperatura sociolaboral. Reconocen en el organismo que los gremios peronistas, aun en su desprestigio, conservan su poder de daño y control de la calle en este momento dramático de parálisis económica. “El Fondo está preocupado, quiere que haya garantías de que no va haber un quilombo social. Además, está interesado en que no avancen las inversiones chinas en la región”, dijo uno de los dirigentes sindicales que habrían conversado con Cubeddu. Si bien entre los sindicatos el FMI remite a las peores pesadillas y es casi una mala palabra, el canal de intercambio se abrió durante la gestión de Mauricio Macri, se reforzó en la de Alberto Fernández por el impacto económico de la pandemia y ahora se mantiene aceitado ante la incertidumbre que genera la gestión de Milei.
Economistas de diferentes corrientes, admirados o denostados por Milei, advierten sobre un eventual recrudecimiento de la crisis económica. La preocupación también se filtró entre su consejo de asesores. Las recientes y abruptas salidas de Teddy Karagozian y Fausto Spotorno muestran que se trata de un rejunte de nombres en donde no estaría permitido el disenso con la hoja de ruta trazada desde la Casa Rosada. Pero hay estadísticas que el mundo virtual libertario tal vez pasa por alto. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con base en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Ministerio de Trabajo, evaluó la dinámica laboral y empresarial de los primeros meses de la gestión de Milei con cifras alarmantes. Entre noviembre de 2023, después del triunfo en el balotaje, y abril de 2024, cerraron 7860 empresas y se perdieron 170.695 empleos registrados. La cifra podría incrementarse si entre las bajas se incluye a los empleados estatales, blanco permanente de los tuiteros libertarios que le marcan la cancha al Presidente
Cordero se desmarcó de los proyectos de ley para profundizar la reforma laboral, para no alterar la negociación que se abrió con la CGT
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Otorgan un aumento a estatales por debajo de la inflación
La suba será de 6,6% por dos meses; ATE la rechazó
Rodolfo Aguiar jefe del gremio de ate “Es inaceptable. Usan la paritaria nacional como disciplinamiento para gobernadores e intendentes”
El gobierno de Javier Milei, en su rol de empleador, ofreció un aumento salarial de 6,6% en dos pagos para los estatales nucleados en los gremios de UPCN y ATE. La suba se concretará en dos pagos: 3,5% para julio y 3% para agosto, más un bono remunerativo (es decir, que se añade al salario) de $60.000. En el acta salarial el ofrecimiento fue aceptado por UPCN, el gremio mayoritario que encabeza Andrés Rodríguez, mientras que fue rechazado por ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, quien llamó a estar “en asamblea permanente”.
El aumento forma parte de la discusión salarial 2024-2025 que comenzó en junio de este año. En lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.
“Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos. El Presidente y todo su gabinete desde hace meses están viviendo con la nuestra, con la de los estatales”, señaló Aguiar, en un comunicado.
Y añadió: “No hay dudas acerca de que el Gobierno ha decido usar la paritaria nacional como disciplinamiento para gobernadores e intendentes. Las negociaciones nacionales siempre fueron una guía para las discusiones que se dan luego en las administraciones provinciales y locales. Es un ajustazo”.
Rodríguez, de UPCN, se diferenció y aceptó la propuesta. El jefe de UPCN es, además, el número tres de la CGT y participó esta semana en la reapertura del diálogo entre la central obrera y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Hace dos semanas, en la apertura de la paritaria estatal, UPCN y ATE pactaron la actualización del monto por presentismo y lograron conservar el 0,5% de cuota solidaria, un porcentaje que se les retiene de manera automática a todos los empleados de la administración pública nacional y que va directo a las arcas del gremio. En el país hay unos 3.000.000 de empleados públicos. Del Estado nacional dependen unos 700.000, aproximadamente. Son los que recibirán la suba del 6,6%
Es muy probable que la CGT estire al máximo la definición para activar un nuevo paro general a pesar de que las consecuencias de esa demora podrían empujarla hacia una ruptura. El jueves próximo quedarán en evidencia las diferentes posturas dentro del consejo directivo, pero no estaría en los planes de los grupos mayoritarios resolver ese día la tercera huelga contra Javier Milei.
Los gremios esperarán por lo menos hasta agosto, cuando se concretaría la escenificación del diálogo social y tripartito con los empresarios más poderosos del país y representantes del Gobierno. Se trata de una postal de cordialidad que es promovida y gestionada por Estados Unidos en tren de auxiliar a Milei para contener el malestar y las dudas que puedan surgir sobre su gestión de los sectores productivos. Al margen de las cuestiones domésticas, Estados Unidos tiene su interés, sobre todo, en conservar su influencia y negocios en la región en su pelea geopolítica con China.
