TRIBUNALES Y RECHAZO

Violencia de género: Casación analiza denunciar a Hornos ante el Consejo
Tribunales. La Cámara Federal se reunió de urgencia para evaluar la situación de su integrante, que fue acusado por una expareja; pidieron todos los antecedentes
Hernán CappielloEl camarista Gustavo Hornos
La Cámara Federal de Casación Penal se reunió ayer de urgencia para debatir la situación de uno de sus integrantes, el juez Gustavo Hornos, quien fue denunciado por una expareja suya por una situación de violencia de género.
Los presidentes de las salas de la Cámara de Casación resolvieron pedirles a los jueces que investigan el caso contra Hornos que les envíen todos los antecedentes de la denuncia y sus actuaciones. El próximo jueves se reunirán en un plenario para decidir si informan del asunto al Consejo de la Magistratura, pues ellos no pueden sancionar, sino que es ese organismo el que decide sobre esos asuntos.
Los jueces resolvieron solicitar los expedientes de la denuncia de una joven expareja del juez y manifestaron que lo hacían por la “preocupación institucional” que generan los “hechos de público conocimiento” relativos al juez Hornos.
Fue determinante en la decisión de los jueces el hecho de que Hornos esté “imputado” y de que hubo otras situaciones anteriores vividas en los tribunales que los llevaron a querer anticiparse a una seguidilla de denuncias, dijeron fuentes judiciales a la nacion.
El Consejo de la Magistratura es el organismo que se encarga de remover y nombrar jueces, y es el que tiene la facultad para eventualmente suspender al juez Hornos en sus funciones hasta que finalice la investigación.
En tanto, Hornos es uno de los tres magistrados que deben votar acerca de confirmar o anular la sentencia contra el expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión. La expresidenta recusó ayer al juez y pidió que se aparte de la causa por cuestiones de género.
La reunión de ayer en la Casación se realizó sin la presencia de Hornos y fue convocada por el presidente del tribunal, Mariano Borinsky. Estuvieron presentes Javier Carbajo, por la sala de Hornos; Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Juan Carlos Gemignani.
Los expedientes que pidieron se encuentran en el Juzgado Civil N° 12, a cargo de Paula Marinkovic, y en el juzgado federal interinamente a cargo de Sebastián Ramos. Allí, en la Justicia Federal Penal, la causa está delegada en la fiscalía de Guillermo Marijuan.
Originalmente, el caso estaba en manos del Juzgado en lo Criminal N° 17, a cargo de Alfredo Godoy, pero fue derivado al fuero federal. Ese cambio y las publicaciones periodísticas sobre el episodio determinaron la reunión de los presidentes de sala.
Hornos estaba en su despacho cuando Carbajo lo fue a ver para decirle que no era conveniente que asistiera y que él iba a representar a la Sala IV en el acuerdo, que se hizo en otra oficina más grande, a pocos metros de allí.
Los camaristas estuvieron reunidos a puertas cerradas menos de una hora. Allí debatieron sus opciones. Como no son ellos los que juzgan a sus pares, sino el Consejo de la Magistratura, decidieron primero informarse y pedir las actuaciones relevantes en cuanto a Hornos.
En la conversación primó la idea de que debían actuar de inmediato para evitar que se amplíe el suceso, dado que existieron en el pasado otros episodios relacionados con empleados de la vocalía del juez que se quejaron de algunas conductas del magistrado y consiguieron su traslado. Incluso, el asunto pasó a mayores cuando le rayaron el auto al juez como un mensaje, a modo de advertencia.
Los jueces recordaron que ya en 1987 hubo una denuncia por violencia doméstica planteada por la exesposa de Hornos, en un caso en el que fue sobreseído.
Ahora, Cristina Kirchner, que está condenada a seis años de prisión por fraude, planteó la recusación de Hornos. Es que el juez, junto con sus colegas Borinsky y Barroetaveña, deben revisar esa condena.
El fiscal ante la Casación Mario Villar pidió elevar la condena a 12 años de prisión, agregando el delito de asociación ilícita. Hornos estaría de acuerdo con esta idea. Borinsky se inclinaría por mantener la pena de seis años. No se sabe que hará Barroetaveña.
El fallo por la causa Vialidad no se firmó. El voto de Hornos estaría escrito, pero si no se integra con los de sus colegas no conforma una sentencia. Por lo tanto, si es suspendido en sus funciones, otro juez deberá integrar la sala y resolver.
Lo primero que debe suceder ahora en el caso Vialidad es que Borinsky y Barroetaveña decidan si admiten la recusación de Hornos que planteó Cristina Kirchner. Y lo segundo es que debe definirse el futuro del magistrado en el plenario del jueves próximo y, eventualmente, en el Consejo de la Magistratura.
El abogado Alberto Beraldi, que representa a Cristina Kirchner, ya había intentado apartar a Hornos por sus visitas al expresidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, sin éxito. Y ahora volvió a la carga, pero mencionando esta denuncia.
“Resulta imprescindible que la injusta condena impuesta a la expresidenta de la Nación sea revisada por magistrados que cuenten con una sólida formación en materia de género y, por sobre todas las cosas, que ofrezcan ante toda la sociedad garantías suficientes en cuanto a que su conducta se ajusta estrictamente a los estándares fijados por la comunidad internacional con relación a los derechos de las mujeres”, dice el escrito de Beraldi.
Hornos fue denunciado por una expareja que hizo una exposición ante la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema. A partir de ello, la Justicia Civil dispuso que no puede acercarse a la mujer a menos de 200 metros y que debe cesar en su “hostigamiento”.
La denunciante es una mujer que mantuvo una relación sentimental con el juez los últimos meses. El magistrado, que tiene nueve hijos, está separado desde hace cuatro años de su mujer. En el nuevo caso hay una causa civil y una penal.
Ante la presentación de la mujer en la Oficina de Violencia Doméstica, la jueza civil Paula Marinkovic dispuso “ordenar por el plazo de 90 días, y en carácter de medida precautoria, la prohibición de acercamiento y contacto de Gustavo Marcelo Hornos en un radio inferior a 200 metros” de la denunciante y del domicilio de ella. La medida incluye el cese de “todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique intromisión injustificada con relación a la denunciante”.
Asimismo, señala que debe “cesar en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la denunciante, bajo apercibimiento de remitir las fojas pertinentes de las actuaciones a la Justicia Penal”.
Según allegados al juez, Hornos fue denunciado por esta expareja luego de que este decidió interrumpir el vínculo y sugerirle que hiciera un tratamiento psiquiátrico. Supuestamente la mujer llamaba a los tribunales permanentemente, incluso haciéndose pasar por Cristina Kirchner, y hostigaba además a hijos del juez en sus cuentas de las redes sociales.

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Rechazaron apartar a la fiscal que investiga a Espinoza
Melody Rakauskas, que denuncia al intendente por abuso sexual, había pedido separar a Cuñarro, a la que acusaba de ser parcia

lJavier Fuego SimondetFernando Espinoza intendente de la Matanza
El juez en lo criminal y correccional Luis Schelgel rechazó ayer el apartamiento de la fiscal Mónica Cuñarro del expediente en el que se investiga al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual contra Melody Rakauskas, una exempleada municipal. La denunciante había solicitado separar del caso a la fiscal, a la que acusa de falta de imparcialidad. El intendente está procesado en esta investigación, decisión confirmada por la Cámara del Crimen a principios de julio.
En la audiencia, que se desarrolló por videoconferencia, el abogado de Rakauskas, Marcelo Urra, planteó que la fiscal actúa de manera parcial y con falta de objetividad. También, que no se ordenó realizarle un peritaje psicológico a Espinoza.
Para la querella, la fiscal pidió la producción de pruebas no vinculadas al caso, no cuidó a la víctima (señaló que se incorporaron fotos y videos que debieron ser reservados) y actuó con pérdida de objetividad.
Además, remarcó en la audiencia que Espinoza no habría completado el curso de la ley Micaela (norma de capacitación en género y violencia de género).
Según pudo reconstruir la nacion de fuentes al tanto del caso, Cuñarro contestó que la imparcialidad rige para los jueces, pero no para los fiscales. Dijo que el planteo de la querella no incluía ninguna de las causales de recusación, que no citó fallos de ninguna índole y que las medidas de prueba que la fiscalía puso en marcha están ordenadas por la cámara. El juez resolvió rechazar el pedido del abogado de Rakauskas.
La defensa de Espinoza, a cargo de los abogados María Paola León y Germán González Campaña, argumentó que no existen causales de recusación contra Cuñarro y que la querella confundía objetividad con imparcialidad.
La controversia incluye un pedido de peritaje psiquiátrico hecho por Cuñarro, al que Rakauskas se negó, y la inclusión en el expediente de dos denuncias de la exempleada municipal contra su madre y su abuelo. En el caso de su madre, por violencia de género; en el del abuelo, por violencia de género, y tentativa de abuso y de homicidio. Ambos fueron sobreseídos. El peritaje psiquiátrico –argumentaron fuentes judiciales   permitiría medir el daño sufrido por la denunciante. La querella argumenta que ya se habían realizado peritajes.
En 2023, Rakauskas también denunció a su expareja Gustavo Cilia (a través de quien habría conocido a Espinoza) por violación. Se trata de una causa que está todavía en trámite.
La denunciante de Espinoza, además, se negó a entregar su teléfono celular para la investigación de Cuñarro. El juez Schelgel sugirió que la fiscalía finalice su instrucción en un plazo de 20 días. Para la querella, el caso ya debería haber terminado su etapa de instrucción porque Espinoza lleva 117 días procesado.
Desde hace dos meses, el procesamiento de Espinoza por presunto abuso sexual simple en concurso con desobediencia (por haber desoído una orden judicial de no contactar a la denunciante) está confirmado por la Cámara del Crimen, que respaldó una decisión de la jueza María Fabiana Galletti. La querella pretende la elevación a juicio oral.
El fiscal Leonel Gómez Barbella tuvo la investigación a cargo en sus inicios y había pedido el sobreseimiento de Espinoza. Era fiscal subrogante y cuando pasó a subrogar otra fiscalía, tomó su lugar Cuñarro, quien continuó la investigación contra el intendente de La Matanza.
Para la defensa de Espinoza, según un comunicado difundido, “han surgido enormes dudas a partir de la difusión de una serie de audios grabados por la propia Rakauskas, obrantes en el expediente, que evidencian que la noche que originó la denuncia hubo, en realidad, una situación de absoluta normalidad y ningún signo que ratifique los dichos de la denunciante”. Remarcaron que las denuncias de Rakauskas contra su madre y su abuelo “fueron consideradas denuncias falsas por dos juezas diferentes”.
En paralelo a la causa por presunto abuso sexual, Rakauskas inició una demanda civil contra Espinoza por “daños y perjuicios”.
La Municipalidad de La Matanza también denunció a Rakauskas. La acusa de haber copiado más de 18.000 archivos de la oficina del intendente y reclama investigar el financiamiento de sus viajes al exterior.

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