La motosierra de Milei llegó a los viáticos del Parlasur
Por decisión de la Cancillería, los legisladores nacionales dejaron de percibir dinero para sus gastos y estadías en Montevideo
Jaime Rosemberg
Luego de meses de amenazas y críticas desde la Casa Rosada hacia su funcionamiento, la motosierra de Javier Milei llegó al bloque de parlamentarios argentinos del Parlasur. La suspensión desde el Estado del pago de viáticos, gastos de transporte y pasajes para las sesiones de ese cuerpo legislativo es el principal motivo de disputa. En el Parlasur hay 43 legisladores que representan a la Argentina. Perciben US$74 por día en concepto de viáticos y US$194 para alojamiento.
El lunes, una treintena de parlamentarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia) firmaron una nota de protesta, encabezada por el legislador brasileño Celso Russomanno, en la que cuestionan la decisión del gobierno argentino, que a través de una decisión administrativa firmada el 17 del actual por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller Diana Mondino, deslindó el pago de esos viáticos en el propio Parlasur. Lo hizo sobre la base de un voto en disidencia del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti ante una presentación de la exlegisladora Fernanda Gil Lozano. “(Ese voto) resolvió que el Estado argentino no tiene a su cargo el pago de las remuneraciones reclamadas”, dice en sus considerandos la resolución administrativa firmada por la canciller y el ministro coordinador, publicada en el Boletín Oficial y que establece además mayores controles para la emisión de pasajes y gastos en toda la administración pública.
“Es el Mercosur, como persona jurídica diferente, y más precisamente el Parlasur, a través de su mesa directiva y presidencia –y no el Estado argentino–, el obligado a resolver y pagar las remuneraciones de los parlamentarios”, dice el fallo de Rosatti que el Gobierno utiliza como argumento para suspender los pagos. Los parlamentarios opositores afirman que se trata de un “voto en disidencia” sin efecto alguno. Y denuncian que, en el presupuesto 2025, no aparece ninguna partida para hacer frente a los gastos que demanden los viajes de legisladores hacia y desde Montevideo, sede del Parlasur, actualmente en refacciones.
“La medida afecta de muerte a la institución multilateral que representa las aspiraciones de integración de todos los pueblos del Mercosur”, dice la moción encabezada por Russomanno, legislador del centro brasileño y votada el mismo lunes durante la sesión, realizada en Asunción del Paraguay.
Para poder funcionar, el parlamento del Mercosur necesita la presencia de, al menos, dos legisladores de cada país. Según fuentes de la oposición en la representación argentina, la decisión de trasladar el pago de los viáticos al Parlasur (que no tiene los fondos para hacerse cargo y ya acumula dos viajes sin haber hecho efectivo los pagos, aunque a los legisladores sí les facilitaron los pasajes aéreos) va en línea con una decisión “política” de “bajarle el precio” al Mercosur en su conjunto.
El propio Milei, que en la campaña electoral habló de “disolver” el Mercosur, faltó a la reunión de presidentes del Mercosur en julio pasado “por cuestiones de agenda”, aunque asumirá la presidencia pro tempore del bloque común en enero próximo.
La diputada Lilia Puig, parlamentaria electa por Juntos por el Cambio, afirmó luego de la sesión del lunes: “La representación popular es un derecho ciudadano y nosotros estamos acá por los que nos eligieron”. Y agregó: “Estamos viviendo un proceso de desprecio institucional en la Argentina”, sostuvo la dirigente de la UCR.
El jefe de la delegación argentina, Gabriel Fuks (Unión por la Patria), agregó: “Esta decisión de la Jefatura de Gabinete se enlaza con una sucesión de acciones del gobierno argentino contra el Mercosur y la integración regional”.
Fuentes de ese bloque agregaron que la Argentina, además, no abona en tiempo y forma su cuota para otros dos organismos del Mercosur, el Instituto Social y el de Derechos Humanos, que tiene sede en el predio de la ex-ESMA.
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El Gobierno multará a las empresas de luz y gas que cobren tasas municipales
Polémica. La medida podría generar conflictos entre las compañías y las comunas
Francisco Jueguen
El ministro Caputo, decidido a ir a fondo en el tema tasas
El Gobierno comenzará desde mediados de octubre a aplicar apercibimientos –que pueden llegar a multas millonarias u otras sanciones– a aquellas empresas privadas que se nieguen a eliminar el cobro de tasas e impuestos de municipios y de gobiernos provinciales en las facturas de los servicios esenciales, como la luz y el gas, que prestan a sus clientes.
Ese es el camino elegido por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio desde el próximo 11 de octubre. La situación, admitieron en las empresas de servicios públicos, podría dar lugar a un conflicto de intereses entre las compañías privadas y los distintos gobiernos de los distritos donde operan.
Por otra parte, la Secretaría de Industria y Comercio ya recibió notificaciones de los amparos en contra de la norma y se presentó en la Justicia. Son los casos de Pilar y el municipio de La Rioja. En ambos, el Gobierno rechazó las medidas cautelares e impugnó la legitimidad de los municipios.
El Gobierno comenzará desde mediados de octubre a aplicar apercibimientos –que pueden llegar a multas millonarias u otras sanciones y penalidades– a aquellas empresas privadas que se nieguen a eliminar tasas e impuestos de municipios y de gobiernos provinciales de las facturas de los servicios esenciales, como la electricidad y el gas, que prestan a sus clientes.
Tres fuentes oficiales confirmaron en las últimas horas a la nacion que ese será el camino elegido por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio desde el próximo 11 de octubre, lo que podría comenzar a generar un conflicto de intereses entre las compañías privadas y los distintos gobiernos de los distritos donde operan.
Las fuentes indicaron que desde esa fecha se abrirán sumarios a las firmas proveedoras de servicios que sumen en su facturación cargos distintos del objeto del contrato. Según indicaron en el Poder Ejecutivo, los municipios y gobiernos provinciales son ajenos al ámbito de aplicación de la resolución oficial. “Vamos a sumariar a las empresas que incluyan cargos indebidos”, dijeron. Además, según precisaron a fuentes oficiales, la estrategia del Gobierno se complementará con presentaciones individuales contra los amparos que ya algunos municipios presentaron en la Justicia. Dos de los casos en los que Comercio ya recibió notificaciones son Pilar (tramita en Campana) y el municipio de La Rioja. En ambos casos, Comercio ya hizo las presentaciones para rechazar las cautelares interinas e hizo los informes correspondientes.
El Gobierno está impugnando la “legitimación activa” de los municipios, ya que considera que la resolución oficial no es contra ellos, sino que regula a las empresas. “Nosotros no decimos nada sobre lo que tienen que hacer los municipios”, explicaron en el Gobierno. En el Ejecutivo afirmaron que en el caso de aquellos que no tengan cautelar la norma “está vigente”.
Según fuentes que conocen el camino administrativo, en caso de incumplimiento, se abrirá un expediente contra las empresas en Comercio. Habrá un apercibimiento primero, y luego podría comenzarse con multas incrementales: la más baja es de $374.129, mientras que la más alta alcanza los $1.571.343.900, según la última actualización.
Las sanciones, según la ley Nº 24.240 y sus modificatorias de defensa del consumidor, que aplica en este caso, son el apercibimiento; la multa de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2100) canastas básicas totales para el hogar 3 ($748.259 en agosto); el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días; la suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.
consultó a las empresas la nacion de distribución de energía. Afirmaron que, para cambiar sus facturas, esperan una resolución complementaria de sus entes reguladores (ENRE o Enargas, por caso) y admitieron que la decisión del Gobierno, de aplicarse, provocará un conflicto con la normativa municipal. Es que las subas de impuestos o los convenios por los que se cobra una tasa en una boleta de luz y gas se definen en convenios firmados con las firmas y aprobados en los consejos. La decisión política, para mejorar la cobrabilidad, es de los intendentes.
En este marco, el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cefip) publicó días atrás un importante ejercicio preliminar coordinado por Santiago Garriga, Josefina Gaskín y Mariela Pistorio sobre la base de la tasa de inspección por seguridad e higiene (TISH). Lo primero que hallaron los expertos en el campo es una “enorme variabilidad” entre municipios, lo que, contaron, dificulta la comparación entre ellos. Algunos cobran un monto fijo y otros, una alícuota con relación a una base imponible que puede estar en función del monto facturado, la cantidad de empleados, el sueldo mínimo o la cantidad de metros cuadrados.
Quioscos, en la jungla
Luego hicieron un experimento. Tomaron un establecimiento que está en todos los municipios: un quiosco. Y establecieron parámetros: $12 millones de facturación anual, tres empleados, un local de 50 m2 situado en una zona céntrica o comercial del partido. La conclusión –por la dificultad a la hora de relevar la información– se hizo con datos de 2022.
¿Qué encontraron? “En promedio, los quioscos pagan un 0,45% de su facturación en concepto de TISH; sin embargo, este valor ignora diferencias entre municipios. En la mitad de los relevados, un quiosco paga 0,4% de su facturación o menos. En el otro extremo, dentro del 10% de municipios que más gravan, un quiosco paga 0,9% o más de su facturación”, concluyeron los expertos. Vale aclarar que, de 20 municipios, los académicos no pudieron conseguir el dato de cuánto se cobra.
Entre los que más cobran de tasa de inspección por seguridad e higiene aparecen, según el ranking elaborado por Cefip, Castelli, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Monte Hermoso, La Plata, La Matanza, Coronel Rosales, Esteban Echeverría, San Isidro y Florencio Varela. Lanús, uno de los que mantuvieron un entredicho con el Gobierno porque está conducido por La Cámpora, está dentro del promedio. Quilmes, manejado por Mayra Mendoza, en cambio, está por arriba del promedio. Los que menos cobran son Coronel Suárez, Alberti, 25 de Mayo, San Andrés de Giles y Chávez.
“¿Por qué es relevante estudiar la TISH? Porque si bien es una tasa cuya alícuota suele ser ‘pequeña’, casi todas las empresas de la provincia la pagan y, para una gran cantidad de municipios, representa una fuente de ingresos relevante”, indicaron. “Desde un punto de vista técnico, las tasas no son impuestos, sino contribuciones económicas que pagan las personas y empresas en contraprestación por un servicio prestado. En la práctica, la TISH no está en relación con un beneficio o servicio recibido. Por ende, al cobrarse en muchos casos sobre el monto facturado, funciona como si fuese un impuesto en cascada, resultando en un gravamen altamente distorsivo”, agregaron.
Rebeldía en la Provincia
Luego de la publicación de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires que dirige Axel Kicillof, se rebeló públicamente contra la norma. A través de un comunicado del Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba), aclaró que las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales. Luego, apuntó directamente contra la decisión del titular del Palacio de Hacienda: “La norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción; corresponde indicar que el régimen provincial contempla expresamente la regulación en los conceptos ajenos”.
“Oceba publicó un comunicado diciendo que no hay ningún problema de que las boletas que están bajo regulación provincial incluyan otros conceptos no vinculados al servicio, siempre y cuando se respeten los derechos de los consumidores. Eso implica que se habilite el pago parcial y que no se corte el servicio si no hay un pago total de los montos facturados. Hay una intención del Gobierno de meter con fórceps el ajuste en todos los niveles del Estado como política, sin reconocer la autonomía de los gobiernos”, cuestionó el presidente de ARBA, Cristian Girard.
Algunos constitucionalistas dijeron que la decisión del Ejecutivo puede ser “inconstitucional”, porque afecta las autonomías provinciales y municipales. En el Gobierno recalcan que la regulación solo afecta a las empresas.
La decisión oficial pondría a las firmas en un conflicto con los municipios
El Gobierno comenzará desde mediados de octubre a aplicar apercibimientos –que pueden llegar a multas millonarias u otras sanciones– a aquellas empresas privadas que se nieguen a eliminar el cobro de tasas e impuestos de municipios y de gobiernos provinciales en las facturas de los servicios esenciales, como la luz y el gas, que prestan a sus clientes.
Ese es el camino elegido por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio desde el próximo 11 de octubre. La situación, admitieron en las empresas de servicios públicos, podría dar lugar a un conflicto de intereses entre las compañías privadas y los distintos gobiernos de los distritos donde operan.
Por otra parte, la Secretaría de Industria y Comercio ya recibió notificaciones de los amparos en contra de la norma y se presentó en la Justicia. Son los casos de Pilar y el municipio de La Rioja. En ambos, el Gobierno rechazó las medidas cautelares e impugnó la legitimidad de los municipios.
El Gobierno comenzará desde mediados de octubre a aplicar apercibimientos –que pueden llegar a multas millonarias u otras sanciones y penalidades– a aquellas empresas privadas que se nieguen a eliminar tasas e impuestos de municipios y de gobiernos provinciales de las facturas de los servicios esenciales, como la electricidad y el gas, que prestan a sus clientes.
Tres fuentes oficiales confirmaron en las últimas horas a la nacion que ese será el camino elegido por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio desde el próximo 11 de octubre, lo que podría comenzar a generar un conflicto de intereses entre las compañías privadas y los distintos gobiernos de los distritos donde operan.
Las fuentes indicaron que desde esa fecha se abrirán sumarios a las firmas proveedoras de servicios que sumen en su facturación cargos distintos del objeto del contrato. Según indicaron en el Poder Ejecutivo, los municipios y gobiernos provinciales son ajenos al ámbito de aplicación de la resolución oficial. “Vamos a sumariar a las empresas que incluyan cargos indebidos”, dijeron. Además, según precisaron a fuentes oficiales, la estrategia del Gobierno se complementará con presentaciones individuales contra los amparos que ya algunos municipios presentaron en la Justicia. Dos de los casos en los que Comercio ya recibió notificaciones son Pilar (tramita en Campana) y el municipio de La Rioja. En ambos casos, Comercio ya hizo las presentaciones para rechazar las cautelares interinas e hizo los informes correspondientes.
El Gobierno está impugnando la “legitimación activa” de los municipios, ya que considera que la resolución oficial no es contra ellos, sino que regula a las empresas. “Nosotros no decimos nada sobre lo que tienen que hacer los municipios”, explicaron en el Gobierno. En el Ejecutivo afirmaron que en el caso de aquellos que no tengan cautelar la norma “está vigente”.
Según fuentes que conocen el camino administrativo, en caso de incumplimiento, se abrirá un expediente contra las empresas en Comercio. Habrá un apercibimiento primero, y luego podría comenzarse con multas incrementales: la más baja es de $374.129, mientras que la más alta alcanza los $1.571.343.900, según la última actualización.
Las sanciones, según la ley Nº 24.240 y sus modificatorias de defensa del consumidor, que aplica en este caso, son el apercibimiento; la multa de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2100) canastas básicas totales para el hogar 3 ($748.259 en agosto); el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días; la suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.
consultó a las empresas la nacion de distribución de energía. Afirmaron que, para cambiar sus facturas, esperan una resolución complementaria de sus entes reguladores (ENRE o Enargas, por caso) y admitieron que la decisión del Gobierno, de aplicarse, provocará un conflicto con la normativa municipal. Es que las subas de impuestos o los convenios por los que se cobra una tasa en una boleta de luz y gas se definen en convenios firmados con las firmas y aprobados en los consejos. La decisión política, para mejorar la cobrabilidad, es de los intendentes.
En este marco, el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cefip) publicó días atrás un importante ejercicio preliminar coordinado por Santiago Garriga, Josefina Gaskín y Mariela Pistorio sobre la base de la tasa de inspección por seguridad e higiene (TISH). Lo primero que hallaron los expertos en el campo es una “enorme variabilidad” entre municipios, lo que, contaron, dificulta la comparación entre ellos. Algunos cobran un monto fijo y otros, una alícuota con relación a una base imponible que puede estar en función del monto facturado, la cantidad de empleados, el sueldo mínimo o la cantidad de metros cuadrados.
Quioscos, en la jungla
Luego hicieron un experimento. Tomaron un establecimiento que está en todos los municipios: un quiosco. Y establecieron parámetros: $12 millones de facturación anual, tres empleados, un local de 50 m2 situado en una zona céntrica o comercial del partido. La conclusión –por la dificultad a la hora de relevar la información– se hizo con datos de 2022.
¿Qué encontraron? “En promedio, los quioscos pagan un 0,45% de su facturación en concepto de TISH; sin embargo, este valor ignora diferencias entre municipios. En la mitad de los relevados, un quiosco paga 0,4% de su facturación o menos. En el otro extremo, dentro del 10% de municipios que más gravan, un quiosco paga 0,9% o más de su facturación”, concluyeron los expertos. Vale aclarar que, de 20 municipios, los académicos no pudieron conseguir el dato de cuánto se cobra.
Entre los que más cobran de tasa de inspección por seguridad e higiene aparecen, según el ranking elaborado por Cefip, Castelli, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Monte Hermoso, La Plata, La Matanza, Coronel Rosales, Esteban Echeverría, San Isidro y Florencio Varela. Lanús, uno de los que mantuvieron un entredicho con el Gobierno porque está conducido por La Cámpora, está dentro del promedio. Quilmes, manejado por Mayra Mendoza, en cambio, está por arriba del promedio. Los que menos cobran son Coronel Suárez, Alberti, 25 de Mayo, San Andrés de Giles y Chávez.
“¿Por qué es relevante estudiar la TISH? Porque si bien es una tasa cuya alícuota suele ser ‘pequeña’, casi todas las empresas de la provincia la pagan y, para una gran cantidad de municipios, representa una fuente de ingresos relevante”, indicaron. “Desde un punto de vista técnico, las tasas no son impuestos, sino contribuciones económicas que pagan las personas y empresas en contraprestación por un servicio prestado. En la práctica, la TISH no está en relación con un beneficio o servicio recibido. Por ende, al cobrarse en muchos casos sobre el monto facturado, funciona como si fuese un impuesto en cascada, resultando en un gravamen altamente distorsivo”, agregaron.
Rebeldía en la Provincia
Luego de la publicación de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires que dirige Axel Kicillof, se rebeló públicamente contra la norma. A través de un comunicado del Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba), aclaró que las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales. Luego, apuntó directamente contra la decisión del titular del Palacio de Hacienda: “La norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción; corresponde indicar que el régimen provincial contempla expresamente la regulación en los conceptos ajenos”.
“Oceba publicó un comunicado diciendo que no hay ningún problema de que las boletas que están bajo regulación provincial incluyan otros conceptos no vinculados al servicio, siempre y cuando se respeten los derechos de los consumidores. Eso implica que se habilite el pago parcial y que no se corte el servicio si no hay un pago total de los montos facturados. Hay una intención del Gobierno de meter con fórceps el ajuste en todos los niveles del Estado como política, sin reconocer la autonomía de los gobiernos”, cuestionó el presidente de ARBA, Cristian Girard.
Algunos constitucionalistas dijeron que la decisión del Ejecutivo puede ser “inconstitucional”, porque afecta las autonomías provinciales y municipales. En el Gobierno recalcan que la regulación solo afecta a las empresas.
La decisión oficial pondría a las firmas en un conflicto con los municipios
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