DERROTA KK, Y UNIVERSIDADES

El Gobierno logró aprobar la boleta única, pero pierde el debate por las universidades
Radicales y kirchneristas buscaban anoche anular el DNU de gastos de la SIDE
Gustavo Ybarra
El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que instaura la boleta única de papel en las elecciones nacionales. Se trata de un cambio largamente reclamado para mejorar la transparencia de las votaciones y reducir los gastos del Estado.
El Gobierno logró la aprobación, que todavía necesita la sanción definitiva de la Cámara de Diputados, tras largas negociaciones para vencer la resistencia de un puñado de senadores que mantuvo el tratamiento empantanado más de ocho meses. El proyecto fue aprobado por 39 votos a favor y 30 en contra. El kirchnerismo quedó en soledad en su rechazo. Sin embargo, el oficialismo enfrentó un duro golpe político, ya que la UCR y el kirchnerismo se unieron para incluir en la sesión de ayer la anulación del decreto que aumentó los gastos reservados de la SIDE. La oposición avanzaba anoche con esa iniciativa y con un aumento de los fondos para las universidades nacionales.
El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que instaura la boleta única de papel como instrumento de votación para las elecciones nacionales en reemplazo de la denominada boleta partidaria. Producto de trabajosas y largas negociaciones para vencer la resistencia de un puñado de senadores de fuerzas provinciales que mantuvo el tratamiento empantanado por más de ocho meses, la iniciativa sufrió modificaciones que la obligarán a volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
El proyecto de boleta única fue aprobado minutos antes de las 21, siete horas después de iniciada la sesión y cuando aún faltaba tratar otros dos asuntos centrales de la jornada: la ley para garantizar el financiamiento de las universidades públicas y el veto al decreto presidencial que elevó en $100.000 millones los gastos reservados de la SIDE.
El proyecto de boleta única fue aprobado por 39 votos a favor y 30 en contra. El kirchnerismo quedó en soledad en su rechazo a la propuesta, al defender el actual sistema y calificar al nuevo de “oscurantista” por considerar que, al menos en los distritos que eligen más de 10 diputados nacionales, los electores no tendrán a la vista el nombre de todos los postulantes.
Diputados tendrá que tratar la propuesta contra reloj para que el nuevo sistema pueda aplicarse en las elecciones de mitad de mandato del año próximo. El apuro radica en los plazos de cuestiones logísticas que deben resolverse para su implementación.
El texto aprobado ayer establece el uso de una única boleta de papel en la que estará toda la oferta electoral de cada distrito, con los nombres de las agrupaciones y de los candidatos que participan en la elección, salvo en los distritos que eligen muchos diputados, donde no estarán todos.
El modelo de boleta acordado es similar al que se utiliza en Mendoza, en el que los nombres de las agrupaciones se ubican de manera horizontal en el margen superior de la papeleta y las categorías en juego –presidente y vice, diputados y senadores nacionales– se despliegan en sentido vertical.
Sin botón de lista completa
Sin embargo, para poder conseguir el apoyo de los senadores de Río Negro y Misiones, y alcanzar la mayoría absoluta del total de miembros de cada cámara que exige la Constitución para aprobar una reforma electoral, se eliminó el denominado “botón de lista completa”, casillero que, al marcarlo, le permite a un elector apoyar a todos los postulantes de una misma fuerza política.
El proyecto fue informado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos), quien consideró el cambio de sistema “un salto cualitativo” y dijo que la boleta única “garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir porque garantiza que en el cuarto oscuro esté presente toda la oferta electoral”, al evitar el robo de boletas en los puntos de votación.
“Todos los partidos políticos compiten en igualdad de condiciones, tiene el mismo espacio en la boleta para que pueda ser identificado”, agregó Kueider, quien destacó que la BUP trae aparejado un “ahorro económico”, ya que terminará con la inflación de ofertas electorales, sobre todo en las primarias, interesadas por acceder a los fondos del Estado para financiar la impresión de sus papeletas.
El radicalismo también apoyó el cambio de instrumento electoral. “Espero que le demos a la Argentina esto que es un paso más en la mejora de la representatividad política y esperemos que ya no tengamos que escuchar nunca más en la noche de un domingo electoral ‘me robaron boletas’ o ‘faltan boletas’”, afirmó Mariana Juri (Mendoza), una de las senadoras que más trabajaron para conseguir el acuerdo que finalmente permitió destrabar el tratamiento.
“Esta iniciativa es esencial para el fortalecimiento de la democracia”, se sumó Maximiliano Abad (UCRBuenos Aires), quien destacó que la boleta única “es más transparente, más equitativa, más simple, más austera y más económica y ambientalmente sustentable”.
El kirchnerismo se opuso con firmeza al cambio. “Es un sistema de oscurantismo, de ocultamiento”, denunció Daniel Bensusán (La Pampa). “Van a estar ocultos narcotraficantes, delincuentes, porque en las boletas no van a estar sus nombres, sino que van a estar en afiches en las paredes” del cuarto oscuro. “Hoy se quiere cambiar lo único que anda bien en el país, que es el régimen electoral; quieren destruir el Estado de Derecho y comienzan modificando nuestro régimen electoral”, denunció Florencia López (La Rioja).
La porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) aceptó que el actual sistema “es bueno”, en virtud de que existe alternancia política a nivel nacional. “Pero creo que uno siempre pude mejorar los procesos”, agregó la legisladora, quien sostuvo que el cambio de la boleta partidaria “sí es una demanda de la ciudadanía”.
El tratamiento del proyecto había quedado estancado en enero último cuando la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un dictamen alternativo al texto aprobado en la Cámara de Diputados a mediados de 2022. La propuesta fue apoyada por el misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia.
Sin esos tres votos (el frente misionero tiene dos senadores) y con el kirchnerismo apoyando la propuesta alternativa, el tratamiento quedó bloqueado, con dos dictámenes apoyados por 36 senadores, es decir, uno menos que la mayoría absoluta de la Cámara alta,
En el debate de ayer, Silva contó que en los últimos meses “ocurrieron una cantidad importante de conversaciones” que permitieron llegar a un acuerdo. “Las modificaciones contienen lo mejor de cada uno de los dos dictámenes”, agregó.
En ese sentido, la senadora por Río Negro dijo que con la eliminación del casillero que permite votar la lista completa “queda saldada la desigualdad a la que quedábamos sometidos los partidos provinciales”. Además, Silva destacó que, en el caso de su provincia, “solo en sobres se estarían ahorrando unos 30 millones de pesos”.

