ALFREDO ROMERO, PRESIDENTE DEL FORO PENAL Y TOMÁS LINN

UN LUCHADOR POR LOS DERECHOS HUMANOS
. Alfredo Romero nació en Caracas en 1969. Es director presidente del Foro Penal (FP), una ONG que vela por los derechos humanos en Venezuela y que ha recibido numerosos premios internacionales.
. Abogado, tiene una maestría en Derecho de la London School of Economics and Political Science y otra de la Universidad de Georgetown, Washington.
. Ha sido investigador invitado en materia de derechos humanos en el Wilson Center y en Harvard. Enseña en la Universidad de Navarra.
. Es autor de El reloj de la represión: una estrategia detrás de los regímenes autoritarios (Wilson Center, 2020) y Relatos de muerte en vivo (Caracas, 2012), entre otros libros publicados.
. Recibió el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos (2017), entre otras distinciones.

Alfredo Romero: “Tenemos el número de presos políticos más alto en la historia del chavismo”
El presidente del Foro Penal Venezolano revela las condiciones de detención de los disidentes y describe el grado de represión al que llegó el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones de julio
Héctor M. Guyot
Alfredo Romero
La sede del Foro Penal Venezolano, ubicada en Caracas, se llena todas las mañanas de familias que acuden a pedir ayuda para localizar y asistir a sus familiares detenidos. El trabajo del Foro se multiplicó exponencialmente un mes atrás, luego de que el régimen de Nicolás Maduro no reconociera el triunfo de Edmundo González Urrutia, candidato promovido por la líder opositora María Corina Machado.
Alfredo Romero, abogado y presidente de esta organización no gubernamental que ofrece asistencia jurídica gratuita a personas detenidas arbitrariamente, dice que en 25 años de chavismo nunca hubo tantos presos políticos como ahora. Lo primero que muestra la página web del Foro es el registro actualizado de los arrestos: el jueves, día de cierre de este suplemento, sumaban 1780. Entre ellos, 1581 correspondían a personas detenidas desde el 29 de julio. Hay activistas y políticos comprometidos, ciudadanos que han participado de las marchas opositoras y hasta algunos que solo pasaban por allí en el momento equivocado.
En la Venezuela bolivariana presos políticos hubo siempre. Pero la gran mayoría entraba y salía. Hoy no salen. Y el régimen no permite que los abogados del Foro les den asistencia jurídica. Aislados, la mayoría tampoco puede ver a sus familiares. La represión del gobierno se endureció para amedrentar a una sociedad que, convocada por la oposición, hoy marcha de a miles en protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó el fraude electoral.
"La represión se transformó en algo utilitario, en una herramienta real de control de la población. Por eso hoy tenemos 1780 detenidos"
Aislado por una fuerte presión internacional de países que no reconocen su triunfo en las urnas, con una movilización popular que no alcanza a acallar, Maduro y sus fuerzas de seguridad redoblan la persecución sobre la población. “Antes se detenía a un grupo de estudiantes para intimidar al colectivo estudiantil –dice Romero–. Se detenía a un juez para intimidar a un grupo de jueces. Ahora vemos detenciones generalizadas. Hay mucho miedo. La denuncia pública disminuye un poco cada día, porque las personas tienen miedo de hablar, de denunciar, y este ha sido un recurso que nosotros hemos utilizado siempre para que se les prestara atención a los casos”.
El Foro Penal Venezolano nació como respuesta a la represión estatal ejercida contra los disidentes u opositores y ante “la ausencia del Estado de derecho en el país desde hace más de 18 años”, dice su página web. Es, sin duda, el referente en materia de derechos humanos en Venezuela. Romero quiere mantenerse fiel a lo que considera su misión, que por su esencia va más allá de cualquier ideología. Por eso, antes de empezar la entrevista, con toda amabilidad advierte que por principio no quiere entrar en consideraciones políticas partidarias, que lo suyo se centra en las víctimas de la represión. Por ahí discurrirá la charla, entonces.
“Vivimos una ola represiva de una magnitud mayor que en otras ocasiones –dice a través de una videollamada el martes, un día antes de que la tercera manifestación opositora se concentrara en Caracas–. Se ha desatado una la ola masiva de detenciones arbitrarias, porque se trata de personas que ni siquiera están manifestando. A algunas se las llevan de sus casas, sin orden de aprehensión. Vemos diariamente a familiares de personas detenidas que no tienen conocimiento de su paradero. Llegan todos los días, en grandes cantidades, a buscar apoyo del Foro. Yo llevo más de veintidós años representando a víctimas de la represión, y siempre ha habido lo que yo llamaba el efecto puerta giratoria”.
–Entraban y salían…
–Siempre el régimen ha detenido a personas por un tiempo corto, sobre todo cuando se trataba de manifestaciones. Después las liberaban y luego detenían a otros, y a su vez los liberaban. Había una rotación. Hoy esa puerta giratoria ya no existe. La represión se transformó en algo utilitario, en una herramienta real de control de la población. Por eso hoy tenemos 1780 detenidos. Antes de las elecciones del 28 de julio había unos 200. Este es el número de presos políticos más alto en lo que va del siglo XXI en Venezuela. Es decir, es el número de presos políticos más alto en la historia del chavismo.
–¿A quiénes apunta el gobierno con estas detenciones?
–Hay cuatro tipos de detenciones, que nosotros vamos evaluando y registrando. La menor cantidad, y esto es importante, son activistas políticos de alto rango, digamos. Y son llevados a lugares muy específicos, concretamente al Helicoide, el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Hoy hay allí veintidós activistas políticos, algunos conocidos, como los exdiputados Williams Dávila o Américo de Grazia, el periodista Roland Carreño, o Freddy Superlano [del partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, que integra la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) liderada por María Corina Machado]. Son detenciones selectivas, de personas que son buscadas, y que se siguen produciendo al día de hoy. Después tenemos un grupo de activistas políticos medios, jefes regionales del comando de campaña de Edmundo González, el Comando Venezuela. María Oropeza, por ejemplo, del estado de Portuguesa. Y después tienes un grupo de personas, que es la mayor cantidad, que participaron en las manifestaciones del 29 de julio y del 3 de agosto. Son personas que no tienen una militancia política, pero salieron a apoyar al partido opositor tras el resultado de las elecciones. Y por último, hay un cuarto grupo compuesto por personas que no tenían nada que ver con las manifestaciones, que simplemente salían de su casa, de su trabajo, en los alrededores de la manifestación y fueron llevados detenidos. Es lo que se llama la “Operación Tun Tun”. La mayor parte de estas personas fueron detenidas entre el 29 de julio y el 3 de agosto. En su gran mayoría son jóvenes, con un promedio de 22 años.
"Ahora la regla es, por un lado, la incomunicación del detenido, sobre todo al inicio, y eso incluye la falta de posibilidad de acceso a una defensa privada, una defensa de confianza"
–¿Quién realiza esas detenciones?
–La fuerza que mayor cantidad de personas ha detenido es la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Tiene, al día de hoy, 547 detenciones registradas. La Guardia Nacional, que es parte de las Fuerzas Armadas, tiene 523. De las estaciones policiales los llevan a la Zona 7, un centro de la PNB en Caracas, donde centralizan las detenciones. Allí realizan todas las audiencias de Caracas vía telemática, ni siquiera los trasladan a un tribunal. Todo por computadora, a distancia.
–¿Qué cargos les imputan a estas personas detenidas ilegalmente?
–Los cargos son todos iguales. Es un menú que impuso de antemano el propio fiscal general de la república. Básicamente, los dos cargos son incitación al odio y terrorismo. En esas audiencias se les imputan a los presos estos delitos graves, de hasta 20 y 30 años de prisión, y entonces quedan allí privadas de su libertad. Luego la mayoría de los presos son llevados a dos prisiones que acaban de reinstalar. Una es la de Tocorón, en el estado de Aragua, y el otro es el Centro “Hombre Nuevo”, en el estado de Carabobo. Las mujeres y los menores de edad son llevadas a cárceles distintas. Al día de hoy hemos registrado 131 adolescentes arrestados, de los cuales 114 siguen privados de su libertad.
–Supongo que esas audiencias ante un tribunal son una suerte de puesta en escena para legalizar, entre comillas, la situación de estas personas.
–Sí, lo que pasa es que, a diferencia de ahora, siempre ha existido en Venezuela lo que yo he llamado una fachada de Estado de derecho. Nosotros hemos atendido con el Foro Penal más de 14.000 casos desde el año 2014, y siempre hemos tenido la oportunidad de ver al detenido, de ir al tribunal, de hacer las diligencias necesarias, porque éramos los abogados de los detenidos, pero ahorita no lo somos. Entonces, antes un familiar llamaba y nosotros le informamos. Hoy no lo podemos informar, sino que lo ayudamos a dirigirse al defensor público, que como tiene tantas causas no los atiende, porque cada defensor público tiene millones de causas. Hay un simulacro de legalidad, digamos. Lo que significa una restricción absoluta al derecho a la defensa. Esto es en definitiva lo más característico de este momento.
–¿Han cambiado también las condiciones de detención?
–Ahora la regla es, por un lado, la incomunicación del detenido, sobre todo al inicio, y eso incluye la falta de posibilidad de acceso a una defensa privada, una defensa de confianza. A nuestra organización, que ha apoyado y acompañado a los presos políticos durante tantos años, hoy no se le permite el acceso. Entonces nuestra ayuda en estos días es más indirecta, a través del familiar, para instruirles qué hacer, qué pedirle al defensor oficial que impone el Estado. ¿Cuál es la condición física de los detenidos hoy? No lo podemos saber. Solo últimamente, en pocos casos, han podido acceder algunos familiares, con muchas limitaciones.
–Parece claro que el número creciente de detenciones y estas condiciones de aislamiento más duras que de costumbre apuntan a meter más miedo para acallar las protestas.
–El efecto intimidatorio es mucho mayor de lo que fue. Se detiene a un muchacho de catorce años que caminaba por la calle y la madre angustiada por supuesto cuenta a los vecinos que detuvieron a su hijo. Anteriormente se detenía a un grupo de estudiantes para intimidar al colectivo estudiantil. Se detenía a un juez para intimidar al grupo de jueces o a un sindicalista. Ahora vemos una detención generalizada de la población. En las alcabalas, o los retenes, los policías o los militares paran a muchachos en la calle, les piden los celulares, se los registran y los detienen hasta por una fotografía. Hay mucho miedo. Hay terror. La denuncia pública cada día disminuye más, porque las personas tienen miedo de hablar, de denunciar, y este ha sido un recurso que nosotros hemos utilizado siempre para que se les prestara atención a los casos. En los casos injustos, arbitrarios, la denuncia pública ayuda. Pero hoy hay muchos familiares que incluso tienen miedo de acudir a nosotros. Vivimos un momento de mucha oscuridad.
–Ustedes conviven con la angustia de las familias que recurren al Foro para localizar a sus familiares detenidos. ¿Cómo viven esto esas familias?
–El hecho de tener un familiar, un hijo, un hermano detenido sin saber qué va a pasar, sin ningún tipo de garantía, es muy angustiante. Además de apoyo jurídico al detenido político, también le damos apoyo psicológico a las familias. Todas las mañanas esta sede nuestra en Caracas se llena de familiares de presos políticos. Hay que tener en cuenta que aquí la gente es muy pobre, incluso aquellos que antes fueron de clase media. La gran mayoría no sabe entonces a dónde acudir, qué denuncias hacer, no conoce las fases del proceso judicial, ni a dónde llevan a su familiar, o si le pueden llevar comida o visitarlo. Entonces nosotros hacemos un acompañamiento en todo sentido, con más de 400 abogados voluntarios en todo el país y unos 4000 activistas, que no son abogados, pero acompañan y contienen a los familiares. Casi todos los que trabajamos en la organización tuvimos algún familiar detenido. La gran mayoría de los voluntarios ha sido víctima a su vez. Saben cómo se entra a una cárcel para atender a una persona, cómo hablar con el custodio, qué comida llevar, cómo empaquetar la comida para llevarla, porque aquí en las cárceles no hay comida. Y qué agua hay que llevar, incluso, porque tampoco hay agua.
–Imagino que lo primero será localizar a aquellos que se llevan.
–Sí. Y muchas veces los llevan a sitios lejanos de la casa del detenido. Por ejemplo, hay personas del estado Lara, que queda en la zona oeste de Venezuela, a las que llevan a Tocuyito, a dos o tres horas de su casa. Entonces, no solo es la lejanía, sino que muchas veces los familiares son tan pobres que no tienen cómo pagar el transporte para ir a verlos. Lo peor es no saber en qué condiciones están. Por ejemplo, en esta ocasión les raparon el cabello a todos los detenidos. Más allá de esto, no saben nada. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los que vienen aquí son padres, porque los que están detenidos son los hijos, y eso incluye chicos y chicas de 15 o 16 años.
–¿Los abogados y activistas del Foro son perseguidos de algún modo?
–Ahora tenemos un miembro del Foro preso, Kennedy Tejeda, un abogado de 24 años al que detuvieron cuando solicitaba información sobre un detenido. Fue el 30 de julio, dos días después de las elecciones. Y eso que nosotros, como organización, no tenemos ningún tipo de conexión con ningún sector político. Pero bueno, los defensores de derechos humanos no somos amigos de los gobiernos en ningún lugar del mundo.
–¿Hay algo que quisiera agregar?
–Me gustaría remarcar que aquí no se trata de una cuestión de ideología o de posición política. Lo que hay que entender, en toda Latinoamérica, es que hay arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos tanto desde la derecha y como desde la izquierda, y que son tan graves unas como otras. El respeto a los derechos humanos está por encima de la política. El tema no es la ideología, sino la utilización de la represión como un mecanismo del control ciudadano, que ha traído como consecuencia el fortalecimiento de gobiernos autoritarios.
Alfredo Romero, en la sede del Foro Penal en Caracas

UN LUCHADOR POR LOS DERECHOS HUMANOS
. Alfredo Romero nació en Caracas en 1969. Es director presidente del Foro Penal (FP), una ONG que vela por los derechos humanos en Venezuela y que ha recibido numerosos premios internacionales.
. Abogado, tiene una maestría en Derecho de la London School of Economics and Political Science y otra de la Universidad de Georgetown, Washington.
. Ha sido investigador invitado en materia de derechos humanos en el Wilson Center y en Harvard. Enseña en la Universidad de Navarra.
. Es autor de El reloj de la represión: una estrategia detrás de los regímenes autoritarios (Wilson Center, 2020) y Relatos de muerte en vivo (Caracas, 2012), entre otros libros publicados.
. Recibió el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos (2017), entre otras distinciones.

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Un analista de dos orillas
Tomás Linn (Planeta)El asedio a la democracia. Y el poco interés en defenderla

Nacido en Montevideo en 1950, Tomás Linn es columnista del diario El País de Montevideo y fue profesor de periodismo en la Universidad Católica de Uruguay. Desde 2011 publicó columnas en la nacion. En los años 80 fue secretario de Redacción de los semanarios Opción y Aquí. Trabajó en la agencia Reuters, hizo radio y televisión. Durante veintisiete años fue columnista político del semanario Búsqueda de Montevideo.

Tiene ocho libros publicados, entre ellos, cuatro sobre periodismo: De buena fuente (1989); Pasión, rigor y libertad (1999); ¿Una especie en extinción? (2012), y un Manual básico de periodismo (2020).

