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Guillermo Moreno fue condenado a tres años de prisión por la adulteración de datos del Indec
El exfuncionario kirchnerista fue acusado por la manipulación de datos del organismo pero por ahora no quedará detenido; si bien tiene otras dos condenas, ninguna está firme
Federico González del Solar
La pena de tres años es "condicional"
El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) condenó hoy al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para cargos públicos al considerarlo responsable de la manipulación de los datos del Indec en 2006 y 2007, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
De este modo, el exfuncionario, que fue encontrado culpable por el delito de abuso de autoridad y el de destrucción e inutilización de artículo públicos, podrá cumplir por ahora su pena fuera de prisión porque la sentencia es de ejecución condicional.
Si bien carga con otras dos condenas previas, una por el uso de fondos públicos para solventar el cotillón con la denominación “Clarín miente”, y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa, ninguna de ellas está firme, ya que no pasaron por la Corte Suprema.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, dispuso que la pena de prisión sea de ejecución condicional y no efectiva por el monto del castigo, que no supera los tres años. Esta condena, no obstante, deja a Moreno más cerca de la cárcel porque, de quedar firme, podría acumularse con otras -tampoco firmes aún- y si esa acumulación diera más de tres años, la prisión ya no sería en suspenso. Sin embargo, esa acumulación no es necesariamente el resultado de la suma matemática entre las penas.
En esta causa, el fiscal Diego Luciani había pedido cuatro años de prisión para el exfuncionario y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa, en cambio, su absolución.
Además de Moreno, hubo tres acusados. La exdirectora del Índices de Precio de Consumo (IPC), Beatriz Paglieri, fue penada con tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos y al igual que Moreno podrá cumplir su condena en libertad. Los dos exfuncionarios condenados deberán fijar residencia y someterse a la supervisión de un patronato.
En tanto, Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, ambas exempleadas del organismo, fueron absueltas por el tribunal, que dará a conocer los fundamentos del fallo el cuatro de septiembre.
En su alegato final, el exfuncionario kirchnerista, acusado por los delitos de abuso de autoridad, destrucción de documentos públicos y falsedad ideológica de un instrumento público, sostuvo que fue un juicio “académico” en el que no hubo pruebas, ratificó la metodología aplicada durante sus años como funcionario al frente de organismo y apuntó contra el fiscal Luciani, a quien felicitó irónicamente.
Guillermo Moreno siguió por zoom su condena
“Mi formación es de economista, pero he tenido algunas materia en derecho. Hay un viejo dicho que que dice algo así como hechos, pruebas, y derecho”, comenzó. “[En la investigación] no surgió ninguna prueba. Nadie puede decir si algo es falso o verdadero si no está la prueba”, agregó.
“Hay que reconocer que el alegato del fiscal fue inteligente. No tenía pruebas. Entonces apeló a un juicio académico. Ahora, como ustedes saben los juicios académicos lo pueden hacer los pares, no es facultad del fiscal”, sostuvo, repitiendo lo dicho unos días atrás. Lo escuchaban los tres magistrados, que dieron a conocer su fallo pasado el mediodía.
“Todos los gobiernos que sucedieron al nuestro han ratificado el buen desempeño del Indec”, añadió en el tramo final de su alocución. “Hechos, pruebas y derecho. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho”, cerró Moreno, cuya defensa estuvo en manos de Graciela Peñafort, que remplazó al abogado Alejandro Rúa en la audiencia.
Lo siguió Paglieri quien también apuntaló la metodología utilizada por el organismo en su periodo. ”Los pericia del juez [Rodolfo] Canicoba Corral indicó que se respetó la metodología”, afirmó la ex directora del IPC. “No modifiqué la metodología y tampoco incorporé informáticos”, se defendió.
Por su parte, Filia y Cámpora, quienes luego resultarían absueltas por el tribunal, optaron por no emitir palabras finales.
En su acusación, el fiscal Luciani sostuvo que el exprecandidato a presidente en las últimas elecciones fue el principal responsable del desprestigio a las que se vieron sometidas las estadísticas oficiales. “La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales. Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”, sostuvo.
Luego de que el fiscal diera a conocer su pedido de condena a fines de junio, Moreno se defendió de las acusaciones, alegó que no existen pruebas en su contra, y apuntó contra el fiscal: “Fueron pasando los días y no aparecían las pruebas. El fiscal Luciani fue muy inteligente: transformó el juicio penal en un juicio académico. Es muy interesante lo que hace: ‘No tengo pruebas pero no tengo dudas’. Te arma un relato”, aseguró, días atrás, en el programa de streaming Gelatina.
Condenas
El 5 de julio de 2022, Moreno fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas. Fue a partir de un hecho en 2010: el exsecretario irrumpió a los gritos en una asamblea de Papel Prensa. “¿Casco o guante? ¿Qué quiere?”, preguntaba Moreno desafiante a los directivos de la firma, luego de haber instalado un clima de hostilidad.
El exsecretario de Comercio aceptó el fallo del tribunal: “Creo que la declaración indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”, sostuvo en aquel tiempo.
Luego de que Casación confirmara el fallo tras su apelación, Moreno planteó un recurso extraordinario, que resultó rechazado. El exsecretario fue en queja a la Corte Suprema que tiene su caso en estudio.
Guillermo Moreno en una foto del 19 de noviembre de 2013
Además, el exsecretario fue condenado en octubre de 2017 a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos por haber destinado fondos del Estado en la compra de merchandising contra Clarín. Moreno también apeló el fallo, pero la cámara de Casación rechazó el recurso extraordinario. Luego, elevó un recurso de queja que la Corte Suprema tiene entre sus manos desde hace dos años.

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La historia detrás de la patota de Moreno y las heroínas del Indec
El fallo de la Justicia contra el exsecretario de Comercio revuelve la peor historia del kirchnerismo
Francisco Jueguen
Moreno, en un encuentro de Principios y Valores
El hostigamiento de Guillermo Moreno a las mujeres había comenzado en mayo de 2006. Fue entonces cuando el poderoso secretario de Comercio Interior las recibió en su despacho. Abrió las puertas con una sonrisa de oreja a oreja para acompañar el ingreso de la directora nacional de Estadística de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, y a la del Índice de Precios al Consumidor, Graciela Bevacqua. Ambas manejaban un dato clave y sumamente sensible para el poder de turno: el dato de la inflación del Indec.
Moreno puso música clásica, criticó las estadísticas brasileñas y comenzó a cuestionar la metodología que usaba el IPC. “¿No te das cuenta de que estás haciendo mamarrachos?”, gritó luego de que Bevacqua contara cómo variaban los precios de la ropa. Moreno señaló una pila de zapatos, camisas, de ropa que tenía en una esquina de su oficina, y dijo: “Yo quiero saber si esto está o no en el IPC. Esos pelotudos como (director entonces del Indec) Mármora o Krieger [subdirector] no saben contestar una pregunta bien”.
Luego de dos horas de tensión, Moreno les dijo que trabajaba para pagar menos por los bonos, que se ajustaban por CER (la inflación). “Nosotros, la patria, tenemos que pagar los bonos”, les admitió.
Las técnicas ofrecieron hacerle algunos ejercicios al secretario, pero sin violar el secreto estadístico protegido por ley. “Voy a hacer como en la vieja época peronista”, agregó enojado y a los gritos. “Voy a esperar a cada encuestador del IPC, lo voy a llevar a tomar un café y le voy a tachar lo que no corresponda”, amenazó. Moreno, en rigor, ya le había pedido a Mármora en una reunión con Oscar Tangelson (entonces en Economía) la lista de los comercios a los que el Indec encuestaba para poder impulsar una manipulación externa del índice. Su pedido había sido denegado por razones de secreto estadístico.
Pasó casi un año. La inflación seguía subiendo y, más allá de los bonos, amenazaba la candidatura de Cristina Kirchner, que iba a reemplazar a su esposo. “Kirchner quiere tu cabeza”, gritó haciendo un esfuerzo por contenerse una desencajada Trabuchi el lunes 29 de enero de 2007, cuando comenzó la intervención. Las palabras eran para Bevacqua. Los datos provisorios de la inflación eran de 2,1%, una variación que el gobierno no aceptaba. Los problemas entonces eran los precios de la lechuga, las prepagas y el turismo.
Trabuchi intentó defenderla frente a la ministra de Economía, Felisa Miceli, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. No lo logró. Las dos mujeres fueron desplazadas. Otra mujer, cuyo marido había estudiado con Moreno la carrera de Economía en la UADE, se convertía en la interventora de los precios y ocupaba el lugar de Bevacqua. Era Beatriz Paglieri. Su primer trabajo fue pedir una simulación -un ejercicio estadístico- del cálculo de inflación en el que se mantuvieran las ponderaciones originales pero se cambiaran algunas variaciones (para abajo). Ese simulacro salió publicado como el primer IPC trucho de la era Moreno.
Una historia tétrica
Fue entonces, con la intervención del Indec, que comenzó el llamado “apagón estadístico”. Fue una década de un completo desmantelamiento del instituto -un organismo que era sumamente prestigioso a nivel regional-, y el primer y más grotesco caso de destrucción institucional luego replicado en otras carteras públicas. A esto se sumó el falseamiento de las estadísticas oficiales para cristalizar un relato político acomodado.
Pero no fue sólo eso. La patota de Moreno, conocidos como sus “apóstoles” (Hernán Brahim, Rubén Zampino y Norberto Itzcovich, entre otros) comenzó a hostigar a muchos de los técnicos, sobre todo a mujeres. Varios pertenecían a su partido Pueblo Peronista y ya se habían hecho conocidos por sus operaciones en el Mercado Central y el de Liniers por las subas de precios. Otros sólo se acomodaron al poder de turno.
Muchas de las amenazadas y hostigadas fueron mujeres. Con licencia psiquiátrica, Bevacqua fue enviada a la biblioteca del Indec. Con miedo, Trabuchi se terminó escapando del orgamismo. A Cynthia Pok, encargada de medir la pobreza, la corrieron y terminó afuera del instituto en 2008. A Marcela Almeida, hoy en el equipo del IPC, le scaron su escritorio de trabajo y tuvo que pedir la restitución de tareas en la Justicia.
Otras mujeres fueron cómplices. Moreno designó a Ana María Edwin, ex encargada de personal, como número uno del Indec y se apoyó en el gremio UPCN para perseguir a los díscolos en el organismo. La resistencia, con valentía, la ejecutó ATE-Indec. Dato de color: la hija de Edwin, Sol Padin, fue la encargada del censo 2010, el que se realizó el mismo día de la muerte de Néstor Kirchner. Se lo denunció por adulteraciones.
Todos los datos del Indec comenzaron a ser cuestionados por académicos, organismos internacionales, y los medios. Primero, la inflación oficial, pero luego el dato de pobreza, el del PBI, el desempleo y hasta los vinculados al comercio exterior. Tanto es así que los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) pusieron un asterisco para explicar que no eran confiables; lo mismo hizo la publicación The Economist.
La Argentina comenzó a medir los precios con los indicadores provinciales: el de Mendoza y el de San Luis que tenían protección en sus provincias. Quienes osaron medir la inflación desde el ámbito privado fueron multados y perseguidos por el propio Moreno. Entre ellos estaban el peronista Jorge Todesca, quien transparentó el Indec ya en tiempos de Mauricio Macri como presidente, y el actual director del organismo, Marco Lavagna.
La manipulación del Indec llevó al kirchnerismo a la vergüenza propia. Aníbal Fernández afirmó que en la Argentina había menos pobres que en Alemania; Jorge Capitanich, que se había acabado el hambre y Cristina Kirchner debió usar varias veces en sus diatribas públicas datos y aclarar que no eran del Indec de Moreno.
Axel Kicillof, que reemplazó en el poder económico del kirchnerismo a Guillermo Moreno -el actual gobernador asumió en 2013 como ministro de Economía de Cristina Kirchner- dijo que discontinuaba los datos de pobreza oficiales para no estigmatizar a la gente. Lo cuestionó entonces Victoria Donda. Kicillof la mandó a “ponerse las plumas”. Actualmente, la extitular del Inadi de Alberto Fernández trabaja para Kicillof en la provincia.
El único que se opuso a la manipulación, entre los ministros que pasaron por el Palacio de Hacienda, fue Miguel Peirano. Duró en su cargo de julio a diciembre de 2007. En 2009, Amado Boudou, luego condenado por corrupción (como Miceli), buscó ganar tiempo y creó una comisión de especialistas (varias universidades, entre ellas la UBA). Terminaron concluyendo que el IPC no era “confiable”.
El enfrentamiento a la manipulación de las estadísticas del kirchnerismo montó incluso insólitas parejas, hoy imposibles, como las que formaron Patricia Bullrich y Sergio Massa para crear el IPC Congreso.
Cuando ganó Macri, en 2015, se levantó el “apagón”. Todesca, un respetado economista peronista, se hizo cargo de la reconstrucción. Convocó a Bevacqua y a los desplazados. Con Alberto Fernández como presidente se generó una burbuja para proteger ese legado con Lavagna, una continuidad que llega al presente.
El equipo legal de Alfonso Prat Gay, cuando asumió como ministro de Hacienda de Cambiemos, buscó -a través de un dictamen- evitar la catarata de juicios contra la Argentina y negó lo que el periodismo, los académicos y el mundo decían sobre el Indec. Temían lo que luego se materializaría: litigios mnillonarios de aquellos acreedores con bonos atados al CER (Moreno), pero también de aquellos que cuestionaron el cambio de base del PBI (Kicillof). De esta manera, solo le dio aire a Moreno para que continuara negando la intervención y apareciendo como un curioso personaje mediático enfrentado a sus antiguos aliados.
Todavía sin una ley que blinde las estadísticas públicas, la autonomía e independencia del organismo estadístico y a sus trabajadores, hoy la Justicia condenó a Moreno y también a Paglieri por abuso de autoridad, destrucción de documentos públicos y falsedad ideológica de instrumento público. Aunque el kirchnerismo buscara ocultarla -debajo de un relato público manipulado- la verdad siempre termina por imponerse.

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