Villarruel dispuso un control del presentismo en el Senado
Tras el escándalo. No alcanzará al personal temporario como el que Abdala confesó tener en su provincia para hacer campaña
Gustavo Ybarra
La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó ayer el decreto que dispone el control de presentismo del personal del Senado mediante el uso de la huella digital, que deberá registrar su ingreso y egreso en los dispositivos de las dependencias de la Cámara alta que tengan el equipamiento.
La medida se oficializó pocos días después que el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), confesara que tiene a gran parte de su dotación de personal transitorio abocada a trabajar para favorecer sus aspiraciones de ser gobernador. Esas declaraciones le valieron al legislador una fuerte crítica mediática, social y hasta el reproche del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En realidad, la decisión de implementar el control del personal en la Cámara baja ya se viene aplicando desde principios de año. Era una medida que venía trabajando la secretaria administrativa, María Laura Izzo, en acuerdo con los gremios con representación en el Congreso desde fines de junio, cuando se firmó una resolución que anticipaba la aplicación de la medida para el mes de septiembre.
Más aún, el decreto estaba redactado desde hace varias semanas y su primera fecha de implementación iba a ser el 4 del corriente. Pero cuestiones burocráticas y reglamentarias postergaron su puesta en marcha hasta ayer.
El decreto de presidencia (DP) 40/24 entrará en vigor el próximo jueves y lo tendrán que cumplir los empleados de las plantas permanente y temporal de la Cámara alta. Según establece uno de los anexos de la normativa, este personal “es el principal y único responsable de registrar el presentismo en su día laboral mediante la utilización de los relojes de acceso disponibles en los edificios” que integran el Senado.
La norma tiene excepciones y también limitaciones. Las primeras están detalladas en el decreto y alcanzan al personal temporario que revista en el despacho de un legislador, en un bloque político o como asesor en una comisión especial o permanente, ya sea de la Cámara alta o bicameral, los choferes y el personal de taquigrafía, entre otros.
En otras palabras, de haber estado vigente la medida cuando estalló el escándalo de Abdala, los empleados contratados por el senador no hubiesen tenido que cumplir con el horario de la jornada laboral como el resto de los empleados legislativos, ya que se encuentran dentro de los trabajadores eximidos.
Esto es así porque la práctica que desnudó Abdala, la de tener empleados pagados por la Cámara alta trabajando en sus provincias, es una costumbre extendida no solo en el Senado, sino en todo el Congreso, ya que también se usa en la Cámara de Diputados.
Las limitaciones están relacionadas con el hecho de que no todos los edificios que pertenecen al Senado tienen los dispositivos para registrar la huella de los empleados. Para quienes trabajen en esas dependencias se aplicará la planilla que cada empleado debe firmar al entrar a sus labores y que los encargados del área deben entregar a Recursos Humanos todos los días.
El sistema de registro de acceso al Senado mediante datos biométricos fue aplicado durante la presidencia de Gabriela Michetti, en 2018. Pero fue suspendido poco después, ya con Cristina Kirchner como vicepresidenta, como consecuencia de la pandemia de Covid y la sanción del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Nunca más se volvió a instalar.
Los senadores, secretarios y directores generales son los responsables primarios de llevar el registro del control del presentismo, aunque tendrán que designar a dos personas encargadas de informar a la Dirección de Recursos Humanos el cumplimiento de la jornada laboral por parte de los empleados a su cargo y justificar las ausencias del personal.
Los empleados que deban justificar su presencia tendrán que cumplir 35 horas de trabajo semanal “con una carga horaria diaria de siete horas, conforme lo dispongan los responsables primarios, de acuerdo con las necesidades operativas de las dependencias a su cargo”
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Gobernabilidad. Bullrich se suma al plan para ordenar a los libertarios
La ministra fue una de las promotoras de la mesa de discusión que armó el Presidente tras las derrotas en el Congreso; sus contactos con gobernadores
Matías Moreno
Patricia Bullrich
Inquieta por los errores no forzados, la crisis de los bloques del oficialismo en el Congreso y las fallas del dispositivo institucional que sostiene al Gobierno, Patricia Bullrich decidió dar un paso al frente. Después de una fase de repliegue defensivo, en la que se enfocó en su agenda del Ministerio de Seguridad y en la batalla ideológica para imponer en las calles su nueva doctrina antipiquetes, Bullrich halló una ruta para incidir en las discusiones de la mesa chica del presidente Javier Milei y ayudar en la tarea de la gobernanza.
