El Gobierno ya definió a sus negociadores para el presupuesto
Busca que ambas cámaras lo traten en paralelo y votarlo en noviembre
Maia Jastreblansky
Francos y Caputo, ayer, con legisladores presidencia
El Gobierno comenzó a trazar la estrategia para lograr la sanción del presupuesto 2025 en el Congreso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron ayer en la Casa Rosada con el diputado José Luis Espert y con el senador Ezequiel Atauche –ambos titulares de las comisiones de Presupuesto en las Cámaras baja y alta, respectivamente– y los instruyeron para que comiencen a explorar consensos para acelerar el tratamiento de la “ley de leyes”, que tiene como desafío alcanzar el déficit cero.
El proyecto de ley debe ser debatido primero en Diputados y la orden es que la semana próxima sean citadas las primeras reuniones de comisión. Pero Atauche comenzará en paralelo a explorar acuerdos en el Senado para tratar de allanar el camino de la iniciativa desde el inicio, de forma de evitar que la Cámara alta introduzca modificaciones sobre una eventual media sanción. El objetivo que se propuso el Gobierno es que la iniciativa se vote en el término de dos meses.
“Vamos a intentar hacer un tratamiento paralelo, que las modificaciones que puedan requerir los senadores se contemplen desde la etapa de Diputados para agilizar el trámite. Queremos que el presupuesto salga lo antes posible”, dijo Atauche a a la salida del encuentro, que tuvo lugar en el despacho principal del Ministerio del Interior.
En la reunión, que se extendió por casi dos horas, estuvieron presentes el titular de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán. No fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya está totalmente relegada de las cumbres políticas que se celebran
en Balcarce 50. Con la cumbre de ayer quedó en claro que el principal interlocutor del Poder Ejecutivo es hoy Atauche.
Tampoco fue de la partida el estratega Santiago Caputo, quien, pese a que siempre fue un jugador muy activo en la negociaciones parlamentarias, hace un mes –después de una serie de derrotas para el oficialismo– decidió correrse como interlocutor del Congreso.
El Gobierno tiene una postura ambivalente con respecto al presupuesto. Está claro que el mejor escenario para Milei es una aprobación del proyecto que presentó el domingo pasado, que busca blindar el equilibrio fiscal como premisa de hierro y un mayor ajuste del gasto, incluso en partidas sensibles, como las de educación. Su sanción sería una señal de estabilidad contundente, sobre todo de cara a una nueva negociación con el FMI, que está al caer.
Milei partirá el sábado a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU, y lo hará acompañado por Luis Caputo. Si bien la agenda todavía no está cerrada, hay mucha expectativa por una posible escala en Washington para iniciar las conversaciones con el Fondo o exhibir sintonía con la Casa Blanca, voz clave en el organismo. Anteayer, en la Casa Rosada aseguraban que no había ninguna reunión prevista por fuera de la actividad en la ONU, pero ayer comenzaron a reconocer que hay chances de que la agenda en los Estados Unidos se amplíe.
Desde lo discursivo, no obstante, la Casa Rosada ya abrió un paraguas retórico en caso de que el presupuesto no sea sancionado, un hecho que sería histórico, ya que sería el segundo año consecutivo sin una hoja de ruta económica. “Si no sale, los gobernadores van a sufrir bastante”, advirtió un colaborador oficial, que dio a entender que el déficit cero se va a respetar igual, aunque con mayor arbitrariedad para el Poder Ejecutivo.
De la importancia que el Gobierno le dé a la sanción del presupuesto derivará su flexibilidad para aceptar los cambios que quiera introducir la oposición. Cerca de Milei aseguran que la intención es no mover ni una coma del proyecto, pero tanto Atauche como Espert se fueron de la Casa Rosada con el mandato de comenzar las conversaciones con los jefes de bloque para tener un panorama de las voluntades y los puntos que generan mayor controversia.
“Vamos a abrir la lista de invitados a sugerencia de los bloques para que asistan a las comisiones tanto funcionarios nacionales como expositores de otros sectores. Vamos a charlar, vamos a escuchar”, dijo Atauche al salir de la Casa Rosada. Eso sí, en Balcarce 50 anticiparon que no quieren que el ministro de Economía vaya a explicar el presupuesto como se hizo históricamente. Dicen que, en su lugar, puede enviar a exponentes de su equipo, como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, o el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
En paralelo a la cuestión del presupuesto 2025, en la Casa Rosada avanzan con otras tareas vinculadas a lo electoral. El titular de Diputados se retiró antes de la reunión en el Ministerio del Interior para subir un piso al despacho de Lule Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado político. Por esa oficina desfilaron ayer al mediodía legisladores y dirigentes libertarios como las diputadas Romina Diez (Santa Fe) y Juliana Santillán (Buenos Aires), y el diputado César Treffinger (Chubut). También el armador bonaerense Sebastián Pareja, que logró la aprobación definitiva del partido provincial en la Justicia Electoral. Todos son los referentes de La Libertad Avanza en sus provincias.
