CONFIRMACIÓN Y DISCUSIÓN

El Gobierno prohibió a los municipios cobrar tasas en los servicios públicos
El ministro Caputo lo había anunciado y la Secretaría de Comercio lo confirmó en el Boletín Oficial; “es groseramente inconstitucional”, calificó un abogado de la Federación de Municipios; críticas de algunas provincias
Ignacio Grimaldi..Gabriela Origlia
Luis Caputo, Mayra Mendoza y Javier Milei

Tal como había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, horas antes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución que prohíbe a los municipios incluir el cobro de tasas locales en las boletas de los servicios de agua, gas y electricidad. Una fuente oficial que trabaja a las órdenes del jefe del Palacio de Hacienda dijo que la medida busca que los intendentes “se hagan cargo” de los impuestos que cobran. La resolución, que ya había provocado críticas de parte de algunos intendentes, promete más polémica, al verse concretada en una resolución oficial que se mete de lleno en la discusión por los recursos entre las distintas jurisdicciones.
En su cuenta de la red social X, Caputo posteó: “Las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”.
Y mostró un ejemplo. Adjuntó una foto de una factura de luz de un municipio bonaerense. Allí se ven dos listas de ítems con sus respectivos precios. Una de ellas contiene el detalle del gasto de luz, la cobertura de subsidios e impuestos nacionales, como el IVA. La sumatoria de esa columna asciende a $12.838,19.
En una segunda columna, se incluyen servicios públicos tales como “obras sanitarias”, tasa de seguridad e higiene, un cobro derivado de ordenanzas municipales, aportes a una cooperativa del Hospital de Mar de Ajó y a bomberos voluntarios. Es decir, son pagos que no están vinculados al servicio eléctrico. Todos esos ítems suman $11.109,14.
Sumando las dos columnas, la factura que mostró Caputo tenía un precio total de $23.947,33. El ministro remarcó en la imagen esta segunda lista para mostrar que esos serían los pagos que, a partir de la decisión del Gobierno, ya no podrán incluirse en las boletas de servicios. Esto es, en la factura aludida solo deberían aparecer los $12.838,19 relacionados con el servicio específico correspondiente.
La medida fue establecida en el Boletín Oficial mediante la resolución 2024-267 de la Secretaría de Comercio, que dirige Pablo Lavigne. En su artículo primero dicta: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.
Además, la resolución considera que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios “deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario su derecho a reclamar una indemnización si le son facturadas sumas o conceptos indebidos”.
“Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información fehaciente y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”, asegura.
Esto ya había sido anticipado por Caputo la semana pasada, cuando a través de sus redes sociales había arremetido contra los intendentes, con énfasis en los mandatarios del conurbano bonaerense.
El ministro criticó el aumento de tasas en los municipios de la provincia. “Lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno”, había señalado en la red X. “Lo peor: cobardemente las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios”, indicó.
Una de las intendentas que reaccionaron cuando Caputo adelantó esta medida fue Mayra Mendoza, de Quilmes. “Ministro Luis Caputo, no le mienta más a la gente”, respondió Mendoza. “Los ciudadanos pierden por las consecuencias que producen las políticas económicas que usted y Javier Milei están llevando adelante”, sentenció.
Luis Toto Caputo junto al presidente del banco central Santiago Bausili
El debate se intensificó ante las quejas que habían manifestado distintos sectores por el aumento de las tasas. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) expresó su “preocupación y alarma por el incremento que a nivel de tributos provinciales y municipales se está dando en los últimos meses”, lo que, a su juicio, termina impactando en los precios que pagan los consumidores.
En igual sentido opinó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam). “Los aumentos de tasas municipales generarán más inflación”, señaló la entidad en un comunicado, en el que advirtió que esa medida podría profundizar la caída de las ventas.
Según la página web MenosImpuestos, que tiene información relevada por el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, los distritos que más carga impositiva les agregan a los productos de hipermercados son Lanús y Hurlingham; en el sector industria, La Matanza, Morón y San Martín encabezan el ranking de mayor presión impositiva, entre otros rubros.
Reparos
El planteo de Caputo podría ser de aplicación “parcial” en prácticamente todo el país, porque son las provincias las que regulan las prestaciones de servicios como luz y agua, aunque en el caso del gas natural dependen del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Además, muchas de esas empresas son de propiedad provincial.
Al respecto, el constitucionalista Antonio María Hernández, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y asesor de la Federación Argentina de Municipios, plantea que la decisión anunciada por el ministro Caputo es “groseramente inconstitucional”. Explica que la Argentina tiene un orden federal, después de la reforma constitucional de 1994, que incluye el Estado federal, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios autónomos. “El artículo 123 de la Constitución consagra la autonomía en cinco aspectos: uno es el financiero, lo que significa la posibilidad de percibir tasas y contribuciones o lo que técnicamente se denominan impuestos –precisa Hernández–. Por eso la afirmación del ministro implica lisa y llanamente desconocer la Constitución en ese artículo y concordantes”.
Plantea que los municipios cobran tasas sobre los servicios públicos porque llegan a “acuerdos” con las provincias. Advierte que hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de que las tasas municipales deben conllevar la “contraprestación de un servicio”. Hernández admite que hay “excesos” y que, en esos casos, se debe acudir a la Justicia.
Segunda jornada de la 45° Convención Anual de IAEF en Mendoza Federico Sturzenegger
Consultados  sobre la resolución anunciada por Caputo, funcionarios de tres provincias coincidieron en que habrá que ver primero los detalles de esa resolución, pero ratificaron que la regulación de los servicios de electricidad y agua está a cargo de las provincias o de los municipios, por lo que la Nación “no tiene injerencia” en las decisiones.
En el caso de Santa Fe, por ejemplo, ni siquiera adhirió plenamente a la ley del marco regulatorio eléctrico nacional. “A lo sumo, el ministro podría sugerir que se adhieran a lo dispuesto en la resolución, pero no por esa vía modificar leyes provinciales u ordenanzas”, sostuvo el titular de un ente regulador provincial.
“El asunto es complicado –expresó  el vicepresidente de Cadam, Armando Farina–, porque el presidente Menem les dio autonomía a los municipios, pero por ahí se puede evitar que recauden a través de una factura de servicios”.
Federico Sturzenegger dijo el viernes pasado, al disertar en el IAEF, que la idea de cederles a los municipios la potestad de cobrar las tasas ahora cuestionadas había sido instrumentada por Domingo Cavallo en los 90 “tras un consenso entre los economistas en la década para armar ese sistema que había funcionado, pero con un efecto colateral peor que fue el aumento del gasto público”.

