FICHA LIMPIA Y NEIFFERT

Ficha limpia: avanza el proyecto que prohíbe ser candidatos a los condenados por corrupción
La iniciativa fue aprobada en un plenario de comisiones; tuvo el respaldo de un amplio abanico de bloques y fue rechazado por el kirchnerismo, que hasta ahora lo había frenado

Laura SerraLos diputados María Eugenia Vidal, Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, ayer, en el plenario DIPUTADOS
A instancias del oficialismo y de un amplio abanico de bloques de la oposición dialoguista, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados logró avanzar en un dictamen sobre “ficha limpia”, una iniciativa que impide a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción a postularse como candidatos a cargos públicos.
La última vez que la oposición intentó aprobar este proyecto fue en 2019, en vísperas de la asunción del presidente Alberto Fernández.
La negativa sistemática del kirchnerismo frustró los sucesivos intentos opositores por impulsarlo. Cinco años después, una nueva mayoría conformada por La Libertad Avanza, Pro, UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal le dio nuevamente impulso en el plenario de comisiones que presidió el diputado libertario Nicolás Mayoraz.
Quien fervorosamente celebró este avance fue una de las promotoras de la iniciativa, la diputada Silvia Lospennato (Pro), quien destacó la perseverancia del Movimiento Ficha Limpia –encabezado por Gastón Marra, Fanny Mandelbaum y Gustavo Mena, exdiputado nacional y actual vicegobernador de Chubut– para que el dictamen, con el apoyo de medio millón de firmas ciudadanas, finalmente diera a luz.
“Todos estos años no teníamos el número necesario para que esta ley pasara. Hoy tenemos los diputados necesarios para que, en los próximos días, tengamos media sanción del proyecto de ficha limpia”, enfatizó Lospennato, quien enumeró que al menos media docena de provincias –Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe– y unos 40 municipios tienen una legislación similar.
“La corrupción erosiona las bases de la legitimidad democrática, hace que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones; la ficha limpia es constitucional porque todos los derechos son relativos, incluso el de elegir y el de ser elegidos –sostuvo–. No desconocemos que es complicado poner restricciones a los derechos electorales, pero esas restricciones están contempladas en los tratados internacionales que suscribió nuestro país, en particular el Pacto de San José de Costa Rica. Y la restricción allí incluida es condena penal por juez competente. Sin condena penal, es decir, en la instancia de una imputación o procesamiento, sería inconstitucional”.
Lospennato indicó que, para dotar al proyecto de un grado de certeza mayor, se acordó que en el dictamen se incluyera la condena confirmada, es decir, ratificada en segunda instancia.
Concretamente, la restricción se extenderá “desde el dictado de una sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.
Por su parte la radical Karina Banfi explicó que si bien en un primer momento se había barajado la posibilidad de ampliar la ficha limpia a las condenas por otros delitos, finalmente el dictamen se acotó al de corrupción para evitar una eventual judicialización de la ley una vez que se apruebe.
“Sin duda hay una infinidad de tipos penales que podrían estar incorporados, pero esto hubiese demandado un trabajo de concertación entre los distintos legisladores y no podemos esperar para dar una respuesta rápida y contundente a la sociedad”, enfatizó la diputada radical.
El dictamen no tuvo respaldo unánime: el bloque de Unión por la Patria firmó un dictamen propio que establece que solo una condena firme de la Justicia –es decir, cuando la condena termine por ser ratificada por la Corte Suprema– debería restringir la postulación de un candidato.
Además, incorpora en los alcances de la “ficha limpia” los condenados por delitos económicos, como violaciones a los regímenes cambiario y aduanero, entre otros.
Críticas y elogios
“Cuando hay corrupción, hay quien recibe y quien ofrece, en su mayoría del sector económico”, planteó la diputada Mónica Litza, quien propuso también incluir los condenados por eludir obligaciones tributarias por medio de empresas offshore.
“Esta es una cortina de humo, es un proyecto totalmente inconstitucional y así va a ser declarado porque vulnera el principio de inocencia”, agregó el diputado Carlos Soria.
Por su parte, Eduardo Valdés sostuvo que “no hay ficha limpia con justicia sucia”. “Mauricio Macri fue procesado por el juez (Norberto) Oyarbide, un juez que era muy cuestionado. Luego la cámara ratificó. La voluntad popular, ¿tuvo en cuenta el doble procesamiento de Macri? No, ganó la elección”, acicateó.
También el radical Fernando Carabajal planteó disidencias en un dictamen propio. Consideró que el dictamen de la mayoría, al limitar la “ficha limpia” al delito de corrupción, “es absolutamente insuficiente”. “Ser corrupto es grave, pero ser narcotraficante o pedófilo o asesino ¿es menos grave? Todo ese universo de delitos está excluido”, sostuvo el legislador, quien propuso incorporar aquellos delitos que en el Código Penal prevén condenas superiores a los tres años.
Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto respaldó el dictamen de la mayoría aunque apuntó contra “aquellos jueces que especulan políticamente” cuando aceleran o no los procesamientos en los que están involucrados dirigentes políticos. “Está bien que demos respuesta a los ciudadanos, pero esta iniciativa nos interpela a no seguir designando jueces que son parte del problema”, sostuvo.
También la diputada radical Danya Tavella apoyó el dictamen, aunque admitió que le gustaría que las restricciones que prevé la ficha limpia incluyera a los funcionarios designados “a dedo” por el Poder Ejecutivo y que hayan recibido condena, no solo aquellos que aspiran a ocupar un cargo electivo.

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Neiffert dijo que la SIDE no gastó los fondos reservados
Se presentó ante la Comisión de Inteligencia; afirmó que los $100.000 millones están guardados bajo certificación bancaria

Gustavo YbarraDiputados y senadores kirchneristas, ayer, al arribar a la reunión de comisión
El director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, dijo ayer ante una comisión parlamentaria que su misión es “profesionalizar” el organismo, aunque admitió que todavía no tiene listo el plan de inteligencia que piensa ejecutar en su gestión, y prometió devolver los $100.000 millones para gastos reservados otorgados por el Gobierno mediante el DNU 656/24 que la semana pasada derogó el Congreso.
Más aún, Neiffert no dio precisiones acerca de para qué habían pedido los fondos, que, aseguró, se encuentran guardados bajo certificación bancaria, cuando fue consultado por los legisladores de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el senador Martín Lousteau (UCR) y que tiene a su cargo controlar a la SIDE, con quienes mantuvo una reunión de casi tres horas,
Las expresiones del director de la nueva Secretaría de Inteligencia causaron sorpresa entre varios de los legisladores presentes en la reunión, quienes le preguntaron para qué habían decidido inyectar esa suma de dinero al organismo de inteligencia si, como dijo su titular, no se utilizó un solo peso desde que se dictó el DNU hasta que terminó siendo derogado con el rechazo del Senado, el jueves de la semana pasada.
Otro tema que también llamó la atención del auditorio de Neiffert fue su confesión de que todavía no tenía redactado el Plan de Inteligencia Nacional, a pesar de que llevan siete meses al frente del organismo. El funcionario prometió tenerlo terminado en un futuro cercano y discutirlo con los miembros de la comisión bicameral.
El encuentro se desarrolló en un clima cordial, sin discusiones altisonantes, a pesar de que los legisladores de la oposición le hicieron notar el error del Gobierno de haber usado la herramienta del decreto de necesidad y urgencia tanto para establecer la nueva estructura de la Secretaría de Inteligencia como para, poco después, destinarle $100.000 millones para gastos reservados.
El funcionario se encontró con el apoyo de los representantes libertarios en la comisión, los diputados Miguel Bornoroni y César Treffinger, quienes aprovecharon las palabras de Neiffert para quejarse de que la oposición había usado el tema del DNU para hacer una campaña contra el Gobierno.
Virtual abandono
En su exposición inicial, el jefe de los espías trazó un panorama desolador del área de inteligencia. Habló de un virtual abandono y desfinanciamiento de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Alberto Fernández. Ninguno de los representantes de Unión por la Patria presentes, todos alineados con el sector duro del kirchnerismo, abrió la boca para defender esa gestión.
Neiffert asistió a la cita ante la bicameral acompañado por los directores del Servicio de Inteligencia,
Alejandro Colombo; de la Agencia Federal de Ciberseguridad, Ariel Waissbein, y de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Cecati.
No faltó durante el encuentro la pregunta del kirchnerismo sobre el papel de la SIDE en el uso de cuentas anónimas en la red social X que defienden al Gobierno y hostigan a políticos y periodistas opositores. “No vinimos a hacer eso”, respondió Neiffert ante las consultas del senador Oscar Parrilli y el diputado Rodolfo Tailhade.
Por esta vez, y dada la cantidad de funcionarios que asistieron con Neiffert, la comisión mudó su sede de reuniones a uno de los salones del quinto piso del anexo del Senado, que tiene sus oficinas en el sexto; en el que se pudo ver un operativo de seguridad con agentes de traje oscuro con intercomunicadores en sus orejas y se prohibió la circulación por el pasillo de periodistas y personas ajenas a la bicameral o que no fueran allegados a los legisladores que la integran.
Neiffert concurrió a la bicameral poco menos de una semana después de que el Senado terminara por derogar el jueves último el DNU 656/24, por el cual Javier Milei amplió en $100.000 millones el presupuesto para gastos reservados de la SIDE, asestándole un golpe al Gobierno.
El rechazo no solo implicó una desautorización a la jefatura de Milei, sino que se convirtió en un hecho histórico, ya que se convirtió en el primer DNU que el Congreso deja sin efecto desde que, en 2006, se sancionó la ley de trámite legislativo.

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