EL ESCENARIO Y LIJO

Milei y el mito de la restauración institucional
Carlos Pagni
Javier Milei sufrió una derrota estratégica: la Cámara de Diputados rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispuso un incremento de $100.000 millones en el presupuesto de la SIDE. Es un fracaso doble. Su dimensión principal es procesal. Se volvió a demostrar que el Gobierno está expuesto a la composición de mayorías circunstanciales que pueden alterar, en un sentido u otro, la administración de las cuentas públicas. El otro aspecto importante del revés es que impacta sobre el corazón de la política oficial.
La mayor parte de aquellos fondos iba a destinarse a la constitución de la Agencia Federal de Ciberseguridad, que es la única innovación verdadera de la reforma del espionaje que llegó con la nueva SIDE. La justificación de esa dependencia es razonable: hay que defender los grandes archivos del Estado de eventuales ataques virtuales. Sin embargo, su encanto operativo es más ofensivo: montar un dispositivo de intervención en el campo digital para influir sobre la opinión pública y manipular la conducta del electorado. Una Cambridge Analytica criolla. Y, si cabe el oxímoron, libertaria. Son las dos caras de la misma capacidad. Del otro lado de todo vigilante cibernético hay un hacker. La víctima principal de la frustración de ayer es Santiago Caputo, responsable último del control del espionaje en el oficialismo. Por muchas razones, es también, en parte, el responsable de lo que sucedió.
La política suele presentar oscuras armonías. Mientras en Diputados se discutía el financiamiento del espionaje, en el Senado Ariel Lijo contestaba preguntas para ganarse el acuerdo de esa cámara que lo convierta en juez de la Corte. Espionaje y Poder Judicial siguen juntos, también en el ritual institucional.
Hubo legisladores, como Carolina Losada o Francisco Paoltroni, que se expresaron con severidad ante un candidato tan impugnado como Lijo. Aun así, como era de esperar, no apareció en el intercambio con los miembros de la Comisión de Acuerdos ninguna información decisiva para el voto. Sobre todo, para el voto negativo. Esto fue así porque, entre otras razones, el candidato a juez de la Corte les mintió a los senadores sin que estos pudieran advertirlo. Y lo hizo en cuestiones delicadas. Por ejemplo, cuando dijo que, cuando el Consejo de la Magistratura lo investigó por los indicios escandalosos de su presunto enriquecimiento, el consejero Pablo Tonelli aconsejó desestimar “todas las investigaciones patrimoniales” en su contra. Es falso. El dictamen de Tonelli solo dijo que no se pudo probar que el haras La Generación tuviera que ser incluido en la declaración jurada del magistrado, porque no estaba a su nombre. El pronunciamiento del Consejo fue clarísimo: dejó abierta la posibilidad de indagar a Lijo por enriquecimiento ilícito. Es evidente que ningún senador había estudiado estos antecedentes. O que, si lo habían hecho, le dejaron pasar el embuste.Lomásprobableesloprimero.
El rechazo del DNU de financiamiento de los servicios de inteligencia fue una decisión inédita. Nunca antes a un presidente la Cámara de Diputados le había dado de baja un decreto. En este caso, una medida decisiva por su importancia política. Los 100.000 millones de pesos asignados a ese organismo tendrían distintos destinos. Solventarían actividades de la SIDE, pero también a las oficinas de Inteligencia del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, y del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. Sin embargo, la parte más caudalosa de esa partida iría para la creación de la agencia de ciberespionaje. La asignación se justifica por completo. La Argentina está desguarnecida en ese campo. Y los servicios son costosos: para calibrarlo alcanza con saber que un banco internacional destina a su operación comercial en la Argentina un monto de 70 millones de dólares por año para protegerse de la piratería informática.
Pero el proyecto de la SIDE en esa materia es, aunque no se lo confiese, defensivo y ofensivo. De la agencia de ciberespionaje, a cargo de Ariel Waissbein, se espera que constituya un dispositivo eficaz para intervenir en el debate público a través de las redes. Ese objetivo requiere de información de los usuarios. Y esa información está disponible en el data center de Arsat. Ambas dependencias están bajo el mando de Santiago Caputo. El principal delegado político del Presidente interviene en la SIDE a través de su jefe, Sergio Neiffert, y supervisa Arsat, entre otros colaboradores, a través de la inquieta Noelia Ruiz, una exmacrista ligada a Diego Santilli y Federico Salvai, que se presenta ahora como “la killer de Santi”.
En el organigrama administrativo, Arsat reporta a Darío Genua, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que antes fue secretario de Hacienda de Federico Achával, el intendente kirchnerista de Pilar. Bajo su dirección se mueve Mariano Greco, el presidente de Arsat, que dirigió su data center durante la gestión de Alberto Fernández. No es el único caso de continuidad en el área de tecnología y telecomunicaciones. Allí Milei, a través de Caputo, incorporó al equipo completo de Fernández, que regenteaba Micaela Sánchez Malcolm. Una continuidad que encarnan la hipermassista Agustina Grabsa, la colaboradora preferida de Genua; los amigables consultores Edmundo Poggio y Guillermo Schor-Landman, y la última ratificación, César Gazzo, designado subsecretario según publicó ayer el Boletín Oficial. Estrellas que se reciclan bajo la modalidad del massismo austríaco.
Esa base de datos es una joya para quienes, como el joven Caputo, colocan el marketing en el corazón de la política. Allí se acumulan datos procedentes de la AFIP, de la Anses, la Aduana. Una cantera invalorable para intervenir en la esfera digital, que es donde La Libertad Avanza libra su principal batalla por el poder. El propósito de poner esa masa informativa al servicio de esa campaña electoral permanente que lleva adelante la Casa Rosada requiere de un aparato tecnológico que es el que la SIDE espera adquirir con los fondos que le provee el DNU rechazado por los diputados.
Santiago Caputo hizo mucho para lograr que repudiaran el DNU que él mismo había promovido. Desde cuentas de X cuya titularidad no asume pero tampoco desmiente, alardeó con la incorporación a su esquema de poder de “los malos”. Referencia al tenebroso Antonio Stiuso y a su secretario privado Lucas Nejamkis. El regreso de esos personajes, real o alardeado, puso en estado de alerta a casi toda la clase política. Mucho más después de que se conocieron operaciones bastante agresivas de espionaje, como la intrusión a un domicilio particular de un caracterizado diputado nacional de la oposición. El argumento de los rivales del oficialismo fue muy obvio: no vamos a contribuir al financiamiento de las hostilidades que nos están anticipando. A partir de esa premisa, arrebataron de las manos de Caputo, al menos por un rato, un instrumental valiosísimo para sus tácticas de estabilización del oficialismo. Los resquemores que siembra el Mago del Kremlin inquietan a adversarios nítidos de La Libertad Avanza, como los kirchneristas, pero también a socios bastante leales, como Mauricio Macri. Se atribuye al expresidente haber encabezado un Zoom ayer por la mañana para dejar a los suyos en libertad de acción. Es decir, en libertad de votar en contra.
La anulación del DNU en la Cámara baja expuso una innovación muy significativa del mapa político. Una vez más se demostró que la oposición kirchnerismo-antikirchnerismo, que organizó la vida pública en las últimas dos décadas, está siendo relativizada. Ayer votaron juntos diputados que se subordinan a Cristina Kirchner con diputados que lo hacen con Mauricio Macri. Radicales y federales de Miguel Pichetto. Ya había sucedido con la votación de la fórmula para actualizar las jubilaciones y con la ley de financiamiento para las universidades. El Congreso se ha convertido en una institución de geometría variable, donde la mayoría debe ser conquistada en cada batalla. Macri intentó explicar este problema a Milei cuando, el jueves pasado, le aconsejó sistematizar sus alianzas. Ayer volvió a demostrarse el alto costo de esa carencia: impera una incertidumbre muy elevada respecto de quién está en condiciones de imprimir una orientación al país.
El resultado de la sesión de Diputados estuvo prefigurado en una decisión que se adoptó en el Senado el día anterior: la elección de autoridades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Allí se selló una alianza entre un sector del radicalismo, encabezado por Martín Lousteau, y el kirchnerismo, que representa Leopoldo Moreau. Esa combinación colocó a Lousteau en la presidencia del equipo, a Moreau en la vicepresidencia y al también kirchnerista Oscar Parrilli como secretario. Por si esos centuriones no fueran del todo confiables, Máximo Kirchner se garantizó el monitoreo de la comisión a través de Eduardo “Wado” de Pedro y Paula Penacca. Espionaje y paranoia caminan juntos.
La disputa por controlar esa comisión revela con mucha claridad la creciente contaminación que se ha verificado en los últimos años entre política y servicios de inteligencia. A tal punto que figuras destacadas como el presidente de la UCR, Lousteau, el exministro del Interior De Pedro, o el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, se empeñan en ocupar una silla en ese gabinete. En el caso de Lousteau, libró una disputa despiadada hasta conseguir el desplazamiento de su correligionaria mendocina Mariana Juri.
También Macri observa con mucho interés esa palanca de poder, como quedó demostrado en un detalle: el siempre transigente Cristian “Pucho” Ritondo cedió su butaca a la inflexible Silvana Lospennato. El expresidente apunta a más de un blanco desde esa plataforma de control. Uno es Santiago Caputo, a quien señaló como un elemento tóxico del entorno de Milei. El otro, Patricia Bullrich, su rival en la interna de Pro. Porque no hay que olvidar que la bicameral vigila a todos los organismos de inteligencia: también a los de Seguridad y Defensa. Bullrich no lo olvida. Por eso entre los miembros de la comisión está su amigo el misionero Enrique Goerling. Otro detalle que no hay que dejar pasar. La comisión tendrá un director operativo. Es el abogado Osvaldo Miranda, un colaborador de Victoria Villarruel.
En síntesis: el equipo de control del espionaje funcionará como un paralelogramo en el que se equilibrarán con dificultad extorsiones y pases de facturas.
La presencia de Lousteau al frente de ese grupo exhibe un significado ambivalente. Ayer, dialogando con Marcelo Longobardi, el senador prometió que aspira a ejercer un control democrático sobre el espionaje estatal. Como presidente de la UCR se ufanó de que ese partido ha sido una mosca blanca, porque siempre se negó a utilizar a los servicios de inteligencia como un arma de facción. Lousteau olvidó algunos antecedentes. Por ejemplo, el poder creciente que fueron adquiriendo Stiuso y sus métodos durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando en la Secretaría de Inteligencia reinaba Darío Richarte. Es decir, reinaba el abogado que, años después, renunció a mantener la defensa de numerosos funcionarios kirchneristas, acusados en causas de corrupción, el día en que Cristina Kirchner expulsó a “Jaime”. Es curioso que Lousteau haya perdido la memoria en ese punto. Porque Richarte fue, en el control del espionaje, un socio histórico de Daniel Angelici. Y Angelici, que tuvo una influencia destacadísima en la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a través Sebastián De Stéfano, es un aliado estrechísimo del propio Lousteau en el radicalismo porteño. Para entender del todo este mapa hay que sumar a otro dirigente gravitante: Emiliano Yacobitti, estrechísimo amigo del dúo Stiuso-Nejamkis, que se hace presente en la bicameral a través de Lousteau, pero también de la diputada Mariela Coletta. Estos detalles plantean una incógnita: el enfrentamiento de Lousteau y Yacobitti con el Gobierno en el campo del espionaje podría estar revelando que la alianza del joven Caputo con “los malos” no terminó de consolidarse. O, es otra posibilidad, alguien se está burlando de Caputo.
En la charla con Longobardi fue llamativo el cambio de tono de Lousteau cuando dejó de hablar del control del espionaje oficial para referirse a la candidatura de Lijo para la Corte. Una vez más, el presidente de la UCR se mostró vacilante, incómodo, frente al tema. Se escudó en la formalidad que adoptan los que todavía no se animan a decir que votarán a Lijo. O los que esperan que un accidente tuerza el destino de la historia y les evite pasar por ese mal momento. Es decir, dijo que primero quería escuchar al juez, para después hacerse de un criterio para votar. Es extraño que Lousteau necesite escuchar a Lijo para conocerlo, teniendo tan cerca a Angelici. Porque fue Angelici y también Ricardo Lorenzetti quienes hicieron gestiones delante del Consejo de la Magistratura para que se cerrara cuanto antes la investigación a la que el juez estaba siendo sometido.
Angelici tiene un motivo personal: en el juzgado de Lijo trabaja su sobrino, Fernando Rey. Pero es evidente que Angelici no quiso ilustrar a Lousteau sobre las virtudes de su amigo magistrado. Tampoco Nejamkis, uno de los lobistas que buscan votos para el juez. No son los únicos puentes del juez con el espionaje: en su juzgado trabajan familiares de estrechísimos colaboradores de Stiuso. Un hijo del pusilánime Alberto Mazzino, exdirector de Análisis de la SIDE, y la hija de Guillermo Coppola, alegrante de “Jaime”. Habrá que aplaudir de pie a Lousteau si, en un gesto de autonomía frente a este ambiente que le es tan familiar, vota en contra del candidato de Milei.
El papel de la UCR en el escandaloso trance de la promoción de Lijo hacia la Corte se está volviendo bochornoso. Anteanoche, en la víspera de la reunión en la quesería examinado el juez, el presidente provisionaldel Senado comunicó de urgencia que reemplazaba al fueguino Pablo Blanco por el correntino Eduardo Vischi en la Comisión de Acuerdos. Consignó que lo hacía a pedido de la presidencia del bloque radical, es decir, de Vischi. El motivo es conocido. Blanco votaría en contra de Lijo. Y Vischi diría que quiere escucharlo en la audiencia. Es decir, votaría a favor. Numerosos legisladores relacionan este reemplazo con las visitas que Vischi viene realizando en las últimas semanas a la Casa Rosada. El senador por Corrientes responde, como es obvio, a Gustavo Valdés, gobernador de la provincia acosado por el oficialismo nacional a raíz de la desaparición del pequeño Loan Peña.

La defensa de la institucional id ad era, acaso, la única razón que le quedaba a la UCR para reclamar el voto. La posición que adopte ante la llegada de un juez éticamente cuestionado a la Corte determinará si también arriará esa bandera. Es posible que no alcance la definición nítida en contra que han adoptado legisladoras como Carolina Losada o dirigentes históricos como Juan Manuel Casella, para evitar que el partido ingrese en el tramo final de su decadencia.
Menos sibilino que Lousteau, o que Vischi, el senador Mariano Recalde admitió ayer, en declaraciones al periodista Ari Lijalad, de El Destape, que el kirchnerismo negocia con La Libertad Avanza la aprobación del pliego de Lijo para la Corte. El propio candidato realizó una insinuación física destinada a persuadir a quienes deben votarlo. Ayer en la comisión se hizo escoltar por dos colaboradores. Uno era Diego Arce, que concursa para ocupar un juzgado en Comodoro Py. El otro, un hijo de Fernando Canero, que trabaja en su juzgado. Canero es uno de los jueces del Tribunal Oral 7, que tiene a juicio el caso de los cuadernos de las coimas. Lijo mostró su alma: juzgar es insinuar.
Las fisuras éticas de Lijo son tan llamativas que las lagunas que presenta su formación, y que ayer quedaron demostradas otra vez, parecen tangenciales. Por ejemplo, vaticinó que sería un delegado de la Justicia en la Corte, como si fuera un organismo representativo, una especie de Consejo de la Magistratura. No solo mintió sobre la investigación que le siguió Tonelli en el Consejo. También lo hizo negando que Mariano Cúneo Libarona haya sido su abogado en la causa por asociación ilícita que le inició, junto a su hermano Alfredo, Elisa Carrió.
La candidatura de Lijo ha cumplido hasta ahora una misión muy poco conveniente para el oficialismo. Corroe un mensaje principal de su campaña: la pretensión de emancipar a la esfera pública del avasallamiento de una casta corrupta. No hay casta corrupta sin una Justicia que le suministre impunidad. En el centro de este problema está, como en el manejo de los servicios de inteligencia, Santiago Caputo. No lo denunció la oposición. Lo denunció Francisco Paoltroni, un senador de La Libertad Avanza. El control del espionaje y la promoción para la Corte de un funcionario que encarna los peores vicios de los tribunales federales prestan un servicio catastrófico a Milei. Porque derrumban el mito de la restauración institucional que él había prometido liderar

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Lijo evitó en el Senado defender a la Corte frente a los ataques del kirchnerismo
El juez contestó a las críticas a su candidatura y dejó que se cuestionara al tribunal

Gustavo YbarraEl juez federal Ariel Lijo, al exponer ayer en el Senado en la audiencia por su candidatura a la Corte Suprema 
El juez Ariel Lijo contestó ayer los cuestionamientos que enfrenta su candidatura para integrar la Corte Suprema y rechazó las impugnaciones a su idoneidad técnica y moral durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado.
El kirchnerismo lanzó un duro ataque a la Corte, a través del jefe del bloque, José Mayans, que acusó al tribunal de cometer “abuso de poder” y “violar la Constitución”. Lijo lo escuchó sin rechazar ninguna de las acusaciones. Incluso le lanzó guiños al kirchnerismo como aval a parte de sus argumentos.
En su presentación, el juez debió responder duros cuestionamientos de un puñado de senadores de Pro y la UCR y el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), que apuntaron a la demora en la resolución de causas sobre corrupción, a la baja tasa de efectividad en resolución de expedientes y a la contradicción entre su discurso en favor de la igualdad de género y el hecho de haber aceptado una candidatura para ocupar un cargo que dejó vacante una mujer.
El juez federal Ariel Lijo aseguró ayer que cumple con todos los requisitos que exige la Constitución para ejercer el cargo y rechazó por infundadas las impugnaciones a su idoneidad técnica y moral durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdo del Senado en la que defendió su nominación para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ante las críticas del kirchnerismo al tribunal, el postulante evitó defenderlo e incluso compartió los señalamientos por uno de sus fallos.
Lijo se presentó ante los senadores “como un trabajador judicial” y expuso durante más de ocho horas. Al final, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), dijo que quedaba habilitado el dictamen para que lo firmaran aquellos que apoyaran la postulación de Lijo.
En realidad, el dictamen todavía no existe, ya que ningún miembro de la bancada oficialista redactó el texto con los fundamentos que respalden la designación de Lijo en el máximo tribunal. Todo indica que eso ocurriría el miércoles próximo, después de la audiencia a la que deberá someterse Manuel García-Mansilla, también propuesto por Javier Milei para integrar la Corte.
En su presentación en el Senado, el juez federal debió responder algunos cuestionamientos a su persona y a su actuación como magistrado formulados por un puñado de senadores de Pro, la UCR y el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), que cargaron las tintas en la demora en la resolución de causas que involucran denuncias por corrupción, la baja tasa de efectividad en resolución de expedientes de su juzgado y en la contradicción entre su discurso en favor de la igualdad de género y el hecho de haber aceptado una candidatura para ocupar un cargo que dejó vacante una mujer.
