lunes, 30 de septiembre de 2024

ADN DEL CRIMEN






ADN del crimen. ¿El narcotráfico tiene un plan para apropiarse de los municipios de la frontera caliente de la cocaína?
Aguas Blancas, en el límite con Bolivia, una zona clave para contrabandistas y narcos..Policía de Salta
Una maniobra quedó al descubierto con las detenciones del jefe comunal de Aguas Blancas y de un candidado a intendente de Orán; desde la cárcel el jefe de la banda había pergeñado un atentado contra el procurador salteño

Gustavo Carabajal
Para el Ministerio Público de Salta existe un plan pergeñado por los referentes más importantes del crimen organizado para financiar campañas electorales con el objetivo de instalar intendentes en los municipios situados en el norte provincial, en la frontera caliente de la cocaína, entre Argentina y Bolivia.
“Hay pruebas de intentos de copar estos territorios con recursos y estrategias sofisticadas. Por ejemplo, la organización encabezada por Cristian Palavecino tiene armas, chalecos antibalas, uniformes robados, explosivos y cárceles clandestinas para ejecutar interrogatorios y golpizas”, afirmó el procurador de Salta Pedro García Castiella.
Después de la detención de Delfín Castedo, en julio de 2016 en Parque Leloir, en Ituzaingó, Palavecino se convirtió en uno de los jefes criminales más sanguinarios de Salta.
Para controlar la frontera por la que los narcos cruzan la mayor parte de la producción de cocaína que se produce en Bolivia, Palavecino habría urdido un plan que consistía en la financiación de las campañas electorales de los candidatos a intendentes que forman parte de su organización en municipios que tienen jurisdicción en esa parte de la frontera, con el objetivo de dominar el territorio narco y cobrarles peaje para pasar la droga.
Detuvieron al intendente salteño Carlos Martínez, acusado de entorpecer la investigación de la muerte de su hermano
“Palavecino armó una fuerza de seguridad propia, con armamento con mayor poder de fuego que el que tiene la policía. Utiliza explosivos e inhibidores de señales. Tiene capacidad operativa y armas, a pesar que está preso en la cárcel de Villa la Rosas”, agregó el máximo responsable de los fiscales de Salta.
En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de Salta presentó un pedido ante las Sala I y II de los Tribunales de Juicio de Orán para que se disponga el traslado de Palavecino a una cárcel de máxima seguridad fuera del territorio salteño.
Dicha solicitud se fundó en que el jefe criminal continuaba con el manejo de la organización a pesar de estar detenido en la Unidad Penal N° 1, con medidas de mediana seguridad que permitieron que Palavecino impartiera órdenes a sus cómplices fuera de la prisión.
Tan delicada es la situación que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich envió una carta a la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta en la que solicitó a los legisladores y a las autoridades provinciales que actúen con firmeza, frente a los últimos acontecimientos que derivaron en el arresto del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez. El municipio fue intervenido.
“Hemos tomado conocimiento de los últimos acontecimientos, que involucran al intendente de Aguas Blancas acusado por interferencias en causas penales que lleva adelante la justicia provincial y que tienen conexión con investigaciones directamente relacionadas con el crimen organizado, en particular el caso del crimen por sicarios de su hermano César Daniel Martínez”, agregó Bullrich.
La ministra Patricia Bullrich advirtió sobre el grave problema que representa la sospecha sobre un intendente en una zona caliente del narcotráfico...Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Hasta que fue detenido en octubre de 2023, Palavecino era el delincuente más buscado de Salta. Estuvo prófugo durante casi cinco años, acusado de comandar una organización criminal dedicada a concretar asaltos comando y tráfico de drogas y de ser el supuesto jefe de una banda de sicarios que actuaba para un grupo narco presuntamente liderado por Raúl “Coya” Rojas.
Durante uno de los allanamientos concretados por los fiscales de Salta y la policía provincial, si bien logró escapar, perdió un celular. Al realizar la apertura forense de dicho teléfono los técnicos hallaron 1400 fotos. En algunos de esos archivos había fotos de varios representantes del Ministerio Público, de sus viviendas, de los despachos y familiares.
El hallazgo de ese celular aportó una gran cantidad de información sobre la organización de Palavecino y los cómplices con los que se comunicaba. A partir de la investigación de una de esas líneas telefónicas los responsables de la pesquisa encontraron mensajes en los que los interlocutores describieron un plan para matar al procurador García Castiela.
Algunos de estos lugartenientes de Palavecino y su hijo, menor de edad, aparecieron vinculados con el asalto contra la empresa frutihortícola Abra del Sol, en Orán, ocurrido el 16 de diciembre de 2022, donde un grupo comando se apoderó de $ 13.000.000 y US$ 160.000.
Según consta en el legajo de instrucción 16/23, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, se hallaron mensajes de audio entre Palavecino y José Dimas Ruiz en los que se organizó el asalto contra la mencionada empresa frutihortícola.
Aguas Blancas está separada de Bolivia solo por un estrecho brazo del río Bermejo
En el momento del asalto, Dimás Ruiz, se desempeñaba como contador de la empresa asaltada y, además, era candidato a intendente de Orán para las elecciones de 2023. Esto significa que, de no haber sido por el hallazgo del celular de Palavecino durante uno de los allanamientos en los que logró eludir a los policías que lo buscaban, la supuesta participación de Dimás Ruiz en el asalto contra la empresa en la que trabajaba no se hubiera descubierto y, además, podrían haber sido elegido intendente.
Pero la red de protección de Palavecino incluía no solamente el poder político sino también algunos funcionarios judiciales. Esta semana, un equipo de fiscales de Salta allanó el despacho del juez de Garantías Claudio Parisi, quien le habría cobrado una coima a Dimás Ruiz para concederle el beneficio de la prisión domiciliaria.
Además, el magistrado habría informado al intendente de la localidad de Aguas Blancas, Claudio Alfredo Martínez, sobre los procedimientos que solicitaban los fiscales que investigaban el homicidio de César Martínez, alias Oreja.
Delfín Castedo continúa como el Patrón del Norte, pese a estar condenado y tras las rejas
La víctima, asesinada de catorce balazos disparados por dos sicarios que se movilizaban en moto, era hermano del intendente en un lugar clave para el tráfico de drogas, de personas y contrabando. Situada a orillas del río Bermejo, unida por un puente con la ciudad boliviana de Bermejo, junto con Salvador Mazza es uno de los lugares por donde pasa gran cantidad de la cocaína que se produce en Bolivia.
Debido a la existencia del plan de la banda de Palavecino para copar las intendencias de la frontera con Bolivia, Bullrich agregó: “La magnitud de estos delitos y su relación con el crimen trasnacional subrayan la urgencia que las instituciones provinciales y nacionales actúen con firmeza, en estricto apego a la ley para salvaguardar y garantizar que el sistema democrático no se vea vulnerado”.
Otro de los funcionarios cuestionados pertenece al Poder Judicial. Se trata del mencionado juez Parisi. El magistrado fue acusado del supuesto cobro de US$15.000 a cambio de conceder el arresto domiciliario a Dimás Ruiz. El procurador García Castiela presentó dos pedidos de juicio político contra el magistrado, por el caso del candidato a intendente de Orán y por las filtraciones en la investigación del homicidio del hermano del intendente de Aguas Blancas.
En el norte la cocaína circula con la marca del delfín...Prensa Gendarmería
“No debe existir corrupción más deleznable y execrable para los intereses generales de la sociedad que aquella que pretende lucrar y obtener repugnante rentabilidad negociando con el crimen y entregando, a cambio, la seguridad y tranquilidad de los vecinos y conciudadanos; negociar entregando no solo la paz social, sino también el esfuerzo, riesgo y desvelo de las fuerzas de seguridad, equipos de investigación y fiscales del Ministerio Público en general”, expresó el procurador García Castiela en la denuncia contra el juez Parisi.
Debido a sus fueros, el magistrado no fue detenido, pero su despacho y el de su secretario fueron allanados. La policía salteña y los representantes del Ministerio Público también revisaron dos propiedades del juez.
“Parisi tenía casi tarifada de concesión de prisiones domiciliarias y el monto, el dinero a percibir dependía de la cara del cliente. No creo que llegue a formar parte de una organización criminal, pero sí un engranaje que beneficiaba a las organizaciones criminales”, expresó el máximo responsable de los fiscales de Salta.
La modalidad aplicada por el juez acusado es muy similar a la estructura que había armado el anterior magistrado federal de Orán, Raúl Reynoso.
En 2019, Reynoso había sido condenado a 13 años de cárcel al ser considerado jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero y obtenía bienes a cambio de favorecer a los narcos imputados con resoluciones judiciales. Hace un mes Raúl Reynoso recibió una pena de cinco años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y concusión.
Según consta en la sentencia, el magistrado simuló haberle tomado declaración indagatoria a un poderoso capo narco, Delfín Castedo, apodado El Patrón del Norte, cuando tenía pedido de captura. En el juzgado federal de Orán, que durante poco más de una década estuvo a su cargo, se presentó un “doble” del prófugo.
“Hubo un acta apócrifa era la prueba directa sobre la realización del acuerdo espurio. No fue Castedo quien se presentó a la toma de declaración indagatoria en cuestión y dijeron que era posible que quien concurrió en su lugar y bajo su nombre, haya hecho uso de un documento de identidad falsificado, resaltando que Castedo al momento de ser detenido portaba un DNI y una cédula de autorización vehicular apócrifos”, se indicó en la sentencia.
El exjuez Raúl Reynoso, de paladín antidrogas a condenado por vínculos narcos
Reynoso, también fue acusado en otro expediente. En ese caso junto al fiscal federal de Orán, José Luis Bruno. La Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos del exjuez Raúl Reynoso y del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, acusados de haber cobrado una coima de 150.000 dólares a René Antonio Arancibia, alias Choco, acusado de traficar 100 kilos de cocaína. Quien los delató a los tres es un traficante de origen sirio que declaró como imputado colaborador.
El fiscal federal sigue en su cargo. Mientras que Reynoso renunció en 2016.
Tanto el juez federal como el fiscal federal tienen jurisdicción en una zona que estuvo dominada por la narcopolítica. Antes de las detenciones del intendente de Aguas Blancas y del candidato en Orán, hubo otros casos de legisladores y jefes comunales acusados de integrar bandas dedicadas al tráfico de cocaína.
Mauricio Gerónimo, expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza fue procesado por integrar bandas de narcotraficantes. En el mismo expediente fue acusado su colega, Alejandro Maurín.
Mientras que en octubre de 2011, fue detenido el presidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González, Salta, Luis Cifré. Durante un operativo realizado por la Gendarmería y la Policía Federal, descubrieron 380 kilos de cocaína en su local de venta de carbón vegetal.
Otros ejemplos de narcopolítica en la Argentina fueron Héctor Palma, exconcejal de Estanislao del Campo, Formosa; Roger Natividad Terán y Fabio Aquino, exintendente y viceintendente, respectivamente, de Itatí, Corrientes y Sergio Varisco, exintendente de Paraná, Entre Ríos.

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