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Un misterio oculto en el presupuesto de Milei
Carlos Pagni
El proyecto de presupuesto que presentó el presidente Javier Milei el domingo pasado, y que ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, cobija un gran enigma. Al calcular los recursos del Estado, promete un incremento de 100% en la recaudación de derechos de exportación. Es decir, retenciones. La publicación de esa proyección encendió una alarma muy comprensible entre los exportadores. Sobre todo en el sector agropecuario.
Como en otras oportunidades, el equipo económico debió divulgar una aclaración: ese salto impresionante se debe a que, seducidos por el “dólar soja” que ofrecía el gobierno de Alberto Fernández, muchos productores adelantaron sus ventas.
Por lo tanto, las exportaciones de 2024 fueron muy bajas. Eso explica por qué cabe esperar un incremento tan voluminoso en 2025.
La explicación siguió sin convencer a muchos profesionales de la economía. Hicieron los cálculos y no encontraron la forma de justificar semejante aumento. En la ecuación más generosa, calculando una mejora llamativa en el precio de las commodities, se podría imaginar que esos ingresos de 2025 suban un 50% respecto de los de este año.
El desafío de despejar ese misterio induce en estas horas varias especulaciones. La más obvia es que habría un incremento de las retenciones. Nada que deba sorprender. El Gobierno intentó llevarlo a cabo apenas llegó al poder y fue necesaria una gestión muy intensa del sector agropecuario para hacerlo desistir. Pormenores que la conducción de la Sociedad Rural le recordó a Luis “Toto” Caputo en una tensa entrevista de comienzos de julio.
Es muy razonable suponer que el oficialismo no puede aplastar a los productores del campo con un golpe impositivo, sobre todo en un año electoral. Por eso la resolución del acertijo incorporaba ayer otra variable. Uno de esos expertos la explicaba ayer de este modo: “Un aumento de las retenciones que permita duplicar la recaudación solo podría ser viable si va de la mano de la creación de un nuevo dólar para los exportadores; en ese caso sí se podría imaginar ese salto en los ingresos”.
El argumento fiscal parece más verosímil, porque asume el problema cambiario. Una de las inquietudes que despierta la política económica es la escasez de reservas del Banco Central. Fernando Marull observó que esa institución sumó en septiembre 6696 millones de dólares de reservas netas, cuando el Fondo Monetario Internacional esperaba que las aumentara en 8700 millones de dólares. Por eso la conjetura de un nuevo “dólar soja”, asociado a una alícuota mayor de retenciones, aliviaría dos frentes complicados del Gobierno. Por un lado, sostienen los expertos, haría más holgada la situación del fisco, que está amenazada por dos factores: la eliminación del impuesto PAIS, que llegará a fin de año, y el incremento de un nivel de deuda en pesos solo disimulado porque los bonos en los que está cifrado son “cupón cero” y, por lo tanto, no contabilizan los intereses como un pasivo.
Por otro lado, esa nueva ecuación de cotización del dólar y retenciones sería un incentivo a la liquidación de divisas, que se ve afectada por la revaluación del peso derivada del interés del Gobierno por reducir la brecha cambiaria haciendo bajar el precio del contado con liquidación. Gracias a esa caída, el precio del dólar libre se iría pareciendo cada vez más al del oficial, lo que podría tentar a los funcionarios con eliminar el “blend”. Es decir, forzaría a que la totalidad de las divisas se liquiden en el mercado regulado, fortaleciendo las reservas del Central.
La fragilidad del Banco Central obliga a los analistas a plantearse otro problema: al eliminar a fin de año el impuesto PAIS, el Gobierno estará abaratando el “dólar tarjeta”. Por lo tanto, la presión sobre las reservas monetarias irá en aumento. No es el único factor que opera en ese frente. Si la reactivación que pronostica Luis Caputo se verifica, también habrá una mayor salida de dólares. Estas preocupaciones llevan a esos economistas a suponer que para el año próximo las autoridades definirán un nuevo precio para el “dólar tarjeta”.
