sábado, 28 de septiembre de 2024

POBREZA, OPINIÓN,DESDE ADENTRO


La pobreza se disparó al 52,9% y afecta a 25 millones de argentinos
Crisis. Es el dato del primer semestre del año; el peor desde 2003; el Gobierno lo adjudicó a la herencia del kirchnerismo
Francisco JueguenFuente: Indec 
La pobreza alcanzó al 52,9% en el primer semestre del año (un alza de 11,2 puntos con respecto a la última mitad de 2023) y afecta a casi 25 millones de argentinos si se proyecta el dato a toda la población del país. La indigencia, en tanto, subió hasta el 18,1% y golpea a 8,5 millones, a pesar de que el Gobierno buscó contener a la población de menores recursos con mayor asistencia directa. El Indec inforEl mó ayer el primer dato de pobreza desde que Javier Milei es presidente. También indicó que un 66,1% de los chicos de hasta 14 años son pobres (7,3 millones en todo el país).
El Gobierno adjudicó la suba a la gestión kirchnerista, sin mencionar el impacto del férreo plan de ajuste y la devaluación de diciembre pasado. “Si no hubiéramos evitado la catástrofe, podría haber llegado a niveles de 80 o 90%”, advirtió el ministro de Economía, Luis Caputo. El vocero, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno evitó una hiperinflación incubada en la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, que “hubiese llevado la pobreza a cerca del 95%”. El Ministerio de Capital Humano informó que el pico se alcanzó en el primer trimestre, pero comenzó a bajar en el segundo.
Con una herencia dominada por la peor inflación en más de tres décadas, y tras impulsar un fuerte ajuste fiscal y una devaluación, la crisis social se profundizó en la Argentina. En lo que significa el primer dato oficial sobre las condiciones de vida de los argentinos del presidente Javier Milei, y pese al intento del Gobierno por contener a los segmentos desprotegidos, la pobreza creció al 52,9% en el primer semestre del año. Es la más alta desde 2003.
La cantidad de pobres, si se proyectan los datos oficiales del Indec a todos el país, llega a casi 25 millones. La indigencia saltó a 18,1% y alcanza a 8,5 millones de personas. La cantidad de niños pobres de entre 0 y 14 años llegó a 66,1% (al cierre del año pasado era de 58,4%). Esto implica que hay 7,3 millones de chicos pobres.
Si se tiene en cuenta que 2023 cerró con 19,5 millones de personas en la pobreza, se habrían sumado en seis meses 5,4 millones de nuevos pobres. En tanto, habrían caído en la indigencia casi tres millones de personas.
El aglomerado con mayor pobreza del país fue Gran Resistencia, con 76,2%. Formosa aparece después con 67,6%; La Rioja, con 66,4%, y Santiago del Estero-La Banda, con 64%. La ciudad de Buenos Aires es la que muestra menos cantidad de pobreza relativa (23,1%). En niveles absolutos, en los partidos del conurbano viven más de 2 millones de pobres.
El año pasado –al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner– había terminado con una pobreza de 41,7% y una indigencia de 11,9% en un contexto de caída de la economía, del empleo, de los salarios y de una inflación que se triplicaba en solo un año. Cuando el cuarto gobierno kirchnerista comenzó su gestión, la pobreza era de 35,5%.
El intento de estabilización de la economía, con la devaluación de diciembre (suba de precios y licuación de ingresos) y el fuerte ajuste fiscal, profundizó la tendencia de deterioro social, sobre todo en el primer trimestre. Sufrieron los ingresos de los trabajadores formales, informales, las jubilaciones y pensiones, y se perdieron más de 100.000 empleos en la construcción, el comercio y la industria. Además, se perdieron puestos de trabajo informales. El trabajo se precarizó aún más.
El ajuste hizo, además, que hubiera menos demanda desde las clases medias de trabajo pobres informales (menos cartoneo, jardinería, viajes en remises, horas de trabajo doméstico, venta ambulante, de artesanías y servicios de cuidado). De ahí que la indigencia también se incrementó a pesar de que, desde el primer momento, hubo subas de 100% en los planes. Estos, según cuentan los especialistas, sirvieron para compensar ingresos, pero no para cubrir la pérdida de trabajo.
