Milei depende de los gobernadores para sostener el veto a la suba de jubilaciones
Negociación. Busca reunir un tercio de la Cámara de Diputados para garantizarse que no habrá insistencia; no le alcanza con los aliados
Laura Serra
Javier Milei espadea con el Congreso por los jubilados
Después del veto total del presidente Javier Milei a la ley que mejora los haberes jubilatorios, la atención vuelve a posarse sobre la Cámara de Diputados, donde hay bloques opositores dispuestos a insistir.
Para bloquear esa ofensiva, el Gobierno busca garantizarse un tercio del cuerpo, una cifra que todavía no tiene asegurada. Con todos los bloques aliados puede llegar a alcanzar 80 diputados, de los 86 que necesitaría. Por esa razón, la llave la tienen los gobernadores cercanos, que podrían aportarle al oficialismo los votos que le faltan. En paralelo, los legisladores también evalúan otras alternativas.
La demostración de fuerza que pretende ejercer Javier Milei sobre el Congreso al vetar, de manera total, la ley que mejora los haberes jubilatorios tendrá efectos pírricos. Aunque la oposición no alcance los dos tercios de los votos para insistir en la norma, tanto críticos como dialoguistas advierten que semejante mazazo caldeará todavía más ánimos, le complicará al Gobierno la sanción de las leyes por venir y abrirá la puerta a nuevas y más agresivas iniciativas opositoras.
“Milei se arriesga a jugar con fuego”, avisan en la oposición. No solo por los eventuales contraataques del Congreso; también por el costo político que, aseveran, erosionará la figura del Presidente al negarles a los jubilados una recomposición del 8,1% que el Gobierno no reconoció por la inflación de enero pasado. El veto, más que afectar a los legisladores que la votaron, será visto como una afrenta contra uno de los grupos poblacionales más afectados por el ajuste, sostienen.
El veto total torpedeará los canales de diálogo con los pocos dirigentes de la oposición dialoguista que, hasta ahora, facilitaron la gobernabilidad parlamentaria. Y que se ofrecían a viabilizar el tratamiento de una de las leyes más relevantes por venir al Congreso, el presupuesto 2025. Aquellos que, hasta último momento, intentaron persuadir a distintos interlocutores de la Casa Rosada para que el veto fuera parcial, no total, para evitar una guerra abierta.
“Lo inteligente e ideal sería mantener el aumento del 8% del mes de enero que no fue contemplado cuando el Presidente hizo el DNU. Hay algunos artículos que podrían ser vetados que tienen que ver con la relación con las provincias, con cómo se ordenan las cajas provinciales, y si eso el Gobierno lo puede hacer, estamos mano a mano”, fue la recomendación de Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal.
Las sugerencias de Pichetto se toparon con la intransigencia presidencial. Cuando Milei devuelva vetada en su totalidad la ley a Diputados, oficialistas y opositores desatarán una carrera frenética para reunir votos, unos para defender el veto, otros para insistir en la ley original. Si La Libertad Avanza alcanza al menos 86 voluntades, habrá ganado la partida: representa el tercio de la cámara, suficiente para bloquear la ofensiva opositora, que necesita al menos dos tercios para imponerse.
¿Cuán lejos o cerca está de alcanzar ese número mágico? Con Mauricio Macri de su lado, que avaló el veto presidencial anunciado por Milei pese a que los senadores de su bloque habían votado a favor de la ley, el oficialismo podría reunir 74 voluntades entre ambas bancadas. Los pequeños bloques que suelen orbitar alrededor del oficialismo –MID, Buenos Aires Libre, FE–, que votaron en contra del proyecto jubilatorio cuando se trató en junio pasado, suman otros seis. Total: 80.
El oficialismo descuenta que con un par de llamados a gobernadores afines –como el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)– se acercaría con otros cuatro votos al número dorado.
Como pocas veces antes la Casa Rosada someterá a prueba la maleabilidad de los mandatarios provinciales; si además logra meter una cuña en el bloque radical con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), los dos mandatarios más amables con el Gobierno, estará en capacidad de neutralizar a sus adversarios; ni que hablar si a ellos suman los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, dueños de ocho votos del bloque Innovación Federal.
