El Gobierno buscará que baje el precio del gas y de la luz a partir de octubre
ENERGÍA. Se espera para la semana próxima que el ENRE y el Enargas definan un nuevo cuadro tarifario; este mes, una familia destinó $141.543 para pagar luz, gas, agua y transporte
Ignacio Grimaldi y Sofía Diamante
El Gobierno tomó nota del peso que representa en el bolsillo de los argentinos las boletas de los servicios energéticos, además de su impacto en el humor social. Y sin perder demasiado tiempo, comenzó a ajustar la aritmética en esa dirección. Fuentes oficiales confirmaron que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, bajará el precio PIST del gas y PEST de la luz, y que el Enargas y el ENRE publicarán próximamente un nuevo cuadro tarifario que entrará en vigencia a partir de octubre.
Tal cual indicaron, “va a haber una baja del precio PIST del gas”, que es uno de los componentes de la boleta que llega a fin de mes. En paralelo, también sostuvieron que lo mismo ocurrirá con el precio PEST de la luz. Ambas variables son fijadas por el Gobierno.
Entonces, según explicaron desde uno de los despachos oficiales del Ministerio de Economía, “el ENRE y el Enargas tienen que determinar los nuevos cuadros tarifarios”. Es decir, cada uno deberá sumarle el precio de otro componente de la boleta, que hace referencia al segmento de transporte y distribución. El PIST del gas alude al punto de intor greso al sistema de transporte, y el PEST de la luz, al precio estacional de la energía eléctrica.
Por lo tanto, la gran pregunta que deriva ante esta confirmación oficial es qué precio determinará la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, y qué impacto tendrá en la cuenta de fin de mes. “Es información clasificada”, se limitaron a responder las fuentes oficiales consultadas
Independientemente de la reducción del precio del gas y de la luz, existe un componente estacional muy importante y que influye de manera desigual según el caso. El consumo de gas suele bajar durante los próximos meses de primavera y verano. Por lo tanto, lo que pagan los usuarios también es menor. Es decir, la reducción del precio estará acompañada por una menor demanda.
Distinto es el caso de la luz. Los meses venideros suelen tener la tendencia de consumo récord, ya sea por aires acondicionados o distintas herramientas eléctricas para mitigar los efectos del calor. En consecuencia, el próximo cuadro tarifario podrá presentar un precio menor, pero no necesariamente eso vaya a reflejarse en una boleta con costo más bajo.
Hasta el momento, desde el secprivado vinculado a los servicios de luz y gas informaron que aún no han sido anoticiados por el Gobierno sobre algún posible cambio de precio. “No sabemos nada”, dijeron desde una distribuidora.
Hasta agosto, el Gobierno destinó $4,4 billones a los subsidios a la energía, lo que implica una suba nominal de 133%, que refleja una caída en términos reales (descontada la inflación) de 37%, según LCG.
En lo que respecta a los servicios de energía, los usuarios de ingresos altos (N1) ya pagan el 90% del costo de la electricidad y el 73% del gas; los de ingresos medios (N3), 40% y 33%, respectivamente, y los de ingresos bajos, 26% y 25%.
De este modo, el Ejecutivo buscará que luego de ese ajuste, los aumentos en las boletas de servicios se tomen un respiro.
De hecho, el gasto de la canasta de servicios se redujo 2% respecto del mes anterior pese al aumento de tarifas, debido al menor consumo de gas y electricidad.
En lo que va del año, una familia tipo –dos adultos y dos menores– de ingresos medios altos (no recibe subsidios), la canasta básica de servicios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) le subió 370% de diciembre a septiembre, considerando los aumentos de consumo de gas y electricidad. La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y agosto último fue de 144,4%, y en septiembre se prevé que ronde el 3,5%, según las principales consultoras económicas.
Estos datos surgen del informe mensual que realiza el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet. En diciembre, esa familia tipo destinaba $30.105 al mes a pagar los servicios de luz, gas, agua y transporte público. Este mes, sin embargo, destinó $141.543 por esa misma canasta, de los cuales $32.202 fueron a pagar la electricidad, $28.342 al gas, $24.762 el agua y $56.228 el transporte de colectivo.
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Cortes programados, una interna a la luz del día
Francisco Olivera
Puesto así, el argumento parece pensado para ganar impopularidad: en el momento en que las tarifas se llevan una mayor parte de los salarios y las compañías de electricidad obtienen el margen de distribución más alto en 22 años, el Gobierno anticipa que prepara cortes rotativos voluntarios a industrias para el verano porque la oferta no será suficiente.