Estas construcciones imaginarias no se sostienen en certezas. Se basan en los grandes interrogantes que plantea el “massismo austríaco”. En el Palacio de Hacienda las descartan por completo. Insisten, con cierto fastidio, en que los ingresos por derechos de exportación se incrementarán en 100% por tres razones. Una, la que ya se mencionó: el punto de partida es muy bajo, debido a las exportaciones que se adelantaron en 2023 para aprovechar el dólar soja. Además, también se pagaron retenciones anticipadas, por el temor a un incremento que pudiera resolverse a fin de aquel año, después de los comicios. Una tercera explicación es que hubo una corrección derivada de la sequía. Síntesis: para las autoridades económicas el presupuesto no esconde ningún misterio. Esa obstinación refuerza las dudas de quienes suponen ese misterio.
La otra gran incógnita del cálculo de recursos y gastos presentado por Milei el domingo pasado se refiere a la clave de bóveda económica y política del oficialismo: la caída de la inflación. Para que la aritmética de Luis Caputo sea verosímil, la carrera de los precios debería reducirse a 1,2% mensual hasta fin de año y quedar en un entorno del 1,4% para los primeros meses del año próximo. Es un objetivo bastante fantasioso. La inflación de agosto fue superior a la esperada: 4,2%.
Los especialistas temen que será muy difícil perforar demasiado ese nivel. Sobre todo porque el Gobierno apuesta a una reactivación económica impulsada por un aumento de los salarios en dólares que estimulará el consumo. Nadin ArgaDaza ñaraz ya hizo notar hace un mes que esa variable salarial se va recuperando desde la caída brutal que produjo la devaluación de diciembre del año pasado. Para diciembre de este año, sugiere Argañaraz, los salarios en dólares ya ingresarían en una “región Massa”. Este comportamiento empujará hacia arriba el precio de los servicios, que están muy condicionados por el costo salarial. Es el dilema endiablado de un gobierno que, si quiere salir de la brutal recesión, deberá admitir algo de inflación. Estas motivaciones no opacan otro motor de los precios: la emisión monetaria a la que obliga la compra de dólares, más allá de las promesas oficiales de bloquear la “maquinita”.
Cuando se piensan las dificultades de la lucha contra la inflación reaparece la cuestión cambiaria. Al no existir un horizonte claro en este campo, las expectativas siguen atadas a la posibilidad de un salto no querido en la cotización del dólar. Hay que corregir: en realidad, sí hay un horizonte claro y es que el Gobierno pretende atravesar las grandes aguas electorales de 2025 con el dólar intervenido. Es la gran paradoja del anarcocapitalismo: odia que el Estado intervenga en la economía, pero tiene el principal precio de la economía regulado por el Estado.
Existe un consenso bastante extendido en que esta determinación aleja la posibilidad de diseñar un nuevo programa con el FMI. La premisa de esta suposición es que el Fondo pedirá, en algún momento de esa discusión, la flotación cambiaria libre. “Como en Perú o en Uruguay”, consignó hace unos meses ese organismo multilateral en un informe congeniado con el equipo de Caputo.
Es muy probable que esos criterios no se modifiquen con la exclusión de Rodrigo Valdés de la negociación. Entre otras razones, porque el exministro de Michelle Bachelet sigue siendo el jefe de Luis Cubeddu, que quedó como responsable del caso argentino. Esta evidencia lleva a una pregunta: al pedir y conseguir la salida de Valdés, y ahora tener que discutir con un subordinado suyo, ¿el Gobierno ganó o salió perdiendo? Todavía queda el recurso de aprovechar la relación del flamante viceministro José Luis con su compatriota Valdés para atenuar ese inconveniente.
Las dudas económicas que plantea el presupuesto están acompañadas por un interrogante político: ¿Milei quiere que el Congreso apruebe el proyecto que envió? La respuesta es ambivalente. Si se desplegara desde la Casa Rosada una negociación paciente y trabajosa con actores muy variados de la política, el Presidente podría exhibir que tiene un plan fiscal aprobado por el Congreso. ¿Será su prioridad?
