YPF analiza reducir los precios de la nafta y el gasoil la próxima semana
Lo afirmó el presidente de la empresa, Horacio Marín; dijo que el proyecto de la planta de GNL sigue aunque Petronas se baje
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció ayer en diálogo con LN+ que en la empresa “analizan una baja” del precio de los combustibles, más precisamente de la nafta y el gasoil. De ocurrir, sería la primera vez que sucede una disminución de la nafta y el gasoil desde 2019.
La posibilidad de una reducción del precio se relacionaría con la caída de los valores internacionales del petróleo. “El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió US$4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición”, explicó.
“El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque sino hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió US$4. Estamos analizándolo y te prometo que la semana que viene vamos a tener una definición. Puede ser que lo bajemos”, completó.
“Lo cierto es que bajó el precio del crudo, se redujo bastante en el mundo. Y en un mercado competitivo eso debería bajar el export parity, por ende, debería caer también el precio del crudo acá, y el de los derivados”, analizó el especialista Nicolás Gadano. Por otro lado, también advirtió que el impuesto a los combustibles puede atentar contra la posible reducicón de precios. En ese sentido, sostuvo que “la ley contempla que se ajuste trimestralmente por inflación, y bueno, el gobierno anterior lo había pisado mucho. Este Gobierno prometió recomponerlo, pero todavía falta”. Sobre el impacto que podría llegar a tener en el mercado, opinó: “Si YPF baja, los demás van a tener que bajar”.
“Sería algo raro, pero no excéntrico”, dijo el exsecretario de Energía y expresidente de YPF, Daniel Montamat. “No sé si hay demasiados antecedentes, por ejemplo, en la convertibilidad tenías una moneda dura en dólares, y bueno, podías seguir las referencias internacionales de precio”, estimó Montamat. Las anteriores bajas habían sido en enero de 2015 y en el mismo mes de 2019.
Proyecto de GNL y Petronas
Marín también se refirió al proyecto de construcción de una planta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro. Ayer habían surgido versiones que decían que la petrolera Petronas analizaba la posibilidad de no participar del proyecto. El CEO de YPF sostuvo que “hay que sacar un poco el drama” a la cuestión y que la petrolera [Petronas] “tiene, como toda compañía, un portafolio de inversiones y tiene que decidir si continúa o no”. Aun así, sostuvo que “YPF va a la siguiente fase”.
“[Si se baja Petronas] No pasa nada. YPF va a la siguiente fase. Ya estamos hablando con empresas argentinas que también queremos que se incluyan. También hay super majors que se han acercado y están interesadas en entrar en la cadena. YPF tiene una posición de liderazgo en este proyecto, que es excepcional. Tiene muchas reservas y vamos a viabilizar también para que ingresen otras compañías”, señaló, y sobre la decisión de Petronas sumó: “Es una decisión de la empresa y que tienen que informar ellos”.
Marín profundizó sobre las fases por las que se deben pasar para la construcción de una planta de GNL en el puerto de Río Negro. “YPF está trabajando con Petronas en el tema de la planta. Ahí hay dos fases: la floating LNG, de gas natural licuado en el mar, y la onshore LNG, en la tierra. La primera son dos barcos que son unas plantas para generar el GNL. Uno [de los barcos] es de 10 millones y el otro de 20 millones de toneladas. Los dos suman 30 millones de toneladas por año, que es duplicar la producción de gas de la Argentina”, comentó.
“Ahora estamos en la fase de los barcos. Con Petronas se está estudiando la factibilidad. Llamamos a las cinco empresas que mejor diseñan los barcos y plantas y, dentro de dos meses, nos dicen cuánto nos van a cobrar para hacer la ingeniería de detalles. Yo estimo que están alrededor de los US$200 millones las tres compañías. A partir de ahí se hace una licitación y ponen cómo se va a hacer y construir la planta, los tiempos y los montos. Nos faltan dos meses para realmente poner US$200 millones en las inversiones”, concluyó la explicación.
Dar tranquilidad
Ahí fue cuando Marín brindó tranquilidad sobre qué pasaría si Petronas decidiera, en algún momento de estos dos meses, dejar de participar: “No pasa nada porque está dentro del contrato. Ni Petronas, ni YPF ni nadie iba a poner US$30 millones”. También halagó a la petrolera malaya, de la que dijo que es “una excelente compañía”.
