Hubo doble superávit fiscal por quinto mes consecutivo
En mayo el resultado fue positivo a nivel primario y financiero
Ignacio Grimaldi
Caputo destacó el buen resultado aun sin la aprobación legislativa del paquete fiscal
El Gobierno cerró las cuentas públicas en mayo con un superávit primario de $2,3 billones, y un resultado financiero también positivo de $1.183.571 millones.
Así lo informó el Ministerio de Economía ayer, al anunciar que el saldo positivo, aun después del pago de intereses de la deuda, se produjo por quinto mes consecutivo. “El ancla fiscal se afianza mes a mes y consolida el proceso de desinflación”, celebró el ministro Luis Caputo en su cuenta de X. En lo que va del año, el superávit primario equivalió al 1% del PBI.
El presidente Javier Milei suele repetir que bajo ningún concepto entregará el equilibrio fiscal. Hasta el momento, los números lo acompañan. El corazón del programa económico del Gobierno registró un nuevo resultado positivo: en mayo, el superávit primario fue de $2.332.205 millones, mientras que el financiero arrojó un resultado positivo de $1.183.571 millones.
Así lo sostuvo el Ministerio de Economía, al anunciar ayer que el sector público nacional obtuvo en mayo el quinto mes consecutivo de saldo positivo en las cuentas, aun después del pago de intereses de la deuda. “El ancla fiscal se afianza mes a mes y consolida el proceso de desinflación”, celebró el ministro Luis Caputo, en su cuenta de X.
En el acumulado del año, el superávit primario alcanzó un nivel superior al 1% del PBI y el superávit financiero, al 0,4% del PBI. El comunicado oficial del Ministerio de Economía explica que, en parte, esto se logró con una reducción del gasto del 31% en términos reales. Esto equivale a un ajuste de casi un tercio de las erogaciones.
Según se explicó, en 2008 había sido la última vez que la administración pública nacional registró cinco meses de superávit financiero. En esa misma publicación, el ministro destacó algunos puntos de la administración del dinero durante este período.
Puntualmente sobre mayo, el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadín Argañaraz, señaló que la gran novedad llegó de parte de los ingresos porque crecieron “por primera vez en el año” y convivieron con la continuidad del ajuste del gasto.
En ese sentido, el titular del Iaraf sostuvo que durante el quinto mes de 2024 “los ingresos totales tuvieron una variación interanual real positiva de 5,8%” y el gasto primario descendió 28,7%. Por el lado de los ingresos, destacó la inyección de recursos que absorbió la recaudación a través del impuesto a las ganancias. Según cifras oficiales, registró un aumento del 624,7% en términos nominales. El tributo que tuvo un comportamiento completamente opuesto fue Bienes Personales, que marcó una caída del 31,4%.
Precisamente estos dos impuestos ocupan uno de los grande ejes de discusión en el Congreso, ya que la Cámara de Diputados deberá decidir si regresa Ganancias para los asalariados de la cuarta categoría, lo que agrandaría la recaudación, aunque por otro lado también analiza si otorga un alivio en Bienes Personales, que restaría recursos.
Otro de los grandes aportantes como fuente de ingresos, y que tiene fecha de vencimiento, es el impuesto PAIS. Según el comunicado oficial de Hacienda, su recaudación se ubicó unos $90.000 millones por debajo de los recursos que entraron por derechos de exportación. Estos últimos tuvieron una suba interanual del 445%.
Desde la perspectiva de los gastos, las jubilaciones y pensiones no contributivas representaron la mayor erogación de la administración pública nacional pese a que fueron alcanzadas por el desgaste de la inflación. La variación anual de lo destinado al pago de haberes registró un aumento del 216,1%, es decir nuevamente por debajo del movimiento del índice de precios al consumidor del Indec, que entre mayo de 2023 y el de este año acumuló un ascenso del 276,4%.
Pese a esto, Caputo destacó el aumento del gasto en otras inversiones del área social. Luego de la crisis por el reparto de alimentos que atravesó el Ministerio de Capital Humano, el ministro de Economía subrayó que, pese al ajuste, “los recursos destinados a la Asignación Universal para la Protección Social se incrementaron 11,5% en términos reales entre enero y mayo”. Una dinámica similar registraron la Tarjeta Alimentar y el programa Primeros 1000 Días, dos refuerzos que “llegan a la población más vulnerable sin intermediarios”. Esa última aclaración posee un condimento político, dado que refiere a las agrupaciones sociales lideradas por Juan Grabois y Eduardo Belliboni, entre otros.
Más allá de la particularidad de mayo vinculada al incremento de los ingresos, los primeros cinco meses del año comparten un concepto: ajuste. De hecho, Argañaraz sostuvo que 15 de 16 gastos nacionales bajaron interanualmente en términos reales.
Dentro de estos últimos se encuentran los subsidios a la energía, con una reducción del 34,8% en términos reales; las jubilaciones y pensiones no contributivas, con una caída del 30,2%, y los programas sociales, con un descenso del 16,1%. El único gasto nacional que gozó de una tendencia opuesta en lo que va del año, es decir, que no sufrió embate alguno de la motosierra del Gobierno, fue la Asignación Universal para Protección Social. Este ítem recibió un 11,5% más de recursos que en los primeros cinco meses de 2023.
Al final de su publicación, Caputo agregó otro matiz político ya que recordó que estos resultados positivos en las cuentas públicas se alcanzaron sin la aprobación legislativa del paquete fiscal.
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Caputo busca que le devuelvan plata por obras inconclusas
Están bajo la lupa 951 proyectos con un costo de casi $600.000 millones, según fuentes oficiales
Ignacio Grimaldi
Luego de la parálisis, el capítulo de la obra pública abre una nueva historia de tensión entre el Gobierno, los gobernadores y los intendentes. El conflicto lleva forma de billetera, porque el Ejecutivo empezó a reclamar el dinero pagado por proyectos que recibieron plata de Nación, pero cuyos plazos originales no se cumplieron.
El Ministerio de Economía publicó la resolución 452/2024 en el Boletín Oficial. Allí estipula tres caminos posibles para las provincias o municipios: la devolución del dinero, finalizar las obras en 120 días con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios.
El programa al que la resolución alude es Argentina Hace. Se lanzó en marzo de 2020 para ejecutar trabajos “de infraestructura” en 2300 municipios de todo el país. Según un relevamiento realizado por la actual administración, cuando llegaron al poder había 951 obras pendientes de este programa, cuyos saldos con municipios ascendían a $598.522 millones.
En esta historia hay distintos actores, porque a través del plan Argentina
Hace se firmaban convenios entre el Gobierno, las provincias y los municipios, que estipulaban diferentes roles: el Ejecutivo financiaba las obras y los gobernadores o intendentes se encargaban de las licitaciones y del desarrollo de los proyectos en territorio.
Incumplimientos
Fuentes oficiales describieron que, en su mayoría, se trata de obras menores que no justificaban la intervención del Estado nacional. Un ejemplo de esto es la construcción de techos para piletas municipales, baños en cementerios o arreglos de cunetas.
“De mediar incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor a las obligaciones asumidas en el convenio respectivo, deberá corroborarse si se han adoptado las medidas pertinentes a los fines de procurar la corrección de dicha irregularidad y, en su caso, adoptarlas y eventualmente proceder a recuperar los fondos correspondientes”, indicaron los considerandos de la resolución oficial. En palabras más sencillas, esto significa que el gobierno nacional abrió la posibilidad de que le devuelvan el dinero girado a las jurisdicciones por obras que registraran incumplimientos o irregularidades.
El Gobierno también incluyó un apartado de “motosierra” en el segundo artículo de la resolución. Allí, aclaró en qué instancia el Gobierno puede retirarse de su rol como financista de la obra: “Una vez transcurrido un plazo de seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo”.
A propósito de plazos, las obras cuya asistencia financiera se decidiera continuar tendrán un período máximo de 120 días para concluir. En caso de no detectar incumplimientos o irregularidades, el Ministerio de Economía estipuló que “deberá analizarse la viabilidad de que la provincia, el municipio y/u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra sin asistencia financiera”.
El Gobierno cerró las cuentas públicas en mayo con un superávit primario de $2,3 billones, y un resultado financiero también positivo de $1.183.571 millones.
Así lo informó el Ministerio de Economía ayer, al anunciar que el saldo positivo, aun después del pago de intereses de la deuda, se produjo por quinto mes consecutivo. “El ancla fiscal se afianza mes a mes y consolida el proceso de desinflación”, celebró el ministro Luis Caputo en su cuenta de X. En lo que va del año, el superávit primario equivalió al 1% del PBI.
El presidente Javier Milei suele repetir que bajo ningún concepto entregará el equilibrio fiscal. Hasta el momento, los números lo acompañan. El corazón del programa económico del Gobierno registró un nuevo resultado positivo: en mayo, el superávit primario fue de $2.332.205 millones, mientras que el financiero arrojó un resultado positivo de $1.183.571 millones.
Así lo sostuvo el Ministerio de Economía, al anunciar ayer que el sector público nacional obtuvo en mayo el quinto mes consecutivo de saldo positivo en las cuentas, aun después del pago de intereses de la deuda. “El ancla fiscal se afianza mes a mes y consolida el proceso de desinflación”, celebró el ministro Luis Caputo, en su cuenta de X.
En el acumulado del año, el superávit primario alcanzó un nivel superior al 1% del PBI y el superávit financiero, al 0,4% del PBI. El comunicado oficial del Ministerio de Economía explica que, en parte, esto se logró con una reducción del gasto del 31% en términos reales. Esto equivale a un ajuste de casi un tercio de las erogaciones.
Según se explicó, en 2008 había sido la última vez que la administración pública nacional registró cinco meses de superávit financiero. En esa misma publicación, el ministro destacó algunos puntos de la administración del dinero durante este período.
Puntualmente sobre mayo, el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadín Argañaraz, señaló que la gran novedad llegó de parte de los ingresos porque crecieron “por primera vez en el año” y convivieron con la continuidad del ajuste del gasto.
En ese sentido, el titular del Iaraf sostuvo que durante el quinto mes de 2024 “los ingresos totales tuvieron una variación interanual real positiva de 5,8%” y el gasto primario descendió 28,7%. Por el lado de los ingresos, destacó la inyección de recursos que absorbió la recaudación a través del impuesto a las ganancias. Según cifras oficiales, registró un aumento del 624,7% en términos nominales. El tributo que tuvo un comportamiento completamente opuesto fue Bienes Personales, que marcó una caída del 31,4%.
Precisamente estos dos impuestos ocupan uno de los grande ejes de discusión en el Congreso, ya que la Cámara de Diputados deberá decidir si regresa Ganancias para los asalariados de la cuarta categoría, lo que agrandaría la recaudación, aunque por otro lado también analiza si otorga un alivio en Bienes Personales, que restaría recursos.
Otro de los grandes aportantes como fuente de ingresos, y que tiene fecha de vencimiento, es el impuesto PAIS. Según el comunicado oficial de Hacienda, su recaudación se ubicó unos $90.000 millones por debajo de los recursos que entraron por derechos de exportación. Estos últimos tuvieron una suba interanual del 445%.
Desde la perspectiva de los gastos, las jubilaciones y pensiones no contributivas representaron la mayor erogación de la administración pública nacional pese a que fueron alcanzadas por el desgaste de la inflación. La variación anual de lo destinado al pago de haberes registró un aumento del 216,1%, es decir nuevamente por debajo del movimiento del índice de precios al consumidor del Indec, que entre mayo de 2023 y el de este año acumuló un ascenso del 276,4%.