Mal del siglo XXI. Occidente y el asedio a la democracia
Cada vez más, líderes autoritarios avanzan sobre instituciones indefensas
Por Tomás Linn

La democracia está bajo un implacable asedio. En todos los continentes surgen regímenes que, amparados en la legitimidad que dan las urnas, se vuelven autoritarios y populistas, con desdén por las instituciones que garantizan libertades y derechos. Esto no parece preocupar mucho. No hay un clamor pidiendo que vuelvan aquellas formas de gobierno que fueron el orgullo de un modo civilizado de convivencia. A poca gente le importa defender la democracia y muchos, resignados o satisfechos, sostienen que es una etapa superada que ya no da respuestas a los problemas del siglo XXI.
Los que creen en la democracia la dan por sentada. Funciona, votamos cada tantos años, Sabemos que es “buena” y con eso alcanza. Sin embargo, no todos lo ven así.
En la década del 80 del siglo pasado cayeron las dictaduras militares en América Latina y surgió la esperanza de democracias que se fortalecerían en todo el continente y la gente viviría en libertad, armonía y tolerancia. Las expectativas no duraron. Con pocas excepciones, rigen hoy democracias imperfectas, cuando no lisa y llanamente regímenes autoritarios.
A la vez, tras la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989, y el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991, los países de Europa oriental quisieron reconstruirse como democracias. Tras décadas de vivir un asfixiante encierro, buscaron la libertad: la de moverse por el mundo, de expresarse, la libertad política y la apertura económica. Sin embargo, lo que pasa hoy en Hungría y Polonia muestra que aquel contagioso entusiasmo decayó. La gente prefiere otra cosa.
Como contraste está la República Checa. La presidencia inspiradora de Václav Havel lideró con audacia y sabiduría, y sin conflictos, la apertura y la división geográfica de su país. Muy cerca, mientras tanto, se desarrollaba un drama opuesto: el desmembramiento de Yugoslavia, con sus nacionalismos recalcitrantes, sus guerras y una atroz “limpieza étnica” contra quienes hasta poco habían sido “compatriotas”.
Lo que a finales del siglo pasado pareció ser un momento de esperanza y optimismo se revirtió. El asedio a las democracias crece en el mundo y no hay entusiasmo en defenderlas.

Su actual crisis está determinada por la forma en que se ha dado su deterioro: lo hace con ropajes democráticos y no con cuartelazos. Antes las democracias morían “en manos de hombres armados”, dicen Steven Levistsky y Daniel Ziblatt en su libro sobre la muerte de las democracias. Así fue en el pasado: de cuatro derrumbes de regímenes democráticos durante la Guerra Fría, dicen los autores, tres eran por golpes de Estado. Hoy no.
Para saber de qué hablamos es preciso definir qué entiendo por una genuina democracia. Definiciones hay muchas, y algunas sirven para justificar despotismos avalados en las urnas. Para aclarar, entonces: entiendo por democracia aquella que es constitucional, representativa, republicana, liberal, secular y plural.
Podrá objetarse que hay democracias sólidas en Europa que, por ser monarquías constitucionales, no son repúblicas. Es verdad, pero se ajustan a los principios de un Estado de Derecho y por lo tanto, a la esencia de una república. El gobierno surge de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, y el poder es vigilado y controlado, repartido entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, independientes uno de otro y con igual jerarquía entre sí. Previo a cualquier norma acerca de cómo funciona el gobierno, prevalecen las libertades y derechos individuales. Sobre ellas gira el tramado de una Constitución.
En su libro El futuro de la libertad, el analista Fareed Zakaria confirma que la democracia es “liberal: un “sistema político marcado no solo por elecciones libres y limpias, sino también por el Estado de Derecho, la separación de poderes y la protección de libertades básicas, de palabra, de reunión, de religión y de propiedad”.
También el politólogo italiano Norberto Bobbio conecta lo liberal con la democracia: “El Estado liberal y el Estado democrático son doblemente interdependientes. Si el liberalismo provee aquellas libertades necesarias para el debido ejercicio de la democracia, la democracia garantiza la existencia y la persistencia de las libertades fundamentales”.
Sin adjetivos
En mi búsqueda de una definición precisa encontré Por una democracia sin adjetivos (1986), libro del historiador mexicano Enrique Krauze en el que dice que a la democracia no se le puede poner adjetivos que terminen justificando algo que no es democrático (la “democracia popular” de los países comunistas, por ejemplo). Coincido con Krauze, solo hay una manera de entenderla. Pero como hay quienes se esfuerzan por reducir su contenido, me pareció importante enumerar sus ingredientes. Son esos, no hay otros. Si se inventan otros, no estamos hablando de democracia
Habrá quien califique de conservadora esa definición. Sin embargo los hechos la reconvierten en una de vanguardia, por contraste con los regímenes liberticidas que alientan la discriminación entre buenos y malos y predican un nacionalismo extremo, xenófobo, racista y reaccionario.
Cuando las reglas son claras, la convivencia es armoniosa. Se respeta y tolera al otro, al que es distinto. Y todos lo somos respecto a quien tenemos enfrente. La democracia bien entendida ofrece espacio para que las diferencias convivan en saludable entendimiento. Eso no pasa en los regímenes populistas, que convierten la crispación, el resentimiento y el odio en una forma aceptada de mandar. (…)
Las primeras dos décadas del siglo XXI no han sido fáciles. Tras el derrumbe de las Torres Gemelas y el surgimiento de un terrorismo fundamentalista sin límites, en nuestra región vino una durísima crisis económica que pegó primero en la Argentina y luego en Uruguay. Hugo Chávez se consolidó como dictador (sucedido tras su muerte por Nicolás Maduro); más tarde, una fuerte crisis financiera golpeó a Estados Unidos y Europa, se fortaleció el narcotráfico, aumentaron las corrientes migratorias y emergieron en todos los continentes gobiernos convalidados por las urnas pero autoritarios. Llegó después la pandemia, que trajo severas restricciones a la libertad. Fueron moderadas en algunos casos, pero rígidas en otros. Y por último, las guerras: el despiadado intento ruso de conquistar Ucrania y anexarlo a su territorio y los violentos ataques terroristas del grupo Hamas contra Israel, con su obvia respuesta.
En Europa, partidos antiliberales, de izquierda y derecha, toman vigor. Basta ver en España el surgimiento de grupos populistas ubicados en los extremos del abanico político. Líderes como Donald Trump y Boris Johnson (en menor medida) no reflejan al tradicional político conservador y muestran desdén por las instituciones. A eso se suma, en democracias más saludables, conductas políticas que no ayudan.
El expresidente uruguayo y líder del Partido Colorado Julio María Sanguinetti se refirió a este cambio de clima cuando lo consulté. “El deterioro de la convivencia suele darse en tiempos de desencanto, de crisis económica, de crispación política, con la consecuencia de que esa debilidad, lejos de ser principio de solución, pasa a ser parte del problema”, señaló.
El impacto de las redes
Han irrumpido, además, las redes sociales. El politólogo argentino Natalio Botana, refiriéndose a la realidad de su país, decía que “esta revolución comunicacional está creando su propio sistema de representación y es más sensible tanto para detectar las malformaciones corruptas que antaño se ocultaban tras la opacidad de la representación política como para recibir el impacto de los manipuladores de las posverdad”.

En todo este proceso, lo que se debilitó fue la democracia bien entendida. Los líderes de los nuevos regímenes fueron votados en elecciones. Pero, una vez en el poder, en forma lenta y eficiente horadaron las instituciones hasta controlar al Estado y al país. Más allá de cómo se hayan proclamado, han mostrado un exacerbado nacionalismo y un uso populista del poder: Vladimir Putin en Rusia, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Victor Orban en Hungría, Jaroslaw Kaczynski en Polonia, Hugo Chavez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua. Y aunque autoritarios pero no del todo, y ciertamente populistas, estuvieron los Kirchner en la Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil, en tanto Nayib Bukele sigue en El Salvador.
Un pésame apresurado
Alarma que desde visiones académicas presuntamente rigurosas haya un debate para determinar si son viables las democracias liberales o si llegó la hora de superarlas. Para muchos, en una era de incertidumbre, inseguridad y temor (crisis económicas, desastres naturales, pandemia, pandillas, narcotráfico) la democracia ya no tiene respuestas. No estaría en su esencia darlas.
Sin duda, la democracia necesita ajustarse para poder responder a desafíos que antes no había. Debe buscar mejores herramientas. Ante otras crisis anteriores a esta, la democracia respondió y dio mejores y más duraderas soluciones.
Lo de darla por enterrada llama la atención. Anne Applebaum, ganadora del Premio Pulitzer por su formidable trabajo sobre los gulags soviéticos, expresó su alarma en un reciente libro, personal y testimonial, llamado El crepúsculo de la democracia, donde advirtió sobre la seducción que ejerce el autoritarismo. Applebaum tiene una rica carrera académica y periodística, trabajó en Washington y Londres y fue editora de la revista liberal británica Spectator. Otros libros que abordan el tema son, Como mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores en la Universidad de Harvard y El camino a la no libertad, de Timothy Snyder, profesor en la Universidad de Yale.

La democracia es una forma compleja de vivir en libertad y puede parecer débil. En la primera mitad del siglo XX el mundo sufrió la consolidación de regímenes totalitarios como el comunismo, el fascismo y el nazismo. Sus teorías y sus líderes convencieron a millones de seguidores. Creyeron que pondrían fin a las mansas y dóciles democracias. Sin embargo, las democracias prevalecieron. Para eso debieron superar primero una guerra mundial y luego una guerra fría.
No eran perfectas, pero funcionaban. Ignacio de Posadas sostiene que “la democracia siempre ha tenido debilidades y defectos, incluso disfuncionalidades”. Por eso la define como un producto sin terminar: “in the making, dirían los gringos”.
Un siglo después de aquellos regímenes totalitarios resurge algo que no es igual, pero que tiene puntos de contacto con ellos, y que amenaza la democracia y la libertad. Y cuenta, además, con simpatía popular.
Krauze recuerda los millones de muertos que dejaron los totalitarismos del siglo xx y se pregunta si eso no es prueba suficiente para repudiar la concentración de poder en un único líder. “Por lo visto no lo es –se responde–, ni prima la razón ni sirve la experiencia”. Y concluye: “Por eso no es inútil escribir un libro más sobre el tema”.
Algo parecido dice la periodista filipina María Ressa, Premio Nobel de la Paz, sobre su libro Cómo luchar contra un dictador (2023): “Es para cualquiera que podría dar por sentada a la democracia, escrito por alguien que jamás lo haría”.
Y por eso aquí estoy, escribiendo el mío. Nunca es suficiente decir lo que debe decirse cuando se trata del poder y sus límites, de la libertad, la convivencia en armonía, el respeto y la tolerancia.

Un analista de dos orillas
Tomás Linn (Planeta)El asedio a la democracia. Y el poco interés en defenderla

Nacido en Montevideo en 1950, Tomás Linn es columnista del diario El País de Montevideo y fue profesor de periodismo en la Universidad Católica de Uruguay. Desde 2011 publicó columnas en la nacion. En los años 80 fue secretario de Redacción de los semanarios Opción y Aquí. Trabajó en la agencia Reuters, hizo radio y televisión. Durante veintisiete años fue columnista político del semanario Búsqueda de Montevideo.

Tiene ocho libros publicados, entre ellos, cuatro sobre periodismo: De buena fuente (1989); Pasión, rigor y libertad (1999); ¿Una especie en extinción? (2012), y un Manual básico de periodismo (2020).