El hiperpresidencialismo, un gigante con pies de barro
La fuerte centralización del mando es una práctica que remonta la coyuntura de los gobiernos más actuales, continuadora de un régimen institucional instalado desde tiempos inmemoriales en la vida política del país
Alberto Castells
La discusión sobre el papel que desempeña quien detenta la titularidad del Poder Ejecutivo cobra actualidad como cuestión problemática que trasciende el interés de los especialistas y recibe la atención de los ciudadanos. El eje central del debate apunta al régimen presidencial conducido por una autoridad personal y enérgica, que se impone sobre los restantes poderes del Estado y no pocas veces sobre la debilitada trama del tejido social. El dato que define el problema suele asociarse a la experiencia vivida en la Argentina actual sometida a la sobrecarga de las demandas.
En ese preocupante escenario, la máxima autoridad ejecutiva suele ser visualizada como la figura solitaria que despliega una actividad mayor a la humanamente soportable, cargando sobre sus espaldas todo el peso de la responsabilidad política y conduciendo a sus hombres y mujeres por caminos sembrados de escollos y tropiezos. La impresión que deja ese complejo estilo de conducción cobra fuerza en el imaginario social de nuestros días, toda vez que la institución gobierno es observada por la ciudadanía con sentimientos contrapuestos y rótulos alusivos que exaltan su desempeño o cuestionan su actuación.
Al traer a escena la figura de la máxima autoridad, nada autoriza a afirmar que nuestros presidentes más recientes sean los artífices exclusivos de ese estilo de gobierno marcado a fuego por la fuerte centralización del mando. Por el contrario, esa práctica impuesta por imperio de circunstancias difíciles de eludir cuando se manejan las riendas del poder remontaría la coyuntura de los gobiernos más actuales para convertirse en la continuadora de un régimen institucional instalado desde tiempos inmemoriales en la vida política del país.
Asumiendo la importancia del problema, el aporte de varias generaciones de estudiosos nos revela que ese tipo de poder concentrador mucho le debe a la tradicional cultura de dominación, cuyas raíces profundas y sólidas estructuras reaparecerían una y otra vez con rostros nuevos y estilos diferentes. Así, la simetría de la historia nos prodiga sus evidencias ejemplares, vinculando la recurrente preeminencia presidencial de nuestro tiempo con la antigua figura del virrey, con la autoridad intensa de los primeros gobiernos patrios, con la irrupción carismática de los caudillos “propietarios”, con los gobiernos fuertes en los tiempos de la Organización Nacional, con la tendencia dominante en el convulsionado siglo XX. Cuando en las puertas del tercer milenio se puso en cuestión la asimétrica distribución de los poderes, la Constitución reformada en 1994 incorporó entidades nuevas y asignó facultades compartidas que ni en el fondo ni en la forma alteraron la proyección histórica de la concentrada autoridad presidencial.
En el campo de los estudios precursores dedicados a la institución presidencial asistimos también a un conocimiento degradado cuyas líneas temáticas coyunturales impiden incursionar en los factores que vertebran su alta complejidad estructural. Con el poder de la analogía, Juan Bautista Alberdi asumía el dicho atribuido a Simón Bolívar para afirmar que nuestra república necesitaba “[…] reyes con el nombre de presidentes”. Con la seducción de la metáfora, un prestigioso constitucionalista del siglo XX, Juan González Calderón, calificaba a nuestro presidente como “… un heredero legítimo del virrey”.
Poco se sabe sobre las causas de un fenómeno cuyas rémoras, contradicciones y rupturas ensombrecen el horizonte político y comprometen la vida institucional
Giovanni Sartori afirmaba entre nosotros que el modelo político de impronta estadounidense era “[…] un gigante con pies de barro”. Nuestro coetáneo Guillermo O’Donnell estudiaba la democracia delegativa, cuyos presidentes “se sienten en la obligación de decir, sin interferencias y sin trabas, lo que consideran mejor para el país”.