A partir del segundo trimestre, la fuerte baja de la inflación y las actualizaciones en jubilaciones y planes sociales, sumados a la suba de los salarios formales –con cierres de paritarias– e informales, el freno en la caída del empleo formal y la aparición de nichos de trabajo informal y cuentapropista lograron una baja de la pobreza y la indigencia.
Los analistas creen que esta tendencia –ralentizada– se habría sostenido en el tercer trimestre. Esto en un marco de “brotes verdes” mensuales en algunos sectores puntuales y de recuperación tras la devaluación de casi la totalidad del salario formal registrado –solo un tercio de la masa salarial– a niveles de noviembre, un punto temporal en que ya arrastraban cinco años de baja. Tal situación se da en un contexto de estancamiento en la baja de la inflación pese al ancla cambiaria.
Apenas asumió Milei, el Gobierno impulsó la desintermediación de la política social. En diciembre de 2023, el 50% de los recursos se distribuía a través de intermediarios, mientras que el otro 50% se destinaba de manera directa a las familias. Para junio de 2024, esta distribución cambió significativamente, con un 82% de los recursos ejecutados mediante transferencias directas a las familias. Además, hubo un aumento del 100% de la AUH en enero de 2024 y de la tarjeta alimentar durante el primer semestre. Desde julio, se actualizan, con una nueva fórmula de movilidad por decreto, las jubilaciones por inflación.
“Sin la nueva fórmula de actualización, la AUH se habría mantenido en un 27,3% de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, gracias a la actualización del monto en enero, dicho poder de compra aumentó significativamente, alcanzando el 59,4% en agosto de 2024, lo que supone un incremento de 32,1 puntos porcentuales. El cambio de la fórmula de actualización a partir de julio de 2024 –ajustando el valor mensualmente por una fórmula basada en el IPC– garantiza que la AUH no pierda poder de compra”, indicaron en el Ministerio de Capital Humano. “Al sumar el monto de la Tarjeta Alimentar, el poder de compra combinado de ambas prestaciones llega al 97,7% de la canasta básica alimentaria, lo que mejora de manera notable la capacidad de las familias beneficiarias para cubrir sus necesidades esenciales”, agregaron.
La AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) subieron en un 308% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, según datos oficiales, y la Tarjeta Alimentar, un 137,5%. La inflación acumulada de diciembre incluido a agosto fue de 144,4%. “Los dos números, los de pobreza y los de indigencia, muestran un salto enorme respecto del semestre anterior. En el caso de la pobreza son 12,2 puntos porcentuales, algo inédito en la Argentina, salvo en grandes crisis como la de la salida de la convertibilidad”, advirtió Leopoldo Tornarolli, investigador del Cedlas. “Esto habla de lo difícil de la situación socioeconómica. La explicación replica lo que venía pasando en los últimos semestres que aumentó la pobreza, que es la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, o sea, la inflación yendo por encima de los ingresos. Solo que en este caso, claro, el salto fue mucho más grande después de la devaluación de diciembre, y el salto inflacionario de diciembre-enero. Ahí se perdió mucho poder adquisitivo. La pérdida de empleo contribuyó, pero muy marginalmente”, dijo.
Tornarolli afirmó que ve una leve mejora en el segundo trimestre frente al primero gracias a una recuperación de los ingresos. “Muchas de las paritarias entran en juego recién en marzo y abril y entonces se capturan en el segundo trimestre”, advirtió el experto del Cedlas.
“La tasa de pobreza alcanzó el 52,9% en el primer semestre de 2024 y la indigencia llegó al 18,1%. Hay claras diferencias geográficas en el dato de pobreza, mientras que en las regiones noroeste y noreste, la tasa de pobreza fue de 57% y 62,9% respectivamente, en la región Patagonia fue de 49,1%”, explicó Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría de la UTDT. “En el caso de la indigencia, resultó más alta en la región noreste con una incidencia de 23,2% y en el Gran Buenos Aires, donde alcanzó 19,8% influenciada por el comportamiento en los partidos del conurbano bonaerense, con una tasa de indigencia de 22,7%”, agregó.
