El Gobierno irá contra los bienes del sindicalista Biró
Convocó a una asamblea para remover al sindicalista; los empleados tienen actualmente una ínfima participación accionaria
Diego Cabot
A todo o nada. Así, con el acelerador pisado en la curva, el Gobierno dio un paso fundamental para aislar a Pablo Biró, el poderoso líder del sindicato de pilotos APLA, de la conducción de Aerolíneas Argentinas. El Estado nacional, principal accionista de la compañía aérea, llamó a una Asamblea General Ordinaria para el 16 de octubre, a las 11 horas, con un segundo llamado a las 12. En ese momento, la conducción de la empresa que maneja Fabián Lombardo intentará remover del directorio a Biró. Será el fin del gremialista como representante de las acciones de los trabajadores. Es posible que el asunto sea controvertido y que intervenga la Justicia Comercial por pedido del gremio. Pero será una cuestión de derecho; de hecho, estará afuera de la mesa de conducción.
La reunión se celebrará en las oficinas de la empresa, en el aeroparque metropolitano, y el orden del día no deja dudas respecto del objetivo: “Designación de dos accionistas para firmar el acta; remoción con causa del director Pablo
Biró por violación de los deberes impuestos a los directores conforme el artículo 59, 274 y concordantes de la ley de sociedades”.
Además, agrega un dato que se tratará en esa reunión: el inicio de una acción social de responsabilidad contra del director Pablo Biró, a efectos de indemnizar los daños sufridos por la sociedad con motivo de su manifiesto accionar contrario al interés social, dirigido a entorpecer el correcto desenvolvimiento de la actividad social”. La ofensiva será total y, mientras el gremialista mantenga su ascendencia con los pilotos que representa, lo que viene será un aumento de la conflictividad entre la compañía y sus comandantes. Un número antes de seguir: apenas el 0,00001422% de las acciones están en manos de los trabajadores. Por esa milésima, Biró tiene su silla en el directorio. Hasta ahora.
Antes de contar la historia es necesario pasar por la argumentación legal que utiliza el Gobierno para eyectar al piloto. El artículo 59 establece que los directores “deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”. En la Casa Rosada consideran que gran parte de las acciones del comandante atentan contra la empresa. Pero ese artículo tiene una segunda parte: “Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”. Este último párrafo es la llave como para que la empresa intente una acción directa, por daños y perjuicios, contra el piloto. Irán directamente por su patrimonio e intentarán resarcir los daños que causó su accionar con el bolsillo de Biró. Materialmente imposible, pero útil a los fines del Gobierno que quiere acorralar al sindicalista, uno de los comandantes que menos vuela en Aerolíneas Argentinas.
La historia de esa silla en el directorio se remonta a mediados de 2019, cuando el sindicalista fue propuesto como director de la compañía en representación del Programa de Propiedad Participada (PPP), un esquema que se diseñó en los años 90, cuando se privatizó la línea aérea. Entonces se entregaron acciones a los empleados que quisieron tomarlas y que trabajaban en la empresa. Fue el momento del “Director Obrero”, como los propios gremios llamaron al trabajo complementario que tiene el piloto desde entonces.
La historia empezó en 1994. Cuando se decide la venta de la línea aérea, entonces de bandera, se estableció la posibilidad de que los empleados que quisieran pudieran suscribir el 10% de las acciones de la compañía. Era requisito que fuesen trabajadores de la nómina. Los años pasaron y los aportes de capital, también. Con el tiempo, la cuota se empezó a licuar. Tanto se achicó que actualmente la porción, como se dijo, es 0,00001422% de las acciones. Sin embargo, el Estado permitió mantener ese director pese a que ya se estaba por debajo del 5%. En 2018, algunas cosas cambiaron. La empresa aprobó nuevas normas de compliance y transparencia y dispuso que los directores no podían nombrar familiares en la empresa. En septiembre de ese año, un estudio interno de la aerolínea encontró que un familiar del entonces director por la PPP, Rodolfo Casali, había sido nombrado.