El Gobierno vuelve a quedar expuesto a una de sus paradojas estructurales. Necesita exhibir gobernabilidad, pero no puede resignar su enfrentamiento retórico con la proveedora de esa gobernabilidad: la “casta” pestilente. Por otra parte, para conseguir que el presupuesto se convierta en ley debería hacer infinidad de concesiones, como ocurrió cuando la Ley Bases fue jibarizada. Son razones poderosas para explicar por qué Milei puede inclinarse por la intransigencia, admitiendo, ¿o provocando?, que el Congreso rechace su propuesta. Ese desenlace posible lo pondría en la situación de tener que seguir administrando un presupuesto prorrogado. Pero le daría la ventaja de exhibirse como un presidente virtuoso que enfrenta a una legión de “degenerados fiscales”.
Se trata de una contradicción beneficiosa porque a Milei le juega a favor el clima de época, que él contribuyó como nadie a establecer. En una parte muy amplia del electorado parece haber una valorización del ordenamiento económico, sobre todo fiscal. Y este fenómeno induce a un sector de la dirigencia política a apostar a la cercanía con el Gobierno. Esto es lo que pasó con los cinco diputados radicales que apoyaron el veto presidencial. La conducción de la UCR, encabezada por Martín Lousteau y Gastón Manes, resolvió expulsarlos de esa fuerza. Una decisión controvertida. Entre otras cosas, porque se aparta de una tradición de flexible tolerancia: ¿o alguien expulsó a Ricardo Alfonsín por aceptar la embajada en España del gobierno kirchnerista? ¿Cecilia Moreau fue echada del partido por sumarse a Sergio Massa, o apenas le pidieron que renunciara sin escándalo? A Leopoldo Moreau sí lo echaron.
Pero esperaron a 2015. Una parsimonia que envidiaría hasta el mismísimo Ariel Lijo, el remolón. Es verdad que, en el caso de Lousteau, existe un placer en sancionar. Lo sabe bien Facundo Manes, que debió soportar su reprimenda cuando era vicepresidente del partido: fue cuando Gerardo Morales y Lousteau zamarrearon al neurólogo por haber criticado el espionaje clandestino que llevaron adelante Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la AFI de Mauricio Macri.
La sanción a esos cinco diputados disimula, con su carácter ordenancista, que dentro de la UCR asoma una corriente, cada vez más expresiva, de adhesiones a Milei. El que la encabeza es el tucumano Mariano Campero, que concurrió al asado ofrecido y cobrado por el Presidente. Una comida para rescatar a 87 héroes de una ciénaga de “ratas”. Campero fue solo a esa celebración debido a que los otros cuatro disidentes fueron convencidos por Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque, de no participar. De Loredo, igual que Alfredo Cornejo, su gravitante aliado, está disgustado por el empeño del Gobierno de quebrar el bloque radical. El motivo del enojo es sutil: ese ataque a la unidad radical dificulta el acercamiento que ellos pretenden realizar hacia la Casa Rosada. Cornejo y De Loredo expresan a una franja de la dirigencia radical que está convencida de que los simpatizantes del partido son también simpatizantes de Milei.
Esta afinidad tiene manifestaciones en todo el arco político. Y produce, en el extremo, una novedad muy interesante. Cristina Kirchner, a quien jamás se la podría imaginar en componendas con La Libertad Avanza, publicó un documento en el que le reclama al peronismo, al peronismo que ella todavía lidera, que respete el equilibrio fiscal, que actualice su concepción de las relaciones laborales, que diseñe una nueva política de seguridad y que advierta que detrás de cada necesidad hay un derecho, pero que también detrás de cada derecho hay una obligación. La expresidenta pretende, con esas innovaciones, sintonizar con una agenda general. Por supuesto, también emite un mensaje interno.
En el entorno de Axel Kicillof creen que la señora de Kirchner está boicoteando su campaña, organizando actos cuando él está por realizar alguna presentación. Dicen que cuando ella se enteró de esos resquemores quedó indignada. Una amiga le escuchó decir: “Si alguien no tiene derecho a pensar que obstaculizo su carrera, ese es Axel. Y mucho menos para favorecer a mi hijo. Hoy el gobernador es él, no es Máximo. Y antes lo hice ministro. Espero que no piense esas tonterías, que sean solo ideas afiebradas de algún obsecuente”.
Es posible que Kicillof y su entorno no adviertan que el verdadero daño que les preparó Cristina Kirchner no tiene que ver con la superposición de las actividades de campaña. La jugada contra ellos ha sido otra: proponer un programa para la renovación. Equilibrio fiscal, seguridad, régimen del trabajo, criterios para la acción social: esas banderas podrían articular la plataforma de cualquier dirigente peronista que soñara con desafiar el liderazgo de la expresidenta. Una vez más, ella se les adelantó.
