La letra chica de la gran apuesta del Gobierno
En estos días se definen los detalles de la reglamentación del RIGI, el proyecto para seducir desembolsos internacionales; los detalles en un anticipo exclusivo
José Del Rio
Se vienen días decisivos en la economía argentina en los que se va a correr el velo de algunos de los secretos hasta ahora mejor guardados por el gobierno nacional. “La reglamentación va a estar, en principio, para el último día hábil de la semana que viene”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Estamos expectantes”, señalaron en la Unión Industrial Argentina.
“No tenemos ningún detalle”, describieron en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). “La semana que viene estará seguro”, agregaron en el Ministerio de Economía.
tuvo acceso exclusivo a los detalles de la reglamentación que está barajando el Gobierno para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El tema de fondo es que fue el propio presidente Javier Milei quien trabajó en la letra chica de la bala de plata para atraer dólares frescos a la economía local y que apuntan a que sea una revolución para los sectores forestoindustrial, turístico, de infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
El primer punto de la reglamentación del régimen de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para inversiones que superen el mínimo de US$200 millones que agregó el propio Presidente es que se incluya la ecuación económicofinanciera del negocio.
Eso tiene un doble objetivo: busca contar con una herramienta que permita al sector privado cuantificar cuando el Estado le cause un perjuicio a una empresa por una suba de impuestos, porque crea uno nuevo o directamente por una regulación que afecte al sector en particular, pero a su vez generar una especie de seguro de reglas de largo plazo.
Por ejemplo, si a un grupo dedicado al sector inmobiliario que tiene operaciones en centros comerciales, turismo, renta agropecuaria y créditos que adhirió al RIGI le surge luego la ley de alquileres el Estado le cambia el marco comprometido porque perjudica su negocio. “Entonces esto hace que ese grupo privado pueda demandar al Estado cuando le genere una acción o cambio de reglas y haya una forma de cuantificarlo”, sostienen cerca del Presidente.
El objetivo de fondo pasa por terminar con los péndulos habituales de la economía ante un cambio de signo político y que los anzuelos a inversores tengan mayor certidumbre que un incentivo político de corto plazo. Entre los libertarios están convencidos de que para que la “lluvia de inversiones” se produzca será imprescindible mostrar un cambio profundo respecto de gobiernos anteriores y seducir a aquellos grupos que miran de reojo la Argentina para convencerlos.
La otra cuestión es que se podrá demandar al Estado en la dependencia que cambió las reglas de juego. Es decir, si sube los impuestos el gobierno nacional existirá la posibilidad de ir contra él, si fue alguna provincia contra ella o directamente si es una tasa municipal existirá la opción de demandar al municipio. La adhesión al RIGI será voluntaria para las provincias.
Este punto es otro de los agregados que quiere imponer el propio Presidente. “Cuando el Estado quiera aplicar su estrategia de degenerado fiscal va a perder no solo por el monto del daño sino también por los intereses. De alguna manera hay que poner un freno definitivo y también terminar con la pesada carga tributaria que se acumula por capas entre municipios, provincias y estado nacional. Aquí el objetivo es que el costo de esas decisiones demagógicas sea más caro que el retorno”, les resumió el titular del Poder Ejecutivo a los integrantes de su mesa chica en una reunión de más de dos horas que mantuvo el viernes pasado.
El concepto es similar a lo que planea aplicar en materia de emisión monetaria, donde propone un proyecto de ley en el que toda autoridad que imprima dinero pueda ser sancionada con prisión y que esto aplique tanto para el titular del Poder Ejecutivo como para todas las autoridades del Ministerio de Economía. Aquí lo que se busca es cortar de cuajo la imprevisibilidad propia de nuestra historia reciente donde la certidumbre termina siempre en incertidumbre.
Otro punto en el que venían trabajando para la reglamentación del RIGI es que originalmente un inversor podía optar entre tres tribunales para establecer un reclamo formal. Ahora sumará la posibilidad de elegir entre opciones complementarias en lugar de suplementarias. “Por ejemplo, si una empresa eligió el Ciadi y no avanza tiene la posibilidad de ir a otro tribunal. Crearemos competencia entre ellos para dar también más velocidad”, graficó el Presidente a los propios. Además, Defensa de la Competencia creará un área específica para los VPU (vehículos de propósito único), es decir, un sistema que se ocupará pura y exclusivamente de esto.
“Si el Gobierno empieza a insinuar que va a hacer algo con tal o cual sector sabrá de raíz cuánto le va a costar. Para crear este cuerpo y para quienes formen parte se va a tener que rendir un examen de ingreso que estará diseñado por el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; por el titular del Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger, y hasta por el propio Presidente.
“Vamos a poner toda la bibliografía en la red para el examen teórico y otra parte del examen tendrá que ver con casos prácticos”, describió otro de los integrantes que trabaja en la letra chica del proyecto con el que se le intentará dar un perfil bien técnico al nuevo organismo.
“La ley es clarísima. Es dar estabilidad tributaria y salir de la trampa de la política de una vez por todas. Por ello es importante que las provincias adhieran y no les pase lo que vivió Kicillof, que se perdió la inversión más importante de su provincia por no entender que sin un marco real y concreto nadie pone un dólar. Mucho menos con su historial en YPF y como ministro de Economía del kirchnerismo que nos trajo hasta acá”, se ufanó un ministro libertario desde el off the record.
Hasta el momento existen desembolsos “RIGI” anunciados por US$39.000 millones: YPF-Petronas en Río Negro, ductos en Vaca Muerta, de TGS, y dos desarrollos mineros en San Juan son solo algunos de los principales aunque todavía no se encuentra vigente porque no fue reglamentado.
La llave del blanqueo
Otro de los proyectos que tendrá novedades en los próximos días es el del blanqueo. Desde septiembre aparecerá un acelerador fundamental que cambiará las reglas de información entre la Argentina y Estados Unidos y que surge a partir de un acuerdo sellado el 5 de diciembre de 2022 entre nuestro país (AFIP) y Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), que supone el primer reporte masivo de datos de cuentas de argentinos en Estados Unidos en forma automática.
Eso significa que ya no solo estarán disponibles los pedidos de información por requerimientos puntuales de la AFIP, sino que por primera vez en la historia local se abrirá el secreto financiero desde Estados Unidos a la Argentina. “Ya se pueden abrir las cuentas especiales para el blanqueo (CERA, cuenta especial de regularización de activos) y es un paso más de los que se habían sellado durante la gestión de Mauricio Macri con los miembros de la OCDE y con Sergio Massa cuando era ministro de Economía. Al sumarse Estados Unidos eso será un gran aliciente”, estima César Litvin, titular de Lisicki, Litvin & Asociados.
Para el tributarista el nuevo blanqueo aportará entre US$20.000 a US$30.000 millones a la economía local. “Muchos quedaron heridos después del gobierno de Macri porque a contramano de lo prometido se incrementaron los tributos a los bienes personales y a la riqueza con el recambio de gobierno. Por ello el aliciente que se buscó ahora es la posibilidad de pagar cinco años juntos para tener una mayor previsibilidad y estabilidad fiscal, y más beneficios”, graficó Litvin. La estrategia del blanqueo no es nueva pero su impacto difiere mucho según quién gobierne.
En 2009, en plena época de “Cristina, Cobos y vos” se blanquearon unos US$4300 millones; en la temporada de Kicillof y Cristina Fernández y era de los cedines solo US$900 millones; durante la gestión Macri se quebraron récords a nivel mundial con US$116.700 millones, y durante la gestión de Alberto Fernández se instauró un blanqueo para la construcción y para importar con dinero en negro y el éxito fue nulo. “El que ahora no entra y tiene activos no declarados corre el riesgo primero de ser detectado y después además de multas económicas ser pasible de la ley penal tributaria”, agregó Litvin.
