El Gobierno despidió a 5000 estatales en tres días
El gremio ATE convocó para hoy a un paro; el sindicato mayoritario, UPCN, no adhirió a la medida
Jaime Rosemberg
El Hospital Posadas es uno de los epicentros del reclamo
Los despidos en el Estado que se activaron con la caída de una nueva tanda de contratos a fin de mes superaron las primeras estimaciones.
Según reconocieron fuentes gubernamentales y gremiales, en la nueva ola de cesantías se dieron de baja unos 5000 contratos. De esa forma, los despidos estatales ya rondan los 20.000 desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que recibió una planta que supera los 300.000 empleados y que había crecido fuertemente durante la administración de Alberto Fernández. El gremio estatal ATE convocó para hoy a un paro nacional y realizará un acto en la Plaza de Mayo. No se sumará UPCN, el sindicato mayoritario de la administración pública.
El 5 del mes pasado, y ante un auditorio de economistas y empresarios reunidos en el marco del Latam Forum, en Parque Norte, el presidente Javier Milei reconoció que sabía que su plan económico “iba a generar tensión social y una contracción de la actividad”.
Insistió, enfático, en la reducción de la planta estatal, y luego de emprenderla contra los “degenerados fiscales”, aseguró: “Vamos a terminar echando a 75.000 personas, por ahora vamos por 25.000”.
Todavía lejos de esa cifra final, y aún consciente de la conflictividad que generan esas medidas, el gobierno libertario avanza por estos días y a paso firme con la reducción de la planta estatal, centrada en agentes “que no le agregaban valor a su trabajo” en ministerios, empresas con participación estatal y organismos descentralizados.
La desvinculación masiva de empleados obedece a que el decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado que todos los empleados con modalidad de contrato renovarían su situación sólo por 90 días
En esta reciente y segunda ola, puesta en marcha durante el fin de semana pasado, se dieron de baja unos 5000 contratos, según coincidieron fuentes gubernamentales y dirigentes del gremio estatal ATE.
El gremio ATE convocó para hoy a un paro nacional y una olla popular en Plaza de Mayo. No se sumará UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional.
El lunes, el portavoz Manuel Adorni informó que habían sido despedidos 685 empleados, que formaban parte del hoy ex-Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad y que se sumaron a los 240 empleos cesantedos.
“Bajo la administración del presidente Milei, no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, definió el portavoz.
Ya la semana pasada Adorni había anticipado: “El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo. Los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado y se seguirá evaluando cada uno de los casos. Lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica”.
Se trata, por cierto, de solo una parte de los despedidos en las últimas horas, la mayoría de ellos contratos transitorios que habían sido renovados por tres meses a fines de marzo.
Solo en los organismos con sede en la ciudad de Buenos Aires, desde ATE contabilizan unos 1200 despidos, incluidos 400 del ex-Ministerio de Desarrollo Social; 50 de Parques Nacionales; 40 del Incaa; 70 en la Secretaría de Derechos Humanos, y el anuncio de 280 cesantías de monotributistas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) aún no concretadas.
“Van a seguir llegando notificaciones, porque Milei habló de muchos más despidos”, afirmó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien se permitió preguntarse, irónico, si “el Gobierno está contabilizando como despedidos la gran cantidad de funcionarios que se fueron desde que llegaron al poder”.
Informe
Desde la Jefatura de Gabinete, que encabeza Guillermo Francos, evitaron dar un número preciso de cesantías. Sí informaron que “en dos semanas” tendrán en sus manos “el informe completo de los contratos que no fueron renovados” en todas y cada una de las dependencias del Estado.
En la Casa Rosada contabilizan, de modo informal, unos 15.000 cesanteados desde diciembre hasta junio (los estatales suman 20.000), a los que se sumarían estos 5000 actualmente notificados o en proceso en distintas provincias.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, consignó que desde el viernes unos 2330 empleados se enteraron de que estaban despedidos.
“Un gran número de los despedidos es del interior, el objetivo es retirar la presencia del Estado en las provincias, muchos tuvieron una guillotina sobre sus cabezas estos tres meses mientras ellos suman empleados amigos a distintas dependencias”, afirmó Aguiar
Confirmó que ayer por la tarde se haría un plenario nacional de ATE en el que se definirían las medidas de fuerza para hoy. En principio, incluirá una olla popular en la Plaza de Mayo y el llamado a un paro nacional.