El Gobierno comenzó a trazar la estrategia para lograr la sanción del presupuesto 2025 en el Congreso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron ayer en la Casa Rosada con el diputado José Luis Espert y con el senador Ezequiel Atauche –ambos titulares de las comisiones de Presupuesto en las Cámaras baja y alta, respectivamente– y los instruyeron para que comiencen a explorar consensos para acelerar el tratamiento de la “ley de leyes”, que tiene como desafío alcanzar el déficit cero.
El proyecto de ley debe ser debatido primero en Diputados y la orden es que la semana próxima sean citadas las primeras reuniones de comisión. Pero Atauche comenzará en paralelo a explorar acuerdos en el Senado para tratar de allanar el camino de la iniciativa desde el inicio, de forma de evitar que la Cámara alta introduzca modificaciones sobre una eventual media sanción. El objetivo que se propuso el Gobierno es que la iniciativa se vote en el término de dos meses.
“Vamos a intentar hacer un tratamiento paralelo, que las modificaciones que puedan requerir los senadores se contemplen desde la etapa de Diputados para agilizar el trámite. Queremos que el presupuesto salga lo antes posible”, dijo Atauche a a la salida del encuentro, que tuvo lugar en el despacho principal del Ministerio del Interior.
En la reunión, que se extendió por casi dos horas, estuvieron presentes el titular de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán. No fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya está totalmente relegada de las cumbres políticas que se celebran
en Balcarce 50. Con la cumbre de ayer quedó en claro que el principal interlocutor del Poder Ejecutivo es hoy Atauche.
Tampoco fue de la partida el estratega Santiago Caputo, quien, pese a que siempre fue un jugador muy activo en la negociaciones parlamentarias, hace un mes –después de una serie de derrotas para el oficialismo– decidió correrse como interlocutor del Congreso.
El Gobierno tiene una postura ambivalente con respecto al presupuesto. Está claro que el mejor escenario para Milei es una aprobación del proyecto que presentó el domingo pasado, que busca blindar el equilibrio fiscal como premisa de hierro y un mayor ajuste del gasto, incluso en partidas sensibles, como las de educación. Su sanción sería una señal de estabilidad contundente, sobre todo de cara a una nueva negociación con el FMI, que está al caer.
Milei partirá el sábado a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU, y lo hará acompañado por Luis Caputo. Si bien la agenda todavía no está cerrada, hay mucha expectativa por una posible escala en Washington para iniciar las conversaciones con el Fondo o exhibir sintonía con la Casa Blanca, voz clave en el organismo. Anteayer, en la Casa Rosada aseguraban que no había ninguna reunión prevista por fuera de la actividad en la ONU, pero ayer comenzaron a reconocer que hay chances de que la agenda en los Estados Unidos se amplíe.
Desde lo discursivo, no obstante, la Casa Rosada ya abrió un paraguas retórico en caso de que el presupuesto no sea sancionado, un hecho que sería histórico, ya que sería el segundo año consecutivo sin una hoja de ruta económica. “Si no sale, los gobernadores van a sufrir bastante”, advirtió un colaborador oficial, que dio a entender que el déficit cero se va a respetar igual, aunque con mayor arbitrariedad para el Poder Ejecutivo.
De la importancia que el Gobierno le dé a la sanción del presupuesto derivará su flexibilidad para aceptar los cambios que quiera introducir la oposición. Cerca de Milei aseguran que la intención es no mover ni una coma del proyecto, pero tanto Atauche como Espert se fueron de la Casa Rosada con el mandato de comenzar las conversaciones con los jefes de bloque para tener un panorama de las voluntades y los puntos que generan mayor controversia.
“Vamos a abrir la lista de invitados a sugerencia de los bloques para que asistan a las comisiones tanto funcionarios nacionales como expositores de otros sectores. Vamos a charlar, vamos a escuchar”, dijo Atauche al salir de la Casa Rosada. Eso sí, en Balcarce 50 anticiparon que no quieren que el ministro de Economía vaya a explicar el presupuesto como se hizo históricamente. Dicen que, en su lugar, puede enviar a exponentes de su equipo, como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, o el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
En paralelo a la cuestión del presupuesto 2025, en la Casa Rosada avanzan con otras tareas vinculadas a lo electoral. El titular de Diputados se retiró antes de la reunión en el Ministerio del Interior para subir un piso al despacho de Lule Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado político. Por esa oficina desfilaron ayer al mediodía legisladores y dirigentes libertarios como las diputadas Romina Diez (Santa Fe) y Juliana Santillán (Buenos Aires), y el diputado César Treffinger (Chubut). También el armador bonaerense Sebastián Pareja, que logró la aprobación definitiva del partido provincial en la Justicia Electoral. Todos son los referentes de La Libertad Avanza en sus provincias.
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Un misterio oculto en el presupuesto de Milei
Carlos Pagni
El proyecto de presupuesto que presentó el presidente Javier Milei el domingo pasado, y que ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, cobija un gran enigma. Al calcular los recursos del Estado, promete un incremento de 100% en la recaudación de derechos de exportación. Es decir, retenciones. La publicación de esa proyección encendió una alarma muy comprensible entre los exportadores. Sobre todo en el sector agropecuario.
Como en otras oportunidades, el equipo económico debió divulgar una aclaración: ese salto impresionante se debe a que, seducidos por el “dólar soja” que ofrecía el gobierno de Alberto Fernández, muchos productores adelantaron sus ventas.
Por lo tanto, las exportaciones de 2024 fueron muy bajas. Eso explica por qué cabe esperar un incremento tan voluminoso en 2025.
La explicación siguió sin convencer a muchos profesionales de la economía. Hicieron los cálculos y no encontraron la forma de justificar semejante aumento. En la ecuación más generosa, calculando una mejora llamativa en el precio de las commodities, se podría imaginar que esos ingresos de 2025 suban un 50% respecto de los de este año.
El desafío de despejar ese misterio induce en estas horas varias especulaciones. La más obvia es que habría un incremento de las retenciones. Nada que deba sorprender. El Gobierno intentó llevarlo a cabo apenas llegó al poder y fue necesaria una gestión muy intensa del sector agropecuario para hacerlo desistir. Pormenores que la conducción de la Sociedad Rural le recordó a Luis “Toto” Caputo en una tensa entrevista de comienzos de julio.
Es muy razonable suponer que el oficialismo no puede aplastar a los productores del campo con un golpe impositivo, sobre todo en un año electoral. Por eso la resolución del acertijo incorporaba ayer otra variable. Uno de esos expertos la explicaba ayer de este modo: “Un aumento de las retenciones que permita duplicar la recaudación solo podría ser viable si va de la mano de la creación de un nuevo dólar para los exportadores; en ese caso sí se podría imaginar ese salto en los ingresos”.
El argumento fiscal parece más verosímil, porque asume el problema cambiario. Una de las inquietudes que despierta la política económica es la escasez de reservas del Banco Central. Fernando Marull observó que esa institución sumó en septiembre 6696 millones de dólares de reservas netas, cuando el Fondo Monetario Internacional esperaba que las aumentara en 8700 millones de dólares. Por eso la conjetura de un nuevo “dólar soja”, asociado a una alícuota mayor de retenciones, aliviaría dos frentes complicados del Gobierno. Por un lado, sostienen los expertos, haría más holgada la situación del fisco, que está amenazada por dos factores: la eliminación del impuesto PAIS, que llegará a fin de año, y el incremento de un nivel de deuda en pesos solo disimulado porque los bonos en los que está cifrado son “cupón cero” y, por lo tanto, no contabilizan los intereses como un pasivo.
Por otro lado, esa nueva ecuación de cotización del dólar y retenciones sería un incentivo a la liquidación de divisas, que se ve afectada por la revaluación del peso derivada del interés del Gobierno por reducir la brecha cambiaria haciendo bajar el precio del contado con liquidación. Gracias a esa caída, el precio del dólar libre se iría pareciendo cada vez más al del oficial, lo que podría tentar a los funcionarios con eliminar el “blend”. Es decir, forzaría a que la totalidad de las divisas se liquiden en el mercado regulado, fortaleciendo las reservas del Central.
La fragilidad del Banco Central obliga a los analistas a plantearse otro problema: al eliminar a fin de año el impuesto PAIS, el Gobierno estará abaratando el “dólar tarjeta”. Por lo tanto, la presión sobre las reservas monetarias irá en aumento. No es el único factor que opera en ese frente. Si la reactivación que pronostica Luis Caputo se verifica, también habrá una mayor salida de dólares. Estas preocupaciones llevan a esos economistas a suponer que para el año próximo las autoridades definirán un nuevo precio para el “dólar tarjeta”.