La concentración del poder estalla hoy rebajando hasta el nivel de caricatura al tradicional sistema presidencial que reconocidos estudiosos como Carlos Nino y Daniel Serrafero calificaron como un régimen hiperpresidencialista, diferenciado en su modalidad vernácula pero recurrente por su permanencia inalterada.
Asumiendo la concentración del mando presidencial como una evidencia, algunas preguntas asoman con lógica evidencia : ¿es conveniente que una sola persona, legitimada por la espada del triunfo electoral, esté investida con la totalidad del mando? ¿Puede la sola autoridad presidencial sobrellevar con posibilidades de éxito la inmensa tarea de gobierno que demanda la conducción del Estado? Sin desechar estos epifenómenos indiscutidos, vienen a la mente dos cuestiones presupuestas y de especial resolución: ¿cuáles han sido la estructura y el funcionamiento histórico de nuestro régimen político presidencialista? ¿Qué facinstalada tores fueron condicionando el perfil de su máxima autoridad? Aunque estos interrogantes tienen importantes implicancias en el desarrollo del sistema político en su conjunto, poco se sabe sobre las causas de un fenómeno cuyas rémoras, contradicciones y rupturas ensombrecen el horizonte político y comprometen la vida institucional.
Observadas las limitaciones que afectan el conocimiento de nuestra institución presidencial tenemos focalizado su tratamiento en dos campos de aplicación de gran alcance: la estructura básica del instituto presidencial y el desempeño del principal agente de autoridad. Plataforma cuya razón y diseño habilitan una propuesta de indagación empírica que sistematizando la información disponible ofrece un conocimiento nuevo. En ese espacio tan relevante de la cultura política, procuramos observar la institución presidencial tratando de extraer generalizaciones y proyectar tendencias que, obtenidas con ayuda de la ciencia, puedan quedar a disposición de quienes propongan incorporarlas a la aplicación institucional.
En apoyo a nuestra iniciativa académica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) promueve una línea de investigación dedicada al estudio de las instituciones políticas fundamentales. La intención inicial y determinación final de los estudios procura la actualización de los instrumentos requeridos para el análisis de los problemas institucionales a la luz de los conocimientos en estado de transferencia y en condiciones de aplicación.
El registro de los esfuerzos aplicados al estudio y el relato de los avances científicas en curso ilustran sobre los propósitos que nos impulsan en este inédito intento institucional que venimos aplicando desde la transición a la democracia con asiento en distintas sedes académicas del país.
Hasta aquí el constructo de un círculo virtuoso de coherencia lógica y verificación empírica, pensado para superar la maltrecha institución presidencial y punto de inflexión hacia una república verdadera bien dispuesta para acompañar el movimiento de avance hacia el futuro. Aceptada la idea, por el momento indisponible, habrá que atender a la evolución de los procesos y esperar que el tiempo haga sus pruebas.
Investigador principal emérito del Conicet y profesor titular de Teoría Política y de Derecho Constitucional; su último libro es Ciencia política aplicada. Nueva escuela de gobierno
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Santa Cruz: adiós al lastre de la ley de lemas
La Legislatura derogó la norma que durante 35 años le permitió al kirchnerismo acomodar los tantos a su gusto para intentar perpetuarse en el poder
La reciente derogación de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz constituye el punto final a una vieja rémora de la que se sirvió el kirchnerismo para mantenerse en el poder durante 35 años.
La norma fue impulsada por el actual gobernador, Claudio Vidal (Por Santa Cruz), quien en la campaña electoral del año pasado había prometido a los santacruceños promover su derogación.
El proyecto fue votado por unanimidad entre los 23 diputados presentes en el recinto, pertenecientes al frente que lidera Vidal, a Todos por la Patria y a la Coalición Cívica-ARI. Hasta tanto la provincia redacte una nueva ley electoral, quedará vigente el sistema nacional, por lo cual el esquema de las PASO podría comenzar a disputarse también Santa Cruz.
¿Por qué la ley de lemas es considerada una trampa electoral, una distorsión de la representación democrática? Porque puede terminar obteniendo el triunfo quien no haya conseguido la mayoría de los votos. En el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, tal como se lo llama de forma oficial, cada coalición política que se presenta a elecciones es un lema. Este lema puede estar integrado por muchos sublemas, es decir, distintas listas dentro de la misma coalición y resulta triunfador el sublema que dentro del lema más votado obtenga la mayor cantidad de votos.
