CORRUPCIÓN KK Y PLIEGO DE LIJO

La Justicia confirmará la condena a 6 años de prisión contra Cristina Kirchner
La Cámara de Casación ya lo tiene decidido, pese a las diferencias internas
Hernán CappielloCristina Kirchner

La primera condena por corrupción que recibió la expresidenta Cristina Kirchner quedará ratificada, probablemente esta semana, cuando la Cámara de Casación Penal confirme la decisión de aplicarle una pena de 6 años de prisión por fraude al Estado en la causa Vialidad.
Según pudo saber de la nacion fuentes de los tribunales, la Sala IV de la cámara que integran los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ya tiene decidido mantener la pena de seis años, pese a las diferentes posturas que tenían los magistrados.
En esa causa la expresidenta fue condenada por fraude al Estado al direccionar licitaciones de obras públicas en Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez. El fiscal Diego Luciani había pedido originalmente una pena de 12 años, pero después el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu falló por seis años. Una vez que se pronuncie Casación, solo quedará la instancia de la Corte Suprema. Si ahí ratifican la condena, Cristina Kirchner podría pedir la detención domiciliaria.
La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a confirmar la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por el delito de fraude al Estado al direccionar licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. Así lo tienen decidido los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, según anticiparon a fuentes de los tribunales.
Los camaristas rechazarán todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, cuando firmaron la sentencia el 6 de diciembre de 2022.
El fallo, que se prenuncia que sería dictado esta semana, no será unánime, sino que hay posturas diferentes en la Cámara de Casación. El juez Gustavo Hornos, que preside la Sala IV en este caso y fue el primero en votar, se inclinó por endurecer la condena e incorporar el cargo de asociación ilícita, que reclamó el fiscal de Casación Mario Villar, del mismo modo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani.
Pero su posición quedó solitaria. Los otros dos jueces que están terminando de delinear sus votos (por separado) son Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Borinsky analizó en un momento reducir la condena por tratarse de una persona primaria y sin antecedentes penales. Ya falló así en otros juicios, como en el caso de la ruta del dinero K, contra Lázaro Báez, y en una causa contra Julio De Vido por la tragedia de Once, cuando le tocó votar como conjuez de la Corte Suprema de Justicia.
El tercer juez que debe votar, Barroetaveña, está más cerca de rechazar todos los recursos y mantener las mismas penas que impuso el tribunal oral federal. Para que un tribunal colegiado dicte una sentencia debe haber al menos dos votos coincidentes, si no, no hay fallo. Hubo algunos experimentos, como llamar a un cuarto juez a votar, para conformar una mayoría, pero la Corte Suprema de Justicia se encargó de anular esas sentencias y ratificó el criterio de la necesidad de deliberar y llegar a un consenso.
Así las cosas, hoy en la Casación la decisión está tomada: se confirmará la sentencia por dos votos a uno, con la opinión mayoritaria de Borinsky y Barroetaveña, y con el voto de Hornos en disidencia, dijeron fuentes de los tribunales. Son 14 imputados y 13 condenas que hay que revisar, que se mantendrían todas como están.
El Código Procesal Penal refiere en el art. 458 inciso 2 que el fiscal puede apelar la sentencia condenatoria, “cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida”. En este caso el fiscal de juicio, Diego Luciani, pidió 12 años y el tribunal oral impuso la condena de seis años, es decir que no es inferior a la mitad de lo pedido, sino justo la mitad. Este sería uno de los argumentos para rechazar el recurso de la fiscalía.
Hay otro asunto. Si la Casación cambiara las penas, el caso debería ser revisado en un recurso de Casación horizontal por otra sala del mismo tribunal, lo que habilita el “efecto extensivo” del recurso que permite que los jueces alteren otras condenas y no solo las corregidas en un primer momento. Todo un escenario imprevisible. Primó la idea de dejar todo como está.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel, considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces la absolvieron, por mayoría, del delito de asociación ilícita.
El empresario dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, fue condenado a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El exsecretario de Obras Públicas José López también fue sentenciado a seis años de cárcel. Ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego. El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti recibió una condena a seis años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable de delito de administración fraudulenta.
El exministro de Planificación Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos por los que había sido acusado, y seguirá así. Héctor Garro fue absuelto por el tribunal, pero fueron condenados los titulares durante tres gobiernos kirchneristas de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Raúl Daruich (3 años y seis meses), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses), José Raúl Santibáñez (4 años) y Juan Carlos Villafañe (cinco años).
Abel Fatala –que fue el segundo de José López en la Secretaría de Obras Públicas– fue absuelto y seguirá así, al igual que Santiago Kirchner, primo de Néstor, que fue sobreseído.
Si bien en principio en la deliberación del caso se inclinaba la balanza hacia un fallo dividido donde primaba la idea de reducir la pena de Cristina Kirchner y la de otros acusados, esa posición finalmente no logró consenso y se llegó a una sentencia con dos votos coincidentes cuando se impuso el criterio de mantener las mismas penas que en el juicio oral.
Cristina Kirchner fue la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública.
Aun con la condena confirmada por la Cámara de Casación, no irá presa, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación cuando –según el nuevo Código Procesal Penal Federal, parcialmente vigente– se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.
Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que en esa circunstancia, si la Corte se pronuncia, puede pedir cumplir la pena en su casa. Si prospera la ley de ficha limpia en el Congreso, con este fallo de Casación no podrá ser candidata.
Cristina Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 en la causa Vialidad por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu a seis años de prisión. Gorini y Giménez Uriburu votaron por condenarla por el delito de fraude contra la administración pública. Y Basso, en minoría, se había pronunciado por sumar el delito de asociación ilícita, como lo reclamó el fiscal Diego Luciani.
La Casación realizó entre febrero y el 9 de mayo de 2024 seis audiencias con el fiscal ante la Casación Mario Villar y los abogados defensores de los condenados y absueltos. Ahora deberán decidir con todos los plazos vencidos.
Villar reclamó elevar a 12 años de prisión la pena de la expresidenta y que se la condene no solo por fraude al Estado, como lo hizo el tribunal oral, sino como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares. También, que se confirme su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos. La otra idea es que se considere cada una de las 51 licitaciones como un hecho de fraude en particular y se agrave la pena en función del concurso de delitos.

