El lado B de Nayib Bukele, entre la corrupción, el espionaje y la muerte
Visita. El presidente de El Salvador está en Buenos Aires y se reunirá mañana con Milei; el truculento caso de su exasesor de seguridad
Hugo Alconada Mon
Javier Milei y Nayib Bukele volverán a encontrarse este lunes, en la Casa Rosada. Conversarán sobre cómo combatir la criminalidad y reducir la inseguridad, y coincidirán en sus críticas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lejos de los tres ejes que incomodan al presidente salvadoreño y a su gobierno: el espionaje a periodistas, la protección a funcionarios corruptos y cómo su familia decuplicó las tierras que controla durante su mandato. Peor: lidia con un muerto que habla.
Bukele arribó a Buenos Aires el jueves pasado, tras adelantar su viaje un par de días. Sin mayores detalles sobre cuál será su agenda oficial durante estos días, sí trascendió que también se reunirá con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y se espera que su agenda incluya encuentros con otros funcionarios; entre ellos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recorrió la megacárcel cuando viajó a El Salvador en junio pasado.
Reelecto con más del 84% de los votos en febrero de este año, Bukele encara su segundo mandato quinquenal, aunque no las tiene todas consigo. “Él está protegido por una popularidad como nunca se ha visto antes en El Salvador; le devolvió al país un tipo de tranquilidad que se había perdido hacía años por las pandillas”, remarcó Héctor Silva Ávalos, periodista de investigación del portal Prensa Comunitaria, en diálogo “Pero al mismo tiempo su gobierno pasó por encima de la institucionalidad y ha concentrado el poder en una persona, mientras que todas las instituciones aparecen desdibujadas, como mínimo. Hoy, Bukele detenta un poder casi absoluto en el país”.
Así, mientras la atención suele concentrarse en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, la cárcel más grande de América, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y las organizaciones Cristosal, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras, han alertado sobre cientos de desapariciones forzosas, torturas, abusos y malos tratos, y miles de detenciones en violación al debido proceso, de menores incluidos.
La mayoría de los salvadoreños también resta importancia al pacto de Bukele con las pandillas que reveló el portal El Faro y confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en noviembre de 2023. Ante eso, resulta anecdótico que el gobierno salvadoreño acotó otros derechos y libertades, como el acceso a la información pública. O que no hay estadísticas oficiales sobre criminalidad, economía o pobreza, mientras que aumentan los riesgos para los periodistas. De hecho, Silva Ávalos reside en Washington.
A pesar de esas restricciones y las amenazas crecientes, la prensa salvadoreña continúa con sus investigaciones. Y difundió las conversaciones incendiarias que dos estrechos colaboradores de Bukele mantuvieron dentro de la Casa Presidencial durante su primer mandato. ¿Los protagonistas? Ernesto Castro y Alejandro Muyshondt, quien terminó muerto.
Castro era, en ese momento, secretario privado de Bukele, y Muyshondt, asesor nacional de seguridad. De los audios surge que analizaron cómo interceptar de manera ilegal las comunicaciones de opositores y periodistas –entre ellos, el ya legendario director de El Faro, Carlos Dada, y un reportero de El Diario de Hoy–, y sobre cómo proteger a políticos corruptos y funcionarios bajo investigación de la DEA por narcotráfico, según reveló Silva Ávalos.
“Nuestros malos que sean nuestros malos”, respondió Castro cuando el asesor de seguridad lo alertó sobre varios alfiles de Bukele bajo sospecha. “Los que nos quieren hacer mierda son los de afuera”, insistió, en alusión a los críticos, en especial periodistas. ¿Quiénes eran los “malos” propios? Entre otros, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y el entonces diputado Guillermo Gallegos, al que Castro definió como “bien chero [amigo] de Nayib”.
Muyshondt controlaba por entonces un equipo de 15 personas, financiadas con fondos públicos, que espiaban y atacaban a críticos al régimen, diseminaban mentiras en las redes sociales y difamaban a periodistas. En esos audios, el propio asesor llegó a jactarse de haber derribado el portal informativo de la revista Factum con un ataque a sus servidores.
¿Quién que grabó esas conversaciones? El propio Muyshondt. ¿Por qué? Acaso para protegerse o para extorsionar a Bukele y a su círculo íntimo, pero jamás habrá certeza. Porque el asesor de seguridad terminó del peor modo, tras grabar otras conversaciones con un hermano de Bukele, Ibrajim, y con Xavi Zablah, primo presidencial y titular del partido oficial, Nuevas Ideas.