“Queremos que YPF crezca, que sea una compañía que valga cuatro veces más en cuatro años y ocho veces más con el GNL. Y nuestro foco es que la Argentina, liderando la industria, exporte US$30.000 millones”, continuó.
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Presentan un programa “anticorrupción” en Economía
Buscan detectar actos deshonestos, conflictos de intereses y uso de información privilegiada
Francisco Jueguen
En silencio, el Ministerio de Economía definió líneas de acción internas para evitar el uso de información privilegiada, los conflictos de intereses y la corrupción entre sus funcionarios.
El Plan de Integridad del Ministerio de Economía, que tiene la estampa de la Secretaría Legal y Administrativa, que dirige José García Hamilton, implica la convocatoria, por caso, de un Comité de Integridad para deliberar sobre “dilemas éticos” que puedan surgir en la cartera del ministro Luis Caputo, la elaboración de un código y, pese a la polémica que se generó con el Gobierno con las restricciones para el acceso a la información pública, impulsa la “transparencia activa”.
La Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información en el Ministerio de Economía, en tanto, será la encargada de convocar al Comité de Integridad “para proponer las actualizaciones o ajustes al plan que considere necesarios, como así también, para deliberar sobre dilemas éticos”, afirman los detalles del programa interno en Hacienda.
Pero además del Comité de Integridad, según los detalles del programa oficial, se conformará otro comité, pero de ética. Este estará a cargo no solo de verificar el cumplimiento del plan, sino que también “podrá emitir recomendaciones sobre situaciones que involucren conflictos de intereses, dilemas éticos, uso indebido de información o cualquier otra conducta que pueda afectar la integridad y la ética en el desempeño por parte de los funcionarios”.
Más en detalle, se pondrá el foco, por ejemplo, en compras y contrataciones, porque son “altamente vulnerables a los riesgos de integridad”. Habrá entonces un “procedimiento de compras y contrataciones”, se continuará en la implementación del Sistema Único Electrónico de Pago a Proveedores y Órdenes de Pago, y se impulsará un seguimiento y control de los procesos. En tanto, se limitarán los procedimientos de adquisición vía excepción.
A pesar de la polémica por las restricciones que impulsó la Casa Rosada semanas atrás al acceso a la información pública, en Economía afirmaron que “uno de los principales objetivos del organismo es el de garantizar” ese acceso conforme lo prescripto en la ley 27.275 (derecho de acceso a la información pública). “Se propiciará, de forma proactiva, un mayor desarrollo del portal de datos abiertos, de plataformas digitales y divulgación de datos públicos generados por la jurisdicción para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar el derecho de acceso a la información pública conforme lo establecido en la ley 27.275”, estimaron.
Además, se prometió, por otra parte, que “se promoverá el diseño e implementación de herramientas informáticas que sistematicen el seguimiento y control, tanto de las solicitudes de información pública realizadas por la ciudadanía en general como de los requerimientos de organismos de control”.
Se verificará que los regalos y los viajes que reciben los funcionarios, lo mismo que las audiencias con personas que mantienen “un interés determinado”, estén, dice el plan, en los registros oficiales. Se prometen además acciones de difusión y capacitación para que los funcionarios presenten correctamente sus declaraciones juradas patrimoniales –los bienes y fondos en blanco– con anterioridad y posterioridad al paso por la función pública.
El punto G del plan tiene que ver con un tema clave en el mundo de los mercados: afirma que “resulta imprescindible propiciar políticas para el uso responsable de la información privilegiada de la jurisdicción a la que los funcionarios pudieran acceder como consecuencia de sus labores, haciendo hincapié en las prohibiciones y regulaciones existentes respecto de su uso y suministro y en la prevalencia del interés general por sobre el interés particular”.
Economía promete además elaborar un Código de Ética e impulsar un Sistema de Gestión de Riesgo de Integridad para “identificar, analizar, evaluar y gestionar los eventos o situaciones que puedan generar hechos de corrupción”. Sobre esto último, se elaborará un “mapa de riesgos” para detectar procesos críticos, controles asociados y formular acciones concretas para mitigarlos.
“El sector público debe procurar emplear personas profesionales y calificadas que tengan un compromiso profundo con los valores de integridad y la priorización del interés público sobre los intereses privados. En ese marco, se consolidarán y actualizarán las herramientas para evitar y detectar incompatibilidades y conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública”, afirman, pero no dan detalles sobre esas herramientas.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
En silencio, el Ministerio de Economía definió líneas de acción internas para evitar el uso de información privilegiada, los conflictos de intereses y la corrupción entre sus funcionarios.
El Plan de Integridad del Ministerio de Economía, que tiene la estampa de la Secretaría Legal y Administrativa, que dirige José García Hamilton, implica la convocatoria, por caso, de un Comité de Integridad para deliberar sobre “dilemas éticos” que puedan surgir en la cartera del ministro Luis Caputo, la elaboración de un código y, pese a la polémica que se generó con el Gobierno con las restricciones para el acceso a la información pública, impulsa la “transparencia activa”.
La Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información en el Ministerio de Economía, en tanto, será la encargada de convocar al Comité de Integridad “para proponer las actualizaciones o ajustes al plan que considere necesarios, como así también, para deliberar sobre dilemas éticos”, afirman los detalles del programa interno en Hacienda.
Pero además del Comité de Integridad, según los detalles del programa oficial, se conformará otro comité, pero de ética. Este estará a cargo no solo de verificar el cumplimiento del plan, sino que también “podrá emitir recomendaciones sobre situaciones que involucren conflictos de intereses, dilemas éticos, uso indebido de información o cualquier otra conducta que pueda afectar la integridad y la ética en el desempeño por parte de los funcionarios”.
Más en detalle, se pondrá el foco, por ejemplo, en compras y contrataciones, porque son “altamente vulnerables a los riesgos de integridad”. Habrá entonces un “procedimiento de compras y contrataciones”, se continuará en la implementación del Sistema Único Electrónico de Pago a Proveedores y Órdenes de Pago, y se impulsará un seguimiento y control de los procesos. En tanto, se limitarán los procedimientos de adquisición vía excepción.
A pesar de la polémica por las restricciones que impulsó la Casa Rosada semanas atrás al acceso a la información pública, en Economía afirmaron que “uno de los principales objetivos del organismo es el de garantizar” ese acceso conforme lo prescripto en la ley 27.275 (derecho de acceso a la información pública). “Se propiciará, de forma proactiva, un mayor desarrollo del portal de datos abiertos, de plataformas digitales y divulgación de datos públicos generados por la jurisdicción para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar el derecho de acceso a la información pública conforme lo establecido en la ley 27.275”, estimaron.
Además, se prometió, por otra parte, que “se promoverá el diseño e implementación de herramientas informáticas que sistematicen el seguimiento y control, tanto de las solicitudes de información pública realizadas por la ciudadanía en general como de los requerimientos de organismos de control”.
Se verificará que los regalos y los viajes que reciben los funcionarios, lo mismo que las audiencias con personas que mantienen “un interés determinado”, estén, dice el plan, en los registros oficiales. Se prometen además acciones de difusión y capacitación para que los funcionarios presenten correctamente sus declaraciones juradas patrimoniales –los bienes y fondos en blanco– con anterioridad y posterioridad al paso por la función pública.
El punto G del plan tiene que ver con un tema clave en el mundo de los mercados: afirma que “resulta imprescindible propiciar políticas para el uso responsable de la información privilegiada de la jurisdicción a la que los funcionarios pudieran acceder como consecuencia de sus labores, haciendo hincapié en las prohibiciones y regulaciones existentes respecto de su uso y suministro y en la prevalencia del interés general por sobre el interés particular”.
Economía promete además elaborar un Código de Ética e impulsar un Sistema de Gestión de Riesgo de Integridad para “identificar, analizar, evaluar y gestionar los eventos o situaciones que puedan generar hechos de corrupción”. Sobre esto último, se elaborará un “mapa de riesgos” para detectar procesos críticos, controles asociados y formular acciones concretas para mitigarlos.
“El sector público debe procurar emplear personas profesionales y calificadas que tengan un compromiso profundo con los valores de integridad y la priorización del interés público sobre los intereses privados. En ese marco, se consolidarán y actualizarán las herramientas para evitar y detectar incompatibilidades y conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública”, afirman, pero no dan detalles sobre esas herramientas.
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