Pese a esto, Caputo destacó el aumento del gasto en otras inversiones del área social. Luego de la crisis por el reparto de alimentos que atravesó el Ministerio de Capital Humano, el ministro de Economía subrayó que, pese al ajuste, “los recursos destinados a la Asignación Universal para la Protección Social se incrementaron 11,5% en términos reales entre enero y mayo”. Una dinámica similar registraron la Tarjeta Alimentar y el programa Primeros 1000 Días, dos refuerzos que “llegan a la población más vulnerable sin intermediarios”. Esa última aclaración posee un condimento político, dado que refiere a las agrupaciones sociales lideradas por Juan Grabois y Eduardo Belliboni, entre otros.
Más allá de la particularidad de mayo vinculada al incremento de los ingresos, los primeros cinco meses del año comparten un concepto: ajuste. De hecho, Argañaraz sostuvo que 15 de 16 gastos nacionales bajaron interanualmente en términos reales.
Dentro de estos últimos se encuentran los subsidios a la energía, con una reducción del 34,8% en términos reales; las jubilaciones y pensiones no contributivas, con una caída del 30,2%, y los programas sociales, con un descenso del 16,1%. El único gasto nacional que gozó de una tendencia opuesta en lo que va del año, es decir, que no sufrió embate alguno de la motosierra del Gobierno, fue la Asignación Universal para Protección Social. Este ítem recibió un 11,5% más de recursos que en los primeros cinco meses de 2023.
Al final de su publicación, Caputo agregó otro matiz político ya que recordó que estos resultados positivos en las cuentas públicas se alcanzaron sin la aprobación legislativa del paquete fiscal.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Caputo busca que le devuelvan plata por obras inconclusas
Están bajo la lupa 951 proyectos con un costo de casi $600.000 millones, según fuentes oficiales
Ignacio Grimaldi
Luego de la parálisis, el capítulo de la obra pública abre una nueva historia de tensión entre el Gobierno, los gobernadores y los intendentes. El conflicto lleva forma de billetera, porque el Ejecutivo empezó a reclamar el dinero pagado por proyectos que recibieron plata de Nación, pero cuyos plazos originales no se cumplieron.
El Ministerio de Economía publicó la resolución 452/2024 en el Boletín Oficial. Allí estipula tres caminos posibles para las provincias o municipios: la devolución del dinero, finalizar las obras en 120 días con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios.
El programa al que la resolución alude es Argentina Hace. Se lanzó en marzo de 2020 para ejecutar trabajos “de infraestructura” en 2300 municipios de todo el país. Según un relevamiento realizado por la actual administración, cuando llegaron al poder había 951 obras pendientes de este programa, cuyos saldos con municipios ascendían a $598.522 millones.
En esta historia hay distintos actores, porque a través del plan Argentina
Hace se firmaban convenios entre el Gobierno, las provincias y los municipios, que estipulaban diferentes roles: el Ejecutivo financiaba las obras y los gobernadores o intendentes se encargaban de las licitaciones y del desarrollo de los proyectos en territorio.
Incumplimientos
Fuentes oficiales describieron que, en su mayoría, se trata de obras menores que no justificaban la intervención del Estado nacional. Un ejemplo de esto es la construcción de techos para piletas municipales, baños en cementerios o arreglos de cunetas.
“De mediar incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor a las obligaciones asumidas en el convenio respectivo, deberá corroborarse si se han adoptado las medidas pertinentes a los fines de procurar la corrección de dicha irregularidad y, en su caso, adoptarlas y eventualmente proceder a recuperar los fondos correspondientes”, indicaron los considerandos de la resolución oficial. En palabras más sencillas, esto significa que el gobierno nacional abrió la posibilidad de que le devuelvan el dinero girado a las jurisdicciones por obras que registraran incumplimientos o irregularidades.
El Gobierno también incluyó un apartado de “motosierra” en el segundo artículo de la resolución. Allí, aclaró en qué instancia el Gobierno puede retirarse de su rol como financista de la obra: “Una vez transcurrido un plazo de seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo”.
A propósito de plazos, las obras cuya asistencia financiera se decidiera continuar tendrán un período máximo de 120 días para concluir. En caso de no detectar incumplimientos o irregularidades, el Ministerio de Economía estipuló que “deberá analizarse la viabilidad de que la provincia, el municipio y/u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra sin asistencia financiera”.
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