La madre de todas las batallas
Mientras tanto, en la mesa chica de Balcarce 50 lanzarán también la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas (SAD) y presentarán nuevos proyectos de ley con ejes muy disímiles. Desde la posibilidad de divorcios exprés (sin necesidad de pasar por un estudio jurídico) hasta un cambio profundo en las sucesiones.
Hay un nuevo cronograma que supone cerrar 60 organismos públicos –la semana pasada se anunció la puesta en venta del inmueble que ocupaba el Ministerio de las Mujeres en un valor de US$12,5 millones– y un nuevo organismo se pondrá en la mira. Se trata de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que depende del Poder Legislativo y que tiene como objetivo principal expuesto en su página: “La defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”. “Trabajan allí unas 500 personas y tiene un organigrama más complejo que el del Ministerio de Capital Humano. Habrá que someterlo a revisión”, sostienen fuentes del Ministerio de Desregulación. Todas estas iniciativas no se lanzarán en forma de paquete, sino una por una como para dar debate en dos sentidos: económico y de época, sostienen en el gobierno libertario.
Mientras eso ocurra hay un eje que sigue siendo prioritario en la mesa chica presidencial: la inflación. La posibilidad de una convergencia a tasas del 2% mensual fue mencionada por Milei, en relación con la medición “núcleo”, que es la menos expuesta a variaciones vinculadas con factores estacionales. Y la confianza respecto de un nivel que ronde el 0% en alimentos y bebidas la sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en la reunión que mantuvo hace una semana con supermercadistas, encuentro en el que les aseguró que desde el Gobierno ya se está trabajando para lograr una baja en los costos de las empresas a través de la eliminación de impuestos nacionales y subnacionales.
Los analistas de mercado aglutinados en el REM creen que el índice de precios al consumidor (IPC) habría cerrado julio en 3,9% (siete décimas por debajo del 4,6% que marcó en junio) y este miércoles el Indec dará su veredicto ante la mirada atenta de propios y ajenos en un contexto atravesado como nunca por la implosión del peronismo tras el escándalo de los chats.
El objetivo es terminar con los péndulos ante un cambio de signo
En la mesa chica de Balcarce 50 lanzarán también la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas (SAD)
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“Un papel no te protege”. El proceso y las trabas para denunciar violencia de género
En el país, según especialistas, se reparten pocos botones antipánico por su escasez: no se cumplen leyes y aún falta capacitación entre funcionarios para atender los pedidos de ayuda
María Nöllmann
Fuente: Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (OVD)
La denuncia es solo el primer paso de muchos. La ruta por la que debe transitar una mujer en una situación de violencia suele ser larga, afirman las expertas, y también complicada, especialmente hoy, debido al recorte presupuestario en políticas contra la violencia de género.
“Sabemos perfectamente que, por las características del proceso que tiene que enfrentar, la mujer tiene que estar muy bien fortalecida para poder sostenerlo. No hay que pensar que, porque la denuncia esté hecha, todo va a terminar. Ahí comienza una etapa larga y burocrática donde la víctima se revictimiza una y otra vez, donde tiene que volver a contar muchas veces lo que vivió. Y en medio de ese proceso, también afecta lo que opina el entorno: si le creen, si no. Entonces el acompañamiento y el fortalecimiento de esa persona es muy importante”, afirma Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en la Argentina Adriana Marisel Zambrano.
Cada caso de violencia de género es único, afirma Rico, pero hay variables que se repiten una y otra vez, y que se dan a lo largo y ancho de todo el país y en todos los estratos sociales y económicos. El último en tomar especial relevancia pública es el denunciado por la ex primera dama Fabiola Yañez, quien esta última semana acusó a su expareja el expresidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento, y presentó ante la Justicia pruebas que incluyen fotografías de lesiones corporales y chats.