Rozada señaló que la tasa de pobreza informada es un promedio de la incidencia de la pobreza del primer trimestre del año, que fue de alrededor de 55%, y de la incidencia del segundo trimestre, que fue de aproximadamente 51%.
“Hacia adelante hay dos fenómenos”, explicó Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. “Uno es la caída de la pobreza estadística. Incluso en el tercer trimestre creo que sigue bajando, pero no con esta fuerza que tuvo la caída entre primero y segundo. Lo mismo la indigencia. En la medida en que se recupere poco el consumo, eso mejora estadísticamente. Diferenciémoslo del efecto real”, agregó.
Y explicó: “En realidad hay un cambio de sistemas de precios. Las familias tienen que usar parte más de su presupuesto en pagar servicios públicos: agua, luz, transporte. Y en esta lógica se enfrentan con tener menor capacidad de consumo de otros bienes y servicios. Por lo tanto, es posible que la tendencia del segundo y tercer trimestre, una baja en el nivel de pobreza estadística, no se refleje necesariamente en mayor capacidad de consumo”.

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Entre 2002 y 2024, más ayuda y la misma pobreza
Por Jorge Colina

La pobreza en 2024 llegó al 53% de la población urbana. Muy parecida a la de la crisis de 2002, cuando fue del 54%. Los números son casi iguales; la anatomía es diferente.
En 2002, la tasa de desempleo era de 20% de la población activa, la máxima de que se tenga registro desde 1974. La gente subempleada queriendo trabajar más era el 12% de la población activa, también la máxima desde 1974. Sumando ambos índices, la gente con problemas de falta de empleo era el 32% de la población activa. O sea, 1 de cada 3 personas de la fuerza laboral no tenía trabajo o tenía trabajo insuficiente.
desigualdad era alta. El coeficiente de Gini (0 máxima igualdad, 1 máxima desigualdad) subió a 0,53, máximo nivel en el último medio siglo y asimilable a los niveles de desigualdad de países tradicionalmente desiguales, como Chile y Brasil, en aquel entonces. En suma, la pobreza en 2002 era por falta de trabajo y desigualdad.
En 2024, en cambio, la tasa de desempleo es del 7,6% y la de subocupación demandante, también. Esto hace que la fuerza laboral con problemas de falta de empleo sea apenas del 15%, la mitad que en 2002. El coeficiente de Gini es de 0,47, más bajo que en 2002. Claramente la anatomía de la pobreza es otra. Hay más empleo y menos desigualdad. Con estas condiciones, habría que pensar que hay menos pobreza. Pero la pobreza es la misma.
El dato diferenciador es la tasa de inflación. En 2002 la tasa de inflación anual fue del 40%, mientras que en 2024 es del 225%.
Esto muestra a las claras que el modelo para salir de la pobreza es conmásempleo,menosdesigualdad y sin inflación. Algo que parece una verdad de Perogrullo, pero que los argentinos tienen que experimentar en carne propia para creerlo.
El otro dato histórico de relevancia son los planes asistenciales. En 2002 estaban el plan Jefas y Jefes de Hogar, que llegaban a dos millones de familias, y la tarjeta alimentaria, que llegaba a 800.000 familias. O sea, había 2,8 millones de planes asistenciales.
En 2024 hay 4 millones de beneficios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en paralelo reciben 2,3 millones de tarjetas alimentarias, 600.000 complementos de leche para madres con hijos menoLa res de 3 años, 1,8 millones de planes Progresar para jóvenes mayores de 18 que dejan de recibir la AUH, 1,3 millones de planes asistenciales Potenciar Trabajo, 1,7 millones de pensiones no contributivas y 4 millones de jubilaciones sin aportes dadas con las moratorias. O sea, 15 millones de transferencias monetarias del Estado para evitar la pobreza. Una política asistencial mucho más generosa que la de 2002. Sin embargo, la tasa de pobreza es la misma.
Planes que no funcionan
El modelo de multiplicar planes asistenciales en el nombre de la “inclusión” tampoco funciona. Se multiplicaron los planes asistenciales y la pobreza sigue siendo altísima.