Pasó esta semana por Buenos Aires una delegación del Congreso estadounidense presidida por el demócrata Ben Cardin, titular del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Como parte de su agenda, Cardin incluyó un encuentro cara a cara con una comitiva de la CGT encabezada por Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y Maia Volcovinsky (Judiciales). “Está el riesgo latente del caos social. El Gobierno tiene que mostrar gestión, con el ajuste y bajar la inflación no alcanza”, advirtieron los sindicalistas cuando se los consultó sobre el rumbo de la gestión de Milei. Un mensaje similar había llevado hace algunas semanas el jefe de la Uocra a Washington, cuando fue convocado por la Subsecretaría para Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo, Thea Lee, quien unos días después recibió, por separado, al secretario de Trabajo de Milei, Julio Cordero. Lee bajó la misma línea, de acuerdo con la versión de sus dos invitados: promover el diálogo social y reconocer la representación sindical. Cordero, sin embargo, negó que se haya hablado sobre asuntos domésticos. Martínez dijo lo contrario. Un tuit de ayer de la embajada de Estados Unidos en la Argentina pareció darle la razón al sindicalista.
El encuentro de Lee, la funcionaria de Joe Biden, se enmarca en el programa M-Power, que impulsan Estados Unidos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y del que la Argentina es parte como socio fundador. Cordero fue convocado a Washington por ser el funcionario del área, mientras que a Martínez lo citaron por su rol de secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, una suerte de cancillería laboral que lo hizo miembro permanente de la OIT. El M-Power consiste en una alianza con sindicatos, ONG y académicos que se orienta hacia una acción activa internacional para fomentar las organizaciones de trabajadores y la defensa de sus derechos. Uno de los mandamientos del programa es la justicia social, algo “aberrante y violento”, según la definición de Milei, porque para él significa “robarle a alguien para darle a otro”. ¿Sabrá el Presidente que su secretario de Trabajo es uno de los promotores de este concepto?
Cordero reabrió el martes pasado el diálogo con la CGT y logró que las amenazas de paro sean por ahora solo parte del juego retórico. Con algunos dirigentes se abrazó de manera tan efusiva que sirvió para romper el hielo de una reunión en la que no hubo tensión. Se preocupó por aclarar ante sus interlocutores que él no está detrás de los proyectos de ley para limitar los mandatos sindicales ni de la iniciativa que pretende eliminar “la cuota solidaria”, dos medidas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremios en caso de que prosperen en el Congreso. De hecho, los sindicalistas le pidieron al Gobierno que desista de apelar la judicialización del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 en el que la CGT objeta la reforma de estos dos puntos, entre otros que habían sido incluidos en la Ley Bases original. Por esta razón, Cordero excluyó de la numerosa comitiva oficial que recibió a los sindicalistas en Alem 650 a Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área a cargo de supervisar la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus estatutos. Aquino quedó en el ojo de la tormenta después de haber reconocido en una entrevista radial que el objetivo de la gestión libertaria es traducir en proyectos de ley autónomos los artículos de la reforma laboral que habían sido excluidos de la Ley Bases.
Como parte del mismo raid, Cordero recibirá la semana que viene a los representantes del Grupo de los Seis, que integran la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural Argentina. Un auditorio que le resultará tan familiar como el sindical. Con muchos de ellos, la relación roza la amistad. Hicieron migas durante años en las semanas que compartieron gremialistas y empresarios en Suiza, en la sede de la OIT. Allí se fomenta casi como primer mandamiento el diálogo tripartito, con el Estado como mediador. Totalmente a contramano del manual libertario.
Antes de su desembarco en la Secretaría de Trabajo, Cordero fue el abogado histórico de Techint y trabajó hasta un día antes de su nombramiento en el Estado en la financiera Finma, vinculada al influyente grupo empresario que encabeza Paolo Rocca. Desde allí asesoró en las sombras a La Libertad Avanza en temas laborales para su plataforma electoral y luego intervino en la redacción de la letra chica del capítulo IV del DNU 70/23, que está a la espera de una resolución de la Corte Suprema. Lógicamente, sus vínculos con Techint se mantienen intactos. Hasta conserva su cobertura médica de la Obra Social Asociación del Personal Superior de la Organización Techint. Sus nexos podrían ser una ventaja para convencer a las entidades empresariales de que ahora sí funcionaría la institucionalización del diálogo tripartito con los gremios y el Estado.