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Golpe al Gobierno: la oposición sancionó en el Senado la ley de financiamiento universitario con más de los dos tercios de los votos
El presidente Javier Milei prometió vetar la norma que recompone el presupuesto universitario y ordena actualizarlo de manera mensual por inflación
Gustavo Ybarra
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, encabezó la sesión durante el tratamiento de ley de financiamiento universitario
La oposición le propinó al Gobierno una dura derrota política en el Senado al sancionar una ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales. La norma camina con destino al veto del presidente Javier Milei, que podría pagar un duro costo político por aplicar una medida de ese calibre en un tema que motivó, en abril último, una masiva marcha en contra de la resistencia del Poder Ejecutivo a financiar las casas de altos estudios.
La ley fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención. El débil rechazo a la iniciativa fue aportado por siete libertarios y tres senadores de Pro, bancada que votó dividida, ya que otros tres lo hicieron a favor y la pampeana Victoria Huala se abstuvo.
Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.
Como parte de su enfrentamiento con parte de la oposición en el Congreso, el jefe del Estado ya anunció que vetará la norma, tal como lo hizo con la ley de recomposición de las jubilaciones. Esto sumará tensión a la reunión del próximo domingo, cuando Milei asistirá al recinto de la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto nacional 2025.
La ley que sancionó esta madrugada en la Cámara alta establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país.
Los senadores Carolina Losada, Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri
La inyección de fondos se distribuirá en función del número de estudiantes que ingresan y alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.
“El proyecto no busca incrementar los presupuesto de las universidades nacionales, sino que busca resguardar los gastos de funcionamiento, que representan menos del 10% del gasto total asignado”, afirmó Flavio Fama (UCR-Catamarca), quien destacó que el 90% restante se consume en la recomposición salarial del personal docente y no docente.
El legislador radical, que fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca, destacó que “más de un millón y medio de argentinos, que esperan tener un futuro, están en las universidades públicas”, cifra que, dijo, representa el 70% del total de estudiantes de las casas de alto estudios de todo el país.
Por su parte, el kirchnerista Daniel Bensusán (La Pampa) apuntó sus críticas a Milei. “El presidente se la pasa diciendo en cada viaje al exterior que quiere insertar al país en el mundo. Cómo se va a insertar en el mundo si no tenemos garantizadas las carreras y las investigaciones estratégicas universitarias”, sentenció.
“En vez de pensar en la motosierra para las universidades nacionales y para los jubilados, pensemos en garantizar que haya mayor cantidad de ingresados y mayor inversión en investigación para el desarrollo de nuestro país”, remató Bensusán, antes de afirmar que “votar en contra de este proyecto es votar en contra del progreso de nuestro país”.
Eduardo de Pedro y Mariano Recalde, durante la sesión que comenzó a las 14 y se extendió hasta la madrugada
El oficialista Bruno Olivera (San Juan) aseguró que la iniciativa no cumple con la ley de administración financiera porque no especifica de dónde deberían salir los fondos para que el Poder Ejecutivo para solventar el incremento presupuestario. “No se entiende bien cómo se van a financiar estos aumentos”, afirmó el legislador, quien mencionó informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que señalan que “gran parte de los fondos universitarios no se canalizaron de manera eficiente”.
“Es claro que hoy la oposición quiere establecer un discurso en el cual quieren decir que ellos llevan la bandera de la educación y nosotros somos los malos”, remató el senador por San Juan.
En sintonía con el oficialismo, el peronista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) criticó al kirchnerismo “por hacer política creando universidades”, tras lo cual recordó que en los últimos 20 años pasaron de 45 a 61 las casas de altos estudios. “Debemos invertir mejor, pero también debemos tener mejor calidad educativa”, agregó.
La ley sancionada esta noche prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN). La cláusula fue introducida en la Cámara de Diputados por impulso de la UCR en respuesta a la denuncia del Gobierno, repetida por el oficialismo en el Senado, acerca de una supuesta opacidad en el manejo de los fondos por parte de las universidades.
“Estamos hablando de docentes que nos les alcanza la plata para ir a dar clases”, denunció el radical Martín Lousteau (Capital), quien se enojó porque la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) calificó como parte de la casta a los funcionarios universitarios por los malos resultados de la gestión educativa de las casas de altos estudios.
Lousteau volvió a la carga con los beneficios que la Ley Bases le otorga a aquellos que ingresen al blanqueo. “A esos nos les cobran un peso, pero para las universidades no hay plata”, afirmó, para concluir: “Primero decidieron no cobrarle a los que blanquean, por eso no hay plata”, concluyó.

Martín Lousteau

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