EL ESCENARIO ECONÓMICO Y ADN DEL CRIMEN

Milei ya tiene a los empresarios para la liberación
Dos reuniones presidenciales con cuatro de los principales grupos empresarios del país marcan el rumbo del Gobierno en un sector que les trajo enormes problemas en el pasado a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri; madura un nuevo juego de lealtades más allá de la ideología; las moléculas del gas y del petróleo juegan a favor del proyecto de Javier Milei
Pablo Fernández Blanco
La visita a Vaca Muerta que surgió tras una reunión privada en Casa de Gobierno. El presidente Milei, rodeado de empresarios
Mediodía de entusiasmo en Casa de Gobierno. Paolo Rocca, de Techint, tomó la iniciativa para visitar a Javier Milei, pero no estuvo solo. Lo acompañaron Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo, exempleador del libertario durante sus años de trabajo en Corporación América. Ocurrió el 11 de junio pasado.
Los empresarios llenaron al Presidente de las cosas que más le gustan: números y conceptos sobre la marcha de Vaca Muerta, uno de los pocos negocios que funcionan decididamente bien en una economía que atraviesa todavía la parte más amarga del ajuste.
La inducción de los barones del petróleo tuvo sus frutos. Al cabo del encuentro, Milei le pidió a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que organizara un viaje a Vaca Muerta, como le habían sugerido Rocca, Mindlin y Eurnekian. Se lo encomendó al presidente de YPF, Horacio Marín. Eurnekian tuvo, también, un rol destacado en la gestión. Es el origen de la visita de Milei a ese emirato patagónico, inmortalizada en una foto en la que se lo ve con mameluco de operario, rodeado por trabajadores de la empresa bajo control estatal y de varios empresarios del sector energético.
Son pocos los empresarios que llegan a reunirse a solas con Milei. A los nombres de Rocca, Mindlin y Eurnekian se le suma el de Eduardo Elsztain, que estuvo en el mismo lugar con el Presidente unos días antes para hablar de temas mineros. Elsztain es accionista de la minera Pan American Silver y anfitrión del denominado Foro Llao Llao, un pequeño Davos argentino. El Presidente coleccionó en la última edición de ese encuentro un aplauso cerrado proveniente de los más altos exponentes del sector privado argentino.
Paolo Rocca, CEO de Techint, dueña de Tecpetrol. Fue el gestor de la reunión con Milei que le dio una nueva perspectiva sobre la energía.
La compañía del empresariado no es de las cosas que más disfruta el Presidente. De hecho, está mucho más cómodo cuando habla con economistas. Prueba de eso es que los domingos de ópera por la tarde en Olivos tienen como figuras que se repiten a Juan Carlos de Pablo y a Miguel Boggiano. Las preferencias presidenciales le dan un valor mayor a sus escasos encuentros a solas con hombres de negocios.
El vínculo con el empresariado recala en gran medida en Guillermo Francos. El jefe de Gabinete conoce a todos y tiene la escucha de la diplomacia. Por su despacho pasó, por ejemplo, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, uno de los mayores grupos privados del país, quien también tiene intercambios cada vez que lo requiere con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Francos y Caputo, a su vez, conforman un dueto de relación con el sector privado. Hace dos jueves, por ejemplo, se reunieron en el Salón de los Escudos de Casa Rosada con Jack Lundin, presidente de la minera que lleva su nombre, socia a su vez en el país del gigante BHP. Ambas invertirán cerca de US$1000 millones en San Juan.
Francos es también interlocutor de otros apellidos locales como Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (Newsan), Juan Luis Donicelli (jefe en el país del negocio de cobre de Glencore, otro gigante internacional) o Matías Patanian (vice de Aeropuertos Argentina y de River), solo para mencionar algunos de muchos otros ejemplos.
La atención del Gobierno por los recursos naturales no es casual. Milei cree que el petróleo, y en menor medida la minería, pueden llegar a ser para él lo mismo que la soja resultó para Néstor Kirchner. Eso explica por qué le dedicó un espacio especial a tres de las figuras más fuertes de esa industria y proliferan en la agenda oficial encuentros con empresarios de esa extracción.
Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, es uno de los pocos empresarios que pudo ver en un grupo reducido al Presidente. Es uno de los grandes inversores en gas.