Sí sabe, en cambio, lo que siguió. Bukele expulsó a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicies), que investigaba focos de corrupción en los contratos de emergencia durante la pandemia; Nuevas Ideas arrasó en las legislativas y el Presidente destituyó al jefe de los fiscales. Su reemplazante cerró la unidad especial que investigaba casos de corrupción oficial y archivó las pesquisas. Osiris Luna sigue como director de Centros Penales, Gallegos sigue en la Casa Presidencial, Castro preside ahora la Asamblea Legislativa… y Muyshondt está muerto.
Dada, que también debió marcharse de El Salvador, también dialogó con Para él, el final de Muyshondt era, hasta cierto punto, de esperar. “El aparato de Estado está completamente bajo el control de Bukele y su grupo, y no perdona la deslealtad”.
La muerte del exasesor siguió a su detención, entre golpizas y vejámenes, como reveló Factum. Había caído en desgracia por denunciar la corrupción y los vínculos narco. Dejaron de recibirlo en la Casa Presidencial o atender sus llamadas, y Muyshondt comenzó a denunciar públicamente a diversos funcionarios. Hasta que lo detuvieron en agosto de 2023. Según anunció el propio Bukele, por revelar información gubernamental.
Muyshondt terminó incomunicado y torturado en las cárceles salvadoreñas que Bullrich afirmó que quiere replicar en el país tras la escalada de violencia narco en Rosario. Seis meses después de haber ingresado a una delegación policial en San Salvador, con buena salud, murió. Su familia recibió dos actas de defunción contradictorias y una bolsa con su cadáver: le falta un pedazo de cerebro y suma cicatrices, huesos rotos, moretones y punciones.
Bukele no habla sobre eso
Tras esas revelaciones de Silva Ávalos en Prensa Comunitaria, llegaron las de su colega Jaime Quintanilla, desde la alianza que tejieron Redacción Regional y Focos TV. Expuso que la familia presidencial se ha convertido en terrateniente y cafetalera durante el primer mandato de Bukele, y multiplicó doce veces la extensión de terrenos que posee, adquiriendo 34 nuevas propiedades de lujo y fincas de café y caña valoradas en al menos US$9,2 millones.
Basada en documentos oficiales del Registro Nacional de Propiedades, la investigación periodística expuso un entramado de compras realizadas a título personal por los hermanos, esposa y madre del presidente salvadoreño y a través de empresas de la familia que reportaban poca o ninguna actividad.
Bukele tampoco habla sobre eso.
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Knock-out para un emblema argentino
Un informe privado encendió la alarma eléctrica con precisiones para el verano; China despliega toda su potencia ofreciéndole a precio muy bajo billetes al Banco Central
Javier Milei y Nayib Bukele volverán a encontrarse este lunes, en la Casa Rosada. Conversarán sobre cómo combatir la criminalidad y reducir la inseguridad, y coincidirán en sus críticas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lejos de los tres ejes que incomodan al presidente salvadoreño y a su gobierno: el espionaje a periodistas, la protección a funcionarios corruptos y cómo su familia decuplicó las tierras que controla durante su mandato. Peor: lidia con un muerto que habla.
Bukele arribó a Buenos Aires el jueves pasado, tras adelantar su viaje un par de días. Sin mayores detalles sobre cuál será su agenda oficial durante estos días, sí trascendió que también se reunirá con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y se espera que su agenda incluya encuentros con otros funcionarios; entre ellos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recorrió la megacárcel cuando viajó a El Salvador en junio pasado.
Reelecto con más del 84% de los votos en febrero de este año, Bukele encara su segundo mandato quinquenal, aunque no las tiene todas consigo. “Él está protegido por una popularidad como nunca se ha visto antes en El Salvador; le devolvió al país un tipo de tranquilidad que se había perdido hacía años por las pandillas”, remarcó Héctor Silva Ávalos, periodista de investigación del portal Prensa Comunitaria, en diálogo “Pero al mismo tiempo su gobierno pasó por encima de la institucionalidad y ha concentrado el poder en una persona, mientras que todas las instituciones aparecen desdibujadas, como mínimo. Hoy, Bukele detenta un poder casi absoluto en el país”.
Así, mientras la atención suele concentrarse en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, la cárcel más grande de América, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y las organizaciones Cristosal, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras, han alertado sobre cientos de desapariciones forzosas, torturas, abusos y malos tratos, y miles de detenciones en violación al debido proceso, de menores incluidos.