Estas construcciones imaginarias no se sostienen en certezas. Se basan en los grandes interrogantes que plantea el “massismo austríaco”. En el Palacio de Hacienda las descartan por completo. Insisten, con cierto fastidio, en que los ingresos por derechos de exportación se incrementarán en 100% por tres razones. Una, la que ya se mencionó: el punto de partida es muy bajo, debido a las exportaciones que se adelantaron en 2023 para aprovechar el dólar soja. Además, también se pagaron retenciones anticipadas, por el temor a un incremento que pudiera resolverse a fin de aquel año, después de los comicios. Una tercera explicación es que hubo una corrección derivada de la sequía. Síntesis: para las autoridades económicas el presupuesto no esconde ningún misterio. Esa obstinación refuerza las dudas de quienes suponen ese misterio.
La otra gran incógnita del cálculo de recursos y gastos presentado por Milei el domingo pasado se refiere a la clave de bóveda económica y política del oficialismo: la caída de la inflación. Para que la aritmética de Luis Caputo sea verosímil, la carrera de los precios debería reducirse a 1,2% mensual hasta fin de año y quedar en un entorno del 1,4% para los primeros meses del año próximo. Es un objetivo bastante fantasioso. La inflación de agosto fue superior a la esperada: 4,2%.
Los especialistas temen que será muy difícil perforar demasiado ese nivel. Sobre todo porque el Gobierno apuesta a una reactivación económica impulsada por un aumento de los salarios en dólares que estimulará el consumo. Nadin ArgaDaza ñaraz ya hizo notar hace un mes que esa variable salarial se va recuperando desde la caída brutal que produjo la devaluación de diciembre del año pasado. Para diciembre de este año, sugiere Argañaraz, los salarios en dólares ya ingresarían en una “región Massa”. Este comportamiento empujará hacia arriba el precio de los servicios, que están muy condicionados por el costo salarial. Es el dilema endiablado de un gobierno que, si quiere salir de la brutal recesión, deberá admitir algo de inflación. Estas motivaciones no opacan otro motor de los precios: la emisión monetaria a la que obliga la compra de dólares, más allá de las promesas oficiales de bloquear la “maquinita”.
Cuando se piensan las dificultades de la lucha contra la inflación reaparece la cuestión cambiaria. Al no existir un horizonte claro en este campo, las expectativas siguen atadas a la posibilidad de un salto no querido en la cotización del dólar. Hay que corregir: en realidad, sí hay un horizonte claro y es que el Gobierno pretende atravesar las grandes aguas electorales de 2025 con el dólar intervenido. Es la gran paradoja del anarcocapitalismo: odia que el Estado intervenga en la economía, pero tiene el principal precio de la economía regulado por el Estado.
Existe un consenso bastante extendido en que esta determinación aleja la posibilidad de diseñar un nuevo programa con el FMI. La premisa de esta suposición es que el Fondo pedirá, en algún momento de esa discusión, la flotación cambiaria libre. “Como en Perú o en Uruguay”, consignó hace unos meses ese organismo multilateral en un informe congeniado con el equipo de Caputo.
Es muy probable que esos criterios no se modifiquen con la exclusión de Rodrigo Valdés de la negociación. Entre otras razones, porque el exministro de Michelle Bachelet sigue siendo el jefe de Luis Cubeddu, que quedó como responsable del caso argentino. Esta evidencia lleva a una pregunta: al pedir y conseguir la salida de Valdés, y ahora tener que discutir con un subordinado suyo, ¿el Gobierno ganó o salió perdiendo? Todavía queda el recurso de aprovechar la relación del flamante viceministro José Luis con su compatriota Valdés para atenuar ese inconveniente.
Las dudas económicas que plantea el presupuesto están acompañadas por un interrogante político: ¿Milei quiere que el Congreso apruebe el proyecto que envió? La respuesta es ambivalente. Si se desplegara desde la Casa Rosada una negociación paciente y trabajosa con actores muy variados de la política, el Presidente podría exhibir que tiene un plan fiscal aprobado por el Congreso. ¿Será su prioridad?
El Gobierno vuelve a quedar expuesto a una de sus paradojas estructurales. Necesita exhibir gobernabilidad, pero no puede resignar su enfrentamiento retórico con la proveedora de esa gobernabilidad: la “casta” pestilente. Por otra parte, para conseguir que el presupuesto se convierta en ley debería hacer infinidad de concesiones, como ocurrió cuando la Ley Bases fue jibarizada. Son razones poderosas para explicar por qué Milei puede inclinarse por la intransigencia, admitiendo, ¿o provocando?, que el Congreso rechace su propuesta. Ese desenlace posible lo pondría en la situación de tener que seguir administrando un presupuesto prorrogado. Pero le daría la ventaja de exhibirse como un presidente virtuoso que enfrenta a una legión de “degenerados fiscales”.
Se trata de una contradicción beneficiosa porque a Milei le juega a favor el clima de época, que él contribuyó como nadie a establecer. En una parte muy amplia del electorado parece haber una valorización del ordenamiento económico, sobre todo fiscal. Y este fenómeno induce a un sector de la dirigencia política a apostar a la cercanía con el Gobierno. Esto es lo que pasó con los cinco diputados radicales que apoyaron el veto presidencial. La conducción de la UCR, encabezada por Martín Lousteau y Gastón Manes, resolvió expulsarlos de esa fuerza. Una decisión controvertida. Entre otras cosas, porque se aparta de una tradición de flexible tolerancia: ¿o alguien expulsó a Ricardo Alfonsín por aceptar la embajada en España del gobierno kirchnerista? ¿Cecilia Moreau fue echada del partido por sumarse a Sergio Massa, o apenas le pidieron que renunciara sin escándalo? A Leopoldo Moreau sí lo echaron.
Pero esperaron a 2015. Una parsimonia que envidiaría hasta el mismísimo Ariel Lijo, el remolón. Es verdad que, en el caso de Lousteau, existe un placer en sancionar. Lo sabe bien Facundo Manes, que debió soportar su reprimenda cuando era vicepresidente del partido: fue cuando Gerardo Morales y Lousteau zamarrearon al neurólogo por haber criticado el espionaje clandestino que llevaron adelante Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la AFI de Mauricio Macri.
La sanción a esos cinco diputados disimula, con su carácter ordenancista, que dentro de la UCR asoma una corriente, cada vez más expresiva, de adhesiones a Milei. El que la encabeza es el tucumano Mariano Campero, que concurrió al asado ofrecido y cobrado por el Presidente. Una comida para rescatar a 87 héroes de una ciénaga de “ratas”. Campero fue solo a esa celebración debido a que los otros cuatro disidentes fueron convencidos por Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque, de no participar. De Loredo, igual que Alfredo Cornejo, su gravitante aliado, está disgustado por el empeño del Gobierno de quebrar el bloque radical. El motivo del enojo es sutil: ese ataque a la unidad radical dificulta el acercamiento que ellos pretenden realizar hacia la Casa Rosada. Cornejo y De Loredo expresan a una franja de la dirigencia radical que está convencida de que los simpatizantes del partido son también simpatizantes de Milei.
Esta afinidad tiene manifestaciones en todo el arco político. Y produce, en el extremo, una novedad muy interesante. Cristina Kirchner, a quien jamás se la podría imaginar en componendas con La Libertad Avanza, publicó un documento en el que le reclama al peronismo, al peronismo que ella todavía lidera, que respete el equilibrio fiscal, que actualice su concepción de las relaciones laborales, que diseñe una nueva política de seguridad y que advierta que detrás de cada necesidad hay un derecho, pero que también detrás de cada derecho hay una obligación. La expresidenta pretende, con esas innovaciones, sintonizar con una agenda general. Por supuesto, también emite un mensaje interno.
En el entorno de Axel Kicillof creen que la señora de Kirchner está boicoteando su campaña, organizando actos cuando él está por realizar alguna presentación. Dicen que cuando ella se enteró de esos resquemores quedó indignada. Una amiga le escuchó decir: “Si alguien no tiene derecho a pensar que obstaculizo su carrera, ese es Axel. Y mucho menos para favorecer a mi hijo. Hoy el gobernador es él, no es Máximo. Y antes lo hice ministro. Espero que no piense esas tonterías, que sean solo ideas afiebradas de algún obsecuente”.
Es posible que Kicillof y su entorno no adviertan que el verdadero daño que les preparó Cristina Kirchner no tiene que ver con la superposición de las actividades de campaña. La jugada contra ellos ha sido otra: proponer un programa para la renovación. Equilibrio fiscal, seguridad, régimen del trabajo, criterios para la acción social: esas banderas podrían articular la plataforma de cualquier dirigente peronista que soñara con desafiar el liderazgo de la expresidenta. Una vez más, ella se les adelantó.
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