En abril, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario de la administración pública, se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 57 para exigir el cese de despidos de la gestión mileísta.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Achican la AFIP y ya ponen la lupa en el blanqueo
Los cambios promueven la ventanilla única para el usuario
Los despidos en el Estado que se activaron con la caída de una nueva tanda de contratos a fin de mes superaron las primeras estimaciones.
Según reconocieron fuentes gubernamentales y gremiales, en la nueva ola de cesantías se dieron de baja unos 5000 contratos. De esa forma, los despidos estatales ya rondan los 20.000 desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que recibió una planta que supera los 300.000 empleados y que había crecido fuertemente durante la administración de Alberto Fernández. El gremio estatal ATE convocó para hoy a un paro nacional y realizará un acto en la Plaza de Mayo. No se sumará UPCN, el sindicato mayoritario de la administración pública.
El 5 del mes pasado, y ante un auditorio de economistas y empresarios reunidos en el marco del Latam Forum, en Parque Norte, el presidente Javier Milei reconoció que sabía que su plan económico “iba a generar tensión social y una contracción de la actividad”.
Insistió, enfático, en la reducción de la planta estatal, y luego de emprenderla contra los “degenerados fiscales”, aseguró: “Vamos a terminar echando a 75.000 personas, por ahora vamos por 25.000”.
Todavía lejos de esa cifra final, y aún consciente de la conflictividad que generan esas medidas, el gobierno libertario avanza por estos días y a paso firme con la reducción de la planta estatal, centrada en agentes “que no le agregaban valor a su trabajo” en ministerios, empresas con participación estatal y organismos descentralizados.
La desvinculación masiva de empleados obedece a que el decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado que todos los empleados con modalidad de contrato renovarían su situación sólo por 90 días
En esta reciente y segunda ola, puesta en marcha durante el fin de semana pasado, se dieron de baja unos 5000 contratos, según coincidieron fuentes gubernamentales y dirigentes del gremio estatal ATE.
El gremio ATE convocó para hoy a un paro nacional y una olla popular en Plaza de Mayo. No se sumará UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional.
El lunes, el portavoz Manuel Adorni informó que habían sido despedidos 685 empleados, que formaban parte del hoy ex-Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad y que se sumaron a los 240 empleos cesantedos.
“Bajo la administración del presidente Milei, no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, definió el portavoz.
Ya la semana pasada Adorni había anticipado: “El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo. Los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado y se seguirá evaluando cada uno de los casos. Lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica”.
Se trata, por cierto, de solo una parte de los despedidos en las últimas horas, la mayoría de ellos contratos transitorios que habían sido renovados por tres meses a fines de marzo.
Solo en los organismos con sede en la ciudad de Buenos Aires, desde ATE contabilizan unos 1200 despidos, incluidos 400 del ex-Ministerio de Desarrollo Social; 50 de Parques Nacionales; 40 del Incaa; 70 en la Secretaría de Derechos Humanos, y el anuncio de 280 cesantías de monotributistas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) aún no concretadas.
“Van a seguir llegando notificaciones, porque Milei habló de muchos más despidos”, afirmó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien se permitió preguntarse, irónico, si “el Gobierno está contabilizando como despedidos la gran cantidad de funcionarios que se fueron desde que llegaron al poder”.
Informe
Desde la Jefatura de Gabinete, que encabeza Guillermo Francos, evitaron dar un número preciso de cesantías. Sí informaron que “en dos semanas” tendrán en sus manos “el informe completo de los contratos que no fueron renovados” en todas y cada una de las dependencias del Estado.
En la Casa Rosada contabilizan, de modo informal, unos 15.000 cesanteados desde diciembre hasta junio (los estatales suman 20.000), a los que se sumarían estos 5000 actualmente notificados o en proceso en distintas provincias.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, consignó que desde el viernes unos 2330 empleados se enteraron de que estaban despedidos.
“Un gran número de los despedidos es del interior, el objetivo es retirar la presencia del Estado en las provincias, muchos tuvieron una guillotina sobre sus cabezas estos tres meses mientras ellos suman empleados amigos a distintas dependencias”, afirmó Aguiar
Confirmó que ayer por la tarde se haría un plenario nacional de ATE en el que se definirían las medidas de fuerza para hoy. En principio, incluirá una olla popular en la Plaza de Mayo y el llamado a un paro nacional.
