Triángulo de hierro: el poder terrenal de las fuerzas del cielo
El Presidente decidió delegar la administración en Caputo, asesor a quien atribuye un coeficiente intelectual “varias veces por encima de la media”, y que, en ocasiones, choca con el organigrama
FRANCISCO OLIVERA
“Con vos nunca se pudo, Mario: esto lo manejo yo”. Fue lo más concreto y casi lo último que Mario Russo, ahora exministro de Salud, le escuchó decir en la tarde de anteayer a Santiago Caputo, asesor presidencial. Estaban en la oficina de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, y eran ya más de las 19.30. Russo acababa de hablar ahí minutos antes con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, que había intentado sin éxito resolver el conflicto en cuestión: le dijo a Russo que Javier Milei lo respaldaba y que quería que siguiera en el cargo, pero que debía entenderse mejor con el equipo político del ministerio, que ya conducían en los hechos, desde el inicio de la gestión, Caputo y Mario Lugones, el funcionario que finalmente lo reemplazó. “¿Querés hablar con Santiago?”, propuso Francos, y convocó entonces a Caputo en persona. Cuando el asesor apareció, se dio entonces la conversación definitiva. Russo se tuvo que ir. El triángulo de hierro parece indestructible.
Es el modo en que funciona el poder terrenal en el Gobierno de las fuerzas del cielo: desde lo inorgánico. Una administración que el Presidente ha decidido delegar en Caputo, asesor al que atribuye un coeficiente intelectual “varias veces por encima de la media”, y que de vez en cuando choca con el organigrama, en ocasiones también de buena relación con el líder libertario. Por ejemplo, con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, enfrentada desde hace tiempo con Caputo y quien mejores vínculos tenía con Russo, que se incorporó al Gobierno por recomendación de la funcionaria. Ella admite en privado estas internas, que en su momento llegaron a incluir al exjefe de Gabinete Nicolás Posse. No bien se conformó en diciembre su ministerio, y al advertir la influencia de Lugones en el ámbito de la Salud, Pettovello tomó precaución de pedir que esa área, pensada inicialmente como secretaría bajo su mando, tuviera vida institucional propia. ¿Instinto de supervivencia? Tal vez.
Porque conoce ese entorno con el que ahora vuelve a tener fricciones. “No renuncies”, llegó a aconsejarle anteayer en medio del conflicto a Russo y, horas más tarde, no bien supo del alejamiento, le propuso que contara todo. “Contar todo” no solo es describir una situación de poder extraña, donde un ministro no toma las decisiones más elementales, sino acaso aclarar un malentendido que empezó a trascender desde la Casa Rosada a partir de la reunión que la ministra de Capital Humano tuvo en Roma con el Papa. Horas después, delante de referentes de movimientos sociales, sin identificar nombres, cargo, área y ni siquiera el gobierno del que estaba hablando, el Papa contó una anécdota que le habían referido sobre un funcionario argentino que habría pedido coimas. Vale la pena detenerse en los detalles. Dijo que una “emprendedora internacional” le había contado que, al llegar a la Argentina para ofrecer un servicio, se había reunido con el ministro en cuestión, que le había dicho “déjemelo” y le anticipó que la llamarían después. Al día siguiente, siguió Bergoglio, la emprendedora recibió una llamada del secretario del ministro, que le dijo: “¿Usted dentro de dos días puede pasar? Así ya le entregamos el permiso y todo”. Según el Papa, cuando eso ocurrió y ella entregó todos los papeles, la persona que la recibía, a quien no identificó ni tampoco el cargo, volvió a preguntarle antes de que se levantara: “¿Y para nosotros cuánto?”.
La revelación fue una bomba. Por lo pronto, por la ausencia de nombres y funciones. ¿De qué ministerio hablaba el Papa? Pettovello se comunicó en las últimas horas con Russo para aclararle que el protagonista del cuento no era él. Pero las dudas persisten. ¿Fue otra persona la que pidió? ¿De qué área? La resLoccisano, puesta es decisiva en un ministerio que viene con problemas e internas desde el mismo momento de su constitución, y donde siempre ejerció el poder Mario Lugones, un cardiólogo con trayectoria en el sector de la medicina privada, presidente de la Fundación Güemes y de llegada a Enrique Nosiglia y a Luis Barrionuevo. Además, padre de Rodrigo Lugones, consultor político muy cercano a Santiago Caputo.
Lugones padre, que ahora asumirá al frente de la cartera, fue desde el primer momento el verdadero ministro. Pero lo hacía a través de dos funcionarios afines: María Cecilia secretaria de Gestión Administrativa, y Pablo Enrique Bertoldi, secretario de Acceso y Equidad en Salud, un otorrinolaringólogo con experiencia y contactos en la política y exdirector del Hospital Posadas. Ambos se convirtieron anteayer en el detonante del alejamiento de Russo, luego de una discusión por el reparto de vacunas para el dengue en las distintas jurisdicciones, todas ellas adquiridas a Takeda, el laboratorio más grande de Japón.
Un tema sensible, sin dudas, y que remite en la realidad a la primera intervención concreta de Lugones sobre el ministerio no bien arrancaron, casi en simultáneo, el gobierno de Milei y los brotes de dengue. Ya en ese momento Russo tuvo que resignar dos funcionarios: Gustavo Panera, secretario de Gestión Administrativa, cuyo lugar fue ocupado por Loccisano, y Andrés Scarzi, reemplazado finalmente por Bertoldi.
Por eso el choque era inevitable, desencadenado esta vez por una partida de la campaña de inmunización para la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conaim), que recomiendan focalizarla por zona y segmentarla por edad hasta que aparezca más información sobre una vacuna todavía en desarrollo, en el Ministerio de Salud de la Nación tenían ya distribuidas las primeras dosis para las regiones noroeste, nordeste y centro del país. Una decisión discutida, porque en las propias administraciones provinciales admiten que cuesta vacunar. El ministro de una provincia del norte, por ejemplo, admite en privado que tiene que hacer el esfuerzo de ir casa por casa porque falta interés.
En medio de esos dilemas, y por pedido de Fernán Quirós, ministro porteño, Russo aceptó entonces cederle transitoriamente 15.000 vacunas a la ciudad de Buenos Aires para acompañar el proceso. El compromiso era que, una vez obtenidas las 60.000 dosis acordadas entre la Capital Federal y el laboratorio, la partida le fuera devuelta a la Nación. Pero en el peronismo lo objetaron. El tucumano Pablo Yedlin, diputado de Unión por la Patria, acusó esta semana al Gobierno de estar discriminando en favor de Pro. “El sistema de salud no tiene rectoría y pasan cosas… Está mal que Mario Russo, del @MinSalud_Ar, le dé GRATIS a Jorge Macri vacunas contra DENGUE, y a TUCUMáN no y a Provincia de BsAs tampoco, etc. Mientras provincias endémicas pagan sus vacunas, CABA NO”, publicó el miércoles en X, y arrobó a Quirós.
Esa insinuación desencadenó el resto. Y anteayer, cuando Russo convocó a Bertoldi y a Loccisano para que le firmaran la cesión de esas 15.000 vacunas, ambos se negaron con el argumento de que lo mejor sería tener esa partida de reserva. Discutieron. “Ustedes parecen Kreplak y Gollán, que quieren incorporarlas al calendario nacional”, les cuestionó. Loccisano y Bertoldi se subieron enseguida a un auto y fueron a la Casa Rosada. Minutos después, Russo recibió un mensaje de Santiago Caputo que no quiso atender. Después quien lo llamaba era Francos. Ahí sí aceptó y, a las 19, se dirigió a la Jefatura de Gabinete, donde tuvo su última conversación. El triángulo de hierro volvió a imponerse
Mario Lugones, un cardiólogo con trayectoria en el sector de la medicina privada, presidente de la Fundación Güemes y de llegada a Enrique Nosiglia y a Luis Barrionuevo
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Cristóbal López vuelve a las andadas
Es de esperar que el gobernador Vidal no ceda ante las presiones del cuestionado empresario para apropiarse de algunas áreas que YPF dejó en Santa Cruz
Aalgunos nefastos personajes de estrechos vínculos con parte de la política, severamente cuestionados por sus fechorías y trasegadores habituales de los pasillos de los tribunales como imputados, todo les parece poco. No se detienen. Durante los últimos días trascendió que dos acusados de defraudar al Estado nacional por miles de millones de pesos y facilitar el lavado de activos de la corrupción de la familia Kirchner pretenden ahora quedarse con una porción del negocio petrolero. Y que para eso buscaron un “alegato de oreja” (una práctica contraria a las normas éticas del ejercicio profesional mediante la cual los abogados intentan comunicar a alguna autoridad información que no figura en expedientes judiciales) con un gobernador patagónico.
Se trata de Cristóbal López y de su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, quienes pretenden tomar el control de algunas áreas que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dejó en Santa Cruz, provincia lindera con el pago chico de López, Chubut, donde se mueve como amo y señor, y demasiados dirigentes políticos le rinden pleitesía ya sea por conveniencia o temor.
Al parecer, ese no es el caso del gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que conoce y trata desde hace años a López, pero vería con desagrado que los dueños del Grupo Indalo tomaran el control del área conocida como Los Perales-Las Mesetas, en el norte de la provincia y dentro de la cuenca del golfo San Jorge.
Considerado uno de los mejores campos petroleros del territorio santacruceño, Los Perales le reportaría a López una oportunidad de expandir sus negocios, su poderío económico y su influencia tras la presidencia de Alberto Fernández, quien cobraba honorarios como “abogado” de una de sus empresas y que ya en la Casa Rosada decidió impulsar una moratoria que resultó un “traje a medida” de las necesidades de López y De Sousa.
Esta nueva arremetida de López procura retomar el protagonismo perdido en el negocio petrolero después de haber quedado afuera con Pilgrim Energy (junto a su socio De Sousa) de las ventas de yacimientos convencionales que la petrolera de mayoría estatal cerró durante agosto mediante el Proyecto Andes.
López llegó a la reunión con Vidal, que ocurrió hace unas semanas, con dos alicientes. El primero de ellos es que YPF decidió retirarse de ciertas áreas para focalizarse en los negocios que estima más rentables, como el shale oil y el gas de Vaca Muerta, según surge del Plan 4x4 que impulsa el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín. El segundo se vincula directamente con que López ya tiene un pie en el sector petrolero santacruceño, con su firma de servicios Oil M&S.
Sin embargo, las pretensiones de López no alcanzarían a concretarse. Allegados al gobernador Vidal aseguran que el mandatario observa con reticencia la situación judicial que afrontan los dueños del Grupo Indalo. Tanto en la causa HotesurLos Sauces, por la que deberán afrontar –algún día– un juicio oral junto a Cristina y Máximo Kirchner, como por el llamado “caso Oil”, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución de López y De Sousa y ordenó dictar un nuevo fallo, alineado con el dictamen del procurador general, Eduardo Casal.
Si Vidal resiste las presiones, será una decisión para celebrar en un país donde ha venido imperando el “todoeslomismo” en tantos ámbitos públicos y privados. Basta con recordar, como un triste ejemplo entre muchos, la decisión del entonces gobernador mendocino Rodolfo Suárez de comprarles chalecos antibalas por cientos de millones de pesos, a principios de 2023, a Gustavo Dorf, quien ya se encontraba procesado y embargado por lavar fortunas para el hoy fallecido multimillonario secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz.
Respetamos, sostenemos y defendemos, por supuesto, el principio de inocencia que rige tanto para López y De Sousa como para todo aquel que afronte una investigación penal en nuestro país hasta que un tribunal competente dicte una sentencia definitiva. Así lo impone la Constitución nacional y es, también, un principio férreo e indeclinable de nuestra línea editorial. Pero, al mismo tiempo, destacamos la sana decisión del gobernador Vidal de evitar que la provincia por cuyos intereses debe velar tolere o facilite negocios de aquellos que afrontan sospechas graves, concretas y recurrentes en desmedro de la cosa pública. Es decir, de toda la comunidad.