Esto ha llevado a casos tan incomprensibles como injustos, duramente criticados y con toda razón. Desde 1988 hasta hoy, el sistema electoral santacruceño fue cambiando conforme las conveniencias electorales: estuvo vigente para todas las categorías, luego se redujo su aplicación para la mitad de los cargos, quedando solo vigente para los municipales. Sin embargo, cuando los tiempos electorales demostraron al kirchnerismo que ya no le iba a alcanzar con un solo candidato para imponerse, esa facción volvió a reformar la ley ampliándola para todas las categorías, como ocurrió en 2015, cuando tuvo lugar uno de los casos más resonantes que se recuerden.
En aquellos comicios, el candidato de la UCR, Eduardo Costa, consiguió 71.000 votos (41,6%), pero Alicia Kirchner, quien obtuvo 58.000 votos (34,4%), resultó elegida gobernadora al sumar los sufragios del sublema de Daniel Peralta, que tenía su propio armado por fuera del kirchnerismo y había obtenido 28.332 boletas afirmativas (16,5%).
La ley de lemas no es un sistema inconstitucional, según ha dicho la Corte cuando el caso santacruceño llegó a los despachos del más alto tribunal, no obstante lo cual reconoció que puede resultar inconveniente. Lo que ha hecho la Corte es coherente con su jurisprudencia, al entender que correspondía a la provincia tomar una decisión sobre ese asunto en virtud de la autonomía con la que cuenta para hacerlo.
En 2023, fueron seis los distritos que concurrieron a las urnas mediante ley de lemas. Además de Santa Cruz, se usó para las elecciones de gobernador en San Juan y en San Luis, que la habían repuesto ese mismo año y donde resultaron elegidos como mandatarios, respectivamente, Marcelo Orrego (Por San Juan), cuya elección cortó con 20 años de hegemonía peronista, y Claudio Poggi (Cambia San Luis), que destronó a los Rodríguez Saá tras 40 años de “reinado”. Las elecciones de 2023 provocaron ciertamente no pocas sorpresas. El hartazgo ciudadano en muchos puntos del país ha logrado lo que parecía imposible: que a ciertos caciques territoriales ya no les sirvieran los amañados instrumentos de los que se valieron para intentar perpetuarse en el poder.
En Formosa solo se eligió de forma directa al gobernador y vicegobernador –Gildo Insfrán volvió a arrasar en su feudo–, pero hubo ley de lemas para el resto de los cargos, al igual que en Misiones, gobernada hoy por Hugo Passalacqua (Renovador de la Concordia), donde su utilización se reduce a las categorías municipales. Un contundente ejemplo del despropósito que siempre significó esta norma fue la enorme cantidad de candidatos que en 2023 se presentaron a elecciones para intendente de Posadas: 44 sublemas. En total, fueron 753 candidatos a jefe comunal y más de 3000 a concejales titulares en los 78 municipios que tiene esa provincia de 1,3 millones de habitantes.
En Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo (Frente de Todos), quien con su triunfo revalidó la hegemonía peronista en esa provincia, no hay ley de lemas, pero funciona un sistema igualmente polémico denominado “de acoples”. Se trata de una suerte de colectora que favorece a la boleta del gobernador que más listas lleva, un virtual festival de partidos que, como en todos los casos en que se utiliza este tipo de procedimientos electorales, tiende a beneficiar mayoritariamente al oficialismo.
Hoy se le cuestionan a la ley de acoples casi los mismos vicios de la ley de lemas, que fue usada por última vez en Tucumán en 2003, año en que se desató un escándalo mayúsculo: se postularan cerca de 45.000 candidatos en casi 3000 lemas.
