Cortes de luz en el verano: el Gobierno prepara un plan de contingencia con interrupciones programadas y un plus para los altos consumos
El programa alcanza a la generación, el transporte y la distribución; incluiría “señales tarifarias” para evitar una sobreutilización; convocarán a dueños de equipos electrógenos
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.- El gobierno de Javier Milei está dándole las puntadas finales a un plan energético de contingencia de cara al verano, cuando el país enfrentaría altas temperaturas, por encima de la media de los últimos años. Hay medidas previstas para generación, transporte y distribución, como la aceleración de trabajos pendientes, contar con alternativas de generación y algunas señales tarifarias que quiten incentivos al consumo.
Pudo reconstruir los planteos de las autoridades ante diferentes actores del sistema. Allí indicaron que puede haber cortes programados, tanto para usuarios industriales como residenciales. También enfatizaron la falta de recursos para producir más potencia en la centrales térmicas. En esas condiciones, los cortes serían 21% más que en el verano pasado; si se destraba la disponibilidad de combustible para las generadoras, esa proyección pasa al 5%.
El secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, lo anticipó hace dos semanas: “Va a ser un verano complicado. Trabajamos en un plan de mitigación de urgencia y de largo plazo”. Fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien adelantó los ejes del programa en una reunión de la semana pasada.

Consultado por este diario, señaló: “Las medidas en las que estamos trabajando abarcan a toda la cadena de suministro. Tratando de proteger que, frente a picos de demanda y escasez de la potencia disponible, todos contribuyan mediante distintas medidas para evitar cortes prolongados. Especialmente, trabajamos en tener un régimen de rápida respuesta frente a situaciones que sean de fuerza mayor”.
También el titular de Cammesa, Mario Cairella, habló del tema con integrantes de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos (FACE), con quienes volverá a encontrarse esta semana.
Aunque el sector energético es una de las “estrellas” de la economía argentina, el eje no está en el sistema eléctrico, sino en el de petróleo y gas por el impacto de Vaca Muerta. El atraso de las tarifas acumulado durante el gobierno de Alberto Fernández -cuando aún no se había terminado de recuperar en la gestión macrista- tuvo su consecuencia en la desinversión en redes y generación. De hecho, González en su presentación repasó la fragilidad y mencionó que era el fruto de “muchísimos años, y yo no quiero hablar de un gobierno u otro, ¿no? De décadas de hacer las cosas mal”.
La preocupación del Gobierno es que con las actualizaciones tarifarias que se vienen registrando los usuarios no tolerarían cortes en el sistema. No sería la primera vez que la Argentina podría sufrir apagones, pero el efecto en el humor social después del cambio en el precio se magnificaría. En el caso puntual de las tarifas, lo que se analiza es un incremento para los consumos más altos, para disuadir el uso. Esos incrementos se aplicarían exclusivamente para el consumo que supere el límite establecido, no para todo el consumo del período medido.
La Argentina, por no contar con la infraestructura necesaria, no puede aplicar tarifas por franjas horarias y, como se sabe, los picos de consumo desafían la estabilidad de la red que durante buena parte de la jornada está subutilizada. Córdoba es el distrito más avanzado en la instalación de medidores eléctricos.
La proyección de las autoridades para el verano es que habrá un pico de demanda récord en torno a los 30.700 megawats. La falta de lluvias -que recién llegarían en enero- complica también la generación de las centrales hidroeléctricas argentinas. Además, el impacto es el mismo en Brasil, de donde la Argentina importa energía.
Pese a las urgencias de contar con fuentes de generación, la central nuclear Atucha I saldrá de operaciones a fines de este mes para dar inicio a los trabajos de extensión de su vida útil, por lo cual el sistema no contará con los 362 megawats que viene entregando. La Autoridad Regulatoria Nuclear en junio autorizó a Nucleoeléctrica a operar la central hasta el 29 de este mes.

Entre los puntos que incluye el programa diseñado por Energía está solicitarle a Transener, empresa que se dedica al mantenimiento de las redes y estaciones de alta tensión, que cumpla con los plazos de los trabajos pendientes. Fuentes del sector indicaron que hay “atrasos” en algunas tareas y eso debe ser solucionado en el corto plazo; también se gestiona la disposición de la reserva de transformadores de alta potencia del sistema de alta tensión. El segmento de la transmisión requiere de inversiones urgentes.
Las autoridades convocarán a una reunión a quienes tienen grupos electrógenos (desde centros comerciales a clínicas) para armar una suerte de red de contención que permita actuar con velocidad en casos de cortes importantes. Lo que busca Energía con la estrategia es contar con un back up “siempre listo”.
En noviembre pasado, Diana Mondino -entonces ya canciller designada por el presidente Javier Milei- recomendó en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA): “Vayan comprándose un generador porque no da para todos”.
En diálogo con los referentes del sector cooperativo, Cairella les señaló que el Gobierno tiene programado llevar a tarifa plena la generación de energía. Actualmente, está al 70% de ese objetivo; marzo es el plazo tope que Milei ha fijado para quitar todos los subsidios a la electricidad y al gas.
En ese encuentro, además, se abordó la deuda de las cooperativas con Cammesa. Las entidades reunidas en FACE no se sumaron a las presentaciones judiciales iniciadas por la Cooperativa de Villa Gesell, por la que el Gobierno está dispuesto a llevar el tema hasta la Corte Suprema de Justicia.
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El Gobierno enfrenta sus propios dilemas de cara a la negociación del presupuesto 2025 en el Congreso
En la Casa Rosada hay quienes prefieren que sea rechazado, para quedar con las manos libres, pero otros establecen un margen con los bloques dialoguistas; el efecto de la “manta corta”
Cecilia Devanna
Auna semana de haber presentado el presupuesto 2025, la administración libertaria se prepara para su tratamiento en el Congreso de la Nación entre certezas y dilemas sobre lo que espera para el futuro de la ley, que para el presidente Javier Milei es el vector de lo que viene. Entre las certezas está que el presupuesto será aprobado, pero no a libro cerrado. También que, más allá de los cambios que se puedan introducir en la discusión parlamentaria, “bajo ningún punto de vista se puede tocar ni el déficit cero, ni la regla fiscal”, según coinciden en la sede de Gobierno. Además de que consideran que el debate “no puede, ni debe” extenderse como sucedió con la ley de Bases.
La premisa de la negociación con la oposición dialoguista es “respetar la regla fiscal” y el límite hasta dónde llevar esas conversaciones es “que propongan cambios razonables”, destacó un importante funcionario del corazón libertario. El interlocutor fundamental por el gobierno volverá a ser el jefe de ministros, Guillermo Francos, junto a su segundo, Lisandro Catalán, y por el tema ya hubo reuniones tanto con gobernadores como con los responsables de las Comisiones en Diputados y Senado, José Luis Espert y Ezequiel Atauche.
Del presupuesto hay un 60% que es indexado por ley (entre lo que están jubilaciones y asignaciones universales), lo cual está fuera de discusión. El otro 40%, en el que se incluyen los números del funcionamiento del Estado, es lo que es factible de negociación. Allí van desde sueldos de empleados públicos, a los de servicios y los diferentes gastos de cada área. “Si los legisladores quieren cambiar por ejemplo, las partidas de Seguridad para darlo a otro sector, pueden hacerlo, pero después verán ellos y serán responsables de fuerzas con presupuestos menguados”, advirtió una importante voz de Balcarce 50. Así, detallan, será con las diferentes variables.

“Estamos abiertos a escuchar y negociar, pero ellos deberán hacerse cargo de sus elecciones”, completan sobre esa “manta corta” en la que en el Gobierno insisten en que todas las modificaciones deberán hacerse “sin tocar el déficit cero, ni la regla fiscal”.
Aunque aún no se está en etapa de negociaciones duras con la oposición dialoguista, lo que se espera que sí se de en las próximas semanas, en las filas libertaria sostienen que una posible no aprobación del presupuesto no sería un problema, sino todo lo contrario: “Nos encantaría que lo aprueben, pero no tenemos drama en que no”, sintetizó un funcionario de Casa Rosada. “El Plan A es que no lo aprueben”, agregabam, con sonrisas irónicas mediante, los más osados.
Bajo ese razonamiento, la falta de un presupuesto aprobado, como sucedió los dos últimos años, les permitiría la reasignación de partidas y moverse con más libertad. Aunque por estas horas se inclinan a que terminará habiendo aprobación: “lamentablemente se aprueba”, repetían en el ocaso de la primera semana post presentación.
“Fines de noviembre”
En esos escenarios que se abren está el de que la segura aprobación no será a libro cerrado. Admiten que esa línea estarán las negociaciones, aunque sostienen que será bajo la premisa de que “no hay apuro en que salga”. Aunque también la realidad indica que en las filas libertarias nadie quiere una discusión que se dilate como sucedió con la de la ley de Bases, que terminó consumiendo el primer semestre de la gestión y provocó un desgaste puertas adentro de la administración. “Para fines de noviembre tendría que haber definición”, afirman.
Tanto lograr la aprobación como no hacerlo, tiene ventajas y desventajas para el gobierno. En la primera, pueden perder la posibilidad de disponer libremente de las partidas, mientras que para afuera, el haber logrado un consenso con la política en un aspecto tan sensible es una enorme señal para los mercados, que siguen de cerca lo que sucede en el país.
Aprobarlo también significa que hay una enorme posibilidad de que para llegar allí los legisladores introduzcan cambios que lo modifiquen diametralmente, algo que en el gobierno creen que si bien en un porcentaje puede suceder, no lo será en todo y “tendrá consecuencias para ellos”, en referencia a los legisladores. En ese sentido es donde insisten que no habrá aprobación de algo que cambie la matriz de la nave insignia de Milei, más allá del margen en el que sí podrían introducirse cambios.
Por el contrario, no lograrlo sería bueno para el manejo de los números del gobierno, pero malo en términos de gobernabilidad. En el Gobierno juran que esa situación no los preocupa. Aseguran que no ven como un signo de debilidad que no se los aprueben. “¿Alguna vez vimos eso como un tema de debilidad?”, repreguntó un alto funcionario.
En la discusión jugarán un rol clave tanto legisladores como los gobernadores, que en las horas posteriores a la presentación de Milei en el Congreso hicieron saber su preocupación por los números y fueron rápidamente contenidos en un zoom que se hizo en la tarde del lunes. Sus reclamos pasan en gran medida por la obra pública. Desde Casa Rosada aseguran que se está “charlando bien” y sostienen que se pueden llegar a contemplar algunos puntos con los gobernadores que “estamos bien”. En esa lista ubican a la mayoría salvo a Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. La primera aclaración hacia ellos el último lunes fue que el recorte de 60 mil millones de dólares anunciados la noche anterior, no era tal.
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