Uno por uno. Quiénes son los candidatos a jueces de las ternas que aprobó el Consejo
La mayoría es de carrera judicial y muchos actuaron en casos de alto impacto, como los de Oil, Correo y mapuches
El Consejo de la Magistratura aprobó las ternas de candidatos para cubrir cuatro cargos de camaristas comerciales de la ciudad de Buenos Aires, dos de juez del tribunal oral federal de Comodoro Rivadavia y el de juez federal de Bariloche. La lista enviada al Poder Ejecutivo incluye a postulantes que ya intervinieron en causas de alto voltaje político.
Uno de ellos es Hugo Greca, actual juez federal de General Roca, que se postula para un cargo equivalente en San Carlos de Bariloche. Ya había sido subrogante del juzgado en esa ciudad y cobró notoriedad cuando le cedió a una comunidad mapuche el “uso exclusivo” de terrenos de Parques Nacionales, fallo luego revertido por la Cámara de Casación. En Roca fue denunciado por una secretaria letrada de “acoso laboral y violencia contra las mujeres”, cargos que él siempre negó.
Otro es Javier Cosentino, juez comercial de la Capital Federal que aspira a ascender a camarista, quien declaró la quiebra de Oil Combustibles, fue recusado por Cristóbal López y Fabián de Sousa, y denunciado –sin éxito– ante el Consejo por el exministro Aníbal Fernández, abogado de los empresarios.
También está ternada para la Cámara de Apelaciones en lo Comercial la jueza Marta Graciela Cirulli, que decretó la quiebra de Correo Argentino, empresa de la familia de Mauricio Macri. Según el macrismo, este expediente fue utilizado para perseguir al expresidente; sobre todo mientras intervino en el caso Carlos Zannini como procurador del Tesoro, en el gobierno de Alberto Fernández. Socma recusó a Cirulli, que entre otras medidas cuestionadas por el grupo Macri ordenó la intervención de Correo Argentino “con desplazamiento” del órgano de administración.
Otro candidato a camarista comercial es Manuel Cuiñas Rodríguez, que fue el número dos de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el kirchnerismo, cuando la dirigía Ricardo Nissen. Ambos fueron acusados de “abuso de autoridad” por una supuesta persecución a empresas ligadas a Lago Escondido. El 2 de octubre de 2023 fueron sobreseídos por el juez Daniel Rafecas, pero la querella (Hidden Lake SA) apeló y la Cámara Federal reabrió la causa en diciembre del año pasado. El 5 de julio, Rafecas volvió a sobreseer a Nissen y a Cuiñas Rodríguez.
En el concurso para la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, de los 12 postulantes que integran las ternas, ocho son funcionarios de carrera de los tribunales (seis de ellos, jueces de primera instancia), tres son abogados que ejercen la profesión y uno es hoy funcionario del gobierno de Jorge Macri: Jorge Djivaris, actual secretario de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Djivaris, como casi todos los concursantes, también tiene un pasado en el fuero comercial. Fue coordinador del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral.
El concurso para la Cámara de Apelaciones en lo Comercial es el 478, para cubrir cargos vacantes en las salas B, C, y E( en esta sala, dos) del tribunal que revisa las decisiones de los jueces comerciales.
Fueron propuestos en la primera terna Cuiñas Rodríguez, que salió primero en el concurso; Valeria Pérez Casado y Fernando Gabriel D’Alessandro. Pérez Casado es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 18. De carrera en los tribunales, pertenece en la interna de los jueces a Compromiso Judicial, la más nueva de las agrupaciones de magistrados, que quedó tercera en las últimas elecciones para presidir la asociación de jueces. D’Alessandro es el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7. Es profesor adjunto de Contratos en la UBA desde 2012. Un caso de alta sensibilidad política que pasó por sus manos fue la disputa por el club Comunicaciones entre los Moyano y el gobierno porteño. D’Alessandro consideró que la oferta de Moyano era la mejor y le dio el control del club, en una decisión que la Cámara luego revocó. Comunicaciones terminó finalmente en manos de los socios.
La segunda terna está integrada por Cosentino, Daniel Alejandro Casella y Cirulli. Los dos primeros son muy conocidos en el fuero; de larga carrera judicial. Casella ejerce como abogado particular. Es socio del estudio Casella & Hilal.