El anuncio sorprendió a las propias generadoras, que tienen sus respectivas proyecciones, y a la oposición. “Ni un solo corte de luz con esta tarifas”, dijo Máximo Kirchner. Es difícil entender qué apuró a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, a pronosticar el domingo algo que tiene un alto componente fortuito y con palabras que remiten a los peores apagones de la historia. ¿Está el Gobierno abriendo el paraguas? ¿Tienen un dato que el resto desconoce? Cuatro días antes, Daniel González, viceministro coordinador de Energía, había sido menos asertivo, pese a que, aclaró, auguraba un verano difícil. “Nadie está pensando en cortes programados, quédense tranquilos”, dijo.
La falta de coordinación solo se explica en una interna. Luis Caputo, ministro de Economía, no termina de confiar en Eduardo Rodríguez Chirillo, su secretario de Energía, y esa es la razón por la que designó gestor del área a González. El programa tarifario, que se había empezado a aplicar en febrero solo con aumentos en distribución y transporte y casi no bajaba subsidios a la generación, tuvo desde entonces modificaciones: se frenaron por unos meses las subas y, cuando se retomaron, se hicieron sobre todos los segmentos, e incluso los usuarios de menores ingresos. Ahí gravitó González.
Rodríguez Chirillo es un abogado que viene trabajando con Milei desde la campaña. Entre sus antecedentes, ha integrado equipos con Carlos Bastos, un especialista respetado en el sector, actual director de YPF, demiurgo de la privatización de 1992 y, desde hace años, directivo de empresas del holding Vila-Manzano, muy cercano a Massa. La semana pasada, Vila, dueño de Edenor con Manzano y Mauricio Filiberti, explicó las razones por las que había decidido no pagar una deuda de US$180 millones que tiene con Cammesa, la administradora del mercado, por la energía que compra. El argumento es que el Estado le debe a su vez a Edenor US$1280 millones en tarifas previstas en la concesión, algo que los gobiernos incumplen desde 2007. En la compañía admiten que ese pasivo incluye lo que tampoco pagaron administraciones anteriores. Pero es evidente que Vila esperaba un cronograma a mayor velocidad.
Sus palabras cayeron mal en el Gobierno. Entre otros motivos, porque el margen de distribución (ingresos vs. costos) nunca había estado tan alto en 22 años. Un trabajo de Gustavo Lopetegui, exsecretario de Energía, sobre los balances apunta que Edenor tuvo el segundo trimestre del año 50% de margen. Muy por arriba del que llegó a tener en la mejor época de Macri (2018), cuando registraba 46%, o incluso en la de Massa como ministro, con un 40% que después corroyó la inflación. Si Caputo hubiera cumplido con los aumentos mensuales que pide Vila, el margen estaría hoy en 58%. Por eso el reclamo molestó a los funcionarios: los dueños de Edenor, que le compraron la empresa a Mindlin y lograron con Massa renegociar la deuda, le exigen ahora a Caputo en nueve meses algo que Mindlin no consiguió en 12 años.
El sinceramiento de Vila coincide además con un intento de rebelión creciente en distribuidoras más chicas. Uno de sus impulsores es Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que le prohibió a Edelar, distribuidora que preside su hijo Jerónimo, pagarle a Cammesa.La Cooperativa de Villa Gesell tiene desde hace años un reclamo similar, y obtuvo en marzo un amparo favorable del juzgado de Dolores que no solo la autoriza a no pagar, sino que autoriza a otras empresas a sumarse. Y así lo hicieron cinco cooperativas. Al ver que estudios de abogados las convocaban con la idea de transformar el amparo en uno colectivo, Cammesa apeló y logró que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata volviera a convertir el reclamo en individual. Y hay situaciones parecidas en Orán, Salta, y San Miguel de Tucumán.
Si hay cortes será difícil aplacar las quejas. Un trabajo del economista Julián Rojo dice que el presupuesto de una familia destinado a servicios públicos está en 5,9%, por arriba del 5,6% de la época de Macri. Es lo que convenció a una asociación de usuarios, Procurar, de ir a la Justicia y obtener, en enero, un amparo del Juzgado Federal Nº 1 de San Martín en el que se le ordena a Cammesa abstenerse de cobrarle a Edenor y la insta a destinar esos recursos a obras. Si hay un espíritu malicioso intentando complicar la quita de subsidios, el bolsillo de los usuarios y el abastecimiento energético, todo al mismo tiempo y en una triple carambola, la estrategia parece bastante exitosa
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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