El dato que es igual en 2002 y en 2024 es el de las pruebas PISA de la OCDE, que miden capacidades de lectura y matemática en jóvenes de 15 años de edad. En ambos años, el 43% de los jóvenes de 15 no saben leer, escribir, sumar ni restar para el nivel de su edad. Este es el dato más preocupante de cara a pensar en una Argentina con pobreza cero.
El modelo para salir de la pobreza tiene cuatro aristas. Hay que multiplicar las empresas privadas para que haya mucha demanda productiva de trabajadores, hay que mejorar sustancialmente la calidad educativa para que haya trabajadores aptos para el empleo productivo, hay que modernizar las leyes laborales (en particular los convenios colectivos de trabajo que datan de las décadas de 1970 y 1980) y modernizar los planes asistenciales para que apunten a incentivar la incorporación al trabajo productivo.
Desafío grande para un país que ya perdió un cuarto del siglo XXI.

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Operativo inflación: plancharla como sea
Florencia Donovan

El Gobierno cuenta con dos grandes logros desde que asumió. Por un lado, eliminó el déficit fiscal y lo estableció como una máxima inamovible (y creíble) de la gestión. Por el otro, bajó la inflación a un ritmo más acelerado del que todos los economistas preveían. El primero de los logros se mantiene firme –pronto anunciará el ministro Luis Caputo que en septiembre también tuvieron superávit financiero–, pero el segundo parece haber perdido impulso. En agosto la inflación marcó un 4,2%, por encima de lo esperado por el mercado, y en septiembre se espera que esté algo por encima del 3,5 por ciento. Nada que festejar.
“Es importante que siga bajando; a mí me preocupa más que el nivel de reservas”, dice un banquero con años de la City. “La Argentina operó con reservas negativas muchos años. En cambio, es necesario que la inflación baje para que termine de repuntar la economía y se sostenga el consumo”, aclaró. En el equipo económico la lectura no es muy distinta. El dato de pobreza del primer semestre solo refuerza la importancia que tiene insistir en bajar la inflación. De ahí que se esté evaluando una batería de medidas para poder mejorar el número de IPC de octubre. Porque mientras los precios dejaron de bajar con fuerza, la popularidad del gobierno libertario, que parecía inalterable, empezó a ser algo más vacilante, según recogieron la mayoría de las encuestas que se difundieron en las últimas semanas. Todavía los niveles de apoyo son altos –mucho para un mandatario que lleva 10 meses de gestión–, pero el cambio de tendencia llama al menos a mirarlo con atención. Las mediciones se condicen con una economía que si bien pareciera haber repuntado fuerte o más fuerte de lo estimado en julio pasado, mostró luego en agosto señales mixtas.
De ahí que para octubre en la Secretaría de Energía estén evaluando bajas tanto en el precio del gas como en el de la electricidad. Desde el Gobierno apuntan al componente de la boleta que depende exclusivamente del dominio oficial, que es el precio al cual el gas y la electricidad se incorporan al sistema de transporte y de distribución. Quien no incremente sus consumos tendrá al final del mes una baja en la boleta.
A los menores costos en los servicios públicos se adicionará que el lunes YPF estaría anunciando una rebaja en los combustibles. La baja internacional en el precio del crudo Brent sostiene la medida de la petrolera estatal, que además, según ha dicho el propio CEO de la compañía, Horacio Marín, tiene la intención de instaurar entre los consumidores el mensaje de que así como los precios suben cuando los costos se encarecen, también pueden bajar cuando se reducen. No siempre el consumidor tiene que perder.
Según el Relevamiento de Expectativas (REM) que publicó el Banco Central (BCRA), la mediana de las consultoras privadas estima una inflación de 3,5% para septiembre y también para octubre. Habrá que ver si las previsiones se corrigen a la baja.