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Diferencias sobre cómo seguir tras el freno al pliego de Lijo
En el Gobierno, un sector amenaza con paralizar todos los nombramientos

Cecilia Devanna y Hernán Cappiello
En la Casa Rosada están convencidos de que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para llegar a la Corte Suprema son los que deberán salir aprobados del Senado y para eso analizan alternativas para destrabar las negociaciones por ellos, tras el empantanamiento de las últimas semanas.
En el medio se abren distintas lecturas sobre cómo deben ser esas negociaciones en las que un ala se muestra más intransigente y la otra, más inclinada a la negociación. Siempre bajo la premisa de que la situación debería estar resuelta para diciembre, mes en el que el máximo tribunal quedará con tres miembros. “Estamos trabajando día a día para avanzar”, dicen fuentes oficiales.
Por lo pronto, y mientras se trabaja en las nuevas alternativas para “desempantanar la situación”, un sector más cercano al área que responde al estratega Santiago Caputo considera que hasta tanto no se destraben las negociaciones por Lijo y García-Mansilla no se deben mandar los 144 pliegos de jueces nacionales y federales, fiscales y defensores que deben ir en busca de acuerdo a la Cámara alta.
En cambio, otro sector, de corte más técnico, considera que ambos temas deben ir “por cuerda separada”. “Estamos trabajando para enviar los pliegos, sin perjuicio de los jueces de la Corte”, dicen desde ese sector en off.
Ambas miradas apuntan a mantener viva la negociación para los pliegos de la Corte, aunque por vías distintas. Detrás de esos candidatos a ocupar distintos juzgados, fiscalías o defensorías hay gobernadores y senadores interesados en que salgan y, por ende, que podrían eventualmente ayudar a destrabar las negociaciones para que Lijo y García-Mansilla lleguen al cuarto piso del Palacio de Tribunales.
En la Casa Rosada, donde insisten en la estrategia de que “serán los dos o no será ninguno” para hablar del futuro de Lijo y GarcíaMansilla, afirman que la estrategia final para destrabar los pliegos saldrá del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y del propio Javier Milei.
Amerio, hombre del riñón del estratega Santiago Caputo, fatigó durante los últimos meses largas horas en el despacho del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, para sumar firmas en la Comisión de Acuerdos. Según fuentes del oficialismo, el pliego de Lijo llegó a sumar siete de las nueve firmas que necesita para pasar a la votación en el recinto, mientras que el de García-Mansilla cosechó varios avales menos. Sin embargo, el punto fuerte es garantizar los 48 votos en el recinto, donde saben que no tendría sentido llevarlos si no están garantizadas esas voluntades.
“No sería sano que en diciembre la Corte quede con tres miembros”, coinciden en la Casa Rosada sobre lo que podría ser la composición del máximo tribunal del país. Para entonces, la Corte, que hoy tiene cuatro de cinco miembros, quedaría con tres, luego de que, al cumplir 75 años el 29 de ese mes, se retire, como indica la ley, Juan Carlos Maqueda. Para la ocupar vacante del cordobés está previsto que llegue García-Mansilla; para la de Elena Highton, que renunció en 2021, el Gobierno quiere que llegue Lijo.
De no haber novedades para diciembre, el máximo tribunal quedaría compuesto por Horacio Rosatti –que esta semana fue reelegido como presidente de la Corte–, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Este último –que se abstuvo de revalidar a Rosatti y está en minoría dentro del tribunal– es el principal promotor de la candidatura de Lijo.
Pese al empantanamiento de las negociaciones oficiales por ambos pliegos, en el Gobierno aseguran que las conversaciones extraoficiales siguen vigentes. En ese mismo sentido también leyeron con buenos ojos el comunicado de la UCR en el que pidieron por una mujer en la Corte, en pos de que se respete el cupo de género. “No dijeron que no a Lijo”, leyeron en Balcarce 50 con optimismo. Tanto el tema del cupo, una palabra que irrita en las filas libertarias, como la posible ampliación de la Corte son dos de las alternativas que se barajan en pos de negociar con los distintos sectores de la oposición por los pliegos. Si bien se muestran abiertos a eso, aseguran que primero deberán estar los votos para los candidatos propuestos. En el caso del aumento de miembros del tribunal, hay un proyecto en Diputados –y que cuenta con la aprobación del Senado– que eleva a 15 el número de jueces. Sin embargo, el Gobierno pretendería una Corte de 9 magistrados.
Por lo pronto, y mientras debaten cómo seguir, en el Gobierno suelen recordar que a Mauricio Macri le llevó casi siete meses que se aprobara a sus candidatos (Rosatti y Rosenkrantz) después del intento frustrado de ponerlos por decreto

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