EL ESCENARIO Y RECHAZO PARA LA KK

Un tribunal distante del Poder Ejecutivo
Hernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia consolidó con la reelección de Horacio Rosatti un modelo de gestión colegiada en contraposición a la modalidad personalista de su colega Ricardo Lorenzetti, que manejó los destinos del máximo tribunal durante más de 10 años, y con quien se encuentra enfrentado.
Pero, además, reforzó el carácter de un Poder Judicial independiente del poder político de turno. Lo demostró durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández (que incluso llegó a impulsar un juicio político contra sus integrantes), y el inicio de la gestión de Javier Milei, con quien eligió no confrontar públicamente
Hubo decisiones de fuerte impacto, especialmente en materia de corrupción y de litigios entre la Nación y las provincias, pero también actuó como tiempista cuando entendió que le correspondía a la política resolver los temas contenciosos. Este es el caso del famoso DNU 70 de comienzos de la gestión de Milei. El Presidente aspiraba en ese momento a conseguir una rápida resolución. La Corte rechazó los planteos en contra y todavía tiene en análisis el capítulo que reforma la legislación laboral.
El tribunal dictó fallos de alto impacto, por ejemplo, contra la reelección indefinida de los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y de San Juan, Sergio Uñac, lo que forzó en ambos casos una transición de liderazgos (en San Juan incluso con cambio de signo político). También fue muy significativo el pronunciamiento que restableció en parte los fondos coparticipables que la gestión de Fernández le había quitado a la ciudad de Buenos Aires, una discusión que recién la semana pasada terminó de saldarse definitivamente con el establecimiento acordado de un mecanismo de resarcimiento.
Fueron particularmente significativos los fallos que rechazaron recursos de exfuncionarios del kirchnerismo sometidos a proceso por corrupción como Cristina Kirchner, Julio De Vido o Ricardo Jaime. Así mostró una posición contraria a los recursos jurídicos destinados a demorar o entorpecer el proceso judicial. También dejó firmes las condenas por la tragedia de Once, y por las muertes del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante la sangrienta caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
Por otro lado, la propia Corte dictó sentencia en la causa por la integración del Consejo de la Magistratura, declaró la inconstitucionalidad de la actual composición del cuerpo y exhortó al Congreso a que dicte una nueva ley que garantice el equilibrio de los distintos sectores que deben sentarse allí. Con este fallo, dictado tras 15 años de juicio, volvieron a poner al presidente de la Corte como cabeza del Consejo de la Magistratura. Y desde entonces, la Corte y el Consejo realizaron reformas en espejo. Con el cambio en la ley del Consejo y la renovación de sus integrantes, el kirchnerismo perdió ascendencia en el cuerpo y se aprobaron un centenar de ternas de jueces para cubrir las vacantes. Con el nuevo diseño, el estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura tuvo más peso y acordó con la política la aprobación de candidatos para la cobertura de los cargos vacantes. Hoy son 149 la ternas que están en manos del Poder Ejecutivo, y que debe enviarlas al Senado para aprobarlas y cubrir el 50% de los cargos vacantes. En este período el Consejo avanzó con el juicio político contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, a quien removió de su cargo. En consonancia con el Ministerio de Justicia, la Corte acompañó la implementación del sistema acusatorio en Salta, Jujuy, Rosario y Mendoza.
La prórroga del mandato de Rosatti dispuesta ayer se da en un momento crítico para la Corte, que está incompleta. Por ley debe tener cinco miembros, pero cuenta solo con cuatro y uno de ellos, Juan Carlos Maqueda, dejará el tribunal el 31 de diciembre al cumplir 75 años, porque no tuvo oportunidad de pedir un nuevo acuerdo al Senado por cinco años más.
“Yo no tuve tiempo de entrar en eso porque nueve meses, diez meses antes me notificaron que a los 75 años me tenía que ir; así que a los 75 años hay que irse”, dijo Maqueda, en una inusual entrevista.
El Gobierno envió al Senado los pliegos del juez Ariel Lijo (propuesto por Lorenzetti) y del académico Manuel García-Mansilla, pero están empantanados en el Senado, que hasta ahora no logra reunir los votos necesarios para aprobarlos. Por eso la Corte ya se prepara para trabajar con tres integrantes.
Como la ley exige que los fallos se dicten con tres votos coincidentes, si no hay acuerdo entre Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti, hay dos opciones: que el caso quede de lado hasta que se integre la Corte con cuatro o cinco magistrados, o llamar a dos conjueces (juez suplente) que se designan por sorteo entre las cámaras federales de todo el país. La Corte ya lo viene haciendo en la causas en las que, por ejemplo, se excusa Maqueda.
Este mecanismo permitiría que la Corte siga funcionando en el dictado de sentencias, pero deja de lado la consolidación de criterios jurisprudenciales de largo aliento, interpretaciones que perduren en casos controversiales de raíz constitucional.
En cuanto a lo administrativo, el problema está zanjado. Rosatti se encargó de ello cuando se aprobó la acordada 12, del 9 de abril de este año. Lleva la firma de todos los jueces, menos Lorenzetti. Allí se dice que la Corte toma decisiones colegiadas en asuntos de superintendencia. Es decir, de gestión, reformas administrativas, contrataciones. Y en esa acordada –que se anticipó a los cambios por venir– se establece con dos firmas un nuevo sistema de mayorías para las decisiones de superintendencia: con cinco jueces titulares bastan tres firmas; con cuatro, son necesarias tres firmas; y con tres integrantes, bastan dos firmas. Así las cosas, Rosatti se aseguró de que, sin Maqueda y con la firma de Rosenkrantz, el tribunal podría seguir decidiendo sin el acuerdo de Lorenzetti.
Es decir que con la continuidad de los desacuerdos entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, las decisiones de gestión de la Corte quedarían en manos de los dos últimos. Por eso, con la llegada de nuevos magistrados podría cambiar esa mayoría necesaria.
En tanto se prolonga la presidencia de Rosatti, y con ello se le da continuidad a un período que se inauguró en 2018 con la sorpresiva pérdida de Lorenzetti de la presidencia y la llegada de Rosenkrantz. En ese año se dictó la acordada 44, por la cual la Corte Suprema retomó el ejercicio colegiado del poder que estaba delegado de manera unipersonal en el presidente desde 1961.
Desde entonces se dieron cambios en la gestión del tribunal que provocaron sonoros choques con Lorenzetti. En el último año de este período la Corte enfrentó un juicio político motorizado por el kirchnerismo. Por ejemplo, en la Corte se cambió al administrador Héctor Daniel Marchi, que llegó al cargo de la mano de Lorenzetti, y separó la Secretaría Jurídica de la de Administración. Lorenzetti firmó una sonora disidencia en respaldo de Marchi, que se transformó en testigo en el juicio político contra los jueces de la Corte que promovió el gobierno de Fernández.
Se modificó la Dirección de Sumarios y la Dirección de Contencioso, para que la Corte pueda defenderse de las causas en su contra. Se sacó el área de auditoría de la Secretaria General, de modo de evitar que el auditor interno dependa del auditado, y se hizo depender la auditoría del pleno.
Se modificó el régimen de contrataciones y el estatuto de la obra social del Poder Judicial, que pasó a depender de un cuerpo colegiado de cinco integrantes.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


La Justicia pide investigar a Cristina por la ruta del dinero
El tribunal respaldó un planteo contra el dictamen de Marijuan, que había pedido desvincularla de la causa
La expresidenta Cristina Kirchner, con otro revés judicial
La Cámara Federal porteña falló ayer en contra de Cristina Kirchner en la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez. Lo hizo al anular el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, que había pedido el sobreseimiento de la expresidenta. Cristina Kirchner ahora podrá seguir siendo investigada en el caso conocido como “la ruta del dinero K”.
La Cámara Federal porteña falló ayer en contra de Cristina Kirchner en la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez.
El tribunal respaldó un planteo de nulidad del dictamen fiscal que había pedido el sobreseimiento de la expresidenta, que ahora podrá seguir siendo investigada en el caso.
Sobre la base de ese dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el juez federal Sebastián Casanello había sobreseído a Cristina Kirchner en un fallo en el que advirtió que no quedaban acusadores y, por ende, el caso contra la expresidenta no podía seguir adelante.
Además, la Cámara Federal se negó ayer, en la misma resolución, a correr al juez Casanello del caso. “No observo motivos para apartarlo de la causa”, escribió el juez Mariano Llorens, que votó junto con Pablo Bertuzzi por anular el dictamen del fiscal y sostener al magistrado.
El tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, se pronunció en disidencia en lo referente al dictamen de Marijuan.
Llorens incorporó un pedido al juez Casanello para que avance con la investigación siguiendo las instrucciones que le dio la Cámara en intervenciones anteriores y le pidió que lo haga con celeridad.
Casanello había sobreseído a Cristina Kirchner en 2023 en esta causa, en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.
“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió entonces el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta presentado el fiscal Marijuan, al que adhirieron los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Casanello explicó que él no podía “ir más allá” de lo pedido por quienes ejercían el rol de acusadores ni “suplir la misión punitiva del Estado” porque, tal como lo advirtió la Corte Suprema, hacer lo contrario atentaría contra la garantía constitucional del debido proceso.
Con una cita al máximo tribunal, el juez recordó que esa garantía exige que quien acuse sea “un tercero diferente de quien ha de juzgar”.
El tema llegó a la Cámara Federal porque se presentó en el expediente la asociación civil Bases Republicanas, vinculada a Pro, pidió ser aceptada como querellante y realizó presentaciones para evitar el sobreseimiento definitivo de la expresidenta en este caso.
El primer triunfo de Bases Republicanas fue que la Cámara Federal la aceptara como querellante.
Casanello le había negado ese papel: dijo que Bases no había acreditado su condición de “particularmente ofendida” en el caso y cuestionó la “oportunidad” de la presentación, porque se introdujo en la causa cuando la investigación llevaba ya diez años y con un “objetivo puntual”: que el caso no se cerrara.
El juez recordó que, según dijo la Cámara Federal, no se puede admitir la “aparición repentina” de alguien que pretende ser aceptado como querellante una vez que la defensa se quedó sin contraparte.
La Cámara Federal, en cambio, sí la aceptó como querellante y, tal como lo había solicitado Bases, resolvió: “Revocar la resolución por cuanto rechazó de plano el planteo de nulidad de la querella respecto del dictamen fiscal que pidió el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner”. Ese fue el primer punto de la resolución.
El segundo fue “no hacer lugar al pedido de apartamiento del magistrado a cargo del caso”.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA