“Es escandaloso”. Duro informe de la ONU sobre la niñez en la Argentina
Se presentó en Ginebra; denuncian la pobreza infantil y la desinversión en educación y salud; apuntan contra el cierre del Inadi y piden levantar la prohibición del uso del lenguaje inclusivo
Texto Evangelina Himitian | Foto Santiago Filipuzzi
Siete de cada diez chicos son pobres en la Argentina
El documento es duro y enfático. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó ayer en Ginebra un grave reporte sobre la situación de la Argentina durante una conferencia de prensa híbrida que se realizó desde Suiza. Se trata de la evaluación de los informes que el comité envió previamente al país.
Entre los principales cuestionamientos figura la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia, desinversión en salud y educación durante los últimos meses”. También se apuntó contra el cierre y reemplazo de ministerios y secretarías que velan por los derechos de los niños por organismos de menor rango. También se cuestionó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y del Ministerio de la Mujer, el aumento de casos de pornografía infantil y abuso sexual intrafamiliar, y la falta de mecanismos de denuncia y condena efectiva. Entre otras recomendaciones, se solicitó que se elimine la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública.
El informe tiene 17 páginas y es el examen de un largo ida y vuelta de información mantenido entre el comité y el gobierno argentino. De hecho, el reporte nacional (el séptimo que se presenta ante la ONU) fue elaborado por la administración de Alberto Fernández, con datos de la gestión anterior.
Sin embargo, la presentación en Ginebra la realizó un funcionario de la gestión de Javier Milei: Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano y jefe de la delegación, que primero en febrero y después a principios de este mes tuvo un intercambio con las autoridades del comité. Allí, Scherrer Vivas manifestó que el informe del Estado parte reitera el compromiso de la Argentina de cooperar con el comité para lograr el pleno cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
Entre otros puntos, la delegación argentina señaló algunos datos que se presentaron como logros, aunque fueron alcanzados durante la gestión anterior, como la reducción de la mortalidad neonatal en un 50% con respecto al nivel de 2002. También destacó que el gobierno argentino estaba realizando un gran esfuerzo por preservar los derechos de la infancia frente a la grave crisis socioeconómica y dio cifras sobre cómo se habían incrementado las partidas y asignaciones de distintos programas vinculados con la infancia.
En ese encuentro, Hynd Ayoubi Idrissi, experta del comité y coordinadora del Grupo de Trabajo de País para la Argentina, dijo que la crisis financiera que enfrenta el país tiene un impacto en el presupuesto para niños y adolescentes. Recordó que siete de cada 10 niños en la Argentina viven en la pobreza y el 14% viven en la pobreza extrema. “Más de siete millones de niños viven en la pobreza; esto es escandaloso. ¿Qué medidas se han adoptado para abordar esta crisis?”, preguntó.
La respuesta, según se publica en la página de comité: “La delegación (argentina) señaló que la crisis económica afectó gravemente a diversas intervenciones estatales. En respuesta, el Gobierno seguirá ampliando las políticas públicas que benefician a los niños y adolescentes. La asignación universal para el cuidado de los niños se ha incrementado en un 3% en términos reales entre 2023 y 2024. Este beneficio beneficia a más de 4,5 millones de niños. El gasto en el programa de alimentación también aumentó en un 18% en términos reales entre 2023 y 2024. El Estado parte seguirá fortaleciendo la asistencia directa y abordando los problemas macroeconómicos que causan la crisis”, dice.
Durante el encuentro, los representantes del comité hicieron distintas preguntas sobre los alcances de los programas y transmitieron su preocupación por el cierre de ciertas instituciones de protección de la infancia y del crecimiento de ciertas estadísticas; también se comprometió a analizar la información. La evaluación de todo ese proceso fue lo que se presentó ayer en Ginebra. Las conclusiones son lapidarias.
“El comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección del derechos de los niños, incluyendo la reducción, fusión y supresión de ministerios; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía”, se lee en el informe.
El comité señaló que está “profundamente preocupado por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluidas desinversión en salud y educación en los últimos meses”.
“El comité recomienda que el Estado parte (Argentina) aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños, incluido el presupuesto para personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado, estableciendo objetivos de desempeño que vinculen las metas del programa relacionadas con la infancia con el presupuesto, con asignaciones y gastos reales, para permitir el seguimiento de los resultados y del el impacto en los niños”, continúa el informe.
Y agrega que se requiere un compromiso específico en el presupuesto: recomienda que “vele por que las líneas presupuestarias para los niños de familias desfavorecidas o situaciones de marginación, en particular los niños con discapacidad y los niños indígenas, estén protegidos en el contexto restrictivo actual”.
Cuando las autoridades del comité solicitaron información sobre la situación de niños con discapacidad, apuntó que las escuelas aún no eran inclusivas; tres cuartas partes de los niños con discapacidades asistían a la escuela en aulas separadas. También se preguntó qué se estaba haciendo para abordar estos problemas e incorporar en la legislación un concepto de discapacidad alejado del enfoque médico y más cercano al enfoque social de la discapacidad. La respuesta de la delegación argentina fue que “se está realizando un censo exhaustivo de los niños con discapacidad que necesitan acceso a las escuelas para fundamentar las políticas que promuevan su inclusión”, según se publicó en la página del comité. Se trata de un reclamo que, desde hace años, vienen realizando familias y especialistas en discapacidad y hasta ahora no había noticias de que se fuera a concretar.
El informe de la ONU insta al Gobierno a “garantizar que los fondos asignados a todos los programas que apoyan la realización de los derechos del niño a nivel nacional, provincial y local se apliquen plena y eficientemente, que se reduzcan las desigualdades territoriales, incluidas medidas para erradicar corrupción en los procesos de contratación pública y el sobreprecio de los contratos para el provisión de bienes y servicios públicos”.
“Tomando nota del Mapa Nacional de Discriminación y los programas implementados para prevenir y erradicar la discriminación contra los niños, pero preocupados por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) mediante decreto 696/2024, y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y su potencial impacto en la prevención de la discriminación, el comité insta al Estado parte a garantizar la aplicación plena y efectiva en todas las provincias de las leyes que prohíben la discrimi
nación y promueven la tolerancia, incluida la ley 26.892 de 2015, promover la convivencia y abordar la conflictividad social en las instituciones educativas; a fortalecer las instituciones responsables de proteger y promover el derecho a la igualdad y la no discriminación, y a garantizar que la discriminación contra los niños sea abordado eficazmente”, dice el informe.
Uno de los apartados sobre discriminación y violencia reclama que se levante la prohibición del uso del lenguaje inclusivo: se exhorta al Gobierno “a levantar la prohibición anunciada por el Presidente sobre el uso de un lenguaje inclusivo en la administración pública”, señala.
El informe del comité también manifiesta su preocupación por el “aumento exponencial de casos de uso de niños en actuaciones y materiales pornográficos y grooming”. Por eso, insta a la administración nacional a “prohibir y sancionar expresamente el delito de compra y venta de niños en todas sus formas, incluso para fines de adopción”, apunta. Y propone que esta prohibición debe ser incorporada en el Código Civil y Comercial y en el Código Penal.
También le pide al Gobierno que “adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, particularmente aquellos en situación socioeconómica vulnerable, por parte de las fuerzas de seguridad”.
Al respecto, durante las consultas, los representantes del comité le preguntaron a la delegación argentina por una estadística que los preocupa. “¿Qué seguimiento se ha dado a las denuncias presentadas por los niños contra la policía?”, se inquirió en la reunión del 3 de septiembre.
También, según se publicó en el informe del encuentro, se preguntó: “¿Qué justificaciones tiene el Estado parte para prohibir que los niños participaran en las protestas? Siete de cada diez adolescentes habían informado de que tenían miedo de la policía. ¿A qué se debía esto?”.
Protestas
Otro de los puntos que preocupan a los expertos de ONU es que los niños y los adolescentes “son víctimas de alrededor del 67% de los casos de violencia sexual”. “¿Qué se está haciendo para prevenir la violencia sexual y la revictimización de las víctimas?”, se preguntó en la consulta. En las conclusiones se señala que se celebra la “implementación de la línea telefónica 144, pero preocupados por las reducciones presupuestales asignadas a políticas destinadas a reducir la desigualdad de género, el comité insta al Estado parte a que vele por que todas las denuncias de delitos relacionados con la violencia de género sean investigados de forma independiente y exhaustiva”, dice.
“Preocupados por los altos índices de violencia y abuso sexual durante la infancia y el cierre de la institución encargada de abordar la violencia y el abuso contra niños, el comité recomienda que el Estado parte desarrolle una estrategia nacional para la prevención de diferentes tipos de violencia y que establezca una base de datos nacional sobre todos los casos de violencia doméstica contra niños, y realizar una evaluación exhaustiva del alcance, las causas y la naturaleza de tal violencia”, añade. También se solicitó que levante el plazo de prescripción para los casos de abuso sexual en la infancia.
El Comité advirtió sobre el aumento exponencial de grooming
Se pidió levantar el plazo de prescripción de casos de abuso sexual en la infancia
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Refuerzan el presupuesto de Salud para 2025
Recibirá un 6,2% más de fondos que este año; cuatro líneas de trabajo
El documento es duro y enfático. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó ayer en Ginebra un grave reporte sobre la situación de la Argentina durante una conferencia de prensa híbrida que se realizó desde Suiza. Se trata de la evaluación de los informes que el comité envió previamente al país.
Entre los principales cuestionamientos figura la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia, desinversión en salud y educación durante los últimos meses”. También se apuntó contra el cierre y reemplazo de ministerios y secretarías que velan por los derechos de los niños por organismos de menor rango. También se cuestionó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y del Ministerio de la Mujer, el aumento de casos de pornografía infantil y abuso sexual intrafamiliar, y la falta de mecanismos de denuncia y condena efectiva. Entre otras recomendaciones, se solicitó que se elimine la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública.
El informe tiene 17 páginas y es el examen de un largo ida y vuelta de información mantenido entre el comité y el gobierno argentino. De hecho, el reporte nacional (el séptimo que se presenta ante la ONU) fue elaborado por la administración de Alberto Fernández, con datos de la gestión anterior.
Sin embargo, la presentación en Ginebra la realizó un funcionario de la gestión de Javier Milei: Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano y jefe de la delegación, que primero en febrero y después a principios de este mes tuvo un intercambio con las autoridades del comité. Allí, Scherrer Vivas manifestó que el informe del Estado parte reitera el compromiso de la Argentina de cooperar con el comité para lograr el pleno cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
Entre otros puntos, la delegación argentina señaló algunos datos que se presentaron como logros, aunque fueron alcanzados durante la gestión anterior, como la reducción de la mortalidad neonatal en un 50% con respecto al nivel de 2002. También destacó que el gobierno argentino estaba realizando un gran esfuerzo por preservar los derechos de la infancia frente a la grave crisis socioeconómica y dio cifras sobre cómo se habían incrementado las partidas y asignaciones de distintos programas vinculados con la infancia.
En ese encuentro, Hynd Ayoubi Idrissi, experta del comité y coordinadora del Grupo de Trabajo de País para la Argentina, dijo que la crisis financiera que enfrenta el país tiene un impacto en el presupuesto para niños y adolescentes. Recordó que siete de cada 10 niños en la Argentina viven en la pobreza y el 14% viven en la pobreza extrema. “Más de siete millones de niños viven en la pobreza; esto es escandaloso. ¿Qué medidas se han adoptado para abordar esta crisis?”, preguntó.
La respuesta, según se publica en la página de comité: “La delegación (argentina) señaló que la crisis económica afectó gravemente a diversas intervenciones estatales. En respuesta, el Gobierno seguirá ampliando las políticas públicas que benefician a los niños y adolescentes. La asignación universal para el cuidado de los niños se ha incrementado en un 3% en términos reales entre 2023 y 2024. Este beneficio beneficia a más de 4,5 millones de niños. El gasto en el programa de alimentación también aumentó en un 18% en términos reales entre 2023 y 2024. El Estado parte seguirá fortaleciendo la asistencia directa y abordando los problemas macroeconómicos que causan la crisis”, dice.
Durante el encuentro, los representantes del comité hicieron distintas preguntas sobre los alcances de los programas y transmitieron su preocupación por el cierre de ciertas instituciones de protección de la infancia y del crecimiento de ciertas estadísticas; también se comprometió a analizar la información. La evaluación de todo ese proceso fue lo que se presentó ayer en Ginebra. Las conclusiones son lapidarias.
“El comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección del derechos de los niños, incluyendo la reducción, fusión y supresión de ministerios; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía”, se lee en el informe.
El comité señaló que está “profundamente preocupado por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluidas desinversión en salud y educación en los últimos meses”.
“El comité recomienda que el Estado parte (Argentina) aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños, incluido el presupuesto para personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado, estableciendo objetivos de desempeño que vinculen las metas del programa relacionadas con la infancia con el presupuesto, con asignaciones y gastos reales, para permitir el seguimiento de los resultados y del el impacto en los niños”, continúa el informe.
Y agrega que se requiere un compromiso específico en el presupuesto: recomienda que “vele por que las líneas presupuestarias para los niños de familias desfavorecidas o situaciones de marginación, en particular los niños con discapacidad y los niños indígenas, estén protegidos en el contexto restrictivo actual”.
Cuando las autoridades del comité solicitaron información sobre la situación de niños con discapacidad, apuntó que las escuelas aún no eran inclusivas; tres cuartas partes de los niños con discapacidades asistían a la escuela en aulas separadas. También se preguntó qué se estaba haciendo para abordar estos problemas e incorporar en la legislación un concepto de discapacidad alejado del enfoque médico y más cercano al enfoque social de la discapacidad. La respuesta de la delegación argentina fue que “se está realizando un censo exhaustivo de los niños con discapacidad que necesitan acceso a las escuelas para fundamentar las políticas que promuevan su inclusión”, según se publicó en la página del comité. Se trata de un reclamo que, desde hace años, vienen realizando familias y especialistas en discapacidad y hasta ahora no había noticias de que se fuera a concretar.
El informe de la ONU insta al Gobierno a “garantizar que los fondos asignados a todos los programas que apoyan la realización de los derechos del niño a nivel nacional, provincial y local se apliquen plena y eficientemente, que se reduzcan las desigualdades territoriales, incluidas medidas para erradicar corrupción en los procesos de contratación pública y el sobreprecio de los contratos para el provisión de bienes y servicios públicos”.
“Tomando nota del Mapa Nacional de Discriminación y los programas implementados para prevenir y erradicar la discriminación contra los niños, pero preocupados por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) mediante decreto 696/2024, y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y su potencial impacto en la prevención de la discriminación, el comité insta al Estado parte a garantizar la aplicación plena y efectiva en todas las provincias de las leyes que prohíben la discrimi
nación y promueven la tolerancia, incluida la ley 26.892 de 2015, promover la convivencia y abordar la conflictividad social en las instituciones educativas; a fortalecer las instituciones responsables de proteger y promover el derecho a la igualdad y la no discriminación, y a garantizar que la discriminación contra los niños sea abordado eficazmente”, dice el informe.
Uno de los apartados sobre discriminación y violencia reclama que se levante la prohibición del uso del lenguaje inclusivo: se exhorta al Gobierno “a levantar la prohibición anunciada por el Presidente sobre el uso de un lenguaje inclusivo en la administración pública”, señala.
El informe del comité también manifiesta su preocupación por el “aumento exponencial de casos de uso de niños en actuaciones y materiales pornográficos y grooming”. Por eso, insta a la administración nacional a “prohibir y sancionar expresamente el delito de compra y venta de niños en todas sus formas, incluso para fines de adopción”, apunta. Y propone que esta prohibición debe ser incorporada en el Código Civil y Comercial y en el Código Penal.
También le pide al Gobierno que “adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, particularmente aquellos en situación socioeconómica vulnerable, por parte de las fuerzas de seguridad”.
Al respecto, durante las consultas, los representantes del comité le preguntaron a la delegación argentina por una estadística que los preocupa. “¿Qué seguimiento se ha dado a las denuncias presentadas por los niños contra la policía?”, se inquirió en la reunión del 3 de septiembre.
También, según se publicó en el informe del encuentro, se preguntó: “¿Qué justificaciones tiene el Estado parte para prohibir que los niños participaran en las protestas? Siete de cada diez adolescentes habían informado de que tenían miedo de la policía. ¿A qué se debía esto?”.
Protestas
Otro de los puntos que preocupan a los expertos de ONU es que los niños y los adolescentes “son víctimas de alrededor del 67% de los casos de violencia sexual”. “¿Qué se está haciendo para prevenir la violencia sexual y la revictimización de las víctimas?”, se preguntó en la consulta. En las conclusiones se señala que se celebra la “implementación de la línea telefónica 144, pero preocupados por las reducciones presupuestales asignadas a políticas destinadas a reducir la desigualdad de género, el comité insta al Estado parte a que vele por que todas las denuncias de delitos relacionados con la violencia de género sean investigados de forma independiente y exhaustiva”, dice.
“Preocupados por los altos índices de violencia y abuso sexual durante la infancia y el cierre de la institución encargada de abordar la violencia y el abuso contra niños, el comité recomienda que el Estado parte desarrolle una estrategia nacional para la prevención de diferentes tipos de violencia y que establezca una base de datos nacional sobre todos los casos de violencia doméstica contra niños, y realizar una evaluación exhaustiva del alcance, las causas y la naturaleza de tal violencia”, añade. También se solicitó que levante el plazo de prescripción para los casos de abuso sexual en la infancia.
El Comité advirtió sobre el aumento exponencial de grooming
Se pidió levantar el plazo de prescripción de casos de abuso sexual en la infancia
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Refuerzan el presupuesto de Salud para 2025
Recibirá un 6,2% más de fondos que este año; cuatro líneas de trabajo
Fabiola Czubaj
En el desglose del presupuesto nacional 2025 que el Gobierno presentó al Congreso, el área de salud recibirá un 6,2% más de dinero que este año para hacer su trabajo. Son $305.043 millones extras, lo que equivale a casi la mitad del crédito que el gobierno de Alberto Fernández asignó al área en 2023 y Javier Milei prorrogó con refuerzos durante 2024.
La reestructuración del Estado este año modificó también el presupuesto de Salud, que sumó a sus actividades centrales (programas, hospitales e institutos nacionales, compras centralizadas y salarios) los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin considerar esta incorporación, el presupuesto de Salud prorrogado en 2024 arrancó con $696.613,97 millones y, con las ampliaciones, asciende hoy a $1.662.959,51 millones, según el presupuesto abierto, que permite seguir la ejecución de los recursos del Estado. El aumento para 2025 recae en las actividades centrales del ministerio.
Entonces, el monto delineado por la Casa Rosada entre sus previsiones para 2025 indica que Mario Russo y su equipo contarán con crédito por más de $5.247.840 millones para administrar todas las obligaciones del ministerio. Algo más de $3,1 billones del total presupuestado figuran asignados a la Andis, que está en la órbita de esa cartera. Este primer año de gestión libertaria cerrará en el área con gastos por $4.942.797 millones, incluidas las actividades centrales, el área de discapacidad y los refuerzos, como publicó la nacion, por sobre el presupuesto inicial.
Salud es, después de Capital Humano, Seguridad y Defensa, la cartera a la que le asignaron más dinero si se miran los montos absolutos. En proporción, ese 6,2% de aumento es el más bajo con respecto a los demás ministerios. Sus programas también cuentan con financiamiento externo.
“Para el ejercicio 2025, el presupuesto [de la cartera sanitaria] asciende a $5,2 billones, de los cuales $3,2 billones corresponden a la Andis, $0,6 billones a los organismos descentralizados y $1,3 billones a la administración central. Sin considerar la Andis, el Ministerio de Salud y los organismos descentralizados incrementan su presupuesto en 2025 respecto de 2024 en un 23% aproximado”, respondieron de Salud al pedido de
para ampliar la información enviada al Congreso.
Así, casi un 80% de lo proyectado aparece destinado a organismos como Anmat, Incucai, AnlisMalbrán con sus laboratorios de referencia, hospitales nacionales o el Instituto Nacional del Cáncer, entre otros. Salarios, honorarios y aportes suman $442.385 millones. El resto se divide entre bienes (consumo y uso) y servicios.
Entre las áreas que más recursos demandan en los fondos solicitados por Russo y su equipo están la prevención y el control de las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles (incluye el calendario de vacunación) con $250.029 millones y el acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica con otros $120.394 millones. Para reforzar los sistemas provinciales de salud calcularon $153.332 millones y para aumentar la capacidad del sistema público de salud, $48.215 millones.
“Casi el 87% del presupuesto asignado en 2025 para enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) está destinado a comprar vacunas, medicamentos y reactivos”, confirmaron desde Salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud, que se encarga de fiscalizar obras sociales y prepagas, tendrá 22,6% más de fondos que este año al recibir $137.711 millones. En la Andis, el 73% de los $3.194.482 millones presupuestados está previsto para abonar las pensiones por invalidez que se investigan por irregularidades en los últimos años. Son $2.355.823 millones previstos, lo que triplica los $814.409 millones que necesita para cubrir todas las prestaciones de salud que demandan los beneficiarios de esas pensiones.
Ni en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, entre expertos en presupuesto sanitario, instituciones académicas o asociaciones que analizan el financiamiento del sector tenían ayer opinión del contenido del proyecto oficial o no lo habían leído.
“La misión de Salud consiste en el reordenamiento y la accesibilidad, con modernización y sustentabilidad, del sistema de salud, haciendo foco en el acceso de las personas a las coberturas y establecimientos sanitarios de calidad, con libre elección”, definieron políticamente desde el equipo de Russo al indagar a qué objetivo responde el diseño presupuestario.
Líneas prioritarias
Enumeraron cuatro “líneas prioritarias” de trabajo: reordenar el sistema a partir de las competencias del Estado en todos sus niveles (refuncionalizar programas y acciones de gobierno, descentralizar acciones territoriales y de provisión y prestación directa a las personas), accesibilidad con libre elección (libertad en la elección de coberturas, profesionales y establecimientos para acceder a cuidados seguros y de calidad con libre competencia entre prestadores de servicios de cobertura), modernizar los sistemas de información (centrado en la persona, libertad de acceder al historial clínico e indicaciones de salud, cadena de valor de los datos para generar información estratégica con analítica avanzada y predicciones para la toma de decisiones) y sustentabilidad del sistema (mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos a través de estrategias de innovación en la planificación, los procesos y los contratos del Estado, sistematización de la evaluación de tecnologías sanitarias, actualización de la canasta de prestaciones básicas (PMO) y mecanismos de financiamiento del alto precio).
“Para eso, se definieron programas troncales: a) Sumar+, b) Vacunas y c) Remediar, y la continuidad del funcionamiento de los hospitales nacionales y los programas protegidos por ley”, concluyeron.
En el desglose del presupuesto nacional 2025 que el Gobierno presentó al Congreso, el área de salud recibirá un 6,2% más de dinero que este año para hacer su trabajo. Son $305.043 millones extras, lo que equivale a casi la mitad del crédito que el gobierno de Alberto Fernández asignó al área en 2023 y Javier Milei prorrogó con refuerzos durante 2024.
La reestructuración del Estado este año modificó también el presupuesto de Salud, que sumó a sus actividades centrales (programas, hospitales e institutos nacionales, compras centralizadas y salarios) los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin considerar esta incorporación, el presupuesto de Salud prorrogado en 2024 arrancó con $696.613,97 millones y, con las ampliaciones, asciende hoy a $1.662.959,51 millones, según el presupuesto abierto, que permite seguir la ejecución de los recursos del Estado. El aumento para 2025 recae en las actividades centrales del ministerio.
