PLAN OFICIAL Y AUSENCIAS

El Gobierno desplegó un plan frente a la hipótesis de incidentes
No descarta que haya provocaciones para que se levante la sesión

Cecilia Devanna
El gobierno nacional maneja información de posibles desmanes, hoy, en las inmediaciones del Congreso, donde se debatirá el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La manifestación, convocada por distintas organizaciones, está prevista para las 12, pero las estimaciones ubican a las 13 como el momento de mayor afluencia, cuando se espera que haya unas 10.000 personas. “Va a participar Camioneros y aportará un grueso de gente”, pronosticaron fuentes al tanto del tema.
Los hechos se dan una semana después de los incidentes de la última concentración, también por reclamos en el tema previsional, con más de 30 heridos y dos detenidos.
En el operativo especial diseñado para hoy por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, estarán las fuerzas federales en pleno: la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También se sumará a la prevención la Policía de la Ciudad. El número de efectivos es reservado, por razones de seguridad, y se aplicará el protocolo antipiquetes. También habrá un comando unificado y se habilitarán dos unidades en el Departamento Central de Policía para posibles traslados de detenidos.
El gobierno porteño, por su parte, supervisará que en la zona no haya escombros y quitará las bicicletas del sistema de la Ciudad, que tiene base en la Plaza del Congreso. También removerá los contenedores de basura de la zona, para evitar que sean usados por los manifestantes en caso de desmanes.
Las fuerzas de seguridad tendrán una dificultad extra: la cantidad y disparidad de puntos de concentración de los sindicatos, organizaciones, movimientos sociales y colectivos que se movilizarán. Los puntos de convocatoria son Rivadavia y Rodríguez Peña; Alsina 1223; Avenida de Mayo y Lima; Callao al 200; Hipólito Yrigoyen y Solís; San Juan y Entre Ríos, y el propio Congreso.
De acuerdo con la información que maneja el Gobierno, esperan provocaciones a las fuerzas “con el objetivo de encontrar una excusa y lograr que se levante la sesión”. Las estimaciones más audaces arriesgan que los sectores más radicalizados “llevarán elementos incendiarios e instigarán a la violencia”. Sobre ese panorama trabajan en el ministerio a cargo de Bullrich, con idea de prevenir incidentes. El Gobierno da por seguro que sectores sindicales y políticos “están planificando actos de violencia para la movilización frente al Congreso”. Entre quienes convocan a la manifestación está Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el colectivo Ni Una Menos; Argentina Humana (por una patria justa y soberana). El Gobierno también espera se movilice el “sindicalismo combativo”, con la CGT y las dos CTA. Se prevé, incluso, la participación de gobernadores n, con Axel Kicillof a la cabeza.

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Peligra la sesión del jueves en el Senado: apuntan a un acuerdo entre el Gobierno y el kirchnerismo
En la sesión estaba previsto el rechazo del DNU que aumentó los gastos reservados de la SIDE y la sanción de la ley de financiamiento universitario, que el Gobierno prometió vetar; la boleta única como moneda de cambio
Gustavo Ybarra
Javier Milei y Victoria Villarruel
De manera inesperada, en las últimas horas comenzó a tomar cuerpo la posibilidad de que se frustre la sesión del Senado prevista para este jueves, lo que le permitiría al Gobierno esquivar, por segunda semana consecutiva, el duro golpe político que implicaría la sanción de la ley que actualiza el financiamiento de las universidades nacionales y el rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que amplió el presupuesto de gastos reservados de la SIDE en $100.000 millones.
Todavía es un rumor, ya que no hay confirmación oficial, pero fuentes legislativas de diversas extracciones políticas coincidieron en señalar que al kirchnerismo le estarían faltando varios senadores esta semana y que eso impediría que los sectores críticos a la administración de Milei alcancen la mayoría en el recinto para imponer su posición.
Serían al menos cuatro las bajas del bloque que conduce José Mayans (Formosa). Dos por enfermedad, la rionegrina Silvina García Larraburu y el chaqueño José Rodas, y otros dos que estarían de viaje en el exterior, Lucía Corpacci (Catamarca) y Gerardo Montenegro (Santiago del Estero).
Por otro lado, el oficialismo seguía todavía sin asegurarse los votos para poder aprobar, aunque con cambios, el proyecto de ley de boleta única de papel. De esta manera, a ninguno de los dos sectores en pugna le convendría bajar al recinto de la Cámara alta para fracasar en su intento por ganar la pulseada legislativa.
Juliana Di Tulio, Mayans, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans
Una de las versiones que circulaba esta tarde por el Senado habla de un supuesto acuerdo de Unión por la Patria con la Casa Rosada para bloquear el rechazo del DNU a cambio de demorar la aprobación del proyecto de boleta, iniciativa que impulsa Victoria Villarruel junto con la oposición dialoguista y que es resistida por el peronismo.
Si la iniciativa no se aprueba en las próximas semanas al Gobierno no le darían los tiempos para poner en marcha el cronograma que permita implementar la boleta única en las elecciones de medio término del año próximo, en la que se renuevan la mitad de la Cámara baja y un tercio, correspondiente a ocho provincias, del Senado.
La demora en la sanción de la norma que eliminaría la papeleta partidaria se potencia por el hecho de que el Senado le iba a introducir cambios al proyecto que aprobó Diputados en 2022, por lo que debería volver en segunda revisión a una Cámara baja cuya agenda quedará eclipsada en los próximos días por la discusión del Presupuesto 2025.
La de la previsión de gastos y el cálculo de recursos que gastará la administración pública el año próximo será la próxima gran batalla legislativa en la que el Poder Ejecutivo centrará todos sus esfuerzos políticos. A tal punto es así que el proyecto será presentado por el presidente Milei y no por el ministro de Economía, como suele ser costumbre. La cita será el próximo domingo en la Cámara de Diputados. Aunque inédito, el 15 de septiembre es el día establecido para la presentación ante el Congreso del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo.
Además, y cuando parecía que había un acuerdo para destrabar el tratamiento del proyecto, que permanece empantanado desde enero último, desde el radicalismo se plantearon objeciones al texto de boleta única que funcionarios del Gobierno y Villarruel venían negociando desde hace más de un mes.
Uno de los que planteó cuestionamientos habría sido el gobernador Gustavo Valdés (Corrientes), ahora reacio a aceptar el nuevo instrumento electoral de cara a las elecciones provinciales del año próximo. Pero fuentes de la UCR precisaron que otros legisladores tampoco estarían muy de acuerdo con los cambios que se le introducirían al proyecto. El eje de las disputas pasa por el “botón de lista completa”, casillero que, con un sólo tilde, permite votar por todos los candidatos de una determinada fuerza. Sostienen que eliminarlo, como exigen las fuerzas provinciales, le quitaría a los electores la posibilidad de darle su respaldo a los postulantes de un mismo partido, derecho que hoy tienen en dos de los distritos que usan boleta única de papel, Córdoba y Mendoza.
La imposibilidad de reunir los 37 votos afirmativos que exige la Constitución para aprobar una reforma electoral fue una de las causas esgrimidas la semana pasada por la vicepresidenta y la oposición dialoguista para postergar para este jueves la sesión en la que el kirchnerismo, en alianza con algunos legisladores de la UCR, pretendía rechazar el DNU que beneficia a la SIDE y la sanción de la ley que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar por inflación el presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.
En rechazo a lo que consideraron una jugada política contraria al reglamento del Senado, los miembros de la bancada de Unión por la Patria bajaron el jueves de la semana pasada al recinto de la Cámara alta y formularon expresiones desde las bancas en contra del Gobierno.

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