La mayoría de los salvadoreños también resta importancia al pacto de Bukele con las pandillas que reveló el portal El Faro y confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en noviembre de 2023. Ante eso, resulta anecdótico que el gobierno salvadoreño acotó otros derechos y libertades, como el acceso a la información pública. O que no hay estadísticas oficiales sobre criminalidad, economía o pobreza, mientras que aumentan los riesgos para los periodistas. De hecho, Silva Ávalos reside en Washington.
A pesar de esas restricciones y las amenazas crecientes, la prensa salvadoreña continúa con sus investigaciones. Y difundió las conversaciones incendiarias que dos estrechos colaboradores de Bukele mantuvieron dentro de la Casa Presidencial durante su primer mandato. ¿Los protagonistas? Ernesto Castro y Alejandro Muyshondt, quien terminó muerto.
Castro era, en ese momento, secretario privado de Bukele, y Muyshondt, asesor nacional de seguridad. De los audios surge que analizaron cómo interceptar de manera ilegal las comunicaciones de opositores y periodistas –entre ellos, el ya legendario director de El Faro, Carlos Dada, y un reportero de El Diario de Hoy–, y sobre cómo proteger a políticos corruptos y funcionarios bajo investigación de la DEA por narcotráfico, según reveló Silva Ávalos.
“Nuestros malos que sean nuestros malos”, respondió Castro cuando el asesor de seguridad lo alertó sobre varios alfiles de Bukele bajo sospecha. “Los que nos quieren hacer mierda son los de afuera”, insistió, en alusión a los críticos, en especial periodistas. ¿Quiénes eran los “malos” propios? Entre otros, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y el entonces diputado Guillermo Gallegos, al que Castro definió como “bien chero [amigo] de Nayib”.
Muyshondt controlaba por entonces un equipo de 15 personas, financiadas con fondos públicos, que espiaban y atacaban a críticos al régimen, diseminaban mentiras en las redes sociales y difamaban a periodistas. En esos audios, el propio asesor llegó a jactarse de haber derribado el portal informativo de la revista Factum con un ataque a sus servidores.
¿Quién que grabó esas conversaciones? El propio Muyshondt. ¿Por qué? Acaso para protegerse o para extorsionar a Bukele y a su círculo íntimo, pero jamás habrá certeza. Porque el asesor de seguridad terminó del peor modo, tras grabar otras conversaciones con un hermano de Bukele, Ibrajim, y con Xavi Zablah, primo presidencial y titular del partido oficial, Nuevas Ideas.
Sí sabe, en cambio, lo que siguió. Bukele expulsó a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicies), que investigaba focos de corrupción en los contratos de emergencia durante la pandemia; Nuevas Ideas arrasó en las legislativas y el Presidente destituyó al jefe de los fiscales. Su reemplazante cerró la unidad especial que investigaba casos de corrupción oficial y archivó las pesquisas. Osiris Luna sigue como director de Centros Penales, Gallegos sigue en la Casa Presidencial, Castro preside ahora la Asamblea Legislativa… y Muyshondt está muerto.
Dada, que también debió marcharse de El Salvador, también dialogó con Para él, el final de Muyshondt era, hasta cierto punto, de esperar. “El aparato de Estado está completamente bajo el control de Bukele y su grupo, y no perdona la deslealtad”.
La muerte del exasesor siguió a su detención, entre golpizas y vejámenes, como reveló Factum. Había caído en desgracia por denunciar la corrupción y los vínculos narco. Dejaron de recibirlo en la Casa Presidencial o atender sus llamadas, y Muyshondt comenzó a denunciar públicamente a diversos funcionarios. Hasta que lo detuvieron en agosto de 2023. Según anunció el propio Bukele, por revelar información gubernamental.
Muyshondt terminó incomunicado y torturado en las cárceles salvadoreñas que Bullrich afirmó que quiere replicar en el país tras la escalada de violencia narco en Rosario. Seis meses después de haber ingresado a una delegación policial en San Salvador, con buena salud, murió. Su familia recibió dos actas de defunción contradictorias y una bolsa con su cadáver: le falta un pedazo de cerebro y suma cicatrices, huesos rotos, moretones y punciones.