“Con vos nunca se pudo, Mario: esto lo manejo yo”. Fue lo más concreto y casi lo último que Mario Russo, ahora exministro de Salud, le escuchó decir en la tarde de anteayer a Santiago Caputo, asesor presidencial. Estaban en la oficina de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, y eran ya más de las 19.30. Russo acababa de hablar ahí minutos antes con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, que había intentado sin éxito resolver el conflicto en cuestión: le dijo a Russo que Javier Milei lo respaldaba y que quería que siguiera en el cargo, pero que debía entenderse mejor con el equipo político del ministerio, que ya conducían en los hechos, desde el inicio de la gestión, Caputo y Mario Lugones, el funcionario que finalmente lo reemplazó. “¿Querés hablar con Santiago?”, propuso Francos, y convocó entonces a Caputo en persona. Cuando el asesor apareció, se dio entonces la conversación definitiva. Russo se tuvo que ir. El triángulo de hierro parece indestructible.
Es el modo en que funciona el poder terrenal en el Gobierno de las fuerzas del cielo: desde lo inorgánico. Una administración que el Presidente ha decidido delegar en Caputo, asesor al que atribuye un coeficiente intelectual “varias veces por encima de la media”, y que de vez en cuando choca con el organigrama, en ocasiones también de buena relación con el líder libertario. Por ejemplo, con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, enfrentada desde hace tiempo con Caputo y quien mejores vínculos tenía con Russo, que se incorporó al Gobierno por recomendación de la funcionaria. Ella admite en privado estas internas, que en su momento llegaron a incluir al exjefe de Gabinete Nicolás Posse. No bien se conformó en diciembre su ministerio, y al advertir la influencia de Lugones en el ámbito de la Salud, Pettovello tomó precaución de pedir que esa área, pensada inicialmente como secretaría bajo su mando, tuviera vida institucional propia. ¿Instinto de supervivencia? Tal vez.
Porque conoce ese entorno con el que ahora vuelve a tener fricciones. “No renuncies”, llegó a aconsejarle anteayer en medio del conflicto a Russo y, horas más tarde, no bien supo del alejamiento, le propuso que contara todo. “Contar todo” no solo es describir una situación de poder extraña, donde un ministro no toma las decisiones más elementales, sino acaso aclarar un malentendido que empezó a trascender desde la Casa Rosada a partir de la reunión que la ministra de Capital Humano tuvo en Roma con el Papa. Horas después, delante de referentes de movimientos sociales, sin identificar nombres, cargo, área y ni siquiera el gobierno del que estaba hablando, el Papa contó una anécdota que le habían referido sobre un funcionario argentino que habría pedido coimas. Vale la pena detenerse en los detalles. Dijo que una “emprendedora internacional” le había contado que, al llegar a la Argentina para ofrecer un servicio, se había reunido con el ministro en cuestión, que le había dicho “déjemelo” y le anticipó que la llamarían después. Al día siguiente, siguió Bergoglio, la emprendedora recibió una llamada del secretario del ministro, que le dijo: “¿Usted dentro de dos días puede pasar? Así ya le entregamos el permiso y todo”. Según el Papa, cuando eso ocurrió y ella entregó todos los papeles, la persona que la recibía, a quien no identificó ni tampoco el cargo, volvió a preguntarle antes de que se levantara: “¿Y para nosotros cuánto?”.
La revelación fue una bomba. Por lo pronto, por la ausencia de nombres y funciones. ¿De qué ministerio hablaba el Papa? Pettovello se comunicó en las últimas horas con Russo para aclararle que el protagonista del cuento no era él. Pero las dudas persisten. ¿Fue otra persona la que pidió? ¿De qué área? La resLoccisano, puesta es decisiva en un ministerio que viene con problemas e internas desde el mismo momento de su constitución, y donde siempre ejerció el poder Mario Lugones, un cardiólogo con trayectoria en el sector de la medicina privada, presidente de la Fundación Güemes y de llegada a Enrique Nosiglia y a Luis Barrionuevo. Además, padre de Rodrigo Lugones, consultor político muy cercano a Santiago Caputo.
Lugones padre, que ahora asumirá al frente de la cartera, fue desde el primer momento el verdadero ministro. Pero lo hacía a través de dos funcionarios afines: María Cecilia secretaria de Gestión Administrativa, y Pablo Enrique Bertoldi, secretario de Acceso y Equidad en Salud, un otorrinolaringólogo con experiencia y contactos en la política y exdirector del Hospital Posadas. Ambos se convirtieron anteayer en el detonante del alejamiento de Russo, luego de una discusión por el reparto de vacunas para el dengue en las distintas jurisdicciones, todas ellas adquiridas a Takeda, el laboratorio más grande de Japón.
Un tema sensible, sin dudas, y que remite en la realidad a la primera intervención concreta de Lugones sobre el ministerio no bien arrancaron, casi en simultáneo, el gobierno de Milei y los brotes de dengue. Ya en ese momento Russo tuvo que resignar dos funcionarios: Gustavo Panera, secretario de Gestión Administrativa, cuyo lugar fue ocupado por Loccisano, y Andrés Scarzi, reemplazado finalmente por Bertoldi.
Por eso el choque era inevitable, desencadenado esta vez por una partida de la campaña de inmunización para la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conaim), que recomiendan focalizarla por zona y segmentarla por edad hasta que aparezca más información sobre una vacuna todavía en desarrollo, en el Ministerio de Salud de la Nación tenían ya distribuidas las primeras dosis para las regiones noroeste, nordeste y centro del país. Una decisión discutida, porque en las propias administraciones provinciales admiten que cuesta vacunar. El ministro de una provincia del norte, por ejemplo, admite en privado que tiene que hacer el esfuerzo de ir casa por casa porque falta interés.
En medio de esos dilemas, y por pedido de Fernán Quirós, ministro porteño, Russo aceptó entonces cederle transitoriamente 15.000 vacunas a la ciudad de Buenos Aires para acompañar el proceso. El compromiso era que, una vez obtenidas las 60.000 dosis acordadas entre la Capital Federal y el laboratorio, la partida le fuera devuelta a la Nación. Pero en el peronismo lo objetaron. El tucumano Pablo Yedlin, diputado de Unión por la Patria, acusó esta semana al Gobierno de estar discriminando en favor de Pro. “El sistema de salud no tiene rectoría y pasan cosas… Está mal que Mario Russo, del @MinSalud_Ar, le dé GRATIS a Jorge Macri vacunas contra DENGUE, y a TUCUMáN no y a Provincia de BsAs tampoco, etc. Mientras provincias endémicas pagan sus vacunas, CABA NO”, publicó el miércoles en X, y arrobó a Quirós.
Esa insinuación desencadenó el resto. Y anteayer, cuando Russo convocó a Bertoldi y a Loccisano para que le firmaran la cesión de esas 15.000 vacunas, ambos se negaron con el argumento de que lo mejor sería tener esa partida de reserva. Discutieron. “Ustedes parecen Kreplak y Gollán, que quieren incorporarlas al calendario nacional”, les cuestionó. Loccisano y Bertoldi se subieron enseguida a un auto y fueron a la Casa Rosada. Minutos después, Russo recibió un mensaje de Santiago Caputo que no quiso atender. Después quien lo llamaba era Francos. Ahí sí aceptó y, a las 19, se dirigió a la Jefatura de Gabinete, donde tuvo su última conversación. El triángulo de hierro volvió a imponerse
Mario Lugones, un cardiólogo con trayectoria en el sector de la medicina privada, presidente de la Fundación Güemes y de llegada a Enrique Nosiglia y a Luis Barrionuevo
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Cristóbal López vuelve a las andadas
Es de esperar que el gobernador Vidal no ceda ante las presiones del cuestionado empresario para apropiarse de algunas áreas que YPF dejó en Santa Cruz
Aalgunos nefastos personajes de estrechos vínculos con parte de la política, severamente cuestionados por sus fechorías y trasegadores habituales de los pasillos de los tribunales como imputados, todo les parece poco. No se detienen. Durante los últimos días trascendió que dos acusados de defraudar al Estado nacional por miles de millones de pesos y facilitar el lavado de activos de la corrupción de la familia Kirchner pretenden ahora quedarse con una porción del negocio petrolero. Y que para eso buscaron un “alegato de oreja” (una práctica contraria a las normas éticas del ejercicio profesional mediante la cual los abogados intentan comunicar a alguna autoridad información que no figura en expedientes judiciales) con un gobernador patagónico.
Se trata de Cristóbal López y de su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, quienes pretenden tomar el control de algunas áreas que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dejó en Santa Cruz, provincia lindera con el pago chico de López, Chubut, donde se mueve como amo y señor, y demasiados dirigentes políticos le rinden pleitesía ya sea por conveniencia o temor.
Al parecer, ese no es el caso del gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que conoce y trata desde hace años a López, pero vería con desagrado que los dueños del Grupo Indalo tomaran el control del área conocida como Los Perales-Las Mesetas, en el norte de la provincia y dentro de la cuenca del golfo San Jorge.
Considerado uno de los mejores campos petroleros del territorio santacruceño, Los Perales le reportaría a López una oportunidad de expandir sus negocios, su poderío económico y su influencia tras la presidencia de Alberto Fernández, quien cobraba honorarios como “abogado” de una de sus empresas y que ya en la Casa Rosada decidió impulsar una moratoria que resultó un “traje a medida” de las necesidades de López y De Sousa.
Esta nueva arremetida de López procura retomar el protagonismo perdido en el negocio petrolero después de haber quedado afuera con Pilgrim Energy (junto a su socio De Sousa) de las ventas de yacimientos convencionales que la petrolera de mayoría estatal cerró durante agosto mediante el Proyecto Andes.
López llegó a la reunión con Vidal, que ocurrió hace unas semanas, con dos alicientes. El primero de ellos es que YPF decidió retirarse de ciertas áreas para focalizarse en los negocios que estima más rentables, como el shale oil y el gas de Vaca Muerta, según surge del Plan 4x4 que impulsa el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín. El segundo se vincula directamente con que López ya tiene un pie en el sector petrolero santacruceño, con su firma de servicios Oil M&S.
Sin embargo, las pretensiones de López no alcanzarían a concretarse. Allegados al gobernador Vidal aseguran que el mandatario observa con reticencia la situación judicial que afrontan los dueños del Grupo Indalo. Tanto en la causa HotesurLos Sauces, por la que deberán afrontar –algún día– un juicio oral junto a Cristina y Máximo Kirchner, como por el llamado “caso Oil”, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución de López y De Sousa y ordenó dictar un nuevo fallo, alineado con el dictamen del procurador general, Eduardo Casal.
Si Vidal resiste las presiones, será una decisión para celebrar en un país donde ha venido imperando el “todoeslomismo” en tantos ámbitos públicos y privados. Basta con recordar, como un triste ejemplo entre muchos, la decisión del entonces gobernador mendocino Rodolfo Suárez de comprarles chalecos antibalas por cientos de millones de pesos, a principios de 2023, a Gustavo Dorf, quien ya se encontraba procesado y embargado por lavar fortunas para el hoy fallecido multimillonario secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz.
Respetamos, sostenemos y defendemos, por supuesto, el principio de inocencia que rige tanto para López y De Sousa como para todo aquel que afronte una investigación penal en nuestro país hasta que un tribunal competente dicte una sentencia definitiva. Así lo impone la Constitución nacional y es, también, un principio férreo e indeclinable de nuestra línea editorial. Pero, al mismo tiempo, destacamos la sana decisión del gobernador Vidal de evitar que la provincia por cuyos intereses debe velar tolere o facilite negocios de aquellos que afrontan sospechas graves, concretas y recurrentes en desmedro de la cosa pública. Es decir, de toda la comunidad.
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