Casali renunció a su cargo, ya que prefirió mantener el trabajo de su hijo. El acuerdo gremial de entonces no solo involucró al nuevo director. Las acciones PPP establecen que el representante es, en realidad, la voz de aquellos trabajadores en la mesa de decisiones. Debajo de él se creó un Comité Ejecutivo de siete miembros que le entrega el mandato en cada una de las posturas que tome. A ese órgano colegiado se sumaron otros dos sindicalistas: Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llanos, secretario general de APA. El gran ausente fue Ricardo Cirielli, de los técnicos aeronáuticos (APTA), que se retiró enojado con alguno de sus colegas. Hay una particularidad. Biró jamás tuvo acciones en la PPP. Para ser representante en el órgano de decisiones no se necesita ser titular de acciones.
La línea aérea jamás ejerció la cláusula que dice que solo se mantendrá ese asiento siempre y cuando las acciones superen el 5%. Bien podría ir ahora por esa solución. Pero que se sepa: cualquiera que sea el camino elegido, habrá conflictividad y la operación aérea sufrirá. Al menos mientras Biró maneje a toda la tropa de comandantes. Por ahora, nadie desobedece al poderoso líder sindical que en pocos días se quedará sin silla en el directorio y tendrá que lidiar con un cuantioso juicio.
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La Justicia asocia a Milei con Cristina
Claudio Jacquelin
Javier Milei y Cristina Kirchner
El enojo alcanza niveles que hasta ahora parecían destinados casi exclusivamente a “los degenerados fiscales”, a “los gerentes de la pobreza” y a los periodistas no alineados. Ahora, llegó a los miembros de uno de los tres poderes del Estado. La Justicia es por estos días destinataria de la ira mileísta.
Los recientes fallos judiciales contra decisiones del Gobierno, la reelección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema por tres años más y los tropiezos que siguen sumando las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal son el combustible que hace hervir la sangre de Javier Milei y sus principales colaboradores.
Esa triple combinación derivó en una conclusión singular: el abroquelamiento de todo el gabinete para justificar y militar la postulación del cuestionado juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una auténtica novedad, expresada en la inscripción en el flamante equipo pro-Lijo de algunos funcionarios, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en un pasado cercano tenían al magistrado como ejemplo máximo de “la casta” judicial, de las opacidades del sistema y de los vínculos espurios con otros factores de poder. Como para que nadie diga que este gobierno carece de pragmatismo.
“Necesitamos una Justicia que nos dé gobernabilidad y con esta Corte, con Rosatti al frente, eso no es posible. Si no, fijate en todos los fallos que salen en nuestra contra en temas supersensibles, como el del conflicto de Aerolíneas. Atrás de todo está la orientación de Rosatti. Por eso tienen que llegar Lijo y García-Mansilla”. La queja (y justificación) proviene de una de las principales figuras del Gobierno, muy cercana al Presidente, y resume el malestar que fermenta por estas horas en la Casa Rosada.
La argumentación, calcada de la defensa que hizo Ricardo Lorenzetti en su carácter de autor intelectual de esa postulación, es repetida, casi sin modificaciones, por funcionarios de diversas jerarquías y áreas del Gobierno, incluidos muchos que hasta hace nada no se hubieran animado a justificar en público la nominación del juez federal.
Nadie se sonroja cuando en el espejo retrovisor aparece la Corte Suprema del menemismo, hecha a medida para llevar a cabo las políticas de ese gobierno sin obstáculo. Varios hasta la reivindican en nombre de la real politik.
Las restricciones que le impone el Poder Judicial al decisionismo presidencial, así como el amparo que allí encuentran quienes resisten a las políticas oficiales, son causa de frustración, además de motivo de enojo oficialista.
Curiosamente (o no tanto) este es otro de los puntos en los que se asocian y explican cierta admiración (o respeto) mutua entre el kirchnerismo más puro y el mileísmo irreductible.
En estos días, ambos comparten padecimientos tribunalicios, aunque en planos muy diferentes.
Para Cristina Kirchner, los desvelos personales provienen del fuero penal y de la Corte Suprema.
Para el Gobierno, sus males funcionales surgen del fuero laboral tanto como del máximo tribunal.
Por eso, ambos comparten la impugnación a ese poder institucional que no logran controlar y sobre el que no han tenido ni pueden ejercer el veto. Así como sobre el que tampoco funciona la (ya archivada) amenaza del plebiscito con el que alguna vez Javier Milei soñó para domesticar al Congreso. La popularidad tiene sus límites. Institucionales y fácticos.
