AySA Y PATENTE

Privatización: AySA acelera el plan para abrirse al capital privado
Decisión. Las subas de tarifas ya cubren el 100% de la operación; la firma se desprenderá de toda la obra pública que realizaba, especialmente en la época de Malena Galmarini
Diego CabotEn seis meses, la firma logró equilibrar sus números

Hay un servicio público que no se puede cortar, y eso, quizás, lo haga el más particular de todos. El agua, de por sí esencial, no se puede cerrar a cero como sí sucede con el gas y con la electricidad. Esa particularidad, pero, sobre todo, la billetera que tenía Malena Galmarini, la presidenta de AySA hasta que terminó el gobierno de Alberto Fernández, alumbró una empresa que no tenía entre sus prioridades cobrar la tarifa. Dicho de otro modo: era una fiesta de gasto, obras, negociaciones con municipios y subsidios.
En poco más de seis meses, apalancado en un fuerte aumento de las tarifas y en un ajuste interno, los números se equilibraron, al punto de que ya se empezaron a dibujar los trazos gruesos de una privatización parcial que se daría en el primer semestre del año próximo.
En resumen, hay cuatro pilares en los que se sostiene el plan. En principio, aumento de tarifas, que ya se realizó, que recompuso la ecuación financiera; y, segundo, racionalización de los gastos, con reducción de personal y renegociación de algunos contratos.
Finalmente, aquel esquema se completa con una mejora en la facturación para poder cobrar más a algunos usuarios importantes o morosos que acumulan mucha deuda, y el desprendimiento de la gran mayoría de la obra pública que realizaba y que fue uno de los íconos de la gestión Galmarini.
La excepción será la megaobra que la empresa realiza en la cuenca del Riachuelo, con financiamiento del Banco Mundial. Planea terminarla en poco tiempo y seguirá en manos de la empresa estatal.
Con estos cuatro puntos alineados, empezará el camino hacia la privatización. En los escritorios de la empresa, que maneja Alejo Maxit, preparan dos borradores. “Hay dos planes sobre la mesa para que el Gobierno decida cuál es el más conveniente”, dice el número uno de la compañía. AySA reporta a la secretaría de Diego Chaher, un abogado que fue interventor de los medios públicos –Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Educ.Ar– y que el 1° de julio pasó a controlar las más de 20 empresas del Estado como secretario de Empresas y Sociedades del Estado, un despacho que depende de Jefatura de Gabinete
El primero de los planes es más rápido. Se trata de ofrecer al mercado un porcentaje de las acciones que tiene el Estado. Es decir, del 90% del paquete accionario que es del Tesoro –el restante 10% es de los trabajadores– dejar correr en la Bolsa local un 30%, cuestión de no perder la mayoría. Si se trata de mantener el control, ese paquete accionario destinado a que lo suscriban los privados no podría superar el 39%.
La otra opción es vender el activo mediante una licitación pública, algo así como una privatización de una parte. En ese caso, ya no habrá inversores que suscriban a precios de mercado, sino un grupo que decida si quiere ser socio del Estado y ofrezca un precio por ese paquete en una licitación pública.
Claro que semejante operación requiere que se consolide el contrato de concesión como para conocer una cuestión básica: qué se vende. El marco regulatorio es vital, ya que es, ni más ni menos, la delimitación de los derechos y las obligaciones que tiene la empresa sobre el servicio público, así como también el esquema de actualización tarifaria y de prestación de servicios, entre otras muchas cosas que allí se asientan.
Un asterisco: AySA se mantiene con un esquema rudimentario, con un convenio que no delimita cuestiones esenciales de la relación. Ese contrato es absolutamente insuficiente para atraer el capital privado.
La cuestión tarifaria no es menor. A diferencia de los otros servicios públicos, AySA pudo lo que nadie en el mundo de los regulados locales: en apenas seis meses, logró que lo que pagan los usuarios remunere el 100% del servicio. Es decir, lo que se recauda se empalmó perfectamente con los gastos operativos. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía, la empresa tuvo ingresos en el primer trimestre por $75.537 millones. Solo para ponerlo en perspectiva: durante todo 2023 recaudó de los usuarios $145.391,6 millones.
Subir las tarifas trajo aparejado dos consecuencias. La primera es que ya empezó a crecer la morosidad, que, según comentan en la empresa pública, llegó a un rango que preocupa: 15%. La firma enfrenta una particularidad: como se dijo, el agua no se puede cortar, ya que regulatoriamente no está permitido. Puede, eso sí, poner una válvula y bajar la presión, pero nunca cortar. Es decir, para percibir el pago de los usuarios que tengan deuda no tiene más que intimar, negociar, ofrecer planes de pago o, finalmente, acudir a la Justicia. Ese músculo no estaba ejercitado en la gestión Galmarini.
La segunda consecuencia tiene que ver con el servicio. El punto es que cuando se paga poco, se exige poco. No es el caso ahora que la tarifa ya empieza a pesar en la canasta de impuestos y tasas que una familia destina a los servicios públicos cada mes. Entonces, crecieron con fuerza los reclamos que, básicamente, tienen dos ejes: pérdidas y falta de presión.
Más allá de la mejora en la recaudación, la prestadora de servicios empezó a trabajar en los gastos. Por caso, renegoció algunos contratos e inició un plan de ajuste de su personal. Siempre según datos oficiales, el total de la planta de empleados ascendía a fines de enero a 7690, de los cuales 46 son ejecutivos, 4346 técnicos y profesionales, 714 administrativos y 2584 en la categoría “obreros y maestranza”.
Según con lo que informó Ignacio Grimaldi en desde entonces AySA redujo su plantel en 1200 personas que adhirieron al retiro voluntario. Desde la empresa informaron que recibió $36.000 millones para financiar las salidas de esos empleados. El promedio fue de $30 millones por cada uno de los que dejaron la compañía.
Una de las medidas más importantes que se tomarán será la erradicación de la obra pública. Maxit dice que todas las firmas similares no se ocupan de expandir la red, sino que la administran. Si los planes avanzan, ese será un territorio de los Estados (nacional, provincial o municipal) y de los usuarios. De hecho, miran con nostalgia aquellos momentos, sobre todo en la década del 80, cuando los frentistas financiaban la obra.
Por ahora, ya empezaron las conversaciones con los municipios para entregar todos los paquetes de mejoras que negociaba, con alma de artesana política, la anterior gestión de Galmarini. De hecho, esa posibilidad de entregar proyectos de expansión fue el gran atractivo que tuvo la empresa para trazar la trama de apoyos que negoció el matrimonio Massa/ Galmarini para sus candidaturas. Nadie se atreve a repasar con cuidado el paquete de obras que financió la gestión anterior en Tigre, distrito que finalmente le dio la espalda a la excandidata a intendenta. A propósito de Tigre y su zona de influencia: la firma está dispuesta a aumentar y mejorar su facturación. Es decir, vender el agua y cobrarla lo que vale a todos, especialmente a grandes usuarios. Entre ellos están los countries y, particularmente, Nordelta.
AySA le vende al desarrollo el litro de agua mucho más barato que lo que le factura a un usuario de un barrio de alto poder adquisitivo de la ciudad. Se terminó ese tiempo de oferta y en pocos días llegará al administrador del country una factura con un aumento que rondará entre el 70% y el 80%, cuestión de equiparar los precios.
En el otro extremo, también apuntará al sector con menos ingresos. Por caso, el Barrio 31, ubicado en los terrenos de la zona de Retiro, no paga el agua. Ahora bien, varios de los terrenos tienen un dueño como alguna agencia del Estado o YPF, por caso, que es titular de una porción de esa tierra. Llegarán facturas a estos propietarios con un cálculo de metros cuadrados, algo similar a lo que le sucede a cualquier consorcista.
Claro que los planes se hacen en escritorios y se enuncian con solvencia. La Argentina, la política, los gremios y la falta de incentivos a las inversiones se encargarán de hacer lo suyo. Pero si aquellos planes se consolidan y se encaminan, en pocos meses AySA podría ser la primera en abrirse al capital privado.

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Impulsan la patente de por vida
Además, el Gobierno quiere que exista un registro único
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que la intención del Gobierno es que exista un único registro del automotor digital –iniciativa que ya comenzó con el anuncio del cierre del 40% de los registros existentes en el país– y que la patente sea única y de por vida para cada propietario.
“La idea es que quede un registro único, central, digitalizado y concreto, no 1553 como había, porque hay 700 intervenidos”, afirmó Cúneo Libarona en una entrevista el martes en LN+ con Paulino Rodrigues, y agregó: “No tanto amigo que maneja registros, sino un órgano central y seguridad jurídica a full”.
La idea del Gobierno es que la reforma en los registros del automotor traiga también otro cambio: la patente única y de por vida para cada propietario de un vehículo. Consultado por Rodrigues, Cúneo Libarona dijo que el objetivo es que cada persona tenga su propio número desde que nace. “Toda tu vida vas a tener tu número. Te va a seguir toda tu vida esa chapa, siempre. Y la podés manejar desde internet o el teléfono”, respondió.
Cuando un propietario de un auto cambie de modelo, podrá llevarse su patente y colocarla en el nuevo, explicó. Y si tiene dos autos, tendrá dos chapas. La modalidad de que la patente corresponda a la persona y no al vehículo es empleada en otros países para hacer más ágil el trámite de compra y registración de un auto. “¿Cambiaste el auto? [Se la colocás] A otro auto. ¿Tenés dos autos? Tenés dos chapas”, dijo el ministro.
El funcionario cuestionó los costos que genera el actual sistema de registros del auto motor .“Hoy este sistema perverso le crea al ciudadano de bien, al joven de veintipico que se compra su primer auto, al señor mayor que no tiene plata, un costo adicional de entre un 6 y 9% que va a distintas entidades ”, a firmó.
Consultado sobre los plazos para la implementación de la patente de por vida y el registro automotor único y centralizado, y si se llegará para el año próximo, Cúneo Libarona respondió: “Estamos trabajando, lo llamo
task force, un grupo idóneo que tiene problemas laborales, tributarios, de cómo destinar los empleados, todas situaciones en este curro que no se entiende y no es sencillo”. Y remató: “Todos, desde (Raúl) Alfonsín en adelante, intentaron disminuirlo, nosotros lo vamos a ganar, es prioridad”

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