CASOS DE CORRUPCIÓN Y EL ESCENARIO

Cuadernos: un fallo habilita a que los empresarios no sean juzgados por coimas
Casación benefició a Calcaterra, que alega que sus pagos fueron aportes de campaña
Hernán Cappiello
En un fallo de alto impacto, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, no sea juzgado por coimas en el caso de los cuadernos. Sostuvo que los pagos que confesó haber hecho al gobierno kirchnerista fueron aportes de campaña no declarados y deben ser investigados por la Justicia Electoral.
La medida que tomaron los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone se extiende al otro ejecutivo de la empresa Iecsa, Héctor Javier Sánchez Caballero, pero el criterio podría beneficiar también a imputados de otras compañías.
De esa manera, sus acciones quedarían sujetas a eventuales penas de mucha menor cuantía. El juicio por los cuadernos de las coimas podría quedar limitado entonces a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios.
La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, evitó que el empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, sea juzgado en la causa de los cuadernos de las coimas, al sostener que su caso debe ser analizado por la Justicia Federal Electoral y no en un juicio oral.
Según los camaristas, los pagos de Calcaterra deben ser interpretados no como sobornos para mantener sus obras, sino como aportes para la campaña electoral no declarados. La medida se extiende al otro ejecutivo de la empresa Iecsa, Héctor Sánchez Caballero, pero el criterio podría beneficiar también a imputados de otras compañías.
¿Por qué? En la práctica, implica que esos pagos queden impunes, porque los delitos electorales reciben sanciones menores y están prescriptos por el paso del tiempo. Los mismos jueces decidieron ayer, en otro fallo, analizar si corresponde aplicar el mismo criterio sobre otros tres empresarios que admitieron haber hecho aportes de dinero a funcionarios del kirchnerismo. Son Armando Loson, Hugo Dragonetti y Jorge Balán. De prosperar estos pedidos, el juicio por el caso cuadernos podría quedar vaciado de empresarios y solo serían juzgados Cristina Kirchner y sus exfuncionarios.
Desde hace cuatro años se hablaba en círculos políticos, empresarios y judiciales de encontrar una solución para los hombres de negocios que admitieron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio haber efectuado pagos al kirchnerismo, según supo la nacion. Hubo operadores judiciales del macrismo que sondearon alternativas, sin éxito, durante la gestión de Cambiemos, y otros que intentaron llegar al gobierno de Javier Milei.
Se barajó la idea de proponer al tribunal oral una “reparación integral” del daño, de modo de que haciendo un aporte económico se extinguiera la acción penal. El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, era entonces abogado de Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo Eurnekian, y sondeó la posibilidad de una solución por el estilo, pero no tuvo buena acogida. Pero finalmente prosperó su estrategia de afirmar que el dinero era un aporte de campaña y logró que el caso de su cliente quedara en el juzgado de la jueza federal con competencia electoral María Servini.
El argumento general que giraba en las conversaciones de la época era que la causa complicaba a los principales empresarios de la Argentina, los dueños de la obra pública, y que eso era un “lujo” que no podía darse el país en ese momento.
En el fallo de ayer, los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone derivaron el caso al juzgado de Servini. El abogado de Calcaterra y Sánchez Caballero es Ricardo Rosnetal.
La defensa recordó que ya hubo tres empresarios que en 2022 fueron beneficiados por el juez Julián Ercolini con un fallo similar. Manuel Santos Uribelarrea, Eurnekian y Alejandro Ivanissevich declararon que hicieron donaciones para las elecciones y no fueron sancionados por la Justicia Electoral.
El caso de los cuadernos se inició por una investigación de la nacion que reveló las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio del Planificación, sobre sus viajes por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios los bolsos eran recibidos por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz.
La Justicia le detectó al exsecretario de los Kirchner más de 110 propiedades en la Argentina y unos US$70 millones en inmuebles en los Estados Unidos. Si el dinero surgió de esos bolsos, no fue destinado a ninguna campaña.
Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Junto a ella, los principales acusados son los exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Baratta y José López; el chofer Centeno; el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de Retiro), entre otros.
Algunos de los empresarios declararon como arrepentidos y admitieron haber efectuado pagos a los funcionarios del kirchnerismo. Calcaterra declaró que hizo 16 pagos. Dijo que fueron aportes, pero quedó procesado por 16 cohechos.
