DESDE ADENTRO Y NEGOCIADO

De economía de motosierra a política de bisturí

Florencia Donovan

Aerolíneas Argentinas está por lanzar un ambicioso plan de retiros voluntarios. La línea de bandera, que desde su estatización en 2012 les costó a los contribuyentes unos US$8000 millones, consiguió en los últimos días que el ministro de Economía, Luis Caputo, finalmente le libere una partida de $50.000 millones.
Esto tiene el fin exclusivo de poder armar una apetecible propuesta de retiro para sus empleados. El objetivo es recortar al menos unos 500 puestos de una plantilla de 11.500 (en diciembre era de 12.050). A cambio, la gestión a cargo de Fabián Lombardo le aseguró a Economía que este año no demandará fondos adicionales para cubrir su déficit operativo, toda una anomalía desde que la empresa está en manos estatales.
Pese a que la línea de bandera fue excluida en el texto de la Ley Bases aprobado por el Senado, en el Gobierno no resignan la idea de poder reincorporarla. La empresa, por las dudas, ya está haciendo los deberes. Solo espera a que Diputados termine de aprobar la ley, para así poder avanzar en las otras medidas que tiene previstas para terminar de equilibrar sus finanzas. La renegociación del convenio colectivo de trabajo con los gremios aeronáuticos promete ser la madre de todas las batallas. Pero no hay margen para abrir frentes de conflicto político hasta tanto no se termine de alinear a toda la política detrás de la Ley Bases.
El Gobierno parece haber hecho su curva de aprendizaje político. Después de seis meses de mandato, vuelve a tomar la iniciativa con una nueva convocatoria al Pacto de Mayo, ahora con fecha el 9 de julio. Es necesario sostener la mística de cara a un segundo semestre en el que el “plan de transición”, tal cual lo definieron sus ideólogos hoy al frente de la gestión económica, deberá mutar hacia un plan de crecimiento. Para ello, la política y la capacidad de gestión juegan tanto o más que los números duros. El gran logro de los primeros seis meses, la desaceleración de la inflación, podría no ser suficiente para los meses que vienen. Los empresarios todavía esperan ver más del libertario antes de apostar en serio –“el riesgo país para financiar inversiones nuevas todavía tiene que bajar más”, ilustraba un experimentado inversor, que en los últimos días estuvo de visita por Buenos Aires–, y seguirán exigiendo reformas de fondo. Ya en la gestión de Mauricio Macri se vio que, pese a los grandes anuncios, la “lluvia de inversiones” se tomó su tiempo. La redención de la Argentina en el mundo inversor no vendrá de un día al otro. No importa cuán locuaz, auténticas o atractivas puedan ser las manifestaciones de Milei en el mundo.
No son meses fáciles en lo económico, pese a que algunos indicadores podrían estar mostrando que lo peor ya pasó. Esta semana, el índice de producción industrial que elabora FIEL registró una caída de 11% interanual en mayo, pero una suba de 1% desestacionalizada con respecto a abril. Lo mismo sucedió con el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), del Indec, que si bien cayó 37% en abril versus igual mes de 2023, en su serie desestacionalizada tuvo una leve mejora de 1,7% respecto de marzo. En los últimos 30 días, en tanto, el crédito al sector privado en pesos trepó 15,8% –según datos del Banco Central (BCRA)–, mientras que los depósitos privados en la misma moneda apenas aumentaron 4,6%. Empresas que se dedican a la venta de bienes durables empiezan a ver cómo el financiamiento privado empieza a traccionar. Según el último informe publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en mayo pasado, se registraron unas 24.634 prendas cuyo bien prendado es un vehículo automotor; una de las cifras más altas de los últimos años. El 40% de los patentamientos de unidades 0 km se hicieron con algún tipo de financiación (en promedio, en los últimos años no superaban el 33%), mientras que el 7,1% de las transferencias de usados se hicieron con crédito (contra un promedio más cercano a 6%). Son datos levemente alentadores en un mar aún convulsionado.
Las encuestas, entre tanto, siguen mostrando un presidente competitivo; suficiente para que los gobernadores tengan incentivos para alinearse. Aunque Economía también cumple su parte: empezó a endulzar a aliados mediante la liberación de algunos fondos para obras, además de la promesa de refinanciaciones de los pagos comprometidos al Fideicomiso Financiero de Desarrollo Provincial. Aunque de nuevo los problemas en la gestión son evidentes, es muy poco –anticipan quienes siguen de cerca los datos– lo que se está efectivamente ejecutando. “Algunos organismos tienen miedo a gastar o a poner la firma”, reconoce una fuente de Economía.
Así y todo, en la cartera que conduce Caputo no descartan poder dar en junio una sorpresa con los datos fiscales. Pese a que el presidente Javier Milei reconoció públicamente que es muy probable que este mes el sector público registre déficit fiscal por primera vez en el año (por el pago de aguinaldos y ajustes estacionales), una nueva demora en el pago a las generadoras de energía haría toda la magia para poder mostrar un resultado equilibrado o apenas negativo. Pese a la promesa que hace apenas semanas les hizo Caputo, a las generadoras solo se les pagó hasta ahora el 35% de la cuenta energética de abril. Las empresas, a través de la cámara que las representa, hicieron su reclamo esta semana en el ministerio por escrito. Pero a Cammesa, la empresa estatal encargada de canalizar los pagos, se le hicieron transferencias por apenas $42.000 millones en lo que va de junio. Esta vez, Caputo podrá escudarse en cuestiones operativas: Cammesa se quedó sin presupuesto (también le cabe la vigencia del presupuesto nacional 2023), por lo que haría falta un decreto para subsanarlo. Según las fuentes, es difícil pensar que ese decreto se publique antes de fin de mes. Las dilaciones de la gestión no siempre juegan en contra. Pero es de esperar que las empresas internacionales vuelvan a presentar quejas por vía de sus embajadas. Un antecedente complicado. Son los mismos stakeholders que después tienen la última palabra en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las negociaciones con el FMI recién comienzan. El Gobierno aspira a conseguir US$10.000 millones del organismo internacional de crédito. Pero, según algunas fuentes, negocia al mismo tiempo con algunos gobiernos europeos para poder extender garantías y hasta con algunos países árabes. El Fondo, por su parte, les sugirió a otros organismos como el Banco Mundial que modifiquen su estrategia hacia el país. “El FMI no quiere desatender la cuestión social –confía una fuente al tanto de las negociaciones–, pero la idea es modificar los programas de base, no dar tanta plata para gastos corrientes en asistencia, como podría ser la Tarjeta Alimentar o la AUH, y, en vez, dar financiamiento para inversión, que genera productividad, trabajo”, dicen. Otro desafío para la ministra Sandra Pettovello.
Cualquiera sea el caso, lo que queda claro de las conversaciones de funcionarios de Economía con inversores privados es que no hay intención de asumir riesgos en el corto plazo, ni con el levantamiento del cepo ni con la rebaja de impuestos. “No queremos tener que retroceder, como nos pasó con Macri”, admite un funcionario. De aprobarse la suba de Ganancias, no obstante, en Economía aseguran que cumplirán con su promesa de rebaja de 10 puntos en el impuesto PAIS para las importaciones. La medida, más allá del impacto que podría tener en diversas industrias, podría servir para al menos mojarles la oreja a los productores de celulares favorecidos por el régimen especial de Tierra del Fuego que, una vez en el gobierno, el libertario Milei se negó a cuestionar. Hoy no hay impedimentos para traer celulares (salvo los topes anuales por persona) con el sistema de correos privados, “puerta a puerta”. Con una menor carga impositiva, pronto no será difícil que el mismo Samsung S24 que en Amazon sale US$1300 compita en precio con el que en la Argentina se vende a casi US$2500, al cambio oficial. Lo que el Estado en este caso no se anima a hacer tal vez finalmente el mercado lo logre.
En los próximos días, mientras se aguarda la sanción de la Ley Bases, Economía espera avanzar en la eliminación de los cuatro fondos fiduciarios que están a tiro de decreto. Ya está la decisión tomada de dar de baja en el cortísimo plazo el Fondo Fiduciario de Cobertura Universal de Salud, el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce). También se terminará de desmantelar el Foncap, aquel fondo que se originó para financiar a microemprendedores, inspirado en la experiencia del economista Nobel de la Paz Muhammad Yunus y que tuvo entre sus gestores al otrora líder del PJ provincial José Ottavis. Pequeños avances para una gestión que ahora deberá mostrar que maneja tan bien el bisturí como la motosierra
En Economía no descartan poder dar en junio una sorpresa con los datos fiscales
El Fondo les sugirió a otros organismos que modifiquen su estrategia hacia el país

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Los comercios sobre el andén esconden una trama oscura detrás
Negocio. Trenes Argentinos llamó a licitación para otorgar 68 permisos para locales comerciales en estaciones de los ramales Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento; sorprende lo irrisorio de los valores

Francisco OliveraSergio Massa y Luis Adrián Luque, el presidente de Sofse (derecha)

Lo lógico habría sido que cualquier interesado en alquilar un local sobre algún andén, un negocio atractivo dada la cantidad de pasajeros que pasan todos los días por ahí, se enterara por la página web de Trenes Argentinos de que el 1º del mes próximo se abrirá una licitación para 68 comercios en las estaciones de los ramales Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento. Pero no: estas convocatorias se hacen a veces muy por debajo del radar, con algún llamado de directivos de la empresa o afines a empresarios ya instalados hace tiempo en el sector, y eso es lo que volvió a ocurrir en esta oportunidad. La transparencia es todavía un bien escaso en el universo ferroviario.
Será entonces una competencia entre pocos. Después del choque de hace un mes en las vías de Palermo, el Gobierno intenta al menos revertir el deterioro del servicio. Declaró la semana pasada la emergencia hasta fines de año, que incluye la asignación de $1,3 billones para inversiones, y procura últimamente regularizar esos contratos que en la jerga se llaman “permisos de uso precario” y que, bajo la órbita de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), venían con el canon congelado y el plazo vencido. Pero algo no funciona y los viejos trenes siguen siendo el imperio de la informalidad, un defecto en el que sin dudas influyen tanto el método de selección como quienes lo llevan a la práctica desde ambos lados del mostrador: funcionarios y hombres de negocios que se conocen hace tiempo y se parecen bastante a un elenco estable.
Hay dos personajes decisivos en esto. Uno es Luis Adrián Luque, presidente de Sofsedesde febrero,directivo que viene de la época de Alberto Fernández. La de Sergio Massa, en rigor, porque milita hace tiempo en el Frente Renovador,que lo convirtió en concejal de San Miguel entre 2017 y 2020, año a partir del cual se sumó a Sofse como gerente de Asuntos Jurídicos.
Eran tiempos del massismo en el transporte, algo que parece no haber cambiado.
Luque es abogado y amigo de la infancia de Fabián Carballo, el otro protagonista de la trama. Empresario, permisionario en estaciones como Delta (Tren de la Costa) o Martínez (línea Mitre) a través de la firma Flor-Fajul SA, dueño de ferias informales en el conurbano y hasta concesionario del Mercado Concentrador de José C. Paz, Carballo fue candidato a intendente de ese distrito por el Frente Renovador en 2015 y, varias veces, apuntalador de las campañas de Massa. Era él quien, por ejemplo, le prestaba el helicóptero al entonces candidato.
La cercanía de Carballo con Sofse es famosa. En el sector no solo le atribuyen el vínculo con Luque, sino también con Diego Rymar, director y hombre muy influyente en la administración de la compañía. También con Lucía Abadie, gerenta de Proyectos y Desarrollo Comercial, de la que últimamente quedó distanciado después de una discusión.
Carballo no es funcionario, pero participa de reuniones decisivas en las que imparte órdenes. Ese rol extraño instaló incluso una leyenda no constatada por este diario: algunos fantasean con que tiene una oficina en el 4° piso de la empresa, ubicada en la esquina de Libertador y Ramos Mejía. El empresario niega todo. “No tengo oficina en Trenes. No soy funcionario en Trenes”, fue el mensaje que hizo llegar a la nacion.
En su entorno admiten, sin embargo, que “va seguido” al edificio. “Esto viene de arriba”, dicen que advierte en los encuentros, y que su referencia es la buena relación que ha sabido conseguir con funcionarios cercanos a Santiago Caputo.
En concreto, con Agustín Romo, diputado bonaerense del oficialismo, o Carlos, padre de Agustín y concejal de San Miguel por la misma fuerza. Fueron ellos quienes lo acercaron a la Libertad Avanza durante la campaña electoral. Consultado, Luque también negó a este diario que Carballo tuviera oficina, aunque admite verlo con frecuencia.
A través de un tercero, Carballo envió a esta descripción: la nacion “Los nuevos cánones le harán ganar a Trenes Argentinos diez veces más”, dice. El simple contratista contesta con conocimiento general de los números de la compañía, casi como si fuera funcionario.
Un repaso por la lista de locales y condiciones generales de la licitación deja entrever que hay mucho por clarificar. La publicación de la propuesta, que en algunos casos dura apenas unas horas, está lejos de lo que pretende la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE): que se exponga durante diez días hábiles en la web de la compañía y en las redes. En cuanto a los cánones, son hasta diez veces más bajos que los precios de alquileres del mercado para uso comercial fuera del andén.
Un inmueble de 14,15 metros cuadrados en la estación Belgrano C de línea Mitre, por caso, pide un canon mensual de $120.000, un precio que no tiene relación con el de ningún alquiler de la Capital Federal. Y no solo considerando los de uso comercial, sino también el particular, donde se supone que se cobra bastante menos. Según el sitio Zonaprop, los monoambientes porteños más baratos son de $ 200.000: hay uno disponible en Juan B. Justo al 7100, Floresta, con una superficie de 28 m2 y al que hay que agregarle $30.000 de expensas, y otro en Callao y Corrientes, Congreso, con 21 m2 y $ 60.000 de expensas.
No existe, por ejemplo, en Mataderos ningún monoambiente por menos de $ 300.000. Y, sin embargo, por la módica suma de $ 368.400 de canon, se podrá aspirar a un local de 50,49 m2 en la estación Constitución. ¿Habrá alguien cobrando por fuera de la licitación? En el sector no solo no lo niegan, sino que lo definen a veces como el verdadero corazón de un negocio irregular: el comerciante pagará entonces bastante más que el precio de lista, la diferencia se reparte entre unos vivos y el que pierde, como siempre, será el Estado. El contribuyente. El pasajero.

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