INTIMACIÓN Y CONDENA

Tras la queja por “retardo de justicia”, intiman al tribunal a fijar la fecha del juicio oral
Lo decidió la Cámara de Casación luego del planteo de la fiscal León por una demora de más de cuatro años para “adoptar medidas”  
Hernán Cappiello
La Cámara Federal de Casación intimó a los jueces del caso de los cuadernos de las coimas a que le pongan fecha de inicio al juicio oral y público contra Cristina Kirchner y el resto de los acusados, al admitir una queja por “retardo de justicia” de la fiscal Fabiana León contra los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori.
León los acusó de “retardo de justicia”, al no tomar en casi cuatro años y medio medidas para llevar adelante este proceso y los que están conectados con el expediente.
La decisión de llamar la atención al tribunal oral fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. “Hacer lugar a la queja por retardo de justicia presentada por el Ministerio Público Fiscal representado en el caso por la señora fiscal general Estela S. Fabiana León y exhortar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires a que tome las medidas que resulten necesarias, a efectos de fijar audiencia de debate a la brevedad”, dijeron los jueces en el fallo, al que accedió la nacion.
Sin embargo, 24 horas antes, otra Sala de Casación, la Nº 1 –integrada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone–, rechazó un planteo similar de León contra el tribunal oral. En el criterio de estos magistrados no hubo “retardo de justicia”. Pero en su resolución instaron a los jueces del tribunal oral a que “sin dilaciones” pongan en marcha el juicio.
La causa tiene 161 imputados. La principal acusada es Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación Federal que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de esa cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. hizo la investigación la nacion periodística que permitió destapar la maniobra.
El caso cuadernos es, en realidad, la coexistencia de varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado, en los que se habla de una organización criminal, sucedida entre 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos –de empresarios y funcionarios– a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.
En rigor, la “queja por retardo de justicia” que fue admitida se dio en el caso en el que se investiga a la empleada doméstica Nélida Caballero, quien trabajaba para el exministro Julio De Vido, por sus fastuosos bienes.
Pero León presentó otra queja por una causa conexa. Es aquella en la que se investigan supuestos sobornos en la compra de barcos de gas natural licuado (GNL). En ese expediente, Barroetaveña y Petrone rechazaron el pedido de la fiscal, aunque advirtieron a los jueces del tribunal oral que deben avanzar en el juicio.
Petrone y Barroetaveña son los mismos jueces que decidieron ayer sacar del juicio por el caso cuadernos al empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y enviar su expediente a la Justicia Electoral. Interpretaron que sus pagos a funcionarios kirchneristas no fueron coimas, sino aportes de campaña no declarados. Otros tres empresarios alegaron lo mismo y los jueces deben decidir si los benefician igualmente. Esa decisión implica dejar estos casos impunes, ya que los delitos electorales tienen penas menores y están prescriptos por el paso del tiempo.
Las demoras
La primera denuncia de León por retardo de justicia fue en la causa de la empleada de De Vido. Allí, por sorteo, le tocó intervenir a la Sala II de la Casación, integrada por los jueces Guillermo Yaconucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, quienes dijeron que le correspondía decidir a la Sala IV, donde está el caso en el que se investiga a De Vido por supuesto enriquecimiento ilícito.
Si bien los jueces de la Sala IV rechazaron la competencia –arguyendo que la causa De Vido ni siquiera fue elevada a juicio–, el pleno del tribunal, integrado por los magistrados Petrone, Barroetaveña y Carlos Mahiques, dispuso que sea la Sala IV la que tramite la queja por retardo de justicia.
Así las cosas en el mismo día, Hornos y Borinsky hicieron lugar a lo que pidió la fiscal León y exhortaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 a que tome las medidas que “resulten necesarias”, a efectos de fijar fecha de debate a la brevedad.
En su decisión hicieron hincapié en que no se admitió aún la prueba ni se fijó fecha de debate, pese a que han transcurrido más de tres años y medio desde la elevación a juicio de la causa de la cocinera de De Vido, y un plazo aún más prolongado –cuatro años y medio– desde la primera elevación del universo de causas conexas al caso cuadernos. Por eso, dijeron que no se justifica el “incipiente estadio procesal actual” en el que se encuentran las actuaciones.
Puntualizaron que el tiempo transcurrido y el estado de la causa demandan que “de forma inmediata se proceda a remover todos los obstáculos” que impiden el avance del proceso hacia la celebración de un debate oral y público.
La investigación
El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación de que reveló las anotaciones de Centeno sobre su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios los bolsos eran recibidos por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz.
Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Los principales acusados son los exfuncionarios De Vido, Roberto Baratta, José López y el chofer Centeno, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
Los testigos ofrecidos en este expediente son 899, lo que convierte el caso en “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina, comparable a unas pocas a nivel mundial”, dijo la fiscalía.
El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir los testigos a los que quieren convocar, qué documentación desean incorporar o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Los jueces deben determinar qué pruebas admiten y cuáles no, pero las demoras en hacerlo fueron la que motivaron las quejas de León por retardo de Justicia.
De los imputados, había ocho detenidos cuando el caso fue elevado a juicio. Hoy están todos libres.

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El juez rechazó el pedido de excarcelación de José Alperovich, que seguirá preso en Ezeiza
El exgobernador condenado a una pena de 16 años solicitó dejar la cárcel, pero la fiscalía advirtió que podría fugarse y Ramos Padilla coincidió
Paz Rodríguez Niell
José Alperovich, anoche, cuando el Servicio Penitenciario Federal lo trasladó del tribunal a la cárcel de Ezeiza
Después de la primera noche que pasó en prisión, el exgobernador José Alperovich, condenado por haber abusado sexualmente de su sobrina, presentó este miércoles un pedido de excarcelación, que el juez Juan Ramos Padilla ya rechazó.
El magistrado coincidió con el fiscal Sandro Abraldes, que había pedido que Alperovich no dejara la cárcel. Ramos Padilla sostuvo que, dada la “elevada pena” impuesta, “se puede anticipar que en caso de recuperar su libertad, [Alperovich] intentará eludir el accionar de la Justicia”. Con la condena dictada este martes, aunque no esté firme, “se ve aumentado el peligro de fuga”, dijo el juez. También aludió a la “gravísima naturaleza” de los hechos que tuvo por probados y a la demostrada intención del exgobernador de engañar a la Justicia aludiendo incluso a un supuesto intento de la víctima de extorsionarlo.
Anoche, la decisión de la detención “inmediata” fue, para Alperovich, un golpe tan duro como la condena misma. Él y sus defensores creían que incluso si el juez fallaba en su contra, regresaría a pasar la noche a su departamento de Puerto Madero. El escenario de ir a la cárcel no era algo esperado.
El principio de inocencia no cae con un veredicto adverso mientras esa condena no esté firme. Y el camino de un fallo para adquirir firmeza puede llevar años. Si el juez Juan Ramos Padilla no hubiera dispuesto anoche la “prisión preventiva” de Alperovich, es posible que él nunca hubiera pisado una cárcel: el 13 de abril próximo el exgobernador cumplirá 70 años y a esa edad ya puede pedirle al juez que le conceda la prisión domiciliaria (es decisión del magistrado si le da ese beneficio o no).
El fallo de Ramos Padilla de este miércoles, con el que rechazó la excarcelación, respondió a los diferentes argumentos de la defensa. Entre ellos, a que Alperovich tenía “arraigo”. Ramos Padilla cuestionó la “doble vara” que implica la práctica judicial de excarcelar a los que tienen más recursos económicos y mantener en la cárcel a los que menos tienen.
Dijo: “En la práctica judicial, un gran número de resoluciones que giran en torno a esta materia se dictan basándose en el ‘arraigo’. Por cierto, tal como la defensa alegó, Alperovich no solo tiene arraigo sino también una gran fortuna y un círculo social muy amplio para eludir la acción de la justicia. En la práctica judicial muchas veces se les niega la excarcelación a personas de bajos recursos, que han caído en situación de calle y no tienen ninguna oportunidad de mantenerse prófugos. Por el contrario, se les concede a quienes gozan de un poderío económico y poseen contactos y relaciones sociales que claramente facilitarían su fuga. Todo esto, que es una suerte de doble vara, refleja en definitiva una clara violación que repugna al derecho de neto raigambre constitucional de igualdad frente a la ley”.
José Alperovich se pone el sobretodo, justo antes de que el Servicio Penitenciario lo lleve a la cárcel de Ezeiza
Tal como informó la fortuna familiar de los Alperovich se multiplicó desde que desembarcaron en el poder en 2003, según lo reflejan sus propias declaraciones de bienes. De tener una concesionaria de autos pasaron a administrar empresas constructoras, inmobiliarias y financieras. Se ampliaron a compañías productoras de soja, ganado y una exportadora citrícola, y hoy tendrían casi 75 inmuebles.
La defensa había esgrimido que los recursos de Alperovich “no son otros que los de una persona de iguales características” y no le permitirían “emprender una fuga”. El defensor del exgobernador es Augusto Nicolás Garrido, del estudio Cúneo Libarona (el hoy ministro de Justicia ejerció activamente la defensa de Alperovich hasta el año pasado). El defensor había alegado también en su pedido de excarcelación que por ser una “figura pública”, la posibilidad de “una fuga en la clandestinidad es absurda”, sobre todo con la trascendencia que tuvo su juicio.
Ramos Padilla tampoco accedió a las “medidas de morigeración” que pidió la defensa; por ejemplo, la posibilidad de que estuviera detenido en su casa con una tobillera electrónica. Según el juez, “los riesgos procesales analizados revisten una entidad tal que no permiten ser neutralizados” fuera de la cárcel.
En cuanto a los riesgos para la salud de Alperovich (muy deteriorada, según su defensa), el juez dijo que ordenó que tuviera “asistencia médica” y fuera sometido a un “riguroso examen”.
La decisión
Ramos Padilla dispuso anoche que Alperovich cumpliría prisión preventiva y ordenó, a las 20:10 de ayer, “su traslado inmediato a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal”, que fue la cárcel de Ezeiza. “Proceda, señor comisario Brignas, sin ninguna situación de degradación”, le dijo el juez al policía que tenía a su cargo la custodia del exgobernador. A las 21:09, agentes del Servicio Penitenciario Federal que cortaban la calle Paraguay, frente a los tribunales, lo subieron esposado a una camioneta y se lo llevaron.
Abraldes, fiscal de juicio que llevó adelante la acusación, dijo hoy a Radio Con Vos que difícilmente Alperovich aspirara a que Ramos Padilla, que ordenó detenerlo, horas después lo excarcelara. “Supongo que tienen interés en provocar la instancia de revisión”, consideró. Para el fiscal, la estrategia del exgobernador apunta a llegar cuanto antes a la Cámara de Casación -que revisará lo que decida el juez-, para que ese tribunal sea el que lo deje esperar la etapa de los recursos en libertad.

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