¿Hasta qué punto estos gobernadores facilitarán sus votos en la Cámara de Diputados? He aquí el quid de la cuestión. Los mandatarios provinciales, que vienen sometidos a un fuerte recorte en sus partidas presupuestarias –subsidios al transporte, obra pública, recursos para educación– acumulan un malestar creciente por las promesas por ahora incumplidas por parte del gobierno nacional. A ello se suma que hay trece provincias –Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Corrientes– que acumulan déficits millonarios por no recibir en tiempo y forma los fondos nacionales para cubrir las cajas previsionales no transferidas. La ley vetada por el Poder Ejecutivo contiene un artículo que instruye a la Anses a cancelar esas deudas en un plazo de seis meses, prorrogables por otros seis. “Nosotros vamos a bajar para insistir en la ley”, sentenció el diputado Carlos Gutiérrez, adláter del gobernador Martín Llaryora. Córdoba es una de las mayores acreedoras por las deudas de la Nación a la caja jubilatoria provincial.
Escenarios posibles
La oposición cuenta con una ventaja: la Constitución no prevé plazos para insistir en una ley vetada por el Ejecutivo. Hay antecedentes parlamentarios de leyes en las que se insistió después de un año de haber sido observadas. Nada los obliga a apurar el tranco; es más, algunos advierten que una sesión apresurada, sin los dos tercios garantizados, derivaría en una derrota que les impediría volver a tratar la iniciativa en lo que resta del año parlamentario. Frente al desafío del veto presidencial, la oposición baraja distintos escenarios:
-Insistir con los dos tercios de los votos. Es el escenario más arriesgado, aunque algunas voces no descartan convocar a una sesión que, aunque no alcance la mayoría exigida, deje expuestos ante la opinión pública al oficialismo y, sobre todo, a Pro, donde anidan legisladores incómodos con denegarles un aumento a los jubilados.
-Rechazar el decreto 272/2024, para lo que se necesitaría mayoría simple en ambas cámaras. Se trata del decreto que el Ejecutivo dictó en marzo pasado por el cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria para que, a partir de julio, los ingresos se ajusten por inflación. De rechazarse este decreto se volvería a la fórmula anterior, que combinaba la variación salarial y la de la recaudación de la Anses. Una fórmula que, en el contexto actual de derrumbe de la inflación, resultaría más beneficiosa para los jubilados.
-Desafiar al Gobierno con un nuevo proyecto de ley que reconozca la recomposición del 8,1% de los haberes. Una alternativa que dejaría al desnudo la contradicción del oficialismo, que en el dictamen que negoció con la oposición dialoguista en el Senado –que no prosperó– había accedido a otorgar esa recomposición. “Esto revela que Economía tiene los fondos para afrontar ese aumento, pero con el veto se echa para atrás”, acicatean los opositores.
-Nuevas ofensivas opositoras. Aunque no se avance en lo inmediato con la insistencia en la ley jubilatoria, la revancha de la oposición podría materializarse con la sanción de otras leyes que empaticen con distintas demandas sociales aún no satisfechas por el Gobierno, como el financiamiento de las universidades. Una iniciativa que incomoda al oficialismo, que tiene fresca en la memoria la masiva movilización de la comunidad universitaria en abril pasado y que podría repetirse el mes próximo. El proyecto está por convertirse en ley en el Senado. ¿Milei se atreverá a vetarla también? De hacerlo, la ofensiva opositora se replicará en la discusión del presupuesto 2025.
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Después del veto total del presidente Javier Milei a la ley que mejora los haberes jubilatorios, la atención vuelve a posarse sobre la Cámara de Diputados, donde hay bloques opositores dispuestos a insistir.
Para bloquear esa ofensiva, el Gobierno busca garantizarse un tercio del cuerpo, una cifra que todavía no tiene asegurada. Con todos los bloques aliados puede llegar a alcanzar 80 diputados, de los 86 que necesitaría. Por esa razón, la llave la tienen los gobernadores cercanos, que podrían aportarle al oficialismo los votos que le faltan. En paralelo, los legisladores también evalúan otras alternativas.
La demostración de fuerza que pretende ejercer Javier Milei sobre el Congreso al vetar, de manera total, la ley que mejora los haberes jubilatorios tendrá efectos pírricos. Aunque la oposición no alcance los dos tercios de los votos para insistir en la norma, tanto críticos como dialoguistas advierten que semejante mazazo caldeará todavía más ánimos, le complicará al Gobierno la sanción de las leyes por venir y abrirá la puerta a nuevas y más agresivas iniciativas opositoras.