En las últimas semanas, se involucró como nunca antes en las gestiones para ordenar la acción política de la Casa Rosada y unificar los mensajes con el objetivo de prevenir nuevas derrotas legislativas o impedir los zigzagueos en la implementación de las medidas.
Hacía tiempo que Bullrich venía alertando en las reuniones que mantenía con sus pares del gabinete sobre la necesidad de coordinar la ejecución de las políticas y la negociación con los actores de la oposición amigable, debido a la fragilidad del esquema de La Libertad Avanza (LLA), que tiene minoría en el Congreso. Se jactaba de ser una de las pocas ministras libertarias con amplia experiencia política, por lo que promovía la creación de un ámbito interno para reorganizar la gestión y romper con una dinámica disfuncional, donde cada ministro queda aislado en “compartimientos estancos”, lo que impide consensuar posturas y estrategias. Otros altos funcionarios y referentes parlamentarios compartían ese diagnóstico, sobre todo, ante las señales de alerta por el malestar de Mauricio Macri y los opositores dialoguistas por la ausencia de respuestas tangibles a sus reclamos.
El traspié oficial en la pulseada por el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que recayó en manos de Martín Lousteau gracias al pacto que sellaron un sector de la UCR y el kirchnerismo, le provocó el mayor disgusto a Bullrich. Ella promovía el nombre del senador misionero Martín Goerling (Pro), pero Santiago Caputo se aferró a la idea de que el peronista Edgardo Kueider iba a conseguir los votos necesarios. En rigor, el poderoso asesor, receloso del futuro de la SIDE, desconfiaba de Goerling y sus vínculos con Macri, Victoria Villarruel y Bullrich.
Finalmente, después de la serie de derrotas en el Congreso que dejaron al sistema del oficialismo en llamas, Milei les concedió a Bullrich y sus socios internos la chance de instituir una “mesa política” de coordinación y discusión política. Al “triángulo de hierro” que integran el Presidente, el “monje negro” Caputo y Karina Milei se sumaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Bullrich.
La ministra considera que ese ámbito podría ser vital para retomar la iniciativa e impedir que el déficit en peso político de Milei pueda afectar el rumbo de la economía. “Hay que armar un scrum de fuerza para juntar a los que tiene capacidad política y ordenar”, transmitió Bullrich a sus laderos.
Su presencia en la nueva mesa de conducción de Milei, que ya tuvo dos reuniones, enfureció a los altos mandos de Pro que reportan a Macri. Lo sintieron como un nuevo desplante del Presidente.
Bullrich se implicó de forma más activa en el esquema político de Milei cuando se encendieron las alarmas por las derrotas legislativas. De hecho, intensificó los contactos con gobernadores, intendentes y referentes parlamentarios que la apoyaron durante su campaña presidencial para recomponer los lazos con la Casa Rosada y sortear la crisis en el Congreso, donde la oposición se abroqueló y exhibió el fantasma de los “dos tercios” de los votos.
A sabiendas de que el Poder Ejecutivo deberá defender el veto presidencial al aumento para los jubilados o el DNU con el que Milei asignó 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la SIDE, sugirió fortalecer los circuitos internos de comunicación y apuntalar los acuerdos para construir mayorías. “Necesitamos que la información circule; que las medidas que pueden tener repercusión se hablen con anterioridad, y una vez que la decisión se comunica, hay que bancar. Hace falta un mensaje claro, sin idas y venidas”, comentó Bullrich a su entorno.
Pese a que se incorporó al Gobierno tras el balotaje, la extitular de Pro se ganó la confianza de Milei y logró quedarse con una silla en la mesa de discusión política en la que no están otros mileístas de la primera hora, como Sandra Pettovello (Capital Humano), marginada del círculo presidencial por su pelea con Caputo.
El jefe del Estado le retribuyó a Bullrich sus gestos de lealtad. Es que la ministra no solo confrontó públicamente con Macri tras los últimos desmarques de Pro en el Congreso, sino que opta por no explicitar sus diferencias con los lineamientos o decisiones del “triángulo de hierro” para no provocar ruidos ni quedar en la mira. Por caso, apoyó la controvertida apuesta por el juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia o evitó cuestionar el decreto reglamentario que impuso trabas al acceso a la información pública. Esa normativa era considerada una bandera de la gestión de Juntos por el Cambio. Por eso, fue defendida por el macrismo e, incluso, por diputados cercanos a Bullrich, como Silvana Giudici o Fernando Iglesias.
El vínculo con Caputo y Karina
Bullrich opta por el silencio para no ser castigada por Santiago Caputo, el comisario del relato oficial y asesor multifunción de Milei, o quedar bajo sospecha de Karina Milei. “Hay que hacer la crítica adentro, y afuera, bancar”, la defiende uno de sus alfiles. No obstante, la actitud obsecuente de Bullrich con la administración libertaria provoca resquemores en un sector de su tropa. Son aquellos que no están dispuestos a mostrar sumisión y callar las diferencias con Milei en torno a la calidad institucional, el vínculo con la prensa, la Justicia e, incluso, con el kirchnerismo.
La ministra de Seguridad está atenta a los escándalos en La Libertad Avanza. Si bien suele decir que las disputas son propias de una fuerza novata que llegó al poder sin pergaminos ni una historia común, le preocupan los coletazos de los conflictos permanentes en el Congreso. Cerca de Bullrich admiten que el oficialismo pagó un costo excesivo por la polémica visita de diputados a represores que están detenidos en Ezeiza o la insólita confesión de “casta” de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, sobre la contratación de asesores para hacer campaña política.
Por ahora, la ministra prefiere no meterse en la discusión sobre el eventual interbloque entre Pro y LLA. “Hay que juntar los votos y construir mayorías; el oficialismo no siempre es uniforme”, grafica una de las espadas de Bullrich en el Congreso. La ministra pone la mira, por caso, en batallas cruciales para el Poder Ejecutivo, como la ley antimafias, la boleta única o el presupuesto 2025. A Milei lo inquieta, ante todo, la suerte del DNU 70/2023, de desregulación económica. Por eso, aceleraron las conversaciones para “ordenar” la política.
Pese a su interés por coordinar el accionar, el Gobierno sigue enfrascado en las pugnas internas. El decreto regulatorio de la ley de acceso a la información pública provocó roces en la cúpula del Ejecutivo. Santiago Caputo le cerró la puerta a cualquier modificación, pese a las promesas que hicieron Francos y Martín Menem ante los opositores cooperativos. Y el sábado último Francos le marcó la cancha a Adorni. “No me preocupa lo que haya dicho el vocero de la presidencia; mi posición fue bastante clara”, dijo en Radio Mitre.
Cristian Ritondo y la tropa de diputados de Pro –además de los representantes del oficialismo y Oscar Zago, del MID– fueron citados ayer por el Gobierno para evaluar el panorama ante la decisión de la oposición de insistir con la ley jubilatoria. Los emisarios de Pro reclaman cambios en el decreto de acceso a la información y quien lleva la voz cantante es Giudici, secretaria parlamentaria del bloque amarillo. Aunque es una dirigente cercana a Bullrich, tiene una mirada crítica sobre la reglamentación oficial y las restricciones al acceso a la información pública. “Si no lo modifican, se los va a voltear la Justicia”, advierten en Pro.
Mientras tanto, Bullrich profundiza la estrategia de fusión con La Libertad Avanza. En los próximos días, sus referentes territoriales unirán fuerzas con libertarios en La Plata, Almirante Brown y Tigre, con vistas a las elecciones legislativas de 2025.
Inquieta por los errores no forzados, la crisis de los bloques del oficialismo en el Congreso y las fallas del dispositivo institucional que sostiene al Gobierno, Patricia Bullrich decidió dar un paso al frente. Después de una fase de repliegue defensivo, en la que se enfocó en su agenda del Ministerio de Seguridad y en la batalla ideológica para imponer en las calles su nueva doctrina antipiquetes, Bullrich halló una ruta para incidir en las discusiones de la mesa chica del presidente Javier Milei y ayudar en la tarea de la gobernanza.
En las últimas semanas, se involucró como nunca antes en las gestiones para ordenar la acción política de la Casa Rosada y unificar los mensajes con el objetivo de prevenir nuevas derrotas legislativas o impedir los zigzagueos en la implementación de las medidas.
Hacía tiempo que Bullrich venía alertando en las reuniones que mantenía con sus pares del gabinete sobre la necesidad de coordinar la ejecución de las políticas y la negociación con los actores de la oposición amigable, debido a la fragilidad del esquema de La Libertad Avanza (LLA), que tiene minoría en el Congreso. Se jactaba de ser una de las pocas ministras libertarias con amplia experiencia política, por lo que promovía la creación de un ámbito interno para reorganizar la gestión y romper con una dinámica disfuncional, donde cada ministro queda aislado en “compartimientos estancos”, lo que impide consensuar posturas y estrategias. Otros altos funcionarios y referentes parlamentarios compartían ese diagnóstico, sobre todo, ante las señales de alerta por el malestar de Mauricio Macri y los opositores dialoguistas por la ausencia de respuestas tangibles a sus reclamos.
El traspié oficial en la pulseada por el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que recayó en manos de Martín Lousteau gracias al pacto que sellaron un sector de la UCR y el kirchnerismo, le provocó el mayor disgusto a Bullrich. Ella promovía el nombre del senador misionero Martín Goerling (Pro), pero Santiago Caputo se aferró a la idea de que el peronista Edgardo Kueider iba a conseguir los votos necesarios. En rigor, el poderoso asesor, receloso del futuro de la SIDE, desconfiaba de Goerling y sus vínculos con Macri, Victoria Villarruel y Bullrich.
Finalmente, después de la serie de derrotas en el Congreso que dejaron al sistema del oficialismo en llamas, Milei les concedió a Bullrich y sus socios internos la chance de instituir una “mesa política” de coordinación y discusión política. Al “triángulo de hierro” que integran el Presidente, el “monje negro” Caputo y Karina Milei se sumaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Bullrich.
La ministra considera que ese ámbito podría ser vital para retomar la iniciativa e impedir que el déficit en peso político de Milei pueda afectar el rumbo de la economía. “Hay que armar un scrum de fuerza para juntar a los que tiene capacidad política y ordenar”, transmitió Bullrich a sus laderos.
Su presencia en la nueva mesa de conducción de Milei, que ya tuvo dos reuniones, enfureció a los altos mandos de Pro que reportan a Macri. Lo sintieron como un nuevo desplante del Presidente.
Bullrich se implicó de forma más activa en el esquema político de Milei cuando se encendieron las alarmas por las derrotas legislativas. De hecho, intensificó los contactos con gobernadores, intendentes y referentes parlamentarios que la apoyaron durante su campaña presidencial para recomponer los lazos con la Casa Rosada y sortear la crisis en el Congreso, donde la oposición se abroqueló y exhibió el fantasma de los “dos tercios” de los votos.
A sabiendas de que el Poder Ejecutivo deberá defender el veto presidencial al aumento para los jubilados o el DNU con el que Milei asignó 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la SIDE, sugirió fortalecer los circuitos internos de comunicación y apuntalar los acuerdos para construir mayorías. “Necesitamos que la información circule; que las medidas que pueden tener repercusión se hablen con anterioridad, y una vez que la decisión se comunica, hay que bancar. Hace falta un mensaje claro, sin idas y venidas”, comentó Bullrich a su entorno.
