UCR Y CGT

El debate por el equilibrio fiscal dividió las aguas en la UCR
Al menos siete diputados cambiarán su voto para salvar el veto
Delfina Celichini
El bloque de diputados de la UCR vuelve a perder la cohesión frente a la decisión de insistir, o no, con la ley que buscó recomponer los haberes jubilatorios, vetada por Javier Milei la semana pasada. A pesar de que fue uno de los primeros proyectos que unieron al radicalismo, impulsor de la iniciativa, en este nuevo round parlamentario la incomodidad se apoderó de la bancada, cruzada por afinidades con la Casa Rosada, intereses regionales y especulaciones políticas personales.
Los 34 diputados que componen el bloque liderado por el cordobés Rodrigo de Loredo discuten puertas adentro qué hacer en la sesión especial convocada para mañana, a las 11, donde una porción de radicales, junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica, intentarán salvar la ley que propone una mejora en los haberes jubilatorios e incluye una nueva fórmula de movilidad. Se descuenta que se sumarán a esta cruzada los diputados de Unión por la Patria, conducidos por Germán Martínez, así como los cinco legisladores del Frente de Izquierda y el Partido Obrero.
Hay al menos siete referentes de la UCR que podrían no acompañar la intención de sus colegas a pesar de haber votado a favor del proyecto en junio. Uno de los primeros en sincerar su posición fue el tucumano Mariano Campero, quien en la última reunión de bloque adelantó su voto negativo con el argumento de que los fundamentos del veto inclinaron su posición en favor del Gobierno.
Además, ayer se oficializó la renuncia del radical entrerriano Pedro Galimberti (asumirá como delegado en Salto Grande, a pedido del gobernador Rogelio Frigerio). En su lugar jurará Nancy Ballejos, de Pro, que llegará a 38 miembros.
La cordobesa Soledad Carrizo también deslizó en esa misma cumbre su intención de no insistir con el proyecto jubilatorio tal cual sancionó. Según pudo saber
 hizo foco en la necesidad de proteger el equilibrio fiscal. Por eso, la secretaria parlamentaria del bloque radical propuso una salida intermedia: insistir parcialmente en algunos de los artículos de la ley vetada, fundamentalmente en el que establece la recomposición del 8,1% por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno. La respalda De Loredo, quien votará a favor de la insistencia, de fracasar esta alternativa. El jefe de bloque no puede volver a quedar descalzado de su tropa en un tema tan troncal para el partido.
Se podrían plegar a la intención del Poder Ejecutivo los legisladores que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), de buen vínculo con la Casa Rosada. Lo mismo con la diputada santacruceña Roxana Reyes y el cordobés Luis Picat, que se diferenciaron de su bloque en el rechazo al DNU sobre gastos reservados a la SIDE, avalando la postura del oficialismo.
Sobre estos virajes se pronunció Martín Lousteau, presidente del comité nacional del radicalismo, quien tras el veto presidencial cruzó fuertemente a sus colegas de partido que se mostraron dubitativos frente a cómo posicionarse respecto de la insistencia en la norma sancionada por el Congreso. Ayer, en diálogo con Radio Splendid, el senador nacional volvió a remarcar que “la ley de movilidad jubilatoria nació de la mano de la UCR”, y advirtió: “En Diputados tuvo dos tercios y en el Senado también. Si no pasa eso ahora, tienen que dar explicaciones de por qué cambian el voto”. En una entrevista con la nacion, Lousteau cuestionó a los dirigentes radicales que, por conveniencia o especulación electoral, resignan las ideas del partido. “Siempre es más cómodo estar cerca del oficialismo que discutir con él”, consideró.
Las diferencias en torno a la recomposición jubilatoria no son las únicas dentro del radicalismo. El partido centenario también exhibe desacuerdos y contradicciones respecto de qué hacer frente a la polémica nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. A pesar de que muchos de sus referentes, comola senador a santafesina Carolina Losada, ya se expresaron en contra de la candidatura del juez federal, Lousteau todavía no definió su voto. Señaló a que será “una decisión la nacion colectiva dentro del partido, con los gobernadores incluidos”.
Los nueve integrantes de Innovación Federal, que responden a los oficialismos de Neuquén, Misiones, Salta y Río Negro, también serán determinantes en esta pulseada. Si bien votaron a favor del proyecto en junio, es probable que cambien su posición para priorizar su buen vínculo con el Gobierno. “Estamos a la espera de lo que digan nuestros gobernadores”, se sinceró un referente de este bloque, donde podría no haber una postura unificada. Cada mandatario provincial mantiene un diálogo por separado con los emisarios de la Casa Rosada.
Una de las opciones que se barajan es ausentarse y evitar tomar partido, algo que jugará a favor de la oposición, dado que, a menor cantidad de presentes en el recinto, se requerirán menos voluntades para llegar a los dos tercios.
En Pro, que ayudó con siete ausentes para llegar a los dos tercios en aquella primera discusión, aseguran que esta vez apoyarán al Poder Ejecutivo sin fisuras. Lo mismo podría pasar con los tres tucumanos del bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, aliado peronista de Milei.
Si bien se descarta que mañana la oposición logrará el quorum para abrir el recinto, será difícil que en esteescenario ser e únanlos dos tercios para doblegar el veto presidencial.
“Vamos a estar cerca y el mensaje va a llegar”, reflexionó un referente radical que especula con que el Ejecutivo considere alguno de los puntos de la reforma jubilatoria en el proyecto de presupuesto 2025.

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Diferencias en la CGT por la marcha frente al Congreso
El consejo directivo dio libertad de acción, pero los gremios más duros se unen a la protesta con las CTA
El consejo directivo de la CGT dio “libertad de acción” a sus gremios adherentes para participar de la movilización al Congreso de pasado mañana, cuando en la Cámara de Diputados un sector de la oposición buscará desafiar el veto de Javier Milei que anuló una ley que mejoraba los ingresos de los jubilados.
“Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central, en AM 750. El dirigente estatal explicó que la postura adoptada se trata de “un hecho táctico”. Rodríguez, que en el ajedrez interno de la central obrera integra el sector de los autodenominados “indepense dientes”, busca evitar que la CGT quede vinculada a eventuales incidentes que puedan ocurrir en la protesta.
A diferencia de Rodríguez, el ala más combativa de la CGT se desmarcará de la conducción y enviará manifestantes al Congreso. De hecho, Pablo Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo (Bancarios) asistieron la semana pasada al anuncio de la medida, impulsada originalmente por las dos vertientes de la CTA.
Moyano, como referente del sector cegetista más duro, imagina a futuro una unidad en la acción con los líderes ceteístas Hugo Godoy y Hugo Yasky y con los movimientos sociales alineados con el kirchnerismo.
Días atrás, la CGT se expresó en un duro comunicado en repudio al veto del presidente Milei y apoyó las manifestaciones de los jubilados. “Respeto, sin represión; reconocimiento, en lugar de crueldad. Jubilación justa para una vida digna”, sostuvo la central peronista en un comunicado.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió hoy un paro de 24 horas con movilización al Congreso para el miércoles para exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones. Además, la huelga sectorial será en protesta contra el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció el Gobierno en diferentes áreas.
“Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en referencia al protocolo antipiquetes.
Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno, y repudió cualquier posibilidad de que los salarios se mantengan congelados hasta fin de año.

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