Por esa razón, el Gobierno sigue empeñado en imponer a sus dos candidatos (el polémico Lijo y el académico conservador GarcíaMansilla) en la Corte y está dispuesto a negociar hasta con sus demonios para lograrlo, aunque se siguen sumando complicaciones y el kirchnerismo sube el precio de la negociación.
El pronunciamiento de la mesa de conducción del radicalismo, que exigió la nominación de mujeres para cubrir la vacante nunca cubierta dejada por Elena Highton y la que en dos meses dejará Juan Carlos Maqueda (por jubilación obligada e involuntaria), complicó un poco más las cosas para el Gobierno.
La participación en esa mesa y su adhesión al pronunciamiento del senador y presidente de la UCR Martín Lousteau parece despejar una gran incógnita, que el Poder Ejecutivo tenía la ilusión de que se resolviera en su favor.
El ambiguo silencio que hasta ahora había mostrado Lousteau respecto de este tema alentaba las esperanzas oficialistas, sustentadas en la influencia que sobre él se atribuye a dos estrechos allegados a Lijo: el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el zar del juego Daniel Angelici.
El conflicto universitario
Para los conocedores de la interna radical, no resulta ajeno a este desenlace (aunque no es un motivo excluyente) que siga abierto el conflicto abierto entre el Gobierno y las universidades públicas nacionales por los recursos.
La disputa tendrá el miércoles próximo un nuevo capítulo estelar con la anunciada marcha contra el anunciado veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Senado, y en reclamo de una recomposición del atrasado salario de docentes y no docentes.
El antecedente de la movilización del 23 de abril, que convocó a más de un millón de manifestantes de todo el país, es un espejo al cual mira no solo la comunidad universitaria, sino también un oficialismo preocupado y una oposición expectante.
La masividad de aquella manifestación implicó un freno a la marcha de un gobierno frágil en soportes institucionales y sostenido por el mayoritario apoyo de la sociedad, que hasta ese momento no mostraba ninguna fisura.
La nueva protesta, en momentos en que las encuestas muestran evidencias de fatiga social y luego de que el Indec reveló que el 52,9% de los argentinos son pobres, representa un desafío mayúsculo para el oficialismo. Más aún después de que su oferta de recomposición salarial de último momento (“histórica”, según el comunicado oficial) fue rechazada por los representantes de los docentes, cuyos sueldos, según el gremio, experimentan desa de diciembre una pérdida del poder adquisitivo de hasta el 75% y de hasta el 50%, según otros cálculos.
La nueva marcha también implica un reto para la dirigencia universitaria y para los opositores políticos. El precedente les dejó la vara muy alta. Una movilización menos espectacular será celebrada por el Gobierno, que festeja por anticipado la adhesión de la muy deslegitimada dirigencia de la CGT. Hay mucho puesto en juego.
Ese conflicto no es, sin embargo, el único disparador del pronunciamiento radical y, sobre todo, de la adhesión de Lousteau, que hasta ahora venía resistiendo a las demandas de una vasta legión de dirigentes partidarios que le reclamaban que se manifestara en contra de la nominación de Lijo.
“Lousteau es el activo más presentable que tiene Yaco [por Yacobitti]. Si seguía rayándolo, dejándolo pegado con Lijo, terminaba de devaluarlo. Ya Martín tiene suficiente con los cuestionamientos internos masivos que enfrenta como para perderlo todo por eso. Ya se lo dijeron varios. Y parece que al final lo entendió”, explica un veterano consultor y operador radical al que el dirigente universitario escucha cuando huele el peligro de perderlo todo.
La divulgación de una foto de Yacobitti viajando en clase exclusiva desde Miami podría haber sido otro buen aliciente para liberar de presiones al senador respecto de la nominación del juez federal.
La Corte no es el único frente judicial que desvela al Gobierno. En lo inmediato, la Justicia Laboral es casi el objetivo más urgente, aunque también preocupan otros fueros.
Al fallo que desestimó la denuncia penal de Bullrich contra el líder de los pilotos de Aerolíneas, Pablo Biró, se sumó ayer la aceptación del recurso de amparo interpuesto por ese gremio contra la declaración de servicio esencial al transporte aeronáutico para condicionar los medidas de protesta.