Pese a que se incorporó al Gobierno tras el balotaje, la extitular de Pro se ganó la confianza de Milei y logró quedarse con una silla en la mesa de discusión política en la que no están otros mileístas de la primera hora, como Sandra Pettovello (Capital Humano), marginada del círculo presidencial por su pelea con Caputo.
El jefe del Estado le retribuyó a Bullrich sus gestos de lealtad. Es que la ministra no solo confrontó públicamente con Macri tras los últimos desmarques de Pro en el Congreso, sino que opta por no explicitar sus diferencias con los lineamientos o decisiones del “triángulo de hierro” para no provocar ruidos ni quedar en la mira. Por caso, apoyó la controvertida apuesta por el juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia o evitó cuestionar el decreto reglamentario que impuso trabas al acceso a la información pública. Esa normativa era considerada una bandera de la gestión de Juntos por el Cambio. Por eso, fue defendida por el macrismo e, incluso, por diputados cercanos a Bullrich, como Silvana Giudici o Fernando Iglesias.
El vínculo con Caputo y Karina
Bullrich opta por el silencio para no ser castigada por Santiago Caputo, el comisario del relato oficial y asesor multifunción de Milei, o quedar bajo sospecha de Karina Milei. “Hay que hacer la crítica adentro, y afuera, bancar”, la defiende uno de sus alfiles. No obstante, la actitud obsecuente de Bullrich con la administración libertaria provoca resquemores en un sector de su tropa. Son aquellos que no están dispuestos a mostrar sumisión y callar las diferencias con Milei en torno a la calidad institucional, el vínculo con la prensa, la Justicia e, incluso, con el kirchnerismo.
La ministra de Seguridad está atenta a los escándalos en La Libertad Avanza. Si bien suele decir que las disputas son propias de una fuerza novata que llegó al poder sin pergaminos ni una historia común, le preocupan los coletazos de los conflictos permanentes en el Congreso. Cerca de Bullrich admiten que el oficialismo pagó un costo excesivo por la polémica visita de diputados a represores que están detenidos en Ezeiza o la insólita confesión de “casta” de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, sobre la contratación de asesores para hacer campaña política.
Por ahora, la ministra prefiere no meterse en la discusión sobre el eventual interbloque entre Pro y LLA. “Hay que juntar los votos y construir mayorías; el oficialismo no siempre es uniforme”, grafica una de las espadas de Bullrich en el Congreso. La ministra pone la mira, por caso, en batallas cruciales para el Poder Ejecutivo, como la ley antimafias, la boleta única o el presupuesto 2025. A Milei lo inquieta, ante todo, la suerte del DNU 70/2023, de desregulación económica. Por eso, aceleraron las conversaciones para “ordenar” la política.
Pese a su interés por coordinar el accionar, el Gobierno sigue enfrascado en las pugnas internas. El decreto regulatorio de la ley de acceso a la información pública provocó roces en la cúpula del Ejecutivo. Santiago Caputo le cerró la puerta a cualquier modificación, pese a las promesas que hicieron Francos y Martín Menem ante los opositores cooperativos. Y el sábado último Francos le marcó la cancha a Adorni. “No me preocupa lo que haya dicho el vocero de la presidencia; mi posición fue bastante clara”, dijo en Radio Mitre.
Cristian Ritondo y la tropa de diputados de Pro –además de los representantes del oficialismo y Oscar Zago, del MID– fueron citados ayer por el Gobierno para evaluar el panorama ante la decisión de la oposición de insistir con la ley jubilatoria. Los emisarios de Pro reclaman cambios en el decreto de acceso a la información y quien lleva la voz cantante es Giudici, secretaria parlamentaria del bloque amarillo. Aunque es una dirigente cercana a Bullrich, tiene una mirada crítica sobre la reglamentación oficial y las restricciones al acceso a la información pública. “Si no lo modifican, se los va a voltear la Justicia”, advierten en Pro.
Mientras tanto, Bullrich profundiza la estrategia de fusión con La Libertad Avanza. En los próximos días, sus referentes territoriales unirán fuerzas con libertarios en La Plata, Almirante Brown y Tigre, con vistas a las elecciones legislativas de 2025.
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