MIRADAS Y LA VIOLENCIA DE LOS 70

El misterio de la decadencia argentina
En política, aun lo que nos enorgullece suele traer resultados dudososPor Pablo Mendelevich

De aquel planteo célebre que Mario Vargas Llosa escribió en Conversación en La Catedral, en qué momento se había jodido el Perú, surgió la correspondiente pregunta argentina. Pregunta más lúdica que científica.
Pero si es por interrogantes sobre el derrotero del país, tal vez otro debería ser el objeto de estudio prioritario: qué clase de maleficio hace que aun cuando las cosas se hacen bien los resultados no son buenos.
Algo así pudo haber ocurrido con la reforma constitucional de 1994. Por supuesto, están los que creen que las cosas bien no se hicieron, que el Pacto de Olivos enchastró los cimientos, que el Núcleo de Coincidencias Básicas se votó inapropiadamente a libro cerrado y todo eso. Pero a la luz de la historia, vistos los niveles de consenso logrados, los modernos cambios introducidos en el sistema y los pactos internacionales incorporados, no puede negarse que la reforma del 94, como lo expresó el constitucionalista Félix V. Lonigro en una reciente columna crítica, fue la más profunda e importante que haya habido. ¿Por qué los resultados no habrían sido buenos? Porque muchos de los objetivos planteados –aparte del que se verificó de inmediato, la reelección de Menem–no se alcanzaron y se produjo, en cambio, un deterioro creciente de la calidad institucional que se combinó con erradas políticas sociales y económicas. Siete años después de redactarse la Constitución con mayor consenso de la historia, el país colapsaba en 2001. Hubo una treintena de muertos.
Perduró luego la estabilidad institucional, la violencia quedó erradicada como método político y, sucesión matrimonial mediante, los presidentes comenzaron a sucederse con relativa puntualidad. Las cosas, en definitiva, parecían funcionar, pero el país acentuaba la decadencia en demasiados frentes al mismo tiempo hasta entrar en un declive que la política no supo revertir. Antesala del triunfo, en 2023, del candidato anarcocapitalista.
Resulta curiosa la manera autocomplaciente en la que la clase política evoca la reforma constitucional de 1994. Al cumplirse este año tres décadas del acontecimiento, desde mayo se suceden conferencias, seminarios, debates alusivos que exaltan con orgullo el éxito logrado con la Constitución hoy vigente. Lo curioso es que esto pasa mientras la democracia se desgaja, la polarización política recrudece, la ciudadanía se desacopla de los soportes institucionales y el cesarismo presidencial resurge intacto. Los miembros de las “honorables” cámaras del Congreso tramitan con desconcierto los insultos que desde el Poder Ejecutivo se les profiere a diario. Dirigentes políticos refractarios a la división de poderes predican con altos niveles de adhesión que en la Argentina no hay Estado de derecho.
Horacio Rosatti, el actual presidente de la Corte Suprema, era en la Convención de 1994 nada menos que el vicepresidente del bloque justicialista, el mayoritario. El lunes, en la cena aniversario de Poder Ciudadano, pronunció un discurso en el que dio una visión nostálgica de la concordia alcanzada en 1994. Sería digna de imitarse, dijo, la manera en la que el convencional Raúl Alfonsín escuchaba al convencional Aldo Rico y viceversa. Rosatti sostiene que si los consensos se lograron una vez, perfectamente se podrían repetir.
Sería maravilloso. Sin embargo haría falta preguntarse antes, tal vez, por qué siendo el consenso cosa tan virtuosa la Constitución reescrita no generó el marco propicio para que el país vaya para arriba, no para abajo. Por qué hubo semejante divorcio entre las reglas y la realidad.
Se lo puede apreciar, si se prefiere, en algunos ítems. La jefatura de Gabinete nunca cumplió la función para la que fue creada, atenuar el presidencialismo. Los jefes de Gabinete nunca se tomaron en serio la prescripción constitucional de comparecer una vez por mes ante el Congreso. El tercer senador tampoco sirvió demasiado, como no sea para agrandar la cámara de 48 a 72 bancas, con la correlativa multiplicación de despachos, asesores, oficinas y baños.
Para que los legitimados decretos de necesidad y urgencia no fueran una costumbre se dispuso crear en el Congreso una comisión revisora. Que en los hechos siempre estuvo controlada por el oficialismo y, huelga decirlo, convalidó todo. Por primera vez en treinta años recién la semana pasada el Congreso rechazó un DNU, el de los fondos para la SIDE. Y tres décadas llevan los vaivenes del Consejo de la Magistratura, criatura estelar de 1994 destinada a seleccionar y remover a jueces, transparentar los procedimientos y administrar el presupuesto judicial. Cristina Kirchner intentó domesticarlo en 2006 mediante una ley que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Pero esa sentencia le tomó a la Corte quince años. A juzgar por el aspecto general de la Justicia, las causas más conocidas, las designaciones, los problemas con jueces que se enriquecen, las vacantes que no se llenan y las sentencias que demoran siglos, el Consejo de la Magistratura no parece ser el remedio imaginado.
Aunque el peronismo era gobierno en 1994, no movió un dedo para reponer la Constitución panfletaria de 1949, lo cual podría ser entendido como una evolución. En cambio, los constituyentes de hace treinta años se nutrieron en el campo instrumental de la Enmienda Lanusse, la reforma constitucional de facto hecha en 1972 con los consejos de un seleccionado de juristas, ninguno de ellos peronista. Por eso en 1994 se repusieron el sufragio directo, los mandatos de cuatro años y el balotaje.
Así ganó Milei.

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La violencia de los años 70. Secuestros extorsivos con el like del Estado argentino
Las derivaciones del caso en que el ERP mató al capitán Miguel Alberto Keller, del que se cumple un nuevo aniversario, exhiben la vigencia del “relato setentista”José D’Angelo Autor de La estafa con los desaparecidosinv Un allanamiento en una casa clandestina del ERP, en 1973
Sábado 30 de agosto de 1975, 10.30. Una comitiva de la Unidad Regional Tigre de la policía bonaerense llegó hasta el Mapuche Country Club, en Pilar, 50 kilómetros al norte de la Capital Federal. Seguían una pista, obtenida en un operativo anterior, para dar con el paradero de integrantes del grupo terrorista ERP, el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Este grupo sedicioso estaba “fuera de la ley”, prohibido y perseguido penalmente por el gobierno de María Estela Martínez, viuda de Perón.
Los policías buscaban al miembro del ERP y soldado conscripto desertor Darío Krasnansky, que dos semanas antes, el 18 de agosto, había facilitado y tomado parte de una emboscada que un comando guerrillero había ejecutado contra un vehículo del Ejército en el que se trasladaba armamento al Tiro Federal Argentino, frente al estadio de River. La encerrona había sido en la puerta misma del complejo.
Así lo relatan los propios guerrilleros en el número 60 de su revista Estrella Roja: “Armas para el Pueblo. Un comando de nuestro ejército procedió a dar el alto y desarmar una camioneta del Ejército contrarrevolucionario ocupada por un capitán, un sargento y cinco soldados. Durante la misma, una avanzada de seis compañeros, a los que se sumó uno de los soldados, que es un integrante de nuestro ERP, redujeron a la patrulla enemiga apoyados por otros cuatro combatientes que estaban en las inmediaciones, recuperando para la lucha popular 70 fusiles FAL, 4 fusiles FAP, 21 Pistolas 11,25 y una subametralladora PA3. El Capitán del Ejército, de apellido Keller, al mando de la patrulla, resistió la intimación de rendición de nuestra unidad por lo que se produjo un tiroteo en el que murió”.
Desde ese día, Krasnansky era intensamente buscado y ahora, en Pilar, parecía estar cercado. El dato del lugar adonde supuestamente se escondía se obtuvo, horas antes, en un operativo llevado a cabo en la localidad de Bella Vista, también en el conurbano bonaerense.
Efectivamente, en la madrugada de ese sábado 30 se allanó un chalet ubicado en la calle 20 de Junio al 100 de esta localidad. Allí se detuvo a integrantes del grupo guerrillero y se secuestraron armas de guerra robadas en el episodio del Tiro Federal. Los detenidos fueron Norberto D’Agnese, Ana Mirtha Marciale, Ana Matilde Ríos Diaz y Ricardo Kacmajor. Cuando se realizaba el allanamiento, llegó a la casa un hombre que, al ver lo que sucedía, intentó huir y fue abatido. Se trataba de Rodolfo Bledel, cuyo grado y alias en el “ERP” era el de “Teniente Antonio”. Los policías, con nuevas pistas, se dirigieron entonces al country en Pilar, a 20 kilómetros al noroeste.
Cuando llegaron al chalet identificado como refugio de los extremistas, desde el interior les abrieron fuego. Se desató un tiroteo que duró unos cuarenta minutos.
Cuando cesó la resistencia, ingresaron a la casa y encontraron a tres personas muertas e ilesa a una menor de edad, aterrada, escondida en un baño. También resultó herido el oficial inspector ángel Murad. Los guerrilleros abatidos fueron identificados como Darío Krasnansky, el soldado desertor; el ciudadano uruguayo Mario Camuyrano y su esposa, Mirta Quiroga. La menor era Clarisa Quiroga, hija de los últimos; horas más tarde fue recuperada por su familia materna en una comisaría de San Martín. Camuyrano fue sindicado como el asesino del capitán Miguel Alberto Keller.
Al recorrer el inmueble, los uniformados descubrieron una construcción subterránea. Allí encontraron más armas robadas en el Tiro Federal y, con gran sorpresa, a un hombre mayor sentado en el piso con sus manos atadas y sus ojos vendados. Se trataba de Charles Lockwood, ciudadano inglés de 66 años, miembro del directorio de la Financiera Roberts, que había sido secuestrado un mes antes, el 31 de julio, en El Palomar, y que era intensamente buscado por la policía. Era el segundo secuestro que sufría Lockwood por parte del ERP. Había sido raptado en 1973 en Hurlingham, donde vivía. Fue liberado al mes, tras pagar 2 millones de dólares de rescate.
Las personas apresadas lo fueron en virtud de la ley 20.840, vigente entonces, que establecía las “penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”. En septiembre de 1975 fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, para luego ser juzgadas. Siete meses después, el golpe militar las encontró detenidas y en medio de un proceso judicial que, tiempo más tarde, derivó en distintas condenas a penas de prisión.
En los violentos años 70, en la Argentina, actuaron más de 15 grupos guerrilleros, con diferentes matices ideológicos pero idéntica finalidad: la toma del poder por las armas para construir un Estado socialista. Para eso debían armar verdaderos “ejércitos” clandestinos y financiarlos. Uno de los mecanismos para obtener recursos eran los asaltos a bancos. Otros, más lucrativos, eran los secuestros extorsivos.
Business Insider, un medio digital empresarial estadounidense, publicó en 2012 un estudio según el cual, de los veinte mayores rescates de la historia pagados por empresas de todo el mundo para la liberación de ejecutivos, nueve –casi la mitad– ocurrieron en la Argentina durante los años 70; siete de ellos, durante el gobierno constitucional peronista, incluidos los dos de Lockwood y el número 1 en la lista mundial: el de los hermanos Juan y Jorge Born, con 60 millones de dólares cobrados en 1975 por Montoneros.
La historia dice que, ese sábado 30 de agosto de 1975, tenemos a ocho guerrilleros pertenecientes a una organización proscripta; que enfrentaban con armas al gobierno peronista para derrocarlo; que habían asesinado a un oficial del Ejército y robado armamento del Estado; que tenían secuestrado, por segunda vez, a un ciudadano por el que pedían rescate; que se resistieron a la autoridad y que hirieron gravemente a un funcionario policial. De los ocho, cuatro fueron detenidos y cuatro murieron en el enfrentamiento con la policía.
¿Qué hicieron con esta verdad histórica los sucesivos gobiernos? ¿Qué “relato” se nos impuso?
A los cuatro muertos, hoy el gobierno del PRO en CABA los homenajea en el Parque de la Memoria, frente a Aeroparque. Allí dice, escrito en piedra en el frontispicio que encabeza el “Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado”, que los cuatro abatidos fueron eso: “víctimas” y que “murieron luchando por ideales de justicia y equidad”.
Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, entre 2001 y 2003, respectivamente, dispusieron que el Estado pagara una indemnización a sus familiares. Actualizadas por inflación, cada una de ellas asciende 225.000.000 de pesos.
¿Qué pasó con los detenidos? Estas personas, años después y ya en libertad, pidieron ser indemnizadas por haber estado detenidas, en virtud de una ley “reparatoria”, y los gobiernos de Carlos Menem y Cristina Kirchner así lo dispusieron: Ana Matilde Ríos Diaz cobró $ 78.544.159; Norberto D’Agnese, $ 246.658.226; Ana Mirtha Marciale, $ 243.173.028 y Ricardo Kacmajor, $ 238.863.364 (actualizados por inflación). Los cuatro, a su vez, pueden estar cobrando hoy una pensión vitalicia y hereditaria de unos 600.000 pesos en virtud de otra ley “reparatoria” que regula el “beneficio para ex Presos Políticos de la República Argentina”.
Marciale fue homenajeada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba por ser una “mujer víctima de la última dictadura militar”.
Mientras, sabemos que el capitán Miguel Alberto Keller tenía 32 años cuando fue asesinado y que María Inés, su mujer, también de 32 años, estaba embarazada del cuarto hijo del matrimonio. Cuando matan a su padre, sus hijos Andrea, Augusto y María Paula tenían 10, 6 y 3 años, respectivamente. Sofía María Gracia nacería meses después.
María Inés y sus hijos sobrevivieron con la pensión del Ejército y la ayuda de la familia. Ella “no podría permitirse odiar”. Vive en Paraná y, según sus palabras, lo hace “sirviendo al prójimo, reconfortados en la fe en Jesús, que fue lo que nos fortaleció y permitió transitar la desgracia. Nuestro fin, como el de Miguel Alberto, es la eternidad”.
Es imperioso, y un acto de estricta justicia para poder mirar hacia el futuro, desmontar el “relato” setentista. Este gobierno prometió hacerlo, pero Macri también.

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