Esta resolución se suma a los fallos en similar sentido contra algunas disposiciones laborales del mega-DNU 70/23 y podría preceder otras resoluciones judiciales desfavorables referidas a la flamante desregulación en materia de relaciones del trabajo lanzada anteayer por el Gobierno, respecto de la cual algunos gremios ya anticiparon que llevarán a la Justicia.
Este escenario de conflicto con el Poder Judicial Nacional lleva al Gobierno y, especialmente, a las autoridades de la Secretaría de Trabajo, a cargo del abogado Julio Cordero, a pensar en caminos alternativos. Así es que miran con ansiedad (casi con desesperación) el derrotero de la creación del fuero laboral en la Justicia porteña.
Se ilusionan con encontrar allí pocos obstáculos para sus políticas en la interpretación de las leyes por parte de nuevos jueces “sin dependencia de los gremios y sus abogados (como la familia Recalde), que tienen colonizada la justicia laboral nacional”, dicen en el ex-Ministerio de Trabajo, ahora convertido en una secretaría del Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, las necesidades y urgencias del Gobierno deberán ser dominadas por la paciencia.
Los tiempos institucionales, por lo general, no son los de los funcionarios. El proyecto de ley del gobierno de Jorge Macri todavía tiene por delante un largo proceso de debate en la Legislatura porteña.
“Faltan aún 10 días para la audiencia informativa del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, en las comisiones de Justicia, Legislación Laboral y Constitucional, lo que permitiría seguir avanzando con este tema”, explican en el gobierno de la ciudad.
La expectativa es que “antes de fin de año salga la ley de puesta en funcionamiento del Fuero Laboral de la Ciudad y del Código de Procedimiento Laboral de la ciudad de Buenos Aires”, explican. Solo el comienzo de un largo camino.
Mientras tanto, el Gobierno deberá seguir lidiando con una realidad (o con una traba) que para modificarla tiene muy pocas herramientas apropiadas. Para peor, en algunos casos, ha elegido las que generan más resistencias o lucen menos apropiadas.•
Ante fallos adversos, el Gobierno redobla la justificación de la nominación de Lijo
“Necesitamos una Corte que dé gobernabilidad”, aducen hasta los que criticaban al juez
El conflicto universitario suma problemas al Gobierno y afecta su avance sobre la Justicia
A todo o nada. Así, con el acelerador pisado en la curva, el Gobierno dio un paso fundamental para aislar a Pablo Biró, el poderoso líder del sindicato de pilotos APLA, de la conducción de Aerolíneas Argentinas. El Estado nacional, principal accionista de la compañía aérea, llamó a una Asamblea General Ordinaria para el 16 de octubre, a las 11 horas, con un segundo llamado a las 12. En ese momento, la conducción de la empresa que maneja Fabián Lombardo intentará remover del directorio a Biró. Será el fin del gremialista como representante de las acciones de los trabajadores. Es posible que el asunto sea controvertido y que intervenga la Justicia Comercial por pedido del gremio. Pero será una cuestión de derecho; de hecho, estará afuera de la mesa de conducción.
La reunión se celebrará en las oficinas de la empresa, en el aeroparque metropolitano, y el orden del día no deja dudas respecto del objetivo: “Designación de dos accionistas para firmar el acta; remoción con causa del director Pablo
Biró por violación de los deberes impuestos a los directores conforme el artículo 59, 274 y concordantes de la ley de sociedades”.
Además, agrega un dato que se tratará en esa reunión: el inicio de una acción social de responsabilidad contra del director Pablo Biró, a efectos de indemnizar los daños sufridos por la sociedad con motivo de su manifiesto accionar contrario al interés social, dirigido a entorpecer el correcto desenvolvimiento de la actividad social”. La ofensiva será total y, mientras el gremialista mantenga su ascendencia con los pilotos que representa, lo que viene será un aumento de la conflictividad entre la compañía y sus comandantes. Un número antes de seguir: apenas el 0,00001422% de las acciones están en manos de los trabajadores. Por esa milésima, Biró tiene su silla en el directorio. Hasta ahora.
Antes de contar la historia es necesario pasar por la argumentación legal que utiliza el Gobierno para eyectar al piloto. El artículo 59 establece que los directores “deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”. En la Casa Rosada consideran que gran parte de las acciones del comandante atentan contra la empresa. Pero ese artículo tiene una segunda parte: “Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”. Este último párrafo es la llave como para que la empresa intente una acción directa, por daños y perjuicios, contra el piloto. Irán directamente por su patrimonio e intentarán resarcir los daños que causó su accionar con el bolsillo de Biró. Materialmente imposible, pero útil a los fines del Gobierno que quiere acorralar al sindicalista, uno de los comandantes que menos vuela en Aerolíneas Argentinas.
La historia de esa silla en el directorio se remonta a mediados de 2019, cuando el sindicalista fue propuesto como director de la compañía en representación del Programa de Propiedad Participada (PPP), un esquema que se diseñó en los años 90, cuando se privatizó la línea aérea. Entonces se entregaron acciones a los empleados que quisieron tomarlas y que trabajaban en la empresa. Fue el momento del “Director Obrero”, como los propios gremios llamaron al trabajo complementario que tiene el piloto desde entonces.
La historia empezó en 1994. Cuando se decide la venta de la línea aérea, entonces de bandera, se estableció la posibilidad de que los empleados que quisieran pudieran suscribir el 10% de las acciones de la compañía. Era requisito que fuesen trabajadores de la nómina. Los años pasaron y los aportes de capital, también. Con el tiempo, la cuota se empezó a licuar. Tanto se achicó que actualmente la porción, como se dijo, es 0,00001422% de las acciones. Sin embargo, el Estado permitió mantener ese director pese a que ya se estaba por debajo del 5%. En 2018, algunas cosas cambiaron. La empresa aprobó nuevas normas de compliance y transparencia y dispuso que los directores no podían nombrar familiares en la empresa. En septiembre de ese año, un estudio interno de la aerolínea encontró que un familiar del entonces director por la PPP, Rodolfo Casali, había sido nombrado.
Casali renunció a su cargo, ya que prefirió mantener el trabajo de su hijo. El acuerdo gremial de entonces no solo involucró al nuevo director. Las acciones PPP establecen que el representante es, en realidad, la voz de aquellos trabajadores en la mesa de decisiones. Debajo de él se creó un Comité Ejecutivo de siete miembros que le entrega el mandato en cada una de las posturas que tome. A ese órgano colegiado se sumaron otros dos sindicalistas: Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llanos, secretario general de APA. El gran ausente fue Ricardo Cirielli, de los técnicos aeronáuticos (APTA), que se retiró enojado con alguno de sus colegas. Hay una particularidad. Biró jamás tuvo acciones en la PPP. Para ser representante en el órgano de decisiones no se necesita ser titular de acciones.
La línea aérea jamás ejerció la cláusula que dice que solo se mantendrá ese asiento siempre y cuando las acciones superen el 5%. Bien podría ir ahora por esa solución. Pero que se sepa: cualquiera que sea el camino elegido, habrá conflictividad y la operación aérea sufrirá. Al menos mientras Biró maneje a toda la tropa de comandantes. Por ahora, nadie desobedece al poderoso líder sindical que en pocos días se quedará sin silla en el directorio y tendrá que lidiar con un cuantioso juicio.
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La Justicia asocia a Milei con Cristina
Claudio Jacquelin
El enojo alcanza niveles que hasta ahora parecían destinados casi exclusivamente a “los degenerados fiscales”, a “los gerentes de la pobreza” y a los periodistas no alineados. Ahora, llegó a los miembros de uno de los tres poderes del Estado. La Justicia es por estos días destinataria de la ira mileísta.
Los recientes fallos judiciales contra decisiones del Gobierno, la reelección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema por tres años más y los tropiezos que siguen sumando las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal son el combustible que hace hervir la sangre de Javier Milei y sus principales colaboradores.
Esa triple combinación derivó en una conclusión singular: el abroquelamiento de todo el gabinete para justificar y militar la postulación del cuestionado juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una auténtica novedad, expresada en la inscripción en el flamante equipo pro-Lijo de algunos funcionarios, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en un pasado cercano tenían al magistrado como ejemplo máximo de “la casta” judicial, de las opacidades del sistema y de los vínculos espurios con otros factores de poder. Como para que nadie diga que este gobierno carece de pragmatismo.