Bukele no habla sobre eso
Tras esas revelaciones de Silva Ávalos en Prensa Comunitaria, llegaron las de su colega Jaime Quintanilla, desde la alianza que tejieron Redacción Regional y Focos TV. Expuso que la familia presidencial se ha convertido en terrateniente y cafetalera durante el primer mandato de Bukele, y multiplicó doce veces la extensión de terrenos que posee, adquiriendo 34 nuevas propiedades de lujo y fincas de café y caña valoradas en al menos US$9,2 millones.
Basada en documentos oficiales del Registro Nacional de Propiedades, la investigación periodística expuso un entramado de compras realizadas a título personal por los hermanos, esposa y madre del presidente salvadoreño y a través de empresas de la familia que reportaban poca o ninguna actividad.
Bukele tampoco habla sobre eso.
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Knock-out para un emblema argentino
Un informe privado encendió la alarma eléctrica con precisiones para el verano; China despliega toda su potencia ofreciéndole a precio muy bajo billetes al Banco Central
Pablo Fernández Blanco
Rodríguez Chirillo, el secretario de Energía
Este verano puede ser explosivo. Lo sabe el Gobierno desde hace algunos meses, porque tiene los detalles de esa pesadilla potencial plasmados en un documento privado. Allí se describe, con la frialdad de una narración ingenieril, cuál es el estado del sistema eléctrico nacional de cara a los meses más calurosos del año, su capacidad para enfrentar los problemas y qué pasará si se cumplen determinados pronósticos.
La precisión incluye, también, cuáles son los lugares en los que hay más posibilidades de que se corte la luz. Es la base sobre la cual se está definiendo el plan de contingencia que prepara el Ministerio de Economía.
La comunicación que puso en alerta a todo el sistema salió el 3 de septiembre pasado desde Transener a Cammesa. El documento lleva la firma de Juan Weigandt, gerente de Operación y Planificación de la red, y anticipa que se esperan situaciones de alta carga con posible necesidad de restricciones a la demanda, algo que, por otra parte, es esperable en esa época del año.
Transener es la compañía privada encargada del transporte en alta tensión en todo el país. Si bien no resulta muy conocida entre la gente, es probable que casi todo el mundo haya visto en ocasiones alguno de sus activos. Son las torres metálicas enormes al costado de las rutas de las que cuelgan cables larguísimos.
Cammesa, en tanto, es la empresa mixta que administra el sistema eléctrico. Allí conviven funcionarios que responden al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y a José Luis Espert, con gran ascendencia sobre el presidente Javier Milei.
El documento pone en blanco sobre negro cuáles serán los puntos críticos del sistema este verano. La región más complicada es la zona central del país, incluidas la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Pero también se esperan problemas en Santa Fe y el Litoral en general, así como en la zona centro, con Córdoba a la cabeza. Un gráfico que circula en el sector es elocuente. Marca en rojo los nodos cuyos transformadores pueden alcanzar niveles de carga cerca de la saturación o la superación de su capacidad. Están casi todos en ese color. Otras provincias, como Chaco, tendrán un verano al límite en términos eléctricos, pero con un nivel de riesgo algo menor, según las proyecciones.
La documentación que circula hasta ahora hace prever que la Patagonia tendrá menos dificultades que el resto, aunque tampoco está exenta de riesgos por la infraestructura disponible.
El Gobierno puso en marcha un plan que combina elementos conocidos y otros recién llegados al escenario de crisis energética permanente en el que se acostumbró a vivir la Argentina. Entre los primeros, utilizará al máximo posible la generación de electricidad con combustibles líquidos como el fueloil, todo un asterisco para un país que se jacta de estar sobre una nube de gas proveniente de Vaca Muerta. Y no ahorrará en comprar gasoil, un combustible más caro. El límite lo pondrá la logística: 175.000 metros cúbicos por semana es la capacidad del sistema actual.
También se importará electricidad de países vecinos que suelen asistir, como Uruguay y Brasil, pero incluso se le pedirá una mano a Bolivia, un país con el que se está a punto de reducir al máximo la relación comercial por el gas.
Otros elementos surgidos de esta crisis parecen tener chances de perdurar en el tiempo. El Gobierno buscará aprovechar el atolladero para implementar mecanismos de mercado para el desarrollo del sector. Esto implica mayor autonomía para el sector privado en el marco de una retirada paulatina del Estado en la toma de decisiones. Para la Argentina energética, será como aprender a caminar de nuevo.
El país viene de décadas de intervención pública profunda, por la cual pagó costos altos y tuvo “éxitos” muy cuestionables. A tal punto que el gerente local de una empresa de energía de primera línea internacional se definió a sí mismo como un electricista. ¿Por qué? Porque las compañías, como Edenor, Edesur y muchas otras, se convirtieron en los sujetos a los que se llamaba cuando se cortaba la luz, casi sin injerencia sobre las decisiones cotidianas del negocio.
La actuación en el sector eléctrico es parte del método de la Casa Rosada. El Gobierno usa la ola que representa cada crisis para acercarse más a la costa de una solución a tono con lo que piensa el Presidente. Pasa también en Aerolíneas Argentinas, donde un aprieto derivó en la apertura de una discusión alrededor de su privatización. Es curioso que esa puerta se le había cerrado a Javier Milei hacía solo tres meses, en el marco de las concesiones del Gobierno para que saliera sancionada la Ley Bases, y fue reabierta de manera imprevista por la intransidistrito gencia de los gremios del sector aerocomercial.
Milei se jugará un pleno esta semana para acelerar una resolución en el conflicto aéreo. Los técnicos de su mesa chica, en coordinación con otros ministerios que tallan en la cuestión, trabajan en un decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas que el Poder Ejecutivo enviará la semana próxima al Congreso. Es una señal inequívoca para los legisladores que estará envuelta en reminiscencias de los años 90.
La norma tendrá un mar de considerandos en un desierto de artículos. Serán solo dos, suficientes para poner en marcha la discusión más importante del último tiempo. Pero estarán antecedidos por una acumulación enciclopédica de justificaciones para cambiar el rumbo de la empresa.
El Gobierno tomó nota del artículo 9° de la ley de reforma del Estado, que le permite a la Casa Rosada hacer la declaración de que algo está sujeto a privatización. Luego, lo tienen que tratar los legisladores, con un trámite parlamentario de preferencia. Es decir, no se puede cajonear.
Los enviados de Milei en el Congreso profundizaron su trabajo de “evangelización” con diputados y senadores de la oposición. El mensaje lleva una advertencia: si no se hace algo con Aerolíneas, la empresa va camino a la liquidación.
Hay otra opción que el Gobierno está poniendo sobre la mesa para provincias que quieren involucrarse en la conectividad aérea. Es el caso Río Cuarto. Allí se hizo un acuerdo con la intendencia para garantizar que los aviones no pierdan plata. Si la nave no viaja con la gente suficiente para ganar plata, el puede cubrir una cantidad equivalente de pasajes que permitan hacer rentable esa operación. Todos están invitados a subirse.
Aerolíneas es la sobreviviente de una raza con exponentes extintos. Algunos son lejanos para el Gobierno, como los casos de Alitalia y de la uruguaya Pluna, pero hay un conocimiento profundo del final de Varig, la línea aérea estatal brasileña. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, trabajó allí en esos años turbulentos.
En paralelo, Lombardo y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, lideran el equipo que tiene que resolver la urgencia más acuciante: encontrarle reemplazo a Gustavo García Lemos, el gerente de Operaciones que renunció en el marco del conflicto. Si esa silla no se cubre rápido, la empresa dejará de volar, algo que el Gobierno no quiere. La presión aumenta a medida que pasan los días. Hay una short list de candidatos, pero varios rechazaron ya el ofrecimiento.
Milei entrará en esa nueva aventura aeronáutica con los riesgos que acompañan a quien trabaja con cables pelados. En términos de opinión pública, Aerolíneas es una de las reinas de un olimpo al que solo ingresan YPF y la Universidad de Buenos Aires. Así lo explica Guillermo Oliveto, un especialista en análisis cualitativos que desde hace dos décadas trabaja con sociólogos y antropólogos en grupos de estudio en profundidad. Para poner un ejemplo, no es lo mismo meterse con Aerolíneas Argentinas que con AySA, por la que casi nadie derramaría una lágrima siempre que el servicio de aguas y cloacas se siga prestando.
Hay pocos estudios de opinión hechos sobre la sensibilidad que despierta específicamente el futuro de la línea aérea. Sin embargo, de ellos surge un dato interesante que se repite: las alternativas sometidas a votación contemplan que permanezca en la órbita del Estado o que se privatice, pero no se contempla la posibilidad de su desaparición.
En otros términos, si la Casa Rosada se inclina por las alternativas más extremas, se enfrentará al rechazo social. Eso es porque en los tres casos anteriores no habría una grieta, sino una diagonal que involucra a votantes del oficialismo y de la oposición.
Milei está muy al tanto de estas cuestiones porque sus asesores se las cuentan. Ve encuestas con mucha frecuencia y sopesó el hecho de que su nivel de aprobación cayó en el último tiempo. Sus confidentes le dicen, de todas formas, que esas cifras, en su opinión, están sobrevaloradas por los medios de comunicación que les dieron difusión.
En cualquier caso, el Presidente tiene una posición ambivalente frente al tema: quiere ser valorado por su trabajo y estar arriba en las encuestas, pero justifica los tropiezos en el esfuerzo general que le está pidiendo a la población.
Las dudas que se generan en la intersección de ambas posiciones pueden explicar cierto temor con respecto al tema universitario, otro cable pelado al estilo de Aerolíneas o los jubilados, que desataron, según algunos analistas, el último traspié en el nivel de aprobación de Milei.
La política de avanzar con cambios en la crisis amenaza también con cargarse a otro clásico argentino: la Casa de Moneda, la fábrica estatal de hacer billetes. Desde hace tiempo confluyen allí elementos políticos, económicos e ideológicos cuya aceleración se notó en los últimos 10 días.
Una comisión evaluadora del Banco Central, que maneja Santiago Bausili, ordenó la preadjudicación de 540.000 millares de billetes terminados de $20.000, que llevarán el rostro de Juan Bautista Alberdi, para el período marzo-julio del año próximo. La Argentina pagará por ese dinero US$26,22 millones.
La provisión de dinero encierra algunos datos sobresalientes. La China Banknote Printing and Minting Corporation, un gigante mundial del negocio con origen en ese país, hizo una oferta imposible de superar que barrió con la competencia. Pasó US$48 y US$49 por millar en cada renglón. Solo para comparar, su inmediata competidora, la imprenta estatal brasileña, cotizó US$56,63 y la norteamericana Crane, US$84,23. Quedó última.
Según especialistas en el tema, el precio de la imprenta china puede ser considerado predatorio. La Casa de Moneda de la Argentina, por caso, tendría dificultades para hacer la misma provisión por debajo de los US$90. De hecho, ni siquiera fue invitada por su principal cliente, el Banco Central, para participar de la compulsa, porque debe trabajos que ya están pagos.
El año 2025 aparece complicado para la tradicional imprenta pública: con China quedándose con los trabajos que antes le pertenecían y el resto de sus negocios también complicados, el futuro es incierto para este ícono argentino que no está protegido por el escudo que forman las diagonales. Acaso otra futura víctima del método de aprovechar cada crisis para dar un paso en la senda que Milei considera correcta
En términos de opinión pública, Aerolíneas es una de las reinas del olimpo
Este verano puede ser explosivo. Lo sabe el Gobierno desde hace algunos meses, porque tiene los detalles de esa pesadilla potencial plasmados en un documento privado. Allí se describe, con la frialdad de una narración ingenieril, cuál es el estado del sistema eléctrico nacional de cara a los meses más calurosos del año, su capacidad para enfrentar los problemas y qué pasará si se cumplen determinados pronósticos.
La precisión incluye, también, cuáles son los lugares en los que hay más posibilidades de que se corte la luz. Es la base sobre la cual se está definiendo el plan de contingencia que prepara el Ministerio de Economía.
La comunicación que puso en alerta a todo el sistema salió el 3 de septiembre pasado desde Transener a Cammesa. El documento lleva la firma de Juan Weigandt, gerente de Operación y Planificación de la red, y anticipa que se esperan situaciones de alta carga con posible necesidad de restricciones a la demanda, algo que, por otra parte, es esperable en esa época del año.
Transener es la compañía privada encargada del transporte en alta tensión en todo el país. Si bien no resulta muy conocida entre la gente, es probable que casi todo el mundo haya visto en ocasiones alguno de sus activos. Son las torres metálicas enormes al costado de las rutas de las que cuelgan cables larguísimos.
Cammesa, en tanto, es la empresa mixta que administra el sistema eléctrico. Allí conviven funcionarios que responden al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y a José Luis Espert, con gran ascendencia sobre el presidente Javier Milei.
El documento pone en blanco sobre negro cuáles serán los puntos críticos del sistema este verano. La región más complicada es la zona central del país, incluidas la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Pero también se esperan problemas en Santa Fe y el Litoral en general, así como en la zona centro, con Córdoba a la cabeza. Un gráfico que circula en el sector es elocuente. Marca en rojo los nodos cuyos transformadores pueden alcanzar niveles de carga cerca de la saturación o la superación de su capacidad. Están casi todos en ese color. Otras provincias, como Chaco, tendrán un verano al límite en términos eléctricos, pero con un nivel de riesgo algo menor, según las proyecciones.
La documentación que circula hasta ahora hace prever que la Patagonia tendrá menos dificultades que el resto, aunque tampoco está exenta de riesgos por la infraestructura disponible.
El Gobierno puso en marcha un plan que combina elementos conocidos y otros recién llegados al escenario de crisis energética permanente en el que se acostumbró a vivir la Argentina. Entre los primeros, utilizará al máximo posible la generación de electricidad con combustibles líquidos como el fueloil, todo un asterisco para un país que se jacta de estar sobre una nube de gas proveniente de Vaca Muerta. Y no ahorrará en comprar gasoil, un combustible más caro. El límite lo pondrá la logística: 175.000 metros cúbicos por semana es la capacidad del sistema actual.
También se importará electricidad de países vecinos que suelen asistir, como Uruguay y Brasil, pero incluso se le pedirá una mano a Bolivia, un país con el que se está a punto de reducir al máximo la relación comercial por el gas.
Otros elementos surgidos de esta crisis parecen tener chances de perdurar en el tiempo. El Gobierno buscará aprovechar el atolladero para implementar mecanismos de mercado para el desarrollo del sector. Esto implica mayor autonomía para el sector privado en el marco de una retirada paulatina del Estado en la toma de decisiones. Para la Argentina energética, será como aprender a caminar de nuevo.
El país viene de décadas de intervención pública profunda, por la cual pagó costos altos y tuvo “éxitos” muy cuestionables. A tal punto que el gerente local de una empresa de energía de primera línea internacional se definió a sí mismo como un electricista. ¿Por qué? Porque las compañías, como Edenor, Edesur y muchas otras, se convirtieron en los sujetos a los que se llamaba cuando se cortaba la luz, casi sin injerencia sobre las decisiones cotidianas del negocio.
La actuación en el sector eléctrico es parte del método de la Casa Rosada. El Gobierno usa la ola que representa cada crisis para acercarse más a la costa de una solución a tono con lo que piensa el Presidente. Pasa también en Aerolíneas Argentinas, donde un aprieto derivó en la apertura de una discusión alrededor de su privatización. Es curioso que esa puerta se le había cerrado a Javier Milei hacía solo tres meses, en el marco de las concesiones del Gobierno para que saliera sancionada la Ley Bases, y fue reabierta de manera imprevista por la intransidistrito gencia de los gremios del sector aerocomercial.
Milei se jugará un pleno esta semana para acelerar una resolución en el conflicto aéreo. Los técnicos de su mesa chica, en coordinación con otros ministerios que tallan en la cuestión, trabajan en un decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas que el Poder Ejecutivo enviará la semana próxima al Congreso. Es una señal inequívoca para los legisladores que estará envuelta en reminiscencias de los años 90.
La norma tendrá un mar de considerandos en un desierto de artículos. Serán solo dos, suficientes para poner en marcha la discusión más importante del último tiempo. Pero estarán antecedidos por una acumulación enciclopédica de justificaciones para cambiar el rumbo de la empresa.
El Gobierno tomó nota del artículo 9° de la ley de reforma del Estado, que le permite a la Casa Rosada hacer la declaración de que algo está sujeto a privatización. Luego, lo tienen que tratar los legisladores, con un trámite parlamentario de preferencia. Es decir, no se puede cajonear.
Los enviados de Milei en el Congreso profundizaron su trabajo de “evangelización” con diputados y senadores de la oposición. El mensaje lleva una advertencia: si no se hace algo con Aerolíneas, la empresa va camino a la liquidación.
Hay otra opción que el Gobierno está poniendo sobre la mesa para provincias que quieren involucrarse en la conectividad aérea. Es el caso Río Cuarto. Allí se hizo un acuerdo con la intendencia para garantizar que los aviones no pierdan plata. Si la nave no viaja con la gente suficiente para ganar plata, el puede cubrir una cantidad equivalente de pasajes que permitan hacer rentable esa operación. Todos están invitados a subirse.
Aerolíneas es la sobreviviente de una raza con exponentes extintos. Algunos son lejanos para el Gobierno, como los casos de Alitalia y de la uruguaya Pluna, pero hay un conocimiento profundo del final de Varig, la línea aérea estatal brasileña. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, trabajó allí en esos años turbulentos.
En paralelo, Lombardo y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, lideran el equipo que tiene que resolver la urgencia más acuciante: encontrarle reemplazo a Gustavo García Lemos, el gerente de Operaciones que renunció en el marco del conflicto. Si esa silla no se cubre rápido, la empresa dejará de volar, algo que el Gobierno no quiere. La presión aumenta a medida que pasan los días. Hay una short list de candidatos, pero varios rechazaron ya el ofrecimiento.
Milei entrará en esa nueva aventura aeronáutica con los riesgos que acompañan a quien trabaja con cables pelados. En términos de opinión pública, Aerolíneas es una de las reinas de un olimpo al que solo ingresan YPF y la Universidad de Buenos Aires. Así lo explica Guillermo Oliveto, un especialista en análisis cualitativos que desde hace dos décadas trabaja con sociólogos y antropólogos en grupos de estudio en profundidad. Para poner un ejemplo, no es lo mismo meterse con Aerolíneas Argentinas que con AySA, por la que casi nadie derramaría una lágrima siempre que el servicio de aguas y cloacas se siga prestando.
Hay pocos estudios de opinión hechos sobre la sensibilidad que despierta específicamente el futuro de la línea aérea. Sin embargo, de ellos surge un dato interesante que se repite: las alternativas sometidas a votación contemplan que permanezca en la órbita del Estado o que se privatice, pero no se contempla la posibilidad de su desaparición.
En otros términos, si la Casa Rosada se inclina por las alternativas más extremas, se enfrentará al rechazo social. Eso es porque en los tres casos anteriores no habría una grieta, sino una diagonal que involucra a votantes del oficialismo y de la oposición.
Milei está muy al tanto de estas cuestiones porque sus asesores se las cuentan. Ve encuestas con mucha frecuencia y sopesó el hecho de que su nivel de aprobación cayó en el último tiempo. Sus confidentes le dicen, de todas formas, que esas cifras, en su opinión, están sobrevaloradas por los medios de comunicación que les dieron difusión.
En cualquier caso, el Presidente tiene una posición ambivalente frente al tema: quiere ser valorado por su trabajo y estar arriba en las encuestas, pero justifica los tropiezos en el esfuerzo general que le está pidiendo a la población.
Las dudas que se generan en la intersección de ambas posiciones pueden explicar cierto temor con respecto al tema universitario, otro cable pelado al estilo de Aerolíneas o los jubilados, que desataron, según algunos analistas, el último traspié en el nivel de aprobación de Milei.
La política de avanzar con cambios en la crisis amenaza también con cargarse a otro clásico argentino: la Casa de Moneda, la fábrica estatal de hacer billetes. Desde hace tiempo confluyen allí elementos políticos, económicos e ideológicos cuya aceleración se notó en los últimos 10 días.
Una comisión evaluadora del Banco Central, que maneja Santiago Bausili, ordenó la preadjudicación de 540.000 millares de billetes terminados de $20.000, que llevarán el rostro de Juan Bautista Alberdi, para el período marzo-julio del año próximo. La Argentina pagará por ese dinero US$26,22 millones.
La provisión de dinero encierra algunos datos sobresalientes. La China Banknote Printing and Minting Corporation, un gigante mundial del negocio con origen en ese país, hizo una oferta imposible de superar que barrió con la competencia. Pasó US$48 y US$49 por millar en cada renglón. Solo para comparar, su inmediata competidora, la imprenta estatal brasileña, cotizó US$56,63 y la norteamericana Crane, US$84,23. Quedó última.
Según especialistas en el tema, el precio de la imprenta china puede ser considerado predatorio. La Casa de Moneda de la Argentina, por caso, tendría dificultades para hacer la misma provisión por debajo de los US$90. De hecho, ni siquiera fue invitada por su principal cliente, el Banco Central, para participar de la compulsa, porque debe trabajos que ya están pagos.
El año 2025 aparece complicado para la tradicional imprenta pública: con China quedándose con los trabajos que antes le pertenecían y el resto de sus negocios también complicados, el futuro es incierto para este ícono argentino que no está protegido por el escudo que forman las diagonales. Acaso otra futura víctima del método de aprovechar cada crisis para dar un paso en la senda que Milei considera correcta
En términos de opinión pública, Aerolíneas es una de las reinas del olimpo
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