En abril, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario de la administración pública, se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 57 para exigir el cese de despidos de la gestión mileísta.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Achican la AFIP y ya ponen la lupa en el blanqueo
Los cambios promueven la ventanilla única para el usuario
Francisco Jueguen
Después de la Ley Bases, el Gobierno comienza a mover sus fichas. La AFIP impulsará una reestructuración interna con el objetivo declarado de aprovechar al máximo tres objetivos que esperan sumen más recursos a su alicaída recaudación: el ajuste, el blanqueo y la moratoria.
En la agencia que dirige Florencia Misrahi afirmaron que buscan “eficientizar y reducir costos de estructura”, por lo que impulsarán una fusión de áreas que, además de bajar gastos, serviría para generar una “ventanilla única” para el contribuyente. Los cambios en el organigrama de la AFIP se publicaron ayer, en el decreto 559. Se eliminarán ocho direcciones y tres subdirecciones. En total, se habla de una reducción de 44 unidades de estructura. Dicen allí que no habrá despidos. Sí, reasignaciones.
¿Cuáles son más precisamente los cambios que impulsará la AFIP de Milei? En principio, se unificarán en las dependencias de la DGI las actividades de control operativo en la materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano.
Por otra parte, unas 700 personas de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se integran a la DGI para las tareas de fiscalización de los 1000 agentes que hay actualmente.
“Esto es parte de lo que ya venimos trabajando. La modernización de una organización de mayor cercanía al contribuyente y empleador”, dijeron en la entidad. “Queremos además mirar desde una ventanilla única el blanqueo y la moratoria”, afirmaron sobre las medidas aprobadas en el paquete fiscal. “Que por razones operativas resulta necesario modificar la estructura organizativa” de la AFIP, dicen los considerandos de la norma.
“Que la presente medida propenderá a la complementación e interrelación entre la materia impositiva y la de los tributos del sistema de la seguridad social, en miras de lograr sinergia en las actividades operativas de la AFIP”, agrega. “Que ello contribuirá a constituir una administración pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, prioridad del Estado nacional”.
La decisión de la AFIP se enmarca en una economía que requiere recursos, bajar gastos y sumar ingresos. De hecho, según informó la administración, lo embolsado en el sexto mes del año ascendió a $11.297.649 millones, lo que, si bien nominalmente implicó un aumento de 221,2%, respecto de igual período de 2023, en términos reales significó una caída del 14%. En ese contexto de recesión, el Gobierno enfrenta además el desafío de eliminar –o reducir– el impuesto PAIS, que hoy representa casi siete puntos de la recaudación.
Por eso, ahora el oficialismo pone a punto la AFIP, que dirige Misrahi, para lo que viene después de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal: la moratoria y el blanqueo de capitales.
Según explicó cuando la nacion se aprobaron la Ley Bases y el paquete fiscal, las personas que tengan bienes o activos sin regularizar –por fuera del ojo del Estado– podrán adherir al blanqueo que comenzará a regir desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025. Para quienes quieran regularizar montos que no superen los US$100.000 podrán hacerlo sin pagar impuestos, en tanto y en cuanto ingresen el dinero en el sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien lo destinen a cierto tipo de inversiones.
En tanto, si se quiere blanquear un monto superior a los US$100.000, se aplicará una alícuota del 5% en la primera etapa (hasta el 30 de septiembre de 2024), de un 10% en la segunda (de octubre a diciembre de 2024) y de un 15% en la tercera (de enero a marzo de 2025).
Las personas que se inscriban en este blanqueo tendrán un incremento del 20% de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Es decir, para ellos, la tasa de este tributo pasaría del 0,5% al 0,6%.
No podrán inscribirse en blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038. No podrán adherir a este régimen de regularización los funcionarios públicos de los últimos diez años, ni sus hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos.
La moratoria, en tanto, sirve para deudas vencidas hasta el 31 de marzo de este año. Para adherir, hay tiempo hasta 150 días corridos desdelareglamentacióndelaAFIP. Se podrá pagar al contado o con un plan de pagos, según se explicó. No es posible regularizar en la moratoria mediante compensación.
Servirá para deudas tributarias en general (impuestos, aduana y seguridadsocial);deudasendiscusión judicial o administrativa (previo allanamiento o desistimiento), aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia, y deudas en planes de facilidades de pago (caducos o no).
Como beneficios ofrece la extinción de la acción penal sin sentencia firme; la condonación total de multas formales y materiales y la condonación de intereses (según fecha de adhesión y forma de pago)
Después de la Ley Bases, el Gobierno comienza a mover sus fichas. La AFIP impulsará una reestructuración interna con el objetivo declarado de aprovechar al máximo tres objetivos que esperan sumen más recursos a su alicaída recaudación: el ajuste, el blanqueo y la moratoria.
En la agencia que dirige Florencia Misrahi afirmaron que buscan “eficientizar y reducir costos de estructura”, por lo que impulsarán una fusión de áreas que, además de bajar gastos, serviría para generar una “ventanilla única” para el contribuyente. Los cambios en el organigrama de la AFIP se publicaron ayer, en el decreto 559. Se eliminarán ocho direcciones y tres subdirecciones. En total, se habla de una reducción de 44 unidades de estructura. Dicen allí que no habrá despidos. Sí, reasignaciones.
¿Cuáles son más precisamente los cambios que impulsará la AFIP de Milei? En principio, se unificarán en las dependencias de la DGI las actividades de control operativo en la materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano.
Por otra parte, unas 700 personas de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se integran a la DGI para las tareas de fiscalización de los 1000 agentes que hay actualmente.
“Esto es parte de lo que ya venimos trabajando. La modernización de una organización de mayor cercanía al contribuyente y empleador”, dijeron en la entidad. “Queremos además mirar desde una ventanilla única el blanqueo y la moratoria”, afirmaron sobre las medidas aprobadas en el paquete fiscal. “Que por razones operativas resulta necesario modificar la estructura organizativa” de la AFIP, dicen los considerandos de la norma.
“Que la presente medida propenderá a la complementación e interrelación entre la materia impositiva y la de los tributos del sistema de la seguridad social, en miras de lograr sinergia en las actividades operativas de la AFIP”, agrega. “Que ello contribuirá a constituir una administración pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, prioridad del Estado nacional”.
La decisión de la AFIP se enmarca en una economía que requiere recursos, bajar gastos y sumar ingresos. De hecho, según informó la administración, lo embolsado en el sexto mes del año ascendió a $11.297.649 millones, lo que, si bien nominalmente implicó un aumento de 221,2%, respecto de igual período de 2023, en términos reales significó una caída del 14%. En ese contexto de recesión, el Gobierno enfrenta además el desafío de eliminar –o reducir– el impuesto PAIS, que hoy representa casi siete puntos de la recaudación.
Por eso, ahora el oficialismo pone a punto la AFIP, que dirige Misrahi, para lo que viene después de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal: la moratoria y el blanqueo de capitales.
Según explicó cuando la nacion se aprobaron la Ley Bases y el paquete fiscal, las personas que tengan bienes o activos sin regularizar –por fuera del ojo del Estado– podrán adherir al blanqueo que comenzará a regir desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025. Para quienes quieran regularizar montos que no superen los US$100.000 podrán hacerlo sin pagar impuestos, en tanto y en cuanto ingresen el dinero en el sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien lo destinen a cierto tipo de inversiones.
En tanto, si se quiere blanquear un monto superior a los US$100.000, se aplicará una alícuota del 5% en la primera etapa (hasta el 30 de septiembre de 2024), de un 10% en la segunda (de octubre a diciembre de 2024) y de un 15% en la tercera (de enero a marzo de 2025).
Las personas que se inscriban en este blanqueo tendrán un incremento del 20% de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Es decir, para ellos, la tasa de este tributo pasaría del 0,5% al 0,6%.
No podrán inscribirse en blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038. No podrán adherir a este régimen de regularización los funcionarios públicos de los últimos diez años, ni sus hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos.
La moratoria, en tanto, sirve para deudas vencidas hasta el 31 de marzo de este año. Para adherir, hay tiempo hasta 150 días corridos desdelareglamentacióndelaAFIP. Se podrá pagar al contado o con un plan de pagos, según se explicó. No es posible regularizar en la moratoria mediante compensación.
Servirá para deudas tributarias en general (impuestos, aduana y seguridadsocial);deudasendiscusión judicial o administrativa (previo allanamiento o desistimiento), aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia, y deudas en planes de facilidades de pago (caducos o no).
Como beneficios ofrece la extinción de la acción penal sin sentencia firme; la condonación total de multas formales y materiales y la condonación de intereses (según fecha de adhesión y forma de pago)
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.