La tercera terna está formada por Sebastián Ignacio Sánchez Cannavó, Gerardo Damián Santicchia y Juliana Gabriela Kina. Sánchez Cannavó es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30. De carrera judicial y profesor de la UBA, intervino en el caso del “Maddof argentino”: rechazó un acuerdo extrajudicial entre Enrique Juan Blaksley, acusado de megaestafa, y acusó a Blaksley de haber pretendido estafar a sus acreedores en el proceso concursal. Santicchia es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19. Y Kina es funcionaria de la Procuración General de la Nación, profesora titular de la Universidad Austral y adjunta en la UBA.
La cuarta terna está formada por Djivaris, Irina Natacha Gedwillo y Rubén Ricardo Morcecian. Gedwillo es funcionaria de la Cámara que ahora aspira a integrar como jueza y Morcecian ejerce como abogado.
Además, el Consejo elevó una “lista complementaria” de candidatos en la que figuran los abogados Gustavo Alejandro Roque Cultraro y Gustavo Adrián Somoza López, y el juez Hernán Diego Papa, muy conocido en el fuero, que fue denunciado por el gremio judicial que encabeza Julio Piumato por presunto maltrato a empleados (denuncia en trámite en el Consejo). Ya estuvo ternado, elegido por Alberto Fernández para un cargo de esta misma cámara y su pliego fue uno de los retirados por el Gobierno.
El juzgado de Bariloche
En el concurso 436, destinado a cubrir el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, la terna quedó integrada por Leandro Agustín Gómez Constenla, Greca y Patricia Luján Cisnero.
Gómez Constenla es secretario letrado en el Consejo de la Magistratura y dirigente, en la Asociación de Magistrados, de la lista Bordó, que preside la agrupación desde hace 22 años y se caracterizó por ser la más crítica de las políticas del kirchnerismo en lo que respecta a la Justicia. Nació en Bariloche y se mudó a los 17 años a Buenos Aires para estudiar abogacía. Un año después, ingresó como meritorio en la Justicia Federal, donde llegó hasta secretario. Está ternado además para juez de tribunal oral federal de Comodoro Rivadavia.
Cisnero también comenzó su carrera en la Justicia Federal porteña –en su caso, como escribiente auxiliar en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12–. En 2014 se convirtió en fiscal federal subrogante en Lomas de Zamora y luego fue nombrada auxiliar fiscal en la Procuraduría de Narcocriminalidad en el Ministerio Público.
El Consejo de la Magistratura aprobó también el concurso N° 452, destinado a cubrir dos cargos de juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, en Chubut. La primera terna la integran Gómez Constenla (también primero para el juzgado federal de Bariloche), Ángela Cecilia Pagano Mata (secretaria de fiscalía en Bariloche) y Sebastián Pedro Ruiz (secretario del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal)
La segunda terna la conforman Pablo Javier Flores (secretario de Cámara de un tribunal oral federal de San Martín, provincia de Buenos Aires), Carlos Ezequiel Oneto (secretario en Mar del Plata) y Mabel Elena Castelnuovo (también de carrera judicial). Y en la lista complementaria están Andrea Viviana Vázquez (jefa de fiscales desde hace 17 años en Sarmiento, un poblado que está 160 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia), Alejandro Gabriel Soñis (juez en Comodoro Rivadavia) y Lucía Romina Orsetti (secretaria de una fiscalía federal de la Capital).ß y luego fue nombrada auxiliar fiscal en la Procuraduría de Narcocriminalidad en el Ministerio Público.
El Consejo de la Magistratura aprobó también el concurso N° 452, destinado a cubrir dos cargos de juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, en Chubut. La primera terna la integran Gómez Constenla (también primero para el juzgado federal de Bariloche), Ángela Cecilia Pagano Mata (secretaria de fiscalía en Bariloche) y Sebastián Pedro Ruiz (secretario del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal).
La segunda terna la conforman Pablo Javier Flores (secretario de Cámara de un tribunal oral federal de San Martín, provincia de Buenos Aires), Carlos Ezequiel Oneto (secretario en Mar del Plata) y Mabel Elena Castelnuovo (también de carrera judicial). Y en la lista complementaria están Andrea Viviana Vázquez (jefa de fiscales desde hace 17 años en Sarmiento, un poblado que está 160 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia), Alejandro Gabriel Soñis (juez en Comodoro Rivadavia) y Lucía Romina Orsetti (secretaria de una fiscalía federal de la Capital).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Piden investigar un presunto pedido de coimas en YCRT
El gobernador de Santa Cruz exigió que se avance sobre los implicados en una frustrada compra de carbón
Jaime Rosemberg
Considerada por Javier Milei un lastre, generadora de gastos para el Estado y pasible de privatización, la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es otra vez motivo de controversias. El gobierno de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, se mostró sorprendido y repudió un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited, pedido que habría dado por tierra con una operación de compra de carbón.
Luego de despegarse de la “posible comisión del delito de cohecho en la operación de venta de carbón de YCRT a la compañía Tegi Limited”, el gobierno santacruceño reconoció que “la empresa viene sufriendo por años actos de corrupción”.
“No los toleramos antes, no los vamos a tolerar ahora”, afirmó el gobierno de Vidal, y pidió a la Justicia que “inicie de inmediato un proceso de investigación y esclarezca la posible comisión de los delitos, así como la cadena de responsabilidades, desde las personas involucradas en forma directa, como de las que dieron las órdenes políticas”.
En una mañana de silencio como denominador común, ni la Casa Rosada, ni la Secretaría de Energía –que depende del Ministerio de Economía–, ni la Cancillería dieron a conocer a la opinión del la nacion Gobierno en relación con el caso. En la Cancillería dijeron que desconocían las negociaciones, y otros funcionarios prometieron compartir la opinión de la administración sobre el caso, aunque al cierre de esta edición no lo habían concretado.
Según una publicación del diario Clarín, la empresa Tegi (con sede central en Dubái, según su página web, y de supuestos capitales israelíes) tenía muy avanzada la compra de carbón de baja calidad a la minera, unas 30.000 toneladas a un precio de US$2,1 millones. Pero la operación se habría frustrado cuando dos brokers, Andrés Gross y Alejandro Salemme, exigieron una “comisión” para acelerar la operación. Los directivos de Tegi se negaron y la empresa estatal, conducida por el interventor Thierry Decoud, se quedó sin la inversión pactada.
Al promediar la tarde de ayer, fue la propia YCRT la que sentó posición. Dando una visión diferente, la minera afirmó que se rechazó la oferta de Tegi “por no cumplir con el valor, condiciones de pago y otras contractuales como daños liquidados, competencia en caso de controversias, costos y gastos, penalidades, condiciones de transporte y determinación de cantidades”.
Y en referencia a un “audio que tiene como protagonistas a dos brokers de la empresa Tegi” –en la grabación, los intermediarios se exhiben como vinculados a la minera, no a Tegi– y que “tuvo lugar hace más de dos meses”, revelada por Clarín, YCRT afirmó que “ninguno de los protagonistas de ese encuentro tiene vínculo ni contrato” con la minera estatal. El interventor Decoud, exfuncionario de Pro, habría llegado a ese puesto por recomendación de Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete de Milei.
Mientras aclara que “se siguen recibiendo ofertas, analizando cada caso, como también rechazando si correspondiera”, desde YCRT plantearon dudas por la difusión de esas conversaciones, “que tienen una clara intención de entorpecer el proceso de venta de carbón que continúa abierto”. Pero no dieron nombres ni señalaron a los culpables de esa presunta maniobra.
Los intermediarios, en tanto, reconocieron las gestiones, aunque negaron haber cometido un delito. “Soy un cuatro de copas que quiso que no lo puentearan”, recalcó Gross a Clarín, en una admisión, al menos, de su intermediación ante la empresa. Desde la embajada de Israel en Buenos Aires, en tanto, afirmaron a que desconocían la nacion el caso y expresaron desde su departamento comercial que “no les consta” que la empresa sea israelí.
Detrás de la denuncia de coimas subyace la discusión sobre qué hacer con la empresa. El gobierno de Vidal, que se resiste a su privatización, afirmó que la producción de carbón se “está recuperando”, y pidió a la Casa Rosada que “actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas”. La gestión de Milei, en tanto, incluyó en la Ley Bases a YCRT entre las empresas a ser privatizadas. Fuentes oficiales estimaban que el escándalo podría acelerar ese proceso.
Considerada por Javier Milei un lastre, generadora de gastos para el Estado y pasible de privatización, la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es otra vez motivo de controversias. El gobierno de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, se mostró sorprendido y repudió un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited, pedido que habría dado por tierra con una operación de compra de carbón.
Luego de despegarse de la “posible comisión del delito de cohecho en la operación de venta de carbón de YCRT a la compañía Tegi Limited”, el gobierno santacruceño reconoció que “la empresa viene sufriendo por años actos de corrupción”.
“No los toleramos antes, no los vamos a tolerar ahora”, afirmó el gobierno de Vidal, y pidió a la Justicia que “inicie de inmediato un proceso de investigación y esclarezca la posible comisión de los delitos, así como la cadena de responsabilidades, desde las personas involucradas en forma directa, como de las que dieron las órdenes políticas”.
En una mañana de silencio como denominador común, ni la Casa Rosada, ni la Secretaría de Energía –que depende del Ministerio de Economía–, ni la Cancillería dieron a conocer a la opinión del la nacion Gobierno en relación con el caso. En la Cancillería dijeron que desconocían las negociaciones, y otros funcionarios prometieron compartir la opinión de la administración sobre el caso, aunque al cierre de esta edición no lo habían concretado.
Según una publicación del diario Clarín, la empresa Tegi (con sede central en Dubái, según su página web, y de supuestos capitales israelíes) tenía muy avanzada la compra de carbón de baja calidad a la minera, unas 30.000 toneladas a un precio de US$2,1 millones. Pero la operación se habría frustrado cuando dos brokers, Andrés Gross y Alejandro Salemme, exigieron una “comisión” para acelerar la operación. Los directivos de Tegi se negaron y la empresa estatal, conducida por el interventor Thierry Decoud, se quedó sin la inversión pactada.
Al promediar la tarde de ayer, fue la propia YCRT la que sentó posición. Dando una visión diferente, la minera afirmó que se rechazó la oferta de Tegi “por no cumplir con el valor, condiciones de pago y otras contractuales como daños liquidados, competencia en caso de controversias, costos y gastos, penalidades, condiciones de transporte y determinación de cantidades”.
Y en referencia a un “audio que tiene como protagonistas a dos brokers de la empresa Tegi” –en la grabación, los intermediarios se exhiben como vinculados a la minera, no a Tegi– y que “tuvo lugar hace más de dos meses”, revelada por Clarín, YCRT afirmó que “ninguno de los protagonistas de ese encuentro tiene vínculo ni contrato” con la minera estatal. El interventor Decoud, exfuncionario de Pro, habría llegado a ese puesto por recomendación de Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete de Milei.
Mientras aclara que “se siguen recibiendo ofertas, analizando cada caso, como también rechazando si correspondiera”, desde YCRT plantearon dudas por la difusión de esas conversaciones, “que tienen una clara intención de entorpecer el proceso de venta de carbón que continúa abierto”. Pero no dieron nombres ni señalaron a los culpables de esa presunta maniobra.
Los intermediarios, en tanto, reconocieron las gestiones, aunque negaron haber cometido un delito. “Soy un cuatro de copas que quiso que no lo puentearan”, recalcó Gross a Clarín, en una admisión, al menos, de su intermediación ante la empresa. Desde la embajada de Israel en Buenos Aires, en tanto, afirmaron a que desconocían la nacion el caso y expresaron desde su departamento comercial que “no les consta” que la empresa sea israelí.
Detrás de la denuncia de coimas subyace la discusión sobre qué hacer con la empresa. El gobierno de Vidal, que se resiste a su privatización, afirmó que la producción de carbón se “está recuperando”, y pidió a la Casa Rosada que “actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas”. La gestión de Milei, en tanto, incluyó en la Ley Bases a YCRT entre las empresas a ser privatizadas. Fuentes oficiales estimaban que el escándalo podría acelerar ese proceso.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.