La respuesta: “Quieren ahogarnos”
Algunos minimizaron el impacto. Otros afirmaron que es un golpe duro sobre las arcas municipales. Pero ningún intendente del conurbano consultado por la nacion se mostró sorprendido por el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que ayer prometió prohibirles a los municipios que cobren tasas en las facturas de servicios
“El gobierno de Milei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr! La decisión de Caputo no perjudica a los intendentes, sino a los vecinos de cada distrito”, reaccionó Mayra Mendoza (Quilmes) en la red social X.
“Ya nos sacaron las obras, nos cortaron los fondos, casi no tenemos ‘los palitos’ [el cobro a prestadores de cable e internet] y amenazan con los registros del automotor”, enumeraron desde un municipio del norte del conurbano, para graficar la seguidilla de malas noticias del gobierno libertario.
Un intendente estimó un “apagón” de $5000 millones en su presupuesto si el anuncio de Caputo prospera. Otros dos proyectaron un impacto de entre el 3 y el 7% de sus ingresos. Claro está, si la resolución supera el filtro judicial: los gobernadores e intendentes podrán plantear la inconstitucionalidad de una medida que, dicen, vulnera el orden federal y la autonomía municipal.
Pero a los intendentes les preocupa el “mientras tanto”, porque la mayor virtud de las tasas que se cobran con las boletas de luz, agua o gas es, precisamente, que se cobran. A diferencia de las boletas municipales, que, en tiempos de crisis, son las primeras que dejan de pagar los vecinos.
“No nos afecta porque no tenemos tasas en los servicios. Al revés, estamos liberando por 10 años el pago a las nuevas empresas”, contrastó Fernando Gray (PJ), de Esteban Echeverría.
Una situación similar plantearon cerca de Soledad Martín ez(V icen teLó pez) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Pero el anuncio igual generó nerviosismo en el chat de los intendentes de Pro.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Advierten que el agro necesita una baja de las retenciones
“No hay más tiempo”, dijo el presidente de Coninagro; el secretario de Producción defendió la baja de la brecha cambiaria