“En 20 años como juez federal no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura, nunca, ni una sola sanción”, exclamó Lijo ante el enésimo embate que puso en duda su desempeño como juez, eje sobre el que hicieron hincapié los senadores Carmen Álvarez Rivero (ProCórdoba) y los radicales Carolina Losada (Santa Fe) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).
“Cumplo con todos los requisitos que están en la Constitución y creo que estoy en condiciones de hacer muchos aportes, no solo en la función jurisdiccional, sino por estos 20 años de experiencia en el Poder Judicial y de tener contacto con las personas y no solo con los expedientes de papel”, remató Lijo.
Losada cuestionó su postulación al decir: “No considero que sea idóneo para el cargo y creo que pone en peligro a la Nación Argentina una persona con sus características en el máximo tribunal de justicia”, dijo la senadora, que también manifestó su rechazo por la falta de mujeres en el máximo tribunal de Justicia. “Debería haber una mujer en la Corte”, respondió Lijo ante la reiterada intervención de Losada.
La embestida
José Mayans, presidente de uno de los bloques kirchneristas, hizo una furibunda disertación sobre la decisión de la actual mayoría de la Corte Suprema de Justicia de anular la última reforma del Consejo de la Magistratura.
El formoseño acusó al tribunal de “abuso de poder” y de “violar la Constitución”.
“Nos faltó el respeto a nosotros. Pusieron en vigor una ley que estaba derogada por el Congreso. Hicieron un Consejo trucho”, atacó, y le preguntó al juez Lijo su opinión sobre lo ocurrido. “¿Se puede poner en vigencia una ley derogada?”, insistió Mayans.
“Pienso que no”, enfatizó Lijo, en un guiño al kirchnerismo. A la vez, el juez dijo que la Corte Suprema “no puede invadir las atribuciones de los otros poderes”.
En el tramo final del debate, el juez federal fue obligado a responder preguntas técnicas de fuerte contenido político vinculadas con el ideario de la administración de Javier Milei, como cuando se le pidió opinión sobre la dolarización de la economía, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, el derecho a la libre portación de armas y la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años.
Lijo se resistió todo lo que pudo a dar su opinión sobre la posibilidad de que se implemente el dólar como moneda en el país, alegando que no quería anticipar opinión sobre un tema que podría tocarle resolver en el caso de que obtuviera el acuerdo para llegar a la Corte.
Al final, ante la insistencia en el tema por las consultas del radical Martín Lousteau (Capital) y las kirchneristas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), el postulante terminó cediendo.
“La moneda (nacional) debe ser preservada de alguna manera. Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional o no una reglamentación que al día de hoy no existe no sería correcto”, opinó. “Lo que digo es que esa reglamentación debe preservar el valor de la moneda de alguna manera”, agregó.
“No tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte, solo digo que en la Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas la Corte funciona”, dijo el juez en medio de la audiencia en el Senado.ß
“Cumplo con todos los requisitos que están en la Constitución y creo que estoy en condiciones de hacer muchos aportes, no solo en la función jurisdiccional, sino por estos 20 años de experiencia en el Poder Judicial”
“En 20 años como juez federal no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura”
El rol que asumió cada senador
Guadalupe Tagliaferri senadora (Pro-CaPital)
Como presidenta de la comisión, se limitó a conducir el debate tratando de evitar desbordes y excesos. Por eso, losada y Paoltroni la acusaron de actuar como defensora de lijo.
Anabel Fernández Sagasti senadora (UP-Mendoza)
Fue la primera que le pidió a lijo que opinar a sobre la posible dolarización. el juez le dijo que no quería anticipar opinión y se conformó, pero volvió al punto ante la consulta de lousteau.
Beatriz Ávila senadora (Pro-tUCUMán)
sus preguntas se basaron en cuestiones técnicas de fácil respuesta para lijo