“Milei se arriesga a jugar con fuego”, avisan en la oposición. No solo por los eventuales contraataques del Congreso; también por el costo político que, aseveran, erosionará la figura del Presidente al negarles a los jubilados una recomposición del 8,1% que el Gobierno no reconoció por la inflación de enero pasado. El veto, más que afectar a los legisladores que la votaron, será visto como una afrenta contra uno de los grupos poblacionales más afectados por el ajuste, sostienen.
El veto total torpedeará los canales de diálogo con los pocos dirigentes de la oposición dialoguista que, hasta ahora, facilitaron la gobernabilidad parlamentaria. Y que se ofrecían a viabilizar el tratamiento de una de las leyes más relevantes por venir al Congreso, el presupuesto 2025. Aquellos que, hasta último momento, intentaron persuadir a distintos interlocutores de la Casa Rosada para que el veto fuera parcial, no total, para evitar una guerra abierta.
“Lo inteligente e ideal sería mantener el aumento del 8% del mes de enero que no fue contemplado cuando el Presidente hizo el DNU. Hay algunos artículos que podrían ser vetados que tienen que ver con la relación con las provincias, con cómo se ordenan las cajas provinciales, y si eso el Gobierno lo puede hacer, estamos mano a mano”, fue la recomendación de Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal.
Las sugerencias de Pichetto se toparon con la intransigencia presidencial. Cuando Milei devuelva vetada en su totalidad la ley a Diputados, oficialistas y opositores desatarán una carrera frenética para reunir votos, unos para defender el veto, otros para insistir en la ley original. Si La Libertad Avanza alcanza al menos 86 voluntades, habrá ganado la partida: representa el tercio de la cámara, suficiente para bloquear la ofensiva opositora, que necesita al menos dos tercios para imponerse.
¿Cuán lejos o cerca está de alcanzar ese número mágico? Con Mauricio Macri de su lado, que avaló el veto presidencial anunciado por Milei pese a que los senadores de su bloque habían votado a favor de la ley, el oficialismo podría reunir 74 voluntades entre ambas bancadas. Los pequeños bloques que suelen orbitar alrededor del oficialismo –MID, Buenos Aires Libre, FE–, que votaron en contra del proyecto jubilatorio cuando se trató en junio pasado, suman otros seis. Total: 80.
El oficialismo descuenta que con un par de llamados a gobernadores afines –como el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)– se acercaría con otros cuatro votos al número dorado.
Como pocas veces antes la Casa Rosada someterá a prueba la maleabilidad de los mandatarios provinciales; si además logra meter una cuña en el bloque radical con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), los dos mandatarios más amables con el Gobierno, estará en capacidad de neutralizar a sus adversarios; ni que hablar si a ellos suman los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, dueños de ocho votos del bloque Innovación Federal.
¿Hasta qué punto estos gobernadores facilitarán sus votos en la Cámara de Diputados? He aquí el quid de la cuestión. Los mandatarios provinciales, que vienen sometidos a un fuerte recorte en sus partidas presupuestarias –subsidios al transporte, obra pública, recursos para educación– acumulan un malestar creciente por las promesas por ahora incumplidas por parte del gobierno nacional. A ello se suma que hay trece provincias –Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Corrientes– que acumulan déficits millonarios por no recibir en tiempo y forma los fondos nacionales para cubrir las cajas previsionales no transferidas. La ley vetada por el Poder Ejecutivo contiene un artículo que instruye a la Anses a cancelar esas deudas en un plazo de seis meses, prorrogables por otros seis. “Nosotros vamos a bajar para insistir en la ley”, sentenció el diputado Carlos Gutiérrez, adláter del gobernador Martín Llaryora. Córdoba es una de las mayores acreedoras por las deudas de la Nación a la caja jubilatoria provincial.
Escenarios posibles
La oposición cuenta con una ventaja: la Constitución no prevé plazos para insistir en una ley vetada por el Ejecutivo. Hay antecedentes parlamentarios de leyes en las que se insistió después de un año de haber sido observadas. Nada los obliga a apurar el tranco; es más, algunos advierten que una sesión apresurada, sin los dos tercios garantizados, derivaría en una derrota que les impediría volver a tratar la iniciativa en lo que resta del año parlamentario. Frente al desafío del veto presidencial, la oposición baraja distintos escenarios:
-Insistir con los dos tercios de los votos. Es el escenario más arriesgado, aunque algunas voces no descartan convocar a una sesión que, aunque no alcance la mayoría exigida, deje expuestos ante la opinión pública al oficialismo y, sobre todo, a Pro, donde anidan legisladores incómodos con denegarles un aumento a los jubilados.
-Rechazar el decreto 272/2024, para lo que se necesitaría mayoría simple en ambas cámaras. Se trata del decreto que el Ejecutivo dictó en marzo pasado por el cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria para que, a partir de julio, los ingresos se ajusten por inflación. De rechazarse este decreto se volvería a la fórmula anterior, que combinaba la variación salarial y la de la recaudación de la Anses. Una fórmula que, en el contexto actual de derrumbe de la inflación, resultaría más beneficiosa para los jubilados.
-Desafiar al Gobierno con un nuevo proyecto de ley que reconozca la recomposición del 8,1% de los haberes. Una alternativa que dejaría al desnudo la contradicción del oficialismo, que en el dictamen que negoció con la oposición dialoguista en el Senado –que no prosperó– había accedido a otorgar esa recomposición. “Esto revela que Economía tiene los fondos para afrontar ese aumento, pero con el veto se echa para atrás”, acicatean los opositores.
-Nuevas ofensivas opositoras. Aunque no se avance en lo inmediato con la insistencia en la ley jubilatoria, la revancha de la oposición podría materializarse con la sanción de otras leyes que empaticen con distintas demandas sociales aún no satisfechas por el Gobierno, como el financiamiento de las universidades. Una iniciativa que incomoda al oficialismo, que tiene fresca en la memoria la masiva movilización de la comunidad universitaria en abril pasado y que podría repetirse el mes próximo. El proyecto está por convertirse en ley en el Senado. ¿Milei se atreverá a vetarla también? De hacerlo, la ofensiva opositora se replicará en la discusión del presupuesto 2025.
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Tras las derrotas en el Congreso, el Presidente convocó a una mesa chica
Con Milei a la cabeza, se reunió en secreto el martes pasado; la integran Karina, Caputo, Francos, Bullrich, Menem y Adorni
Maia Jastreblansky
Milei saluda desde la Casa Rosada, con parte de su gabinete
Fue una semana con novedades en la dinámica de la Casa Rosada. Después de sufrir varios reveses en el Congreso, Javier Milei inauguró una nueva mesa chica de coordinación política. El cónclave hizo su debut –en secreto– el martes pasado y podría reunirse regularmente de acá en más. El objetivo de la cúpula del Gobierno, según pudo reconstruir , es evitar teléfonos descompuestos en la toma de decisiones relevantes y mejorar la estrategia de cara a un Parlamento que viene siendo adverso para el Poder Ejecutivo.
En la primera “mesa vip” de Milei se sentaron su hermana, Karina; el estratega Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero, Manuel Adorni, y el titular de Diputados, Martín Menem. Es decir, todas figuras con alguna influencia en las cuestiones políticas y en la estrategia de comunicación oficial, dos aspectos que van de la mano en cualquier gestión. Faltó la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que ya tiene una distancia irreconciliable con la Casa Rosada.
Adorni confirmó el encuentro –que fue revelado por Infobae– en su última conferencia de prensa y aseguró que solo se trató de un desayuno ocasional que no tuvo nada de especial. Sin embargo, según pudo saber se trataría de un cambio de modalidad importante que el Gobierno quisiera mantener bajo total discreción. Y explica por qué la Casa Rosada definió, de acá en más, mover a los jueves la reunión de gabinete que siempre se hizo los días martes con todos los ministros.
Después de las derrotas al hilo que sufrió en el Congreso –tanto en los temas referidos a la SIDE como en la ley que cambió la fórmula previsional–, Milei entendió que era necesario mejorar la comunicación interna en su círculo de confianza. Es que no todas las “cabezas políticas” del Gobierno estuvieron siempre en la misma página a la hora de trazar estrategias políticas y legislativas. Lo que más le preocupa al Presidente es que los traspiés parlamentarios afecten a la ecuación fiscal –como ocurrió con la ley que recompuso jubilaciones– y que esto a su vez genere desconfianza en los mercados. Es decir, que la política impacte en la economía.