En un intento de mejorar la micro, el equipo económico seguirá asimismo en las próximas semanas buscando anunciar desregulaciones. Desde el BCRA, por caso, están estudiando la posibilidad de habilitar a los bancos a que den hipotecas contra boletos y ya no solo contra escrituras. La medida, creen, podría colaborar a oxigenar el negocio de la construcción, aunque quienes están en el sistema financiero son un poco más cautos. Por lo pronto, porque hoy son pocos los bancos dispuestos a dar créditos de largo plazo, y los que lo hacen tienen un límite asignado relativamente bajo. “Nadie da créditos a 30 años, cuando el fondeo [por los depósitos] es a 30 días, si no lo puede después descargar en el mercado”, explican. Si bien los hipotecarios están creciendo al 15,9% mensual, según datos del BCRA, el stock apenas suma $912.000 millones, una cifra que no hace mella en la economía.
También se espera que parte de los dólares del blanqueo se vuelquen a la actividad. El ingreso de efectivo en los bancos en las últimas jornadas generó optimismo en el oficialismo. Hasta ahora, los bancos captaron más billetes de los que habían recibido durante el blanqueo de Mauricio Macri. Los depósitos en dólares crecen a razón de US$1000 millones por día. En los bancos creen que las colocaciones cash podrían superar los US$14.000 millones a fin de octubre.
Pero son muchas las batallas pendientes. La del presupuesto para las universidades todavía está abierta. Las iniciativas del Gobierno para intentar aplacarla todavía no rindieron frutos. Otra no menor será la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Argentina debería pasar sin dificultades la últimas dos revisiones del programa, la novena y la décima, que corresponden a los trimestres finalizados en junio y septiembre, respectivamente. Salvo la meta de reservas netas, el gobierno de Javier Milei cumplió con todas las consignas establecidas por el organismo internacional. La negociación formal por un nuevo plan debería venir una vez finalizadas estas revisiones. El problema es que los planes de estabilización en la Argentina siempre tienen una cuota alta de creatividad y el FMI no pareciera tener demasiadas intenciones de reescribir sus manuales de economía.
En paralelo,el equipo económico mantiene conversaciones con los bancos por un préstamo de entre US$3000 millones y US$5000 millones para cubrir los vencimientos de capital de los primeros meses de 2025. Pero no habría apuro por anunciar nada por ahora.
La Argentina sigue suscitando entre los inversores extranjeros gran interés, aunque por ahora las inversiones son contadas. Este fin de semana, cinco gobernadores se trasladarán a Londres para intentar destrabar proyectos mineros, que avanzan más lento de lo que muchos quieren admitir. Son Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan). El martes tendrán reuniones bilaterales con los números unos de Codelco, ICMM, Anglo American, First Quantum y BHP en el coqueto Hotel Intercontinental Park Lane, en la capital británica. En la Argentina hay muchos proyectos que están teniendo dificultades para conseguir financiamiento. No se descarta que algunos chicos cambien de mano en los próximos meses.
Pero, como sucedió durante la gestión de Mauricio Macri, al menos es evidente que el país se mantiene en el radar inversor. No por nada el World Economic Forum organizará a fin de octubre en Buenos Aires un evento empresario, Country Strategy Meeting on Argentina: The Opportunities and Challenges of Change, que no tiene precedente en el país. Están convocando para el encuentro, que será en el Palacio Libertad (ex-CCK) el 22 y 23 de octubre, a números unos globales de algunas de las principales compañías que operan en el país. La convocatoria será un buen indicador del voto de confianza que existe en el Gobierno. Macri había tenido su propio foro inversor, pero organizado por el Gobierno y no por el WEF. ¿Será una señal de que los resultados serán distintos esta vez?
En el sector petrolero, en tanto, en las próximas semanas podría terminar anunciándose una transacción menor, aunque interesante por los jugadores que involucra: Panamerican Energy (PAE) y Crown Point Energía, una empresa petrolera canadiense que tiene como controlante a Pablo Peralta, presidente y dueño también del Grupo de SyT (GST). PAE le vendería a Peralta –también propietario del Banco de Servicios y Transacciones y de Orígenes– dos áreas convencionales en Santa Cruz –Koluel Kaike y Piedra Clavada–. La operación está pendiente de una serie de aprobaciones por parte del gobierno provincial. Según había informado en su momento Crown a la bolsa canadiense, pagará por la operación US$12 millones, más una contraprestación en especie.
Son por ahora pequeños movimientos en un país que todavía está convulsionado política y económicamente

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