Instalada desde diciembre pasado en España, Yañez hizo la presentación de forma virtual por la plataforma Zoom, ante Julián Ercolini, el juez federal del investiga actividades irregulares en la tramitación de seguros en varias dependencias estatales.
El proceso
En general, recomienda Rico, si la mujer está en una situación de riesgo, la denuncia la tiene que hacer cuanto antes. Pero si el riesgo no es un factor, lo mejor es que primero se asesore legalmente y busque contención. “Lo mejor es primero trabajar con ella, contarle cómo es el proceso y ver su entorno, si tiene hijos o no, si tiene familia, para ver cuál es la estrategia para que pueda salir adelante de esta situación. Siempre apelamos a que la mujer denuncie, pero en un principio la fortalecemos, le explicamos cómo es el proceso, le damos contención”, suma.
En la ciudad de Buenos Aires (CABA) el proceso que afrontan las mujeres que quieren denunciar un acto de violencia es más simple que en otras provincias, ciudades, e inmensamente más fácil que en algunos pueblos del país, sostiene la especialista. Esto se debe a que en la Capital Federal se encuentra la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia (Lavalle 1250), que, si bien es un organismo nacional, solamente tiene jurisdicción en esta ciudad.
“Es una gran puerta de entrada: Ahí, a las mujeres las recibe un equipo interdisciplinario, las informan, y de ahí se deriva directamente el caso a la Justicia Civil o Penal. No siempre hay un delito en la situación de violencia doméstica, pero de todas maneras es importante buscar protección por parte de la Justicia con una medida cautelar, una orden de no acercamiento, por ejemplo. Pero esto solo es así en CABA”, explica la abogada Natalia Gheardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Otras provincias, como Córdoba, Santiago del Estero y Salta, también tienen oficinas judiciales destinadas a la violencia dentro del ámbito familiar o afectivo, afirma, pero la mayoría no las tiene.
En esos casos se les recomienda a las víctimas de violencia que, en lo posible, se asesoren con un abogado antes de accionar legalmente y analicen la forma más conveniente para realizar y seguir su denuncia, cuyo ingreso puede ser, según las opciones disponibles, a través de la comisaría local de la mujer, si es que hay, o de una comisaría local o una fiscalía.
En las comisarías de los pueblos, especialmente los pueblos chicos, el panorama es especialmente complicado, destacan las especialistas. “Nos llaman para pedir ayuda mujeres de pueblitos que cuando fueron a hacer la denuncia, el que las atendió conocía al agresor y le dijo cosas como: ‘Bueno, quizás tuvo un mal día’, o no les creyó. Es importante que la persona que recibe a la mujer esté preparada para atender casos así y tomar las medidas correctas. En el tipo de atención que reciba la mujer se juega su vida, y muchas veces también la de sus hijos”, afirma Rico.
La ley Micaela (27.499, de 2019), que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, actualmente no se está aplicando, sostiene Rico. La ley lleva ese nombre en memoria de Micaela García, una joven entrerriana, de 21 años, cuyos padres habían ido a denunciar al agresor por intento de abuso y amenazas un día antes del crimen, pero no habían podido hacerlo porque la jueza que tenía que recibirlos no se encontraba en su puesto.
Las especialistas consultadas destacan, a su vez, que el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género se encuentra funcionando de manera limitada, pese a que desde 2015 hay una ley que lo establece. Esto implica un problema, ya que, destacan, la mayoría de las víctimas no tienen el dinero para llevar adelante un proceso judicial, por lo que sucede en reiteradas ocasiones que realizan la denuncia y luego abandonan el proceso.
Es por eso que Rico recomienda llamar al 144, la línea de asesoría para denunciar, y recurrir a una asociación civil como la que ella lidera, donde trabajan especialistas de manera voluntaria brindando asistencia legal y emocional a víctimas de violencia de manera gratuita.
Las limitaciones
Rico y Gheardi afirman que hoy, ante el recorte presupuestario en los programas de protección de víctimas de violencia de género, sumado a la limitación en el cumplimiento de algunas normas como la ley Micaela y la ley Brisa, la situación de las denunciantes es más complicada.
A principios de junio pasado, la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, presentó su renuncia, y advirtió en el texto de su dimisión que el Gobierno disolvería la dependencia que tenía a su cargo. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que esa dependencia ya fue disuelta.
A esta medida se suma, según asociaciones civiles que tratan el tema, el recorte presupuestario de algunos programas, como la línea 144 y, en especial, el programa Acompañar, que otorga una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses para las mujeres que sufren violencia de género. Este plan sufrió un ajuste en términos reales del 79% respecto de la ejecución del mismo período del año anterior, informan desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En el caso de la línea 144, el ajuste real fue de un 25,5%, detallan en un informe de junio pasado.
“Acompañar tuvo un pequeño funcionamiento en este primer trimestre. Hubo apenas 434 programas activados, que es muy poco si se lo compara con el primer trimestre de 2023, en el que se activaron 34.023”, afirma Gheardi.
Consultadas por este medio, fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron que el plan Acompañar sigue funcionando y que se hizo una ampliación de la línea 144. “Está habilitada las 24 horas para denunciar cualquier violencia, no solo contra las mujeres, sino contra cualquier persona más allá de su sexo y edad. Pasará a llamarse ‘de atención a personas en situación de violencia y riesgo’”, afirmaron. A la vez sumaron que la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia asegurarán el cumplimiento de los convenios internacionales suscriptos por la República Argentina y se ocuparán de garantizar los derechos existentes.
“El gobierno anterior utilizó la lucha contra la violencia como una bandera ideológica y política, con pésimos resultados. Nuestra Constitución nacional garantiza la
igualdad ante la ley para todos los habitantes de la Nación. La Justicia está garantizada en el Poder Judicial para cualquiera que resulte damnificado”, afirman las fuentes consultadas, en consonancia con la ideología que ya había expresado en entrevistas la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde había cuestionado el término “violencia de género” y había dicho: “Cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático”.
Rico y otras referentes de los movimientos feministas se oponen a ese discurso: “No solo lo vemos nosotras: también lo muestran los datos oficiales, de la Corte Suprema”, argumentan.
De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, en el primer trimestre del año, recibieron a 4430 personas. De ellas, 2417 realizaron denuncias por violencia doméstica, mientras que 2013 fueron consultas informativas. Así, en promedio, se atendieron 49 personas por día.
El 71% de las personas afectadas fueron mujeres, y el 43% denunció un vínculo de pareja o expareja con la persona agresora, mientras que un 39% indicó tener un vínculo filial. Del total de personas afectadas de sexo masculino (29%), la mayoría fueron niños y adolescentes de 0 a 17 años (62%). Hubo 5 personas afectadas de géneros no binarios (mujer trans/travesti, varón trans, otros).
De acuerdo con los estudios y las revisiones realizados por el personal interdisciplinario de la oficina, la violencia de tipo psicológico estuvo presente en el 97% de los casos, mientras que la física apareció en el 44% de los casos y la simbólica en el 42%. El equipo médico de la OVD detectó lesiones en 480 personas, producto de la violencia denunciada.
Los varones denunciados como autores de las agresiones superan en número y proporción a las mujeres en todos los grupos de edad: del total de los 2620 denunciados, 1859 (el 71%) fueron de sexo masculino y 761 (el 29%), femenino. El grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años (55%). Entre las personas denunciadas, la edad promedio es de 39 años, y el 48% no completó el nivel secundario.
En total, durante el primer trimestre del año, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó, al menos, 8281 medidas preventivas urgentes en los casos derivados por la OVD, entre estas, prohibiciones de acercamiento a la persona denunciante (en el 70% de los casos), prohibición de todo tipo de contacto, incluyendo telefónico y por correo (en el 65% de las veces), otorgamiento de botón antipánico (37%) y cese en los actos de perturbación e intimidación (27%), entre otras. En este período, la OVD gestionó la entrega de 330 botones antipánico.
Según Rico, la falta de botones antipánico se viene evidenciando desde hace años, y es un problema grave en la prevención de la violencia y de los femicidios. “Muchas veces te encontrás que la mujer hizo la denuncia, tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento porque está en riesgo, pero no le entregaron ningún dispositivo. Eso no puede ser. La medida tiene que ir acompañada de un dispositivo dual: un botón antipánico y una tobillera, y estos tienen que ser monitoreados”, afirma.
Y suma: “En la Capital se entregan más botones, hay otras provincias que también tienen más aceitado el tema. Pero en general faltan, y por eso no se suelen entregar. Pero la realidad es que se van con un papel y nada más. El papel no las protege. El botón no solo se debe entregar: también tiene que estar monitoreado”, afirma Rico.
Desde enero hasta julio de 2024, hubo 140 femicidios, número menor al de 2023 para este mismo período: 175, de acuerdo con la información del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. Entre los 140 casos, 28 habían hecho una denuncia previa y 16 tenían una medida judicial de protección.
La denuncia es solo el primer paso de muchos. La ruta por la que debe transitar una mujer en una situación de violencia suele ser larga, afirman las expertas, y también complicada, especialmente hoy, debido al recorte presupuestario en políticas contra la violencia de género.
“Sabemos perfectamente que, por las características del proceso que tiene que enfrentar, la mujer tiene que estar muy bien fortalecida para poder sostenerlo. No hay que pensar que, porque la denuncia esté hecha, todo va a terminar. Ahí comienza una etapa larga y burocrática donde la víctima se revictimiza una y otra vez, donde tiene que volver a contar muchas veces lo que vivió. Y en medio de ese proceso, también afecta lo que opina el entorno: si le creen, si no. Entonces el acompañamiento y el fortalecimiento de esa persona es muy importante”, afirma Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en la Argentina Adriana Marisel Zambrano.
Cada caso de violencia de género es único, afirma Rico, pero hay variables que se repiten una y otra vez, y que se dan a lo largo y ancho de todo el país y en todos los estratos sociales y económicos. El último en tomar especial relevancia pública es el denunciado por la ex primera dama Fabiola Yañez, quien esta última semana acusó a su expareja el expresidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento, y presentó ante la Justicia pruebas que incluyen fotografías de lesiones corporales y chats.
Instalada desde diciembre pasado en España, Yañez hizo la presentación de forma virtual por la plataforma Zoom, ante Julián Ercolini, el juez federal del investiga actividades irregulares en la tramitación de seguros en varias dependencias estatales.
El proceso
En general, recomienda Rico, si la mujer está en una situación de riesgo, la denuncia la tiene que hacer cuanto antes. Pero si el riesgo no es un factor, lo mejor es que primero se asesore legalmente y busque contención. “Lo mejor es primero trabajar con ella, contarle cómo es el proceso y ver su entorno, si tiene hijos o no, si tiene familia, para ver cuál es la estrategia para que pueda salir adelante de esta situación. Siempre apelamos a que la mujer denuncie, pero en un principio la fortalecemos, le explicamos cómo es el proceso, le damos contención”, suma.
En la ciudad de Buenos Aires (CABA) el proceso que afrontan las mujeres que quieren denunciar un acto de violencia es más simple que en otras provincias, ciudades, e inmensamente más fácil que en algunos pueblos del país, sostiene la especialista. Esto se debe a que en la Capital Federal se encuentra la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia (Lavalle 1250), que, si bien es un organismo nacional, solamente tiene jurisdicción en esta ciudad.
“Es una gran puerta de entrada: Ahí, a las mujeres las recibe un equipo interdisciplinario, las informan, y de ahí se deriva directamente el caso a la Justicia Civil o Penal. No siempre hay un delito en la situación de violencia doméstica, pero de todas maneras es importante buscar protección por parte de la Justicia con una medida cautelar, una orden de no acercamiento, por ejemplo. Pero esto solo es así en CABA”, explica la abogada Natalia Gheardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Otras provincias, como Córdoba, Santiago del Estero y Salta, también tienen oficinas judiciales destinadas a la violencia dentro del ámbito familiar o afectivo, afirma, pero la mayoría no las tiene.
En esos casos se les recomienda a las víctimas de violencia que, en lo posible, se asesoren con un abogado antes de accionar legalmente y analicen la forma más conveniente para realizar y seguir su denuncia, cuyo ingreso puede ser, según las opciones disponibles, a través de la comisaría local de la mujer, si es que hay, o de una comisaría local o una fiscalía.
En las comisarías de los pueblos, especialmente los pueblos chicos, el panorama es especialmente complicado, destacan las especialistas. “Nos llaman para pedir ayuda mujeres de pueblitos que cuando fueron a hacer la denuncia, el que las atendió conocía al agresor y le dijo cosas como: ‘Bueno, quizás tuvo un mal día’, o no les creyó. Es importante que la persona que recibe a la mujer esté preparada para atender casos así y tomar las medidas correctas. En el tipo de atención que reciba la mujer se juega su vida, y muchas veces también la de sus hijos”, afirma Rico.
La ley Micaela (27.499, de 2019), que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, actualmente no se está aplicando, sostiene Rico. La ley lleva ese nombre en memoria de Micaela García, una joven entrerriana, de 21 años, cuyos padres habían ido a denunciar al agresor por intento de abuso y amenazas un día antes del crimen, pero no habían podido hacerlo porque la jueza que tenía que recibirlos no se encontraba en su puesto.
Las especialistas consultadas destacan, a su vez, que el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género se encuentra funcionando de manera limitada, pese a que desde 2015 hay una ley que lo establece. Esto implica un problema, ya que, destacan, la mayoría de las víctimas no tienen el dinero para llevar adelante un proceso judicial, por lo que sucede en reiteradas ocasiones que realizan la denuncia y luego abandonan el proceso.
Es por eso que Rico recomienda llamar al 144, la línea de asesoría para denunciar, y recurrir a una asociación civil como la que ella lidera, donde trabajan especialistas de manera voluntaria brindando asistencia legal y emocional a víctimas de violencia de manera gratuita.
Las limitaciones
Rico y Gheardi afirman que hoy, ante el recorte presupuestario en los programas de protección de víctimas de violencia de género, sumado a la limitación en el cumplimiento de algunas normas como la ley Micaela y la ley Brisa, la situación de las denunciantes es más complicada.
A principios de junio pasado, la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, presentó su renuncia, y advirtió en el texto de su dimisión que el Gobierno disolvería la dependencia que tenía a su cargo. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que esa dependencia ya fue disuelta.
A esta medida se suma, según asociaciones civiles que tratan el tema, el recorte presupuestario de algunos programas, como la línea 144 y, en especial, el programa Acompañar, que otorga una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses para las mujeres que sufren violencia de género. Este plan sufrió un ajuste en términos reales del 79% respecto de la ejecución del mismo período del año anterior, informan desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En el caso de la línea 144, el ajuste real fue de un 25,5%, detallan en un informe de junio pasado.
“Acompañar tuvo un pequeño funcionamiento en este primer trimestre. Hubo apenas 434 programas activados, que es muy poco si se lo compara con el primer trimestre de 2023, en el que se activaron 34.023”, afirma Gheardi.
Consultadas por este medio, fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron que el plan Acompañar sigue funcionando y que se hizo una ampliación de la línea 144. “Está habilitada las 24 horas para denunciar cualquier violencia, no solo contra las mujeres, sino contra cualquier persona más allá de su sexo y edad. Pasará a llamarse ‘de atención a personas en situación de violencia y riesgo’”, afirmaron. A la vez sumaron que la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia asegurarán el cumplimiento de los convenios internacionales suscriptos por la República Argentina y se ocuparán de garantizar los derechos existentes.
“El gobierno anterior utilizó la lucha contra la violencia como una bandera ideológica y política, con pésimos resultados. Nuestra Constitución nacional garantiza la
igualdad ante la ley para todos los habitantes de la Nación. La Justicia está garantizada en el Poder Judicial para cualquiera que resulte damnificado”, afirman las fuentes consultadas, en consonancia con la ideología que ya había expresado en entrevistas la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde había cuestionado el término “violencia de género” y había dicho: “Cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático”.
Rico y otras referentes de los movimientos feministas se oponen a ese discurso: “No solo lo vemos nosotras: también lo muestran los datos oficiales, de la Corte Suprema”, argumentan.
De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, en el primer trimestre del año, recibieron a 4430 personas. De ellas, 2417 realizaron denuncias por violencia doméstica, mientras que 2013 fueron consultas informativas. Así, en promedio, se atendieron 49 personas por día.
El 71% de las personas afectadas fueron mujeres, y el 43% denunció un vínculo de pareja o expareja con la persona agresora, mientras que un 39% indicó tener un vínculo filial. Del total de personas afectadas de sexo masculino (29%), la mayoría fueron niños y adolescentes de 0 a 17 años (62%). Hubo 5 personas afectadas de géneros no binarios (mujer trans/travesti, varón trans, otros).
De acuerdo con los estudios y las revisiones realizados por el personal interdisciplinario de la oficina, la violencia de tipo psicológico estuvo presente en el 97% de los casos, mientras que la física apareció en el 44% de los casos y la simbólica en el 42%. El equipo médico de la OVD detectó lesiones en 480 personas, producto de la violencia denunciada.
Los varones denunciados como autores de las agresiones superan en número y proporción a las mujeres en todos los grupos de edad: del total de los 2620 denunciados, 1859 (el 71%) fueron de sexo masculino y 761 (el 29%), femenino. El grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años (55%). Entre las personas denunciadas, la edad promedio es de 39 años, y el 48% no completó el nivel secundario.
En total, durante el primer trimestre del año, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó, al menos, 8281 medidas preventivas urgentes en los casos derivados por la OVD, entre estas, prohibiciones de acercamiento a la persona denunciante (en el 70% de los casos), prohibición de todo tipo de contacto, incluyendo telefónico y por correo (en el 65% de las veces), otorgamiento de botón antipánico (37%) y cese en los actos de perturbación e intimidación (27%), entre otras. En este período, la OVD gestionó la entrega de 330 botones antipánico.
Según Rico, la falta de botones antipánico se viene evidenciando desde hace años, y es un problema grave en la prevención de la violencia y de los femicidios. “Muchas veces te encontrás que la mujer hizo la denuncia, tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento porque está en riesgo, pero no le entregaron ningún dispositivo. Eso no puede ser. La medida tiene que ir acompañada de un dispositivo dual: un botón antipánico y una tobillera, y estos tienen que ser monitoreados”, afirma.
Y suma: “En la Capital se entregan más botones, hay otras provincias que también tienen más aceitado el tema. Pero en general faltan, y por eso no se suelen entregar. Pero la realidad es que se van con un papel y nada más. El papel no las protege. El botón no solo se debe entregar: también tiene que estar monitoreado”, afirma Rico.
Desde enero hasta julio de 2024, hubo 140 femicidios, número menor al de 2023 para este mismo período: 175, de acuerdo con la información del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. Entre los 140 casos, 28 habían hecho una denuncia previa y 16 tenían una medida judicial de protección.
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