El Gobierno está haciendo otros deberes por su cuenta. Marín, un exejecutivo de Techint a cargo de YPF, llegará mañana por la madrugada a la India. Estará hasta el martes y tiene la expectativa de ver a algún ministro importante relacionado con la energía.
La actividad industrial en la India tiene dependencia del carbón, altamente contaminante. En la última convención del clima, el país asumió un fuerte compromiso para reducirlo. Es una hendija por la que puede pasar el sueño libertario. El presidente de YPF busca cerrar contratos de compra a futuro para exportar por barco el gas de Vaca Muerta. Una vez que los tenga, podrá ir a los bancos para pedirles que le presten el dinero para hacer una planta de licuefacción. Necesita US$30.000 millones. Por eso irá a buscar recursos a otros lugares, como Alemania. El objetivo es reemplazar a Rusia como proveedor en el corazón productivo de Europa.
El presidente de a petrolera bajo control estatal también irá a Arabia Saudita a ver a ejecutivos del gigante Aramco. Acompañará al ministro de Economía, Luis Caputo, que desde que arrancó el Gobierno busca fondos allí para fortalecer las reservas del Banco Central.
La Casa Rosada hace bien en ver de cerca la cuestión energética porque es determinante para el futuro de los gobiernos en la Argentina. Mauricio Macri sufrió el desgaste político del fuerte aumento de tarifas, algo que, según su propio diagnóstico, terminó restándole votos en la elección que perdió con Alberto Fernández.
Hay ejemplos aún más notorios. El sector energético fue el lastre del país en los años del kirchnerismo. La expresidenta Cristina Kirchner dilapidó los superávits gemelos que había heredado de su marido por su ruinosa política tarifaria en gas y electricidad. La Argentina, además, se convirtió en importador de petróleo y el Banco Central se vació de dólares para pagar la factura de lo que se compraba afuera porque no alcanzaba lo de adentro. Fue el origen del cepo cambiario.
La caída de la producción primaria durante los años del kirchnerismo obligó al país a ser importador frecuente de gas por barco.
Hay un episodio que resume mejor que ningún otro aquellos años en los que la economía vivió a los tumbos. El 27 de diciembre de 2011 por la noche, en la Quinta de Olivos, Cristina Kirchner se reunió con Sebastián Eskenazi, por entonces CEO de YPF. Eskenazi había comprado cuatro años antes a la española Repsol una parte de la mayor empresa industrial del país en una operación polémica y con el acompañamiento de Néstor Kirchner. Pese a que Petersen, la empresa familiar, tenía una porción minoritaria, manejaba la compañía.
La Presidenta le reprochó los números de las importaciones de energía, que en 2011 habían llegado al récord de US$9400 millones. Cristina Kirchner le pidió a Eskenazi que dejara de distribuir dividendos al exterior y comenzara a invertirlos en la exploración y producción de petróleo y de gas. El empresario lo rechazó: debía seguir repartiendo ganancias para cumplir el acuerdo con Repsol, la socia mayoritaria, y pagarles a los bancos que le habían prestado el dinero. Cuatro meses después, Cristina Kirchner ordenó reestatizar la empresa.
Puesto en una breve perspectiva histórica, las moléculas de hidrocarburos están jugando ahora a favor de Javier Milei. Si el kirchnerismo tuvo en términos políticos a “los pibes para la liberación”, como cantaba en cada acto la juventud que apoyaba a la expresidenta, se podría decir que Rocca, Mindlin, Eurnekian y muchos otros petroleros son los empresarios para la liberación de Milei. No política, sino económica: la liberación del cepo cambiario, del déficit comercial y del desequilibrio de las cuentas nacionales.
Hay números que sostienen la expectativa del Gobierno y son los suficientemente relevantes como para prestarles mucha atención. Este año, la Argentina tendrá un superávit comercial energético de US$6000 millones, según estimaciones de Nicolás Gadano, economista jefe de la consultora Empiria y experto en el sector. Es una bendición económica en un país que sufre como casi ninguno la escasez de dólares. Y se espera que en 2025 esa cifra aumente hasta los US$9999 millones. Este 2024 será el primero de los últimos 14 años en los que la Argentina tendrá un saldo a favor en ese rubro tan gravitante.
El crecimiento explosivo de Vaca Muerta, que arrancó con Cristina Kirchner, pero ahora alcanza niveles récord, le permitirá al país también dejar de lado engorrosos problemas de gestión. A fines del último mayo, una desinteligencia entre la Argentina, Petrobras, el Banco Nación y una entidad alemana derivó en demoras en la descarga de gas importado por barco que generó una crisis. Centeneras de empresas y estaciones de GNC se quedaron sin suministro.
La empresa estatal Enarsa ajustó los calendarios para evitar que eso se repitiera, pero se encontró con otra evidencia: es víctima de los caprichos de la temperatura, algo que se traduce en dinero. En los últimos tres meses, hubo ocasiones en que los barcos que traían GNL se amontonaban en el Río de La Plata porque el producto no hacía falta. A veces, se puede ver desde Pocitos (Montevideo) el espectáculo de luces sobre el agua que muestran los buques que están esperando en la denominada zona Charly.
Pero luego vuelve a ser necesario traer gas de afuera. Enarsa licitó a fines de esta semana dos barcos más para septiembre y octubre que se usarán para generar electricidad. El aumento de la producción local debería simplificar esas peripecias.
La Argentina se prepara para desandar en los próximos meses un camino al que la condujo la crisis de las últimas dos décadas. En octubre, dejará oficialmente de traer gas de Bolivia, una dependencia que se incrementó de la mano de la caída de la producción primaria local y la comunión ideológica entre el kirchnerismo y el gobierno de Evo Morales.
El episodio muestra también las nuevas afinidades de época. Si el divorcio energético con Bolivia trae alguna dificultad, el Gobierno le pedirá ayuda a Chile para quedarse con una parte del gas por barco que llega al puerto trasandino de Mejillones.
Aunque Milei es liberal y Boric se presenta como socialista, las segundas líneas de ambos países encontraron comprensión recíproca para resolver problemas cotidianos. Algunos funcionarios argentinos, de hecho, trabajaron para que ese país fuese el terreno para la firma de un memorándum entre Milei y Lula con vistas a exportar gas a Brasil. En ese caso, las diferencias ideológicas fueron más fuertes, pero el convenio podría descender al nivel de los ministros, o secretarios de Estado de ambos países. Lula tiene motivos para pedirle una tregua a su propio libro rojo imaginario.
Desde principios de año, los empresarios del sur de Brasil buscan cerrar una alianza con la Argentina para comprar el gas de Vaca Muerta. Hay razones para pensar que el principal socio comercial del país quiere dejar de ser un espectador del negocio para comenzar a formar parte de él.
Fuentes del sector petrolero aseguran que personas que hablaban en nombre de la petrolera estatal Petrobras intentaron averiguar en los últimos días sobre las alternativas para comprar activos de exploración y producción de hidrocarburos en la Patagonia. Sería un retorno completamente inesperado.
Petrobras llegó al país envuelta en las críticas del empresariado argentino tras los coletazos de la crisis de 2001. En julio del año siguiente, la familia Perez Companc anunció que le vendería su emblemático negocio petrolero a la empresa brasileña. Pero esta última, que intentó de distintas maneras hacer pie en el país, no pudo contra la caótica política energética del kirchnerismo y sus propios problemas en sus cuarteles centrales.
En 2016, vendió sus activos en la Argentina. Aprovechó la oportunidad Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, que tuvo un crecimiento exponencial en el negocio, al igual que Tecpetrol, del grupo que maneja Rocca. Sus inversiones petroleras les permiten a ambos sentarse en la mesa virtual de los empresarios que pueden empezar a liberar al país del lastre cuyos primeros destellos comenzaron a verse al final del gobierno de Fernando De La Rúa. El sector energético está jugando a favor de los nostálgicos de los años 90, cuando no existían esos problemas.

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Las últimas barreras del delito caen con las ventas de bebés
En Buenos Aires y en la frontera norte aparecieron en las últimas semanas casos en los que la Justicia y las fuerzas de seguridad evitaron la comercialización de menores

Gustavo CarabajalEl tráfico de un menor se evitó en el puesto de control fronterizo entre Aguas Blancas y Bermejo 
Antes de que naciera su hijo, la mujer acordó con una pareja el precio de venta del bebé. El 24 de julio pasado la mujer, con problemas de adicción a las drogas, dio a luz a su hijo en un hospital de Escobar. Dos días después lo entregó al matrimonio con el que había pactado la venta. El caso de trata de personas fue puesto al descubierto a partir de una denuncia a la línea de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), realizada el 1° de agosto. Luego de siete días de investigación los funcionarios del juzgado federal de Zárate-Campana y de la Policía Federal lograron interrumpir la venta del niño y lo rescataron.
Se trató del segundo episodio en el que la Justicia Federal desbarató un grupo dedicado a la venta de bebés en menos de dos semanas. El 14 de agosto pasado el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, procesó a una madre que entregó a su hija recién nacida a una pareja de hermanos que planeaba cambiarle la identidad para traspasarla a una red internacional de trata de personas.

Tanto el caso de Escobar como el hecho desbaratado en la frontera con Bolivia pusieron al descubierto que, igual que con la desaparición de Loan, en Corrientes, existen grupos dedicados a la sustracción de niños para entregarlos a redes de trata de personas, tal como fue la primera calificación penal contra los siete detenidos por el secuestro del menor, de cinco años, ocurrido el 13 de junio pasado, la localidad correntina de Nueve de Julio.
Sobre el hecho descubierto en Salta, los funcionarios judiciales detuvieron a los hermanos que recibieron la beba, cuando estaban por cruzar la frontera desde la Argentina, por el paso internacional de Aguas Blancas, en dirección a la ciudad boliviana de Bermejo. Los dos sospechosos y la madre de la niña quedaron imputados por el delito de “supresión de estado civil”.
La fiscal federal María del Carmen Núñez solicitó que los hermanos queden presos con prisión preventiva. Mientras que a la madre, si bien seguirá el proceso en libertad, se le aplicó una medida de prohibición de acercamiento a la beba.
Con respecto al hecho ocurrido en Escobar, fuentes de la investigación indicaron que el recién nacido estaba por ser inscripto en el Registro Civil local cuando la policía irrumpió en la vivienda del matrimonio que lo había comprado, en Escobar. Al allanar la casa, los funcionarios de la fuerza federal de seguridad encontraron la cuna y lograron rescatar al recién nacido.
Debido a que la supresión de identidad no llegó a concretarse ni la pareja que había comprado al bebé ni la madre que lo vendió fueron detenidos. Aunque los investigadores, supervisados por el juez federal Adrián González Charvay, continuarán con la pesquisa para tratar de establecer si, eventualmente, en la zona operaba alguna organización que actuó como intermediario entre la madre vendedora y la pareja compradora.
La ley, en el artículo 139 del Código Penal, establece condenas de dos a seis años de prisión al que “por un acto cualquiera hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”. Mientras que, según el artículo 139 bis, se impondrá una pena de tres a diez años de prisión para que el facilitador o promotor de supresión de identidad, exista o no precio o promesa remuneratoria.
Según fuentes de la Justicia Federal de Zárate-Campana, la madre del bebé estaba en una situación de vulnerabilidad extrema, con problemas de adicción a las drogas y con una pareja vinculada con el ambiente del delito. Hasta el momento, la mujer que denunció el caso no había aportado la suma que pagó el matrimonio por la compra del recién nacido.
Contrabando, drogas y chicos
El caso desbaratado en la zona de Escobar es un espejo del hecho ocurrido en la frontera entre Aguas Blancas, en la Argentina, y Bermejo, en Bolivia. La investigación encarada por el juez federal de Orán comenzó el 9 de agosto pasado, luego que la fiscal Núñez recibió una denuncia de las responsables del hospital San Vicente de Paul, quien alertó sobre la desaparición de una beba que había nacido en el mencionado centro asistencial.
Al aportar detalles en la denuncia, la testigo explicó que la madre había llegado al hospital el 4 de agosto. Ese mismo día la mujer fue sometida a una cesárea y dio a luz a una niña. Después de pasar 48 horas internadas madre e hija fueron dadas de alta. Al mismo tiempo, los médicos del centro asistencial dispusieron que un agente sanitario visitara a la mujer para revisar la evolución de la operación y el estado de la recién nacida.
Pero cuando el funcionario del hospital se presentó en la finca Abra El Sol, situada en el paraje El Sauzalito, para verificar el estado de salud de la madre y de la niña, encontró solo a la mujer, quien explicó que la bebé había quedado internada en el nosocomio.
Ante la ausencia de la beba y luego de comprobar que la madre mentía, ya que el agente sanitario sabía que la niña no estaba en el hospital, se puso en marcha una búsqueda y se alertó a los efectivos de la Gendarmería asignados al puesto de control en el puente que comunica la ciudad de Aguas Blancas con Bermejo, en Bolivia.
Luego de interrogar a la madre, se estableció que la niña nunca llegó a la vivienda del paraje El Sauzalito. Ante la policía, la madre aportó un segundo domicilio, en la localidad de Aguas Blancas, en el barrio Treinta Viviendas. Cuando los efectivos de la fuerza de seguridad de Salta allanaron esa vivienda no hallaron rastros de la recién nacida ni del hombre señalado por la madre.
A partir de la investigación encarada por la fiscalía, los policías encontraron al sospechoso. Al interrogarlo, el acusado aportó el nombre de su hermana, quien vivía en una casa situada del otro lado del río, en la ciudad boliviana de Bermejo.
Antes de que la Justicia ordenara la captura internacional de la mujer, la hermana del sospechoso se presentó en la comisaría de Aguas Blancas y entregó a la recién nacida. Los responsables de la pesquisa establecieron que la pareja de hermanos actuó como intermediario en la venta de la niña y que planeaban entregarla a una red de trata de personas, previo cambio de identidad de la beba. Hasta el momento no trascendió la suma de dinero que habrían pagado los hermanos por la niña.
Al dictar el procesamiento con prisión preventiva de ambos hermanos, el juez Montoya consignó: “Acá está en juego lo que podría ser una red internacional de trata, entonces en este sentido voy a disponer la medida de coerción más grave”.
En tanto que la recién nacida no fue entregada a su madre debido a la situación de riesgo que sufrió y su cuidado quedó a cargo de la Secretaría de la Niñez de Salta, con la tutela de la Defensoría Federal de Menores.
Los casos de venta de niños no ocurren solamente en zonas de frontera o en el conurbano, también en Rosario. Luego de una investigación del fiscal federal Martín Gambacorta, fue desbaratado el plan pergeñado por un hombre para vender a su beba de dos meses.
El acusado ofrecía a la menor con fotos que publicaba en el perfil de ventas de la red social Facebook denominado “venta de todo para niños y bebés Rosario”. Debajo de las fotos, el acusado consignó la suma de dinero que pedía por la niña y los datos de su CBU.
También expresaba que contaba con los certificados de inscripción de la niña en blanco, es decir, sin completar los nombres de los padres. El fiscal Gambacorta requirió que el acusado sea sometido a juicio como autor de la tentativa de supresión de identidad de una menor de edad.
Sospechas en Buenos Aires
Los indicios sobre la existencia de redes de trata que comercian menores en Buenos Aires tienen un eje de investigación en otra causa. Se trata del caso en el que una jueza quedó bajo la mira de los investigadores por presuntas irregularidades en la aprobación de adopciones.
La investigación comenzó en septiembre de 2017, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense destituyó a la jueza de familia de Pilar Alejandra Claudia Velázquez por graves irregularidades cuando desempeñaba el cargo.
Se sospecha que les pedía a asistentes sociales que fueran a buscar jóvenes embarazadas y de familias humildes para “vender” sus bebés a matrimonios y parejas de alto poder adquisitivo de la zona en trámites de adopción exprés. Luego de esa decisión, la entonces exmagistrada se mudó a Valencia, en España, donde el 24 de julio pasado fue detenida a pedido de la Justicia argentina.
La captura de Velázquez, de 63 años, fue ordenada por el juez de Garantías N°6 de San Isidro Nicolás Ceballos, a pedido del fiscal José Amallo, quien imputó a la exmagistrada por los delitos de cohecho y falsedad ideológica.
Tras la destitución de Velázquez por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, el fiscal Amallo continuó con el trámite de la causa penal para investigar los supuestos delitos en los que habría incurrido la exjueza. Finalmente, se llegó a la orden de captura internacional de la mujer que se había radicado en la ciudad española de Valencia.
En uno de los episodios resueltos por la Justicia Federal de Zárate-Campana quedó en evidencia que la madre del recién nacido estaba en una situación de vulnerabilidad extrema, con problemas de adicción a las drogas y con una pareja vinculada con el ambiente del delito
En Salta, una beba fue rescatada antes de que fuese cruzada a Bolivia

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