Iecsa fue adquirida en 2017 por Marcelo Mindlin, junto a su hermano Damián y los ejecutivos Gustavo Mariani y Ricardo Torres. La firma también es investigada por coimas en la causa Odebrecht, por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
En el caso de los cuadernos, Calcaterra dijo que los pagos se hicieron en el garaje del Hotel Hilton, sito en Macacha Güemes 307, en Puerto Madero, los días 1º de octubre de 2013, 30 de junio de 2015, 13 de julio de 2015 y 4 de agosto de 2015, y en Manuela Sáenz 323, los días 11, 17, 18 y 25 de septiembre de 2013; el 16 de julio 2013; el 1º de agosto de 2013; el 22 de octubre de 2013; el 28 de mayo de 2015; el 18 de agosto de 2015; el 14 de septiembre de 2015, y el 21 de octu- bre de 2015”. Esas entregas de dinero “eran aportes para las campañas electorales” de esos años, afirmó.
En la causa se acreditó que una parte de ese dinero recolectado por Baratta y Lazarte fue destinada a la estructura política manejada por el entonces jefe de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina y su secretario Martín Larraburu, quienes colectaban dinero para campañas electorales.
Los jueces Mahiques, Barroetaveña y Petrone dijeron que nunca se investigaron los dichos de Calcaterra acerca de que eran fondos que le pedía Baratta para la campaña, y que hay que valorar que esas afirmaciones fueron espontáneas. Mencionaron que las fechas de pago coinciden con las campañas electorales y que las declaraciones de Abal Medina y Larraburu concuerdan con las de Calcaterra.
Entonces, mandaron el asunto a la Justicia Electoral “con el objeto de alcanzar una más rápida y mejor administración de justicia”. Diego Barroetaveña fue el autor del voto que sintetiza los argumentos; sus colegas Mahiques y Petrone adhirieron. Barroetaveña firmó el fallo y partió rumbo a los Estados Unidos.

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Los empresarios, ante la disyuntiva de pasar por estúpidos o por corruptos
El fallo de casación valida una línea argumental mediante la cual los empresarios reconocen haber entregado bolsos de dinero en sótanos y cocheras a los funcionarios que los regulaban pero dicen que se trató de una cuestión electoral, algo así como olvidarse de pedir el recibo por el aporte desinteresado
Diego Cabot
Ángelo Calcaterra (exdueño de Iecsa) y Armando Loson (Grupo Albanesi)
Qué es preferible, ser juzgados por estúpidos, desprolijos o confiados o en su caso, asumir las culpas por corrupto. Para la enorme mayoría de los empresarios procesados en la causa de los Cuadernos de las Coimas, claramente, la primera. Para la justicia argentina, también.
La Cámara de Casación acaba de abrir una puerta de salida a decenas de empresarios y funcionarios que reconocieron haber pagado dinero en negro a emisarios del gobierno kirchnerista. Solo que en vez de juzgarlos por corrupción les permitirá que el mostrador que los atienda sea el de la justicia electoral. Algo así como validar la argumentación de que son unos descuidados, que no pidieron recibo por el dinero que entregaron en bolsos y en efectivo para ayudar desinteresadamente a los candidatos oficialistas que competían por mantenerse en el poder. Jamás una coima; apenas la suscripción de un bono contribución y el olvido de retirar el talón.
Semejante estructura podría terminar en que la Argentina jamás tenga un culpable por corrupción. La sola mención de una campaña generará un salto del fuero criminal y correccional. La coartada es perfecta, tanto para los que pagan y como para los que cobran. La casta ríe a carcajadas.
El pacto de salida que encontró la Justicia tiene un antecedente. Cuando la causa empezaba a caminar hubo un primer empresario que esgrimió esta explicación. Los hechos se dieron en un piso 24 de un lujoso edificio de la Avenida Libertador. Allí vivía un poderoso empresario y hasta ese lugar llegó un emisario del viejo Ministerio de Planificación Federal, que manejaba De Vido y donde reportaba Roberto Baratta. De acuerdo a los dichos del empresario, entregó dinero en efectivo para la campaña.
Cuando desde tribunales lo citaron, jamás negó el pago, solo que esgrimió que no eran coimas sino aportes para una elección. El objetivo era que, como se trata de un delito electoral debía pasar a ese fuero y abandone el Criminal y Correccional Federal, el lugar donde se investiga la corrupción. Un descuido contable más que cohecho. Aquel empresario que vivía en el techo de Buenos Aires era Hugo Eurnekian, sobrino del poderoso Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América. El abogado que logró el objetivo era Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. Un detalle más: el ahora Presidente era empleado de esa empresa de la familia armenia.
Aquella línea argumental es la que se ha impuesto hoy, con el guiño que el Tribunal le dio a Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri y exdueño de la constructora Iecsa, que logro que los pagos que confesó haber hecho deben investigarse como aportes de campaña no declarados y no como coimas. Varios colegas peregrinarán a ese fuero donde no habrá penas. El camino de la prescripción es inminente.
La solución judicial merece varias lecturas. La primera es que son muy pocos los que no reconocen que pagaron, como reveló la investigación de LA NACION que se publicó el 1° de agosto de 2018. De hecho Calcaterra, entonces primo presidencial, se presentó el 6 de agosto como “imputado colaborador” o “arrepentido”. Contó que su empresa, se la había comprado a su tío Franco, padre de Mauricio, se presentó en más de 300 licitaciones y ganó unas 30, la mayoría de ellas, adjudicadas por el Ministerio de Planificación Federal. ”En una ocasión, Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después, comenzó a presionarme para eso, y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha. Las entregas de dinero que se me identificaron durante los años 2013 y 2015, corresponde justamente a lo que estoy mencionando. Esos fueron años electorales. Dichas entregas de dinero efectivamente ocurrieron en los lugares que se mencionan en la imputación [y que detallan los cuadernos] y quien las entregó fue Javier Sánchez Caballero (gerente general de Iecsa), a mi pedido, ya que éramos los que manejábamos eso. No recuerdo con exactitud los montos pero rondaban aproximadamente los 100.000 o 200.000 dólares. A veces en entregas parcializadas por no contar con esa cantidad en el momento”, dijo el ahora infractor electoral.
Semejante confesión lleva a preguntarse, si los jueces nunca consideraron que los recaudadores que recibían los bolsos eran los reguladores que, además, los que entregaban obras a los aportantes. O sí, por caso, resulta normal que ese tipo de pagos millonarios para un instrumento de la democracia, como lo son las campañas, se financie en sótanos, cocheras y bolsos. Quizá, este tipo de operatoria sea más común de lo que la ciudadanía cree, ya no solo en la obra pública o los negocios regulados.
Otro de los puntos a destacar es qué pasará con los recaudadores, funcionarios que subían a un auto y recorrían Buenos Aires en un raid millonario. Con esta línea argumental sobre la mesa, después de transcribir las carcajadas a la Republica, bien podrían plantear que ellos también cometieron delitos electorales. Si aquellos olvidaron de pedir recibo, ¿por qué estos no serían apenas responsables de no entregarlos? Más infractores electorales, descuidados contables pero no corruptos.
El tribunal, además, decidió analizar si la misma situación se da en el caso de otros tres empresarios que admitieron haber hecho aportes de dinero a funcionarios del kirchnerismo. Se trata de Armando Loson; Hugo Dragonetti, un constructor muy cercano a Sergio Massa, y Jorge Balán.
Loson, dueño de la firma Albanesi, es otro de los empresarios que se presentó como imputado colaborador. Entonces contó que ellos tenían una empresa generadora de electricidad y que necesitaban gasoil para producir. “Por el hecho de ser una empresa importante aunque no perteneciéramos a la obra pública, fuimos víctimas de requerimientos de dinero, sobre todo para las campañas, por eso las fechas que se me imputan son durante los años 2013 y 2015, reconoció el empresario en sede judicial. Es cierto que hubo más de una entrada a la cochera para retirar el dinero, pero fue porque no le di toda la plata junta. Las entregas que se relatan en la calle son imposibles. Siempre entraron a la cochera, yo le daba la bolsita, nunca le di la plata toda junta porque no la tenía, se la di de mi bolsillo. Yo no podía vincular en esto a la empresa. Tenía que cumplir porque las presiones eran muchas. El que manejaba los pagos de Cammesa hacia la empresa también era Roberto Baratta. Él decía quien cobraba y quien no y Baratta me corría con los pagos. Me decía: ´´Mirá que tenes que cobrar, que la cosa viene dura´. Yo le decía que iba a cumplir, pero que no tenía todo el dinero junto. Antes de las entregas, Nelson Lazarte me llamaba para ver si podía pasar. Él era mi contacto. Siempre las entregas se las hice a Nelson, que pasaba en un auto con chofer que era un Toyota Corolla color gris…”, contó en la causa. Ahora aquellos hechos parecen ser una contravención electoral.
Fue un relato de corrupción a cielo abierto en el que los protagonistas narraron cómo era la operatoria. Pasaron casi seis años y hace más de cuatro que la causa espera la fecha de un juicio oral. Los argumentos de Casación abrieron una enorme puerta para que salgan de a poco todos los empresarios y para que los funcionarios hagan sus planteos. La causa más importante de corrupción de los últimos años camina a paso firme hacia un lugar impensado, una maravillosa Argentina en la que los empresarios reconocieron que le pagaron millones a los funcionarios que los contrataban y los regulaban. Pero ahí, en esa escenografía de sótanos, fajos y bolsos no hay corrupción. Apenas, el descuido de entregar un recibo o de reclamarlo, una cuestión menor que ni siquiera merece que se ventile como un hecho de corrupción sino como una infracción electoral. Estúpidos sí; corruptos, no.

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