Contacto con el FMI
Los empresarios celebraron la aprobación de la Ley Bases, pero al igual que los sindicalistas consideran ahora que hace falta algo más que el ajuste a ritmo de machete y la baja de la inflación. Temen una hiperrecesión. “Necesitamos conocer un rumbo, una política de desarrollo, tener certezas. Un día es cepo sí, pero otro día es cepo no”, dijo algo desorientado un empresario industrial el día que se conoció que la actividad tuvo un desplome en mayo de 14,3% interanual. La inestabilidad cambiaria y el riesgo país son señales de alarma, pero también los compromisos de deuda que se avecinan. En un país en el que faltan dólares, hay vencimientos a pagar por US$65.300 millones hasta 2027, según precisan economistas. El auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sería entonces necesario.
Como parte de la misma articulación entre Estados Unidos, la CGT y la Secretaría de Trabajo aparece el FMI. Luis Cubeddu, el venezolano que es subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, es la mano derecha de Rodrigo Valdés, el funcionario del staff que supervisa las discusiones con la Argentina y que fue cuestionado por Milei. Cubeddu tuvo un reciente contacto con los gremialistas para tomar la temperatura sociolaboral. Reconocen en el organismo que los gremios peronistas, aun en su desprestigio, conservan su poder de daño y control de la calle en este momento dramático de parálisis económica. “El Fondo está preocupado, quiere que haya garantías de que no va haber un quilombo social. Además, está interesado en que no avancen las inversiones chinas en la región”, dijo uno de los dirigentes sindicales que habrían conversado con Cubeddu. Si bien entre los sindicatos el FMI remite a las peores pesadillas y es casi una mala palabra, el canal de intercambio se abrió durante la gestión de Mauricio Macri, se reforzó en la de Alberto Fernández por el impacto económico de la pandemia y ahora se mantiene aceitado ante la incertidumbre que genera la gestión de Milei.
Economistas de diferentes corrientes, admirados o denostados por Milei, advierten sobre un eventual recrudecimiento de la crisis económica. La preocupación también se filtró entre su consejo de asesores. Las recientes y abruptas salidas de Teddy Karagozian y Fausto Spotorno muestran que se trata de un rejunte de nombres en donde no estaría permitido el disenso con la hoja de ruta trazada desde la Casa Rosada. Pero hay estadísticas que el mundo virtual libertario tal vez pasa por alto. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con base en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Ministerio de Trabajo, evaluó la dinámica laboral y empresarial de los primeros meses de la gestión de Milei con cifras alarmantes. Entre noviembre de 2023, después del triunfo en el balotaje, y abril de 2024, cerraron 7860 empresas y se perdieron 170.695 empleos registrados. La cifra podría incrementarse si entre las bajas se incluye a los empleados estatales, blanco permanente de los tuiteros libertarios que le marcan la cancha al Presidente
Cordero se desmarcó de los proyectos de ley para profundizar la reforma laboral, para no alterar la negociación que se abrió con la CGT
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Otorgan un aumento a estatales por debajo de la inflación
La suba será de 6,6% por dos meses; ATE la rechazó
Rodolfo Aguiar jefe del gremio de ate “Es inaceptable. Usan la paritaria nacional como disciplinamiento para gobernadores e intendentes”
El gobierno de Javier Milei, en su rol de empleador, ofreció un aumento salarial de 6,6% en dos pagos para los estatales nucleados en los gremios de UPCN y ATE. La suba se concretará en dos pagos: 3,5% para julio y 3% para agosto, más un bono remunerativo (es decir, que se añade al salario) de $60.000. En el acta salarial el ofrecimiento fue aceptado por UPCN, el gremio mayoritario que encabeza Andrés Rodríguez, mientras que fue rechazado por ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, quien llamó a estar “en asamblea permanente”.
El aumento forma parte de la discusión salarial 2024-2025 que comenzó en junio de este año. En lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.
“Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos. El Presidente y todo su gabinete desde hace meses están viviendo con la nuestra, con la de los estatales”, señaló Aguiar, en un comunicado.
Y añadió: “No hay dudas acerca de que el Gobierno ha decido usar la paritaria nacional como disciplinamiento para gobernadores e intendentes. Las negociaciones nacionales siempre fueron una guía para las discusiones que se dan luego en las administraciones provinciales y locales. Es un ajustazo”.
Rodríguez, de UPCN, se diferenció y aceptó la propuesta. El jefe de UPCN es, además, el número tres de la CGT y participó esta semana en la reapertura del diálogo entre la central obrera y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Hace dos semanas, en la apertura de la paritaria estatal, UPCN y ATE pactaron la actualización del monto por presentismo y lograron conservar el 0,5% de cuota solidaria, un porcentaje que se les retiene de manera automática a todos los empleados de la administración pública nacional y que va directo a las arcas del gremio. En el país hay unos 3.000.000 de empleados públicos. Del Estado nacional dependen unos 700.000, aproximadamente. Son los que recibirán la suba del 6,6%
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