Mariana ReinkeElbio Laucirica, presidente de Coninagro, ayer, en el congreso de la entidad 
Un contrapunto por los derechos de exportación al agro se produjo ayer entre un dirigente de la Mesa de Enlace y un miembro del equipo económico del Gobierno, a cargo de Luis Caputo. Fue durante el congreso de Coninagro, cuando el presidente de la entidad, Elbio Laucirica, al abrir el encuentro, expresó que “no hay más tiempo” para esperar a que las retenciones se eliminen, porque “hay muchos productores que vienen muy afectados y ya no tienen espaldas para aguantar”.
A su vez, el secretario de Producción, Juan Pazo, expresó que “la peor retención era la brecha cambiaria”, y explicó que el actual orden macroeconómico está permitiendo bajar la brecha a niveles cercanos al 30% cuando “en noviembre estaba alrededor del 200%”.
Laucirica, en tanto, sostuvo: “Hoy está instalado en la política que las retenciones son un impuesto regresivo e injusto que debe ser eliminado y el Gobierno se ha comprometido a hacerlo. Esperamos que esto sea así y cuanto antes”.
En el congreso, que se realizó en el Palacio Libertad (ex-CCK), Laucirica sostuvo que “la alta carga fiscal afecta a todos los argentinos”. En el caso del agro, “los alimentos que producimos tienen una carga del 30%, cuando la incidencia de la producción [en el valor final] es tan solo de un 20% o 25%”. No obstante, el presidente de Coninagro elogió la reciente baja del impuesto PAIS y el compromiso del Gobierno de eliminarlo a fin de año. “Este impuesto no solo nos encarece los insumos dolarizados, sino también los repuestos e inversiones de la maquinaria necesaria para la siembra y el transporte de la producción”, subrayó.
En un tramo de su presentación, Pazo hizo mención a que el costo argentino no se baja solo con una reducción de las retenciones, sino que influyen otros factores. Luego, en un contacto con la prensa, se explayó: “Lo que dije es que el costo argentino no solo se baja con retenciones y que la productividad no se genera solo con devaluación. Por eso estamos trabajando en las medidas de desregulación, desburocratización, baja de aranceles, eliminar barreras de todo tipo que tenía el productor agropecuario para que sus productos lleguen a la mesa de los argentinos”.
Además, en el contacto con los medios, reiteró, ante una consulta sobre la baja de retenciones, “que el esfuerzo del campo en su momento va a volver al campo”.
En su discurso, el funcionario insistió en que el Gobierno tiene “un sueño” compartido con el campo y que cree “profundamente en la capacidad del sector y trabaja para generar las condiciones que le permitan invertir y crecer”. Y puntualizó: “El campo argentino necesita libertad para innovar y condiciones macroeconómicas para crecer. Ustedes no necesitan más regulaciones. El Gobierno no está para darles cátedra de cómo producir. El Gobierno está para hacer lo que está haciendo: ordenar la macroeconomía y generar las mejores condiciones para que la producción genere riqueza, trabajo y prosperidad”.
Pazo puntualizó: “Es importante ordenar las bases de la economía y contar con líneas de financiamiento competitivas para el sector”. Según el funcionario, “una macroeconomía ordenada es fundamental para poder planificar y operar con claridad y seguridad. Cuando tenemos una economía estable, no solo logramos reducir la inflación y mejorar el acceso al crédito, sino que también generamos la confianza necesaria para que los productores puedan apostar al crecimiento”.
Respecto de las economías regionales, Laucirica dijo que enfrentan un panorama difícil, de acuerdo con el relevamiento que habitualmente realiza la entidad en 19 producciones de sus cooperativas asociadas. “Aquellos productos que se exportan en un 80% ven afectados sus resultados por la paridad cambiaria, las relaciones de intercambio con otros países y la brecha cambiaria”, señaló.
Por otra parte, indicó que aquellas producciones donde solo se exporta un 20% y se depende del consumo interno “el problema es justamente la inflación, que además afecta los costos internos de producción”.
El presidente de Coninagro enfatizó: “Como productores agropecuarios somos proveedores de alimentos y no queremos que nos vean como una caja de dólares. Solamente en la siembra de granos y oleaginosas invertimos y literalmente enterramos US$17.000 millones, y muchas veces no podemos saber si los vamos a recuperar, por vaivenes de la economía”.
En recuperación
Tras las disertaciones de Pazo y Laucirica, el economista Juan Carlos de Pablo destacó que la recuperación económica del país se va construyendo de a poco, de forma heterogénea, y que esta sucede de manera distinta en las diferentes regiones del país.
Opinó que, en un escenario de incertidumbre, “hay un presidente totalmente determinado en su creencia y consciente de las limitaciones que tiene: su ancla es el equilibro fiscal y de ahí no se mueve”.
Según el economista, “todos los números ya dicen que el nivel de actividad dejó de caer en abril y en mayo se empezó a recuperar”. “Los datos que dio anteayer el Indec de industria y construcción dicen que la recuperación es fuerte. Por favor, estamos en septiembre, no repitan más que hay recesión. Lo que sí se puede decir es que la realidad es heterogénea”, señaló

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA