Avanza el proyecto que amplía el registro de datos genéticos
Firmaron dictamen a una iniciativa de Patricia Bullrich, que ya aprobó la Cámara baja
Gustavo Ybarra
Con polémica y amenazas de impugnación del kirchnerismo, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales emitió ayer dictamen al proyecto de ley que amplía a todo tipo de investigación criminal el Registro Nacional de Datos Genéticos, que en la actualidad solo almacena muestras de ofensores sexuales.
La iniciativa es una propuesta del Poder Ejecutivo y fue aprobada, aunque con cambios con relación a su redacción original, por la Cámara de Diputados el pasado 15 de agosto y al recibir dictamen de comisiones en el Senado sin modificaciones quedó en condiciones de convertirse en ley en la siguiente sesión, que podría convocarse para la semana próxima.
La norma es reclamada por organizaciones de familiares de víctimas de delitos, como las Madres del Dolor, como una herramienta que podría ayudar a resolver muchos de los casos que tras varios años permanecen impunes. El impulso del tratamiento en el Senado lo tomó la radical Carolina Losada (Santa Fe), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que el miércoles de la semana pasada había convocado al plenario para escuchar la opinión de funcionarios de Poder Ejecutivo y de especialistas.
El texto aprobado por la Cámara baja ampliará a todos los delitos el uso del banco de datos genéticos, que fue creado en 2013 con la finalidad de ayudar a la resolución de casos de delitos sexuales. El registro permite comparar las huellas y trazos que se obtengan en la escena del crimen con el perfil genético de los imputados y condenados, a quienes se les extraerá una muestra para sumarlo al registro.
“Esto es fundamental para mejorar la investigación criminal en el país, en el contexto actual y con tantas cuestiones que resolver, creo que toda medida que ayude a reducir el crimen, agilizar las investigaciones y lograr una mejor justicia se tienen que aprobar y de manera expeditiva”, afirmó el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), durante el debate en comisiones del proyecto.
Otra de las modificaciones que se introducen en el Registro es la posibilidad de que los familiares de las víctimas puedan hacer un aporte voluntario de material genético para ampliar el registro y comparar el ADN del cuerpo de una persona no identificada.
A pesar de lo que pretendía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Registro permanecerá bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El proyecto original establecía que el banco pasaría a depender de la cartera que maneja la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio.
Que la iniciativa haya sido impulsada por Bullrich y su pretensión de poner el Registro bajo la tutela de su ministerio fue una de las cuestiones por las que el kirchnerismo votó en contra en general de la iniciativa, junto a la izquierda, cuando el proyecto se discutió en la Cámara baja.
Polémica
Ahora, en el Senado, el kirchnerismo volvió a plantear su oposición a que avance la iniciativa, aunque en esta ocasión se ampararon en cuestiones reglamentarias para impugnar el dictamen alcanzado esta tarde en el plenario de comisiones.
La firma del dictamen se logró casi sin debate sobre la cuestión de fondo. Gran parte de la discusión se la llevó la réplica del resto del arco político a la queja del kirchnerismo, manifestada por Oscar Parrilli (Neuquén), por la presunta convocatoria de la reunión fuera de los plazos reglamentarios.
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Aprueban los pliegos de 135 jueces, fiscales y defensores bonaerenses
Fue a partir de un acuerdo del PJ con la UCR, Pro y los libertarios díscolos; Magario incluyó a ocho magistrados para La Matanza; cruce entre Berni y Arietto
El Senado bonaerense aprobó 135 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales para 18 departamentos judiciales. El gobernador Axel Kicillof acordó con la UCR y Pro para conformar la lista, y las iniciativas tuvieron apoyo mayoritario, también de una parte de los senadores que ingresaron por La Libertad Avanza y luego se alejaron.
La sesión, prevista para las 15, comenzó pasadas las 16.30, luego de un primer llamado en el que no se reunió el quorum. Finalmente, con 45 senadores (sobre 46), el debate se inició. Tras una larga lectura de los 135 cargos en juego, la votación insumió unos pocos segundos y, a las 18.52, todos los pliegos fueron aprobados. Ahora resta la designación oficial por parte de Kicillof.
Para llegar a la aprobación, los pliegos tuvieron un camino sinuoso. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el camporista Emmanuel González Santalla, le pidió por carta a la vicegobernadora Verónica Magario que girara las candidaturas a la comisión, trámite que se había demorado inexplicablemente luego de un maratónico proceso de audiencias y entrevistas de más de 120 candidatos por la comisión.
Finalmente, luego de una reunión entre Magario y el ministro de Justicia de Kicillof, Juan Martín Mena, los pliegos llegaron a la comisión. Eso sí, fue con el agregado de nueve candidatos: ocho eran del Departamento Judicial La Matanza, donde Magario y Fernando Espinoza concentran su poder.
Los candidatos que concentraban mayor oposición eran el fiscal general interino de Lomas de Zamora, Carlos Baccini (ratificado ayer en ese cargo), y el juez de garantías Nº 8 de ese departamento judicial, Gabriel Vitale, votado como camarista penal de AvellanedaLanús. El bloque denominado “La Libertad Avanza 1”, integrado por Carlos Curestis, Joaquín de la Torre y Florencia Arietto, los cuestionó. La senadora presentó pedidos de juicio político contra ambos.
A la hora de la votación, Arietto fue una de las pocas que se opusieron a aprobar los pliegos –Betina Riva, del bloque Buenos Aires Libre, fue la otra–. Curestis levantó la mano. De la Torre estuvo ausente.
Cuando terminaba la sesión, y pese a que la votación ya había sido consumada, Arietto pidió la palabra para volver a cuestionar a Baccini, así como a la “falta de fiscales en La Matanza” que atiendan las usurpaciones. “Elevemos la vara”, les reclamó a sus pares.
“Es absolutamente falso lo que dijo de los fiscales de La Matanza”, le respondió Gustavo Soos, senador peronista, que definió a Baccini como un “excelente docente” de las universidades de Lomas de Zamora y del oeste. Luego, hizo una larga defensa del proceso de selección de magistrados.
“Quiero agradecerle al senador
Soos porque vino a echarle claridad a la ensalada de frutas que tiene en la cabeza la senadora Arietto”, intervino el senador y exministro Sergio Berni. “Todos nos acordamos cuando era rubia, panelista de 6,7,8 y zafaronista. [...] Después se fue del kirchnerismo, del massismo, de Larreta, de Bullrich. Creo que incluso en estos meses pasó por tres bancas”, agregó. “Hay que ser honesta, Arietto”, completó.
Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal), también adhirió a las palabras de Soos, insistió en que la mera presentación de una denuncia no es equiparable con el estudio que se realiza de los antecedentes de los candidatos a jueces y fiscales, y enfatizó en el valor de haber aprobado los 135 pliegos, en tanto significan un avance importante para el funcionamiento de los tribunales.
Arietto acusa a Baccini por su actuación en una causa contra el fiscal Adrián García Lois, por “abuso sexual con acceso carnal y otros”, que fue archivada. Considera que favoreció a García Lois al ordenar un cambio de fiscalía en la investigación. A Vitale le critica su desempeño en la causa del Club Independiente en la que se investigaba a Hugo y Pablo Moyano por presunta asociación ilícita.
Sobre Baccini (y sobre el fiscal Sebastián Bisquert) pesan cuestionamientos por sus actuaciones en una causa vinculada al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. La cuestión saltó a la luz cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, le pidió al fiscal Jorge Grieco una causa que había sido archivada, en la que se investigaba al contador municipal de Lomas de Zamora Hernán Rosin, tras el hallazgo, en 2017, en la municipalidad, de cajas con presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, en un presunto “kit para inventar licitaciones”.
En el lista do de magistrados aparecen algunos apellido s con recorrido político
Según la Suprema Corte bonaerense existen 351 vacantes de jueces en un total de 1406 cargos, lo que representa un 25% de puestos sin ocupar. De los 135 pliegos aprobados, unos 67 serían de jueces que podrían jurar y efectivamente asumir este año para bajar la cantidad de vacantes, que quedaría en 21%, informaron desde el tribunal. Los casos de jueces de primera instancia que se postulan para ser camaristas no producen un descenso en el porcentaje, aclararon.
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal las vacantes suman 247, es decir, un 19,9% del total de 1239 cargos. Según cifras oficiales a las que accedió, están vacantes el 22% de los cargos en fiscalías (154 puestos sin ocupar) y el 18% de los cargos en defensas penal, civil y penal juvenil.
Con polémica y amenazas de impugnación del kirchnerismo, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales emitió ayer dictamen al proyecto de ley que amplía a todo tipo de investigación criminal el Registro Nacional de Datos Genéticos, que en la actualidad solo almacena muestras de ofensores sexuales.
La iniciativa es una propuesta del Poder Ejecutivo y fue aprobada, aunque con cambios con relación a su redacción original, por la Cámara de Diputados el pasado 15 de agosto y al recibir dictamen de comisiones en el Senado sin modificaciones quedó en condiciones de convertirse en ley en la siguiente sesión, que podría convocarse para la semana próxima.
La norma es reclamada por organizaciones de familiares de víctimas de delitos, como las Madres del Dolor, como una herramienta que podría ayudar a resolver muchos de los casos que tras varios años permanecen impunes. El impulso del tratamiento en el Senado lo tomó la radical Carolina Losada (Santa Fe), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que el miércoles de la semana pasada había convocado al plenario para escuchar la opinión de funcionarios de Poder Ejecutivo y de especialistas.
El texto aprobado por la Cámara baja ampliará a todos los delitos el uso del banco de datos genéticos, que fue creado en 2013 con la finalidad de ayudar a la resolución de casos de delitos sexuales. El registro permite comparar las huellas y trazos que se obtengan en la escena del crimen con el perfil genético de los imputados y condenados, a quienes se les extraerá una muestra para sumarlo al registro.
“Esto es fundamental para mejorar la investigación criminal en el país, en el contexto actual y con tantas cuestiones que resolver, creo que toda medida que ayude a reducir el crimen, agilizar las investigaciones y lograr una mejor justicia se tienen que aprobar y de manera expeditiva”, afirmó el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), durante el debate en comisiones del proyecto.
Otra de las modificaciones que se introducen en el Registro es la posibilidad de que los familiares de las víctimas puedan hacer un aporte voluntario de material genético para ampliar el registro y comparar el ADN del cuerpo de una persona no identificada.
A pesar de lo que pretendía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Registro permanecerá bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El proyecto original establecía que el banco pasaría a depender de la cartera que maneja la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio.
Que la iniciativa haya sido impulsada por Bullrich y su pretensión de poner el Registro bajo la tutela de su ministerio fue una de las cuestiones por las que el kirchnerismo votó en contra en general de la iniciativa, junto a la izquierda, cuando el proyecto se discutió en la Cámara baja.
Polémica
Ahora, en el Senado, el kirchnerismo volvió a plantear su oposición a que avance la iniciativa, aunque en esta ocasión se ampararon en cuestiones reglamentarias para impugnar el dictamen alcanzado esta tarde en el plenario de comisiones.
La firma del dictamen se logró casi sin debate sobre la cuestión de fondo. Gran parte de la discusión se la llevó la réplica del resto del arco político a la queja del kirchnerismo, manifestada por Oscar Parrilli (Neuquén), por la presunta convocatoria de la reunión fuera de los plazos reglamentarios.
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Aprueban los pliegos de 135 jueces, fiscales y defensores bonaerenses
Fue a partir de un acuerdo del PJ con la UCR, Pro y los libertarios díscolos; Magario incluyó a ocho magistrados para La Matanza; cruce entre Berni y Arietto
El Senado bonaerense aprobó 135 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales para 18 departamentos judiciales. El gobernador Axel Kicillof acordó con la UCR y Pro para conformar la lista, y las iniciativas tuvieron apoyo mayoritario, también de una parte de los senadores que ingresaron por La Libertad Avanza y luego se alejaron.
La sesión, prevista para las 15, comenzó pasadas las 16.30, luego de un primer llamado en el que no se reunió el quorum. Finalmente, con 45 senadores (sobre 46), el debate se inició. Tras una larga lectura de los 135 cargos en juego, la votación insumió unos pocos segundos y, a las 18.52, todos los pliegos fueron aprobados. Ahora resta la designación oficial por parte de Kicillof.
Para llegar a la aprobación, los pliegos tuvieron un camino sinuoso. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el camporista Emmanuel González Santalla, le pidió por carta a la vicegobernadora Verónica Magario que girara las candidaturas a la comisión, trámite que se había demorado inexplicablemente luego de un maratónico proceso de audiencias y entrevistas de más de 120 candidatos por la comisión.
Finalmente, luego de una reunión entre Magario y el ministro de Justicia de Kicillof, Juan Martín Mena, los pliegos llegaron a la comisión. Eso sí, fue con el agregado de nueve candidatos: ocho eran del Departamento Judicial La Matanza, donde Magario y Fernando Espinoza concentran su poder.
Los candidatos que concentraban mayor oposición eran el fiscal general interino de Lomas de Zamora, Carlos Baccini (ratificado ayer en ese cargo), y el juez de garantías Nº 8 de ese departamento judicial, Gabriel Vitale, votado como camarista penal de AvellanedaLanús. El bloque denominado “La Libertad Avanza 1”, integrado por Carlos Curestis, Joaquín de la Torre y Florencia Arietto, los cuestionó. La senadora presentó pedidos de juicio político contra ambos.
A la hora de la votación, Arietto fue una de las pocas que se opusieron a aprobar los pliegos –Betina Riva, del bloque Buenos Aires Libre, fue la otra–. Curestis levantó la mano. De la Torre estuvo ausente.
Cuando terminaba la sesión, y pese a que la votación ya había sido consumada, Arietto pidió la palabra para volver a cuestionar a Baccini, así como a la “falta de fiscales en La Matanza” que atiendan las usurpaciones. “Elevemos la vara”, les reclamó a sus pares.
“Es absolutamente falso lo que dijo de los fiscales de La Matanza”, le respondió Gustavo Soos, senador peronista, que definió a Baccini como un “excelente docente” de las universidades de Lomas de Zamora y del oeste. Luego, hizo una larga defensa del proceso de selección de magistrados.
“Quiero agradecerle al senador
Soos porque vino a echarle claridad a la ensalada de frutas que tiene en la cabeza la senadora Arietto”, intervino el senador y exministro Sergio Berni. “Todos nos acordamos cuando era rubia, panelista de 6,7,8 y zafaronista. [...] Después se fue del kirchnerismo, del massismo, de Larreta, de Bullrich. Creo que incluso en estos meses pasó por tres bancas”, agregó. “Hay que ser honesta, Arietto”, completó.
Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal), también adhirió a las palabras de Soos, insistió en que la mera presentación de una denuncia no es equiparable con el estudio que se realiza de los antecedentes de los candidatos a jueces y fiscales, y enfatizó en el valor de haber aprobado los 135 pliegos, en tanto significan un avance importante para el funcionamiento de los tribunales.
Arietto acusa a Baccini por su actuación en una causa contra el fiscal Adrián García Lois, por “abuso sexual con acceso carnal y otros”, que fue archivada. Considera que favoreció a García Lois al ordenar un cambio de fiscalía en la investigación. A Vitale le critica su desempeño en la causa del Club Independiente en la que se investigaba a Hugo y Pablo Moyano por presunta asociación ilícita.
Sobre Baccini (y sobre el fiscal Sebastián Bisquert) pesan cuestionamientos por sus actuaciones en una causa vinculada al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. La cuestión saltó a la luz cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, le pidió al fiscal Jorge Grieco una causa que había sido archivada, en la que se investigaba al contador municipal de Lomas de Zamora Hernán Rosin, tras el hallazgo, en 2017, en la municipalidad, de cajas con presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, en un presunto “kit para inventar licitaciones”.
En el lista do de magistrados aparecen algunos apellido s con recorrido político
Según la Suprema Corte bonaerense existen 351 vacantes de jueces en un total de 1406 cargos, lo que representa un 25% de puestos sin ocupar. De los 135 pliegos aprobados, unos 67 serían de jueces que podrían jurar y efectivamente asumir este año para bajar la cantidad de vacantes, que quedaría en 21%, informaron desde el tribunal. Los casos de jueces de primera instancia que se postulan para ser camaristas no producen un descenso en el porcentaje, aclararon.
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal las vacantes suman 247, es decir, un 19,9% del total de 1239 cargos. Según cifras oficiales a las que accedió, están vacantes el 22% de los cargos en fiscalías (154 puestos sin ocupar) y el 18% de los cargos en defensas penal, civil y penal juvenil.
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