“Necesitamos una Justicia que nos dé gobernabilidad y con esta Corte, con Rosatti al frente, eso no es posible. Si no, fijate en todos los fallos que salen en nuestra contra en temas supersensibles, como el del conflicto de Aerolíneas. Atrás de todo está la orientación de Rosatti. Por eso tienen que llegar Lijo y García-Mansilla”. La queja (y justificación) proviene de una de las principales figuras del Gobierno, muy cercana al Presidente, y resume el malestar que fermenta por estas horas en la Casa Rosada.
La argumentación, calcada de la defensa que hizo Ricardo Lorenzetti en su carácter de autor intelectual de esa postulación, es repetida, casi sin modificaciones, por funcionarios de diversas jerarquías y áreas del Gobierno, incluidos muchos que hasta hace nada no se hubieran animado a justificar en público la nominación del juez federal.
Nadie se sonroja cuando en el espejo retrovisor aparece la Corte Suprema del menemismo, hecha a medida para llevar a cabo las políticas de ese gobierno sin obstáculo. Varios hasta la reivindican en nombre de la real politik.
Las restricciones que le impone el Poder Judicial al decisionismo presidencial, así como el amparo que allí encuentran quienes resisten a las políticas oficiales, son causa de frustración, además de motivo de enojo oficialista.
Curiosamente (o no tanto) este es otro de los puntos en los que se asocian y explican cierta admiración (o respeto) mutua entre el kirchnerismo más puro y el mileísmo irreductible.
En estos días, ambos comparten padecimientos tribunalicios, aunque en planos muy diferentes.
Para Cristina Kirchner, los desvelos personales provienen del fuero penal y de la Corte Suprema.
Para el Gobierno, sus males funcionales surgen del fuero laboral tanto como del máximo tribunal.
Por eso, ambos comparten la impugnación a ese poder institucional que no logran controlar y sobre el que no han tenido ni pueden ejercer el veto. Así como sobre el que tampoco funciona la (ya archivada) amenaza del plebiscito con el que alguna vez Javier Milei soñó para domesticar al Congreso. La popularidad tiene sus límites. Institucionales y fácticos.
Por esa razón, el Gobierno sigue empeñado en imponer a sus dos candidatos (el polémico Lijo y el académico conservador GarcíaMansilla) en la Corte y está dispuesto a negociar hasta con sus demonios para lograrlo, aunque se siguen sumando complicaciones y el kirchnerismo sube el precio de la negociación.
El pronunciamiento de la mesa de conducción del radicalismo, que exigió la nominación de mujeres para cubrir la vacante nunca cubierta dejada por Elena Highton y la que en dos meses dejará Juan Carlos Maqueda (por jubilación obligada e involuntaria), complicó un poco más las cosas para el Gobierno.
La participación en esa mesa y su adhesión al pronunciamiento del senador y presidente de la UCR Martín Lousteau parece despejar una gran incógnita, que el Poder Ejecutivo tenía la ilusión de que se resolviera en su favor.
El ambiguo silencio que hasta ahora había mostrado Lousteau respecto de este tema alentaba las esperanzas oficialistas, sustentadas en la influencia que sobre él se atribuye a dos estrechos allegados a Lijo: el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el zar del juego Daniel Angelici.
El conflicto universitario
Para los conocedores de la interna radical, no resulta ajeno a este desenlace (aunque no es un motivo excluyente) que siga abierto el conflicto abierto entre el Gobierno y las universidades públicas nacionales por los recursos.
La disputa tendrá el miércoles próximo un nuevo capítulo estelar con la anunciada marcha contra el anunciado veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Senado, y en reclamo de una recomposición del atrasado salario de docentes y no docentes.
El antecedente de la movilización del 23 de abril, que convocó a más de un millón de manifestantes de todo el país, es un espejo al cual mira no solo la comunidad universitaria, sino también un oficialismo preocupado y una oposición expectante.
La masividad de aquella manifestación implicó un freno a la marcha de un gobierno frágil en soportes institucionales y sostenido por el mayoritario apoyo de la sociedad, que hasta ese momento no mostraba ninguna fisura.
La nueva protesta, en momentos en que las encuestas muestran evidencias de fatiga social y luego de que el Indec reveló que el 52,9% de los argentinos son pobres, representa un desafío mayúsculo para el oficialismo. Más aún después de que su oferta de recomposición salarial de último momento (“histórica”, según el comunicado oficial) fue rechazada por los representantes de los docentes, cuyos sueldos, según el gremio, experimentan desa de diciembre una pérdida del poder adquisitivo de hasta el 75% y de hasta el 50%, según otros cálculos.
La nueva marcha también implica un reto para la dirigencia universitaria y para los opositores políticos. El precedente les dejó la vara muy alta. Una movilización menos espectacular será celebrada por el Gobierno, que festeja por anticipado la adhesión de la muy deslegitimada dirigencia de la CGT. Hay mucho puesto en juego.
Ese conflicto no es, sin embargo, el único disparador del pronunciamiento radical y, sobre todo, de la adhesión de Lousteau, que hasta ahora venía resistiendo a las demandas de una vasta legión de dirigentes partidarios que le reclamaban que se manifestara en contra de la nominación de Lijo.
“Lousteau es el activo más presentable que tiene Yaco [por Yacobitti]. Si seguía rayándolo, dejándolo pegado con Lijo, terminaba de devaluarlo. Ya Martín tiene suficiente con los cuestionamientos internos masivos que enfrenta como para perderlo todo por eso. Ya se lo dijeron varios. Y parece que al final lo entendió”, explica un veterano consultor y operador radical al que el dirigente universitario escucha cuando huele el peligro de perderlo todo.
La divulgación de una foto de Yacobitti viajando en clase exclusiva desde Miami podría haber sido otro buen aliciente para liberar de presiones al senador respecto de la nominación del juez federal.
La Corte no es el único frente judicial que desvela al Gobierno. En lo inmediato, la Justicia Laboral es casi el objetivo más urgente, aunque también preocupan otros fueros.
Al fallo que desestimó la denuncia penal de Bullrich contra el líder de los pilotos de Aerolíneas, Pablo Biró, se sumó ayer la aceptación del recurso de amparo interpuesto por ese gremio contra la declaración de servicio esencial al transporte aeronáutico para condicionar los medidas de protesta.
Esta resolución se suma a los fallos en similar sentido contra algunas disposiciones laborales del mega-DNU 70/23 y podría preceder otras resoluciones judiciales desfavorables referidas a la flamante desregulación en materia de relaciones del trabajo lanzada anteayer por el Gobierno, respecto de la cual algunos gremios ya anticiparon que llevarán a la Justicia.
Este escenario de conflicto con el Poder Judicial Nacional lleva al Gobierno y, especialmente, a las autoridades de la Secretaría de Trabajo, a cargo del abogado Julio Cordero, a pensar en caminos alternativos. Así es que miran con ansiedad (casi con desesperación) el derrotero de la creación del fuero laboral en la Justicia porteña.
Se ilusionan con encontrar allí pocos obstáculos para sus políticas en la interpretación de las leyes por parte de nuevos jueces “sin dependencia de los gremios y sus abogados (como la familia Recalde), que tienen colonizada la justicia laboral nacional”, dicen en el ex-Ministerio de Trabajo, ahora convertido en una secretaría del Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, las necesidades y urgencias del Gobierno deberán ser dominadas por la paciencia.
Los tiempos institucionales, por lo general, no son los de los funcionarios. El proyecto de ley del gobierno de Jorge Macri todavía tiene por delante un largo proceso de debate en la Legislatura porteña.
“Faltan aún 10 días para la audiencia informativa del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, en las comisiones de Justicia, Legislación Laboral y Constitucional, lo que permitiría seguir avanzando con este tema”, explican en el gobierno de la ciudad.
La expectativa es que “antes de fin de año salga la ley de puesta en funcionamiento del Fuero Laboral de la Ciudad y del Código de Procedimiento Laboral de la ciudad de Buenos Aires”, explican. Solo el comienzo de un largo camino.
Mientras tanto, el Gobierno deberá seguir lidiando con una realidad (o con una traba) que para modificarla tiene muy pocas herramientas apropiadas. Para peor, en algunos casos, ha elegido las que generan más resistencias o lucen menos apropiadas.•
Ante fallos adversos, el Gobierno redobla la justificación de la nominación de Lijo
“Necesitamos una Corte que dé gobernabilidad”, aducen hasta los que criticaban al juez
El conflicto universitario suma problemas al Gobierno y afecta su avance sobre la Justicia
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