Cabe recordar que el camino hacia la derogación de la citada ley en Santa Cruz no ha estado allanado desde un principio. El proyecto había sido enviado por Vidal en diciembre último, pero fracasó el tratamiento legislativo porque el kirchnerismo en la Legislatura decidió no dar quorum para la sesión. En esta nueva oportunidad se acordó un dictamen y se avanzó hasta terminar con este lastre de la política argentina, con este juego perverso de buscar acomodar los tantos para salir beneficiados con cargos públicos electivos aun en contra de la verdadera voluntad popular.
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La crisis boliviana
El Estado Plurinacional de Bolivia vive una situación de debilidad institucional de imprevisibles consecuencias. Las tensiones políticas, ideológicas, económicas y sociales crean desconfianza y un clima de polarización extrema.
El conflicto por la renovación del liderazgo en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) provocó que el partido de gobierno se dividiera en dos facciones: los seguidores de Evo Morales y los de Luis Arce.
Desde principios de 2023, Bolivia atraviesa una importante escasez de liquidez de la divisa norteamericana, que coincidió con bajas en las reservas internacionales netas. Según el Banco Central boliviano, las reservas internacionales han caído a aproximadamente 1700 millones de dólares, lo que representa menos del 4% de su PBI, de los cuales solo 140 millones son divisas líquidas.
El gobierno importa gran parte de la gasolina y el diésel a precios internacionales y los vende a la mitad del costo en el mercado interno. Las dificultades para obtener divisas generaron un escenario preocupante para sectores claves de la economía.
Entre otras cuestiones, se complicó el abastecimiento de productos importados, como los medicamentos, y se disparó el costo del transporte.
Para conseguir más divisas, el gobierno vendió activos nacionales, echando mano de los dólares en los fondos de pensiones, e impuso controles de capital. Estas medidas, lejos de solucionar el problema, crean un ambiente de inseguridad y desconfianza en el mercado, al tiempo que desalientan inversiones extranjeras.
Los transportistas, agropecuarios y activistas del país reclaman al gobierno de Arce medidas para superar lo que consideran es una crisis económica. Según la consultora Diagnosis, el 52% de la población advierte que la falta de dólares y combustibles se debe a una mala gestión, mientras que el 62% sostiene que el país ya vive una crisis económica.
Resulta necesario que Arce descomprima la tensión política, tome medidas para diversificar la economía de manera de recuperar la confianza de los inversores y así reactivar la actividad económica.
La discusión sobre el papel que desempeña quien detenta la titularidad del Poder Ejecutivo cobra actualidad como cuestión problemática que trasciende el interés de los especialistas y recibe la atención de los ciudadanos. El eje central del debate apunta al régimen presidencial conducido por una autoridad personal y enérgica, que se impone sobre los restantes poderes del Estado y no pocas veces sobre la debilitada trama del tejido social. El dato que define el problema suele asociarse a la experiencia vivida en la Argentina actual sometida a la sobrecarga de las demandas.
En ese preocupante escenario, la máxima autoridad ejecutiva suele ser visualizada como la figura solitaria que despliega una actividad mayor a la humanamente soportable, cargando sobre sus espaldas todo el peso de la responsabilidad política y conduciendo a sus hombres y mujeres por caminos sembrados de escollos y tropiezos. La impresión que deja ese complejo estilo de conducción cobra fuerza en el imaginario social de nuestros días, toda vez que la institución gobierno es observada por la ciudadanía con sentimientos contrapuestos y rótulos alusivos que exaltan su desempeño o cuestionan su actuación.
Al traer a escena la figura de la máxima autoridad, nada autoriza a afirmar que nuestros presidentes más recientes sean los artífices exclusivos de ese estilo de gobierno marcado a fuego por la fuerte centralización del mando. Por el contrario, esa práctica impuesta por imperio de circunstancias difíciles de eludir cuando se manejan las riendas del poder remontaría la coyuntura de los gobiernos más actuales para convertirse en la continuadora de un régimen institucional instalado desde tiempos inmemoriales en la vida política del país.
Asumiendo la importancia del problema, el aporte de varias generaciones de estudiosos nos revela que ese tipo de poder concentrador mucho le debe a la tradicional cultura de dominación, cuyas raíces profundas y sólidas estructuras reaparecerían una y otra vez con rostros nuevos y estilos diferentes. Así, la simetría de la historia nos prodiga sus evidencias ejemplares, vinculando la recurrente preeminencia presidencial de nuestro tiempo con la antigua figura del virrey, con la autoridad intensa de los primeros gobiernos patrios, con la irrupción carismática de los caudillos “propietarios”, con los gobiernos fuertes en los tiempos de la Organización Nacional, con la tendencia dominante en el convulsionado siglo XX. Cuando en las puertas del tercer milenio se puso en cuestión la asimétrica distribución de los poderes, la Constitución reformada en 1994 incorporó entidades nuevas y asignó facultades compartidas que ni en el fondo ni en la forma alteraron la proyección histórica de la concentrada autoridad presidencial.
En el campo de los estudios precursores dedicados a la institución presidencial asistimos también a un conocimiento degradado cuyas líneas temáticas coyunturales impiden incursionar en los factores que vertebran su alta complejidad estructural. Con el poder de la analogía, Juan Bautista Alberdi asumía el dicho atribuido a Simón Bolívar para afirmar que nuestra república necesitaba “[…] reyes con el nombre de presidentes”. Con la seducción de la metáfora, un prestigioso constitucionalista del siglo XX, Juan González Calderón, calificaba a nuestro presidente como “… un heredero legítimo del virrey”.
Poco se sabe sobre las causas de un fenómeno cuyas rémoras, contradicciones y rupturas ensombrecen el horizonte político y comprometen la vida institucional
Giovanni Sartori afirmaba entre nosotros que el modelo político de impronta estadounidense era “[…] un gigante con pies de barro”. Nuestro coetáneo Guillermo O’Donnell estudiaba la democracia delegativa, cuyos presidentes “se sienten en la obligación de decir, sin interferencias y sin trabas, lo que consideran mejor para el país”.
La concentración del poder estalla hoy rebajando hasta el nivel de caricatura al tradicional sistema presidencial que reconocidos estudiosos como Carlos Nino y Daniel Serrafero calificaron como un régimen hiperpresidencialista, diferenciado en su modalidad vernácula pero recurrente por su permanencia inalterada.
Asumiendo la concentración del mando presidencial como una evidencia, algunas preguntas asoman con lógica evidencia : ¿es conveniente que una sola persona, legitimada por la espada del triunfo electoral, esté investida con la totalidad del mando? ¿Puede la sola autoridad presidencial sobrellevar con posibilidades de éxito la inmensa tarea de gobierno que demanda la conducción del Estado? Sin desechar estos epifenómenos indiscutidos, vienen a la mente dos cuestiones presupuestas y de especial resolución: ¿cuáles han sido la estructura y el funcionamiento histórico de nuestro régimen político presidencialista? ¿Qué facinstalada tores fueron condicionando el perfil de su máxima autoridad? Aunque estos interrogantes tienen importantes implicancias en el desarrollo del sistema político en su conjunto, poco se sabe sobre las causas de un fenómeno cuyas rémoras, contradicciones y rupturas ensombrecen el horizonte político y comprometen la vida institucional.
Observadas las limitaciones que afectan el conocimiento de nuestra institución presidencial tenemos focalizado su tratamiento en dos campos de aplicación de gran alcance: la estructura básica del instituto presidencial y el desempeño del principal agente de autoridad. Plataforma cuya razón y diseño habilitan una propuesta de indagación empírica que sistematizando la información disponible ofrece un conocimiento nuevo. En ese espacio tan relevante de la cultura política, procuramos observar la institución presidencial tratando de extraer generalizaciones y proyectar tendencias que, obtenidas con ayuda de la ciencia, puedan quedar a disposición de quienes propongan incorporarlas a la aplicación institucional.
En apoyo a nuestra iniciativa académica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) promueve una línea de investigación dedicada al estudio de las instituciones políticas fundamentales. La intención inicial y determinación final de los estudios procura la actualización de los instrumentos requeridos para el análisis de los problemas institucionales a la luz de los conocimientos en estado de transferencia y en condiciones de aplicación.
El registro de los esfuerzos aplicados al estudio y el relato de los avances científicas en curso ilustran sobre los propósitos que nos impulsan en este inédito intento institucional que venimos aplicando desde la transición a la democracia con asiento en distintas sedes académicas del país.
Hasta aquí el constructo de un círculo virtuoso de coherencia lógica y verificación empírica, pensado para superar la maltrecha institución presidencial y punto de inflexión hacia una república verdadera bien dispuesta para acompañar el movimiento de avance hacia el futuro. Aceptada la idea, por el momento indisponible, habrá que atender a la evolución de los procesos y esperar que el tiempo haga sus pruebas.
Investigador principal emérito del Conicet y profesor titular de Teoría Política y de Derecho Constitucional; su último libro es Ciencia política aplicada. Nueva escuela de gobierno
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Santa Cruz: adiós al lastre de la ley de lemas
La Legislatura derogó la norma que durante 35 años le permitió al kirchnerismo acomodar los tantos a su gusto para intentar perpetuarse en el poder
La reciente derogación de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz constituye el punto final a una vieja rémora de la que se sirvió el kirchnerismo para mantenerse en el poder durante 35 años.
La norma fue impulsada por el actual gobernador, Claudio Vidal (Por Santa Cruz), quien en la campaña electoral del año pasado había prometido a los santacruceños promover su derogación.
El proyecto fue votado por unanimidad entre los 23 diputados presentes en el recinto, pertenecientes al frente que lidera Vidal, a Todos por la Patria y a la Coalición Cívica-ARI. Hasta tanto la provincia redacte una nueva ley electoral, quedará vigente el sistema nacional, por lo cual el esquema de las PASO podría comenzar a disputarse también Santa Cruz.
¿Por qué la ley de lemas es considerada una trampa electoral, una distorsión de la representación democrática? Porque puede terminar obteniendo el triunfo quien no haya conseguido la mayoría de los votos. En el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, tal como se lo llama de forma oficial, cada coalición política que se presenta a elecciones es un lema. Este lema puede estar integrado por muchos sublemas, es decir, distintas listas dentro de la misma coalición y resulta triunfador el sublema que dentro del lema más votado obtenga la mayor cantidad de votos.
Esto ha llevado a casos tan incomprensibles como injustos, duramente criticados y con toda razón. Desde 1988 hasta hoy, el sistema electoral santacruceño fue cambiando conforme las conveniencias electorales: estuvo vigente para todas las categorías, luego se redujo su aplicación para la mitad de los cargos, quedando solo vigente para los municipales. Sin embargo, cuando los tiempos electorales demostraron al kirchnerismo que ya no le iba a alcanzar con un solo candidato para imponerse, esa facción volvió a reformar la ley ampliándola para todas las categorías, como ocurrió en 2015, cuando tuvo lugar uno de los casos más resonantes que se recuerden.
En aquellos comicios, el candidato de la UCR, Eduardo Costa, consiguió 71.000 votos (41,6%), pero Alicia Kirchner, quien obtuvo 58.000 votos (34,4%), resultó elegida gobernadora al sumar los sufragios del sublema de Daniel Peralta, que tenía su propio armado por fuera del kirchnerismo y había obtenido 28.332 boletas afirmativas (16,5%).
La ley de lemas no es un sistema inconstitucional, según ha dicho la Corte cuando el caso santacruceño llegó a los despachos del más alto tribunal, no obstante lo cual reconoció que puede resultar inconveniente. Lo que ha hecho la Corte es coherente con su jurisprudencia, al entender que correspondía a la provincia tomar una decisión sobre ese asunto en virtud de la autonomía con la que cuenta para hacerlo.
En 2023, fueron seis los distritos que concurrieron a las urnas mediante ley de lemas. Además de Santa Cruz, se usó para las elecciones de gobernador en San Juan y en San Luis, que la habían repuesto ese mismo año y donde resultaron elegidos como mandatarios, respectivamente, Marcelo Orrego (Por San Juan), cuya elección cortó con 20 años de hegemonía peronista, y Claudio Poggi (Cambia San Luis), que destronó a los Rodríguez Saá tras 40 años de “reinado”. Las elecciones de 2023 provocaron ciertamente no pocas sorpresas. El hartazgo ciudadano en muchos puntos del país ha logrado lo que parecía imposible: que a ciertos caciques territoriales ya no les sirvieran los amañados instrumentos de los que se valieron para intentar perpetuarse en el poder.
En Formosa solo se eligió de forma directa al gobernador y vicegobernador –Gildo Insfrán volvió a arrasar en su feudo–, pero hubo ley de lemas para el resto de los cargos, al igual que en Misiones, gobernada hoy por Hugo Passalacqua (Renovador de la Concordia), donde su utilización se reduce a las categorías municipales. Un contundente ejemplo del despropósito que siempre significó esta norma fue la enorme cantidad de candidatos que en 2023 se presentaron a elecciones para intendente de Posadas: 44 sublemas. En total, fueron 753 candidatos a jefe comunal y más de 3000 a concejales titulares en los 78 municipios que tiene esa provincia de 1,3 millones de habitantes.
En Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo (Frente de Todos), quien con su triunfo revalidó la hegemonía peronista en esa provincia, no hay ley de lemas, pero funciona un sistema igualmente polémico denominado “de acoples”. Se trata de una suerte de colectora que favorece a la boleta del gobernador que más listas lleva, un virtual festival de partidos que, como en todos los casos en que se utiliza este tipo de procedimientos electorales, tiende a beneficiar mayoritariamente al oficialismo.
Hoy se le cuestionan a la ley de acoples casi los mismos vicios de la ley de lemas, que fue usada por última vez en Tucumán en 2003, año en que se desató un escándalo mayúsculo: se postularan cerca de 45.000 candidatos en casi 3000 lemas.
Cabe recordar que el camino hacia la derogación de la citada ley en Santa Cruz no ha estado allanado desde un principio. El proyecto había sido enviado por Vidal en diciembre último, pero fracasó el tratamiento legislativo porque el kirchnerismo en la Legislatura decidió no dar quorum para la sesión. En esta nueva oportunidad se acordó un dictamen y se avanzó hasta terminar con este lastre de la política argentina, con este juego perverso de buscar acomodar los tantos para salir beneficiados con cargos públicos electivos aun en contra de la verdadera voluntad popular.
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La crisis boliviana
El Estado Plurinacional de Bolivia vive una situación de debilidad institucional de imprevisibles consecuencias. Las tensiones políticas, ideológicas, económicas y sociales crean desconfianza y un clima de polarización extrema.
El conflicto por la renovación del liderazgo en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) provocó que el partido de gobierno se dividiera en dos facciones: los seguidores de Evo Morales y los de Luis Arce.
Desde principios de 2023, Bolivia atraviesa una importante escasez de liquidez de la divisa norteamericana, que coincidió con bajas en las reservas internacionales netas. Según el Banco Central boliviano, las reservas internacionales han caído a aproximadamente 1700 millones de dólares, lo que representa menos del 4% de su PBI, de los cuales solo 140 millones son divisas líquidas.
El gobierno importa gran parte de la gasolina y el diésel a precios internacionales y los vende a la mitad del costo en el mercado interno. Las dificultades para obtener divisas generaron un escenario preocupante para sectores claves de la economía.
Entre otras cuestiones, se complicó el abastecimiento de productos importados, como los medicamentos, y se disparó el costo del transporte.
Para conseguir más divisas, el gobierno vendió activos nacionales, echando mano de los dólares en los fondos de pensiones, e impuso controles de capital. Estas medidas, lejos de solucionar el problema, crean un ambiente de inseguridad y desconfianza en el mercado, al tiempo que desalientan inversiones extranjeras.
Los transportistas, agropecuarios y activistas del país reclaman al gobierno de Arce medidas para superar lo que consideran es una crisis económica. Según la consultora Diagnosis, el 52% de la población advierte que la falta de dólares y combustibles se debe a una mala gestión, mientras que el 62% sostiene que el país ya vive una crisis económica.
Resulta necesario que Arce descomprima la tensión política, tome medidas para diversificar la economía de manera de recuperar la confianza de los inversores y así reactivar la actividad económica.
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