Entonces, el monto delineado por la Casa Rosada entre sus previsiones para 2025 indica que Mario Russo y su equipo contarán con crédito por más de $5.247.840 millones para administrar todas las obligaciones del ministerio. Algo más de $3,1 billones del total presupuestado figuran asignados a la Andis, que está en la órbita de esa cartera. Este primer año de gestión libertaria cerrará en el área con gastos por $4.942.797 millones, incluidas las actividades centrales, el área de discapacidad y los refuerzos, como publicó la nacion, por sobre el presupuesto inicial.
Salud es, después de Capital Humano, Seguridad y Defensa, la cartera a la que le asignaron más dinero si se miran los montos absolutos. En proporción, ese 6,2% de aumento es el más bajo con respecto a los demás ministerios. Sus programas también cuentan con financiamiento externo.
“Para el ejercicio 2025, el presupuesto [de la cartera sanitaria] asciende a $5,2 billones, de los cuales $3,2 billones corresponden a la Andis, $0,6 billones a los organismos descentralizados y $1,3 billones a la administración central. Sin considerar la Andis, el Ministerio de Salud y los organismos descentralizados incrementan su presupuesto en 2025 respecto de 2024 en un 23% aproximado”, respondieron de Salud al pedido de
para ampliar la información enviada al Congreso.
Así, casi un 80% de lo proyectado aparece destinado a organismos como Anmat, Incucai, AnlisMalbrán con sus laboratorios de referencia, hospitales nacionales o el Instituto Nacional del Cáncer, entre otros. Salarios, honorarios y aportes suman $442.385 millones. El resto se divide entre bienes (consumo y uso) y servicios.
Entre las áreas que más recursos demandan en los fondos solicitados por Russo y su equipo están la prevención y el control de las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles (incluye el calendario de vacunación) con $250.029 millones y el acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica con otros $120.394 millones. Para reforzar los sistemas provinciales de salud calcularon $153.332 millones y para aumentar la capacidad del sistema público de salud, $48.215 millones.
“Casi el 87% del presupuesto asignado en 2025 para enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) está destinado a comprar vacunas, medicamentos y reactivos”, confirmaron desde Salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud, que se encarga de fiscalizar obras sociales y prepagas, tendrá 22,6% más de fondos que este año al recibir $137.711 millones. En la Andis, el 73% de los $3.194.482 millones presupuestados está previsto para abonar las pensiones por invalidez que se investigan por irregularidades en los últimos años. Son $2.355.823 millones previstos, lo que triplica los $814.409 millones que necesita para cubrir todas las prestaciones de salud que demandan los beneficiarios de esas pensiones.
Ni en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, entre expertos en presupuesto sanitario, instituciones académicas o asociaciones que analizan el financiamiento del sector tenían ayer opinión del contenido del proyecto oficial o no lo habían leído.
“La misión de Salud consiste en el reordenamiento y la accesibilidad, con modernización y sustentabilidad, del sistema de salud, haciendo foco en el acceso de las personas a las coberturas y establecimientos sanitarios de calidad, con libre elección”, definieron políticamente desde el equipo de Russo al indagar a qué objetivo responde el diseño presupuestario.
Líneas prioritarias
Enumeraron cuatro “líneas prioritarias” de trabajo: reordenar el sistema a partir de las competencias del Estado en todos sus niveles (refuncionalizar programas y acciones de gobierno, descentralizar acciones territoriales y de provisión y prestación directa a las personas), accesibilidad con libre elección (libertad en la elección de coberturas, profesionales y establecimientos para acceder a cuidados seguros y de calidad con libre competencia entre prestadores de servicios de cobertura), modernizar los sistemas de información (centrado en la persona, libertad de acceder al historial clínico e indicaciones de salud, cadena de valor de los datos para generar información estratégica con analítica avanzada y predicciones para la toma de decisiones) y sustentabilidad del sistema (mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos a través de estrategias de innovación en la planificación, los procesos y los contratos del Estado, sistematización de la evaluación de tecnologías sanitarias, actualización de la canasta de prestaciones básicas (PMO) y mecanismos de financiamiento del alto precio).
“Para eso, se definieron programas troncales: a) Sumar+, b) Vacunas y c) Remediar, y la continuidad del funcionamiento de los hospitales nacionales y los programas protegidos por ley”, concluyeron.
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