El jefe del Estado, que siempre fue renuente a llenar su agenda de reuniones populosas y pasa buena parte de sus días en Olivos con escasas visitas, esta semana pareció asumir una mayor conducción política. Es uno de los pedidos que le habría hecho Mauricio Macri en la última cena que tuvieron en la quinta presidencial. Por eso, además del cónclave secreto del martes, Milei activó además una “mesa parlamentaria” el viernes a la noche con diputados de los bloques amigables (Pro y el MID, además de La Libertad Avanza) para aunar esfuerzos en la Cámara baja. El primer objetivo es que Diputados no junte dos tercios de los votos para voltear el veto presidencial a la ley de jubilaciones. El Presidente necesita juntar una masa crítica que lo ayude a resistir en Diputados.
Fallas en el Congreso
Durante la hermética reunión del martes, entre otros temas, la cúpula del Gobierno analizó las fallas que hubo en la semana previa, donde las cosas le salieron mal al oficialismo en el Congreso.
En el cónclave se vieron las caras Santiago Caputo y Bullrich, que no habían podido trabajar en un entendimiento para retener el control de la comisión bicameral de inteligencia, que finalmente quedó en manos de Martín Lousteau. El senador radical consiguió esta apetecible silla gracias a un acuerdo con el kirchnerismo. Esto ocurrió porque el oficialismo protagonizó una puja intestina: Villarruel quería colocar al frente de la comisión al senador Martín Goerling (Pro), mientras que Caputo quería obturar el plan de la vice e imponer al senador peronista Edgardo Kueider. Más allá de ser el elegido de Villarruel, Goerling es un legislador cercano a Bullrich, que tenía especial interés en la bicameral ya que auditará a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) de su ministerio.
El senador de Pro también reporta a Macri, que es otro interesado en seguir de muy cerca el devenir de los servicios.
Un día después de la designación de Lousteau, de hecho, Macri –enojado– dio la orden para que los diputados de Pro votaran en contra del DNU que le otorgó a la SIDE fondos reservados por $100.000 millones. En la Casa Rosada aseguran que el DNU era el único camino para destinar esos fondos secretos a los servicios. Pero hubo voces propias y ajenas –desde Miguel Pichetto (Encuentro Federal) hasta funcionarios del propio gabinete– que se preguntaron por qué el Gobierno no hizo una asignación presupuestaria con bajo perfil, vía la Jefatura de Gabinete, para evitar un DNU que quede sometido al voto opositor.
La estocada final fue la sanción de la ley que cambió la fórmula previsional y les otorgó una recomposición a los jubilados por la inflación de enero. Allí, varias voces del gabinete reconocieron que hubo mala praxis en la estrategia y falta de comunicación interna. El negociador de la Casa Rosada, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, habría buscado que, ante una derrota inevitable, un grupo de senadores votara en contra de los tres artículos de la ley con mayor impacto fiscal. Lo logró con 20 legisladores que esperaban que luego Milei hiciera un veto parcial de la norma y rechazara solo esos artículos problemáticos. Sin embargo, el Presidente estaba decidido a vetar de forma total la ley.
La intención, a partir del nuevo ámbito que se generó el pasado martes en la Casa Rosada, es que de acá en más Francos oficie de pivote de una mayor coordinación de todos los actores que tienen incidencia política como interlocutores con el Congreso.
Fue una semana con novedades en la dinámica de la Casa Rosada. Después de sufrir varios reveses en el Congreso, Javier Milei inauguró una nueva mesa chica de coordinación política. El cónclave hizo su debut –en secreto– el martes pasado y podría reunirse regularmente de acá en más. El objetivo de la cúpula del Gobierno, según pudo reconstruir , es evitar teléfonos descompuestos en la toma de decisiones relevantes y mejorar la estrategia de cara a un Parlamento que viene siendo adverso para el Poder Ejecutivo.
En la primera “mesa vip” de Milei se sentaron su hermana, Karina; el estratega Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero, Manuel Adorni, y el titular de Diputados, Martín Menem. Es decir, todas figuras con alguna influencia en las cuestiones políticas y en la estrategia de comunicación oficial, dos aspectos que van de la mano en cualquier gestión. Faltó la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que ya tiene una distancia irreconciliable con la Casa Rosada.
Adorni confirmó el encuentro –que fue revelado por Infobae– en su última conferencia de prensa y aseguró que solo se trató de un desayuno ocasional que no tuvo nada de especial. Sin embargo, según pudo saber se trataría de un cambio de modalidad importante que el Gobierno quisiera mantener bajo total discreción. Y explica por qué la Casa Rosada definió, de acá en más, mover a los jueves la reunión de gabinete que siempre se hizo los días martes con todos los ministros.
Después de las derrotas al hilo que sufrió en el Congreso –tanto en los temas referidos a la SIDE como en la ley que cambió la fórmula previsional–, Milei entendió que era necesario mejorar la comunicación interna en su círculo de confianza. Es que no todas las “cabezas políticas” del Gobierno estuvieron siempre en la misma página a la hora de trazar estrategias políticas y legislativas. Lo que más le preocupa al Presidente es que los traspiés parlamentarios afecten a la ecuación fiscal –como ocurrió con la ley que recompuso jubilaciones– y que esto a su vez genere desconfianza en los mercados. Es decir, que la política impacte en la economía.
El jefe del Estado, que siempre fue renuente a llenar su agenda de reuniones populosas y pasa buena parte de sus días en Olivos con escasas visitas, esta semana pareció asumir una mayor conducción política. Es uno de los pedidos que le habría hecho Mauricio Macri en la última cena que tuvieron en la quinta presidencial. Por eso, además del cónclave secreto del martes, Milei activó además una “mesa parlamentaria” el viernes a la noche con diputados de los bloques amigables (Pro y el MID, además de La Libertad Avanza) para aunar esfuerzos en la Cámara baja. El primer objetivo es que Diputados no junte dos tercios de los votos para voltear el veto presidencial a la ley de jubilaciones. El Presidente necesita juntar una masa crítica que lo ayude a resistir en Diputados.
Fallas en el Congreso
Durante la hermética reunión del martes, entre otros temas, la cúpula del Gobierno analizó las fallas que hubo en la semana previa, donde las cosas le salieron mal al oficialismo en el Congreso.
En el cónclave se vieron las caras Santiago Caputo y Bullrich, que no habían podido trabajar en un entendimiento para retener el control de la comisión bicameral de inteligencia, que finalmente quedó en manos de Martín Lousteau. El senador radical consiguió esta apetecible silla gracias a un acuerdo con el kirchnerismo. Esto ocurrió porque el oficialismo protagonizó una puja intestina: Villarruel quería colocar al frente de la comisión al senador Martín Goerling (Pro), mientras que Caputo quería obturar el plan de la vice e imponer al senador peronista Edgardo Kueider. Más allá de ser el elegido de Villarruel, Goerling es un legislador cercano a Bullrich, que tenía especial interés en la bicameral ya que auditará a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) de su ministerio.
El senador de Pro también reporta a Macri, que es otro interesado en seguir de muy cerca el devenir de los servicios.
Un día después de la designación de Lousteau, de hecho, Macri –enojado– dio la orden para que los diputados de Pro votaran en contra del DNU que le otorgó a la SIDE fondos reservados por $100.000 millones. En la Casa Rosada aseguran que el DNU era el único camino para destinar esos fondos secretos a los servicios. Pero hubo voces propias y ajenas –desde Miguel Pichetto (Encuentro Federal) hasta funcionarios del propio gabinete– que se preguntaron por qué el Gobierno no hizo una asignación presupuestaria con bajo perfil, vía la Jefatura de Gabinete, para evitar un DNU que quede sometido al voto opositor.
La estocada final fue la sanción de la ley que cambió la fórmula previsional y les otorgó una recomposición a los jubilados por la inflación de enero. Allí, varias voces del gabinete reconocieron que hubo mala praxis en la estrategia y falta de comunicación interna. El negociador de la Casa Rosada, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, habría buscado que, ante una derrota inevitable, un grupo de senadores votara en contra de los tres artículos de la ley con mayor impacto fiscal. Lo logró con 20 legisladores que esperaban que luego Milei hiciera un veto parcial de la norma y rechazara solo esos artículos problemáticos. Sin embargo, el Presidente estaba decidido a vetar de forma total la ley.
La intención, a partir del nuevo ámbito que se generó el pasado martes en la Casa Rosada, es que de acá en más Francos oficie de pivote de una mayor coordinación de todos los actores que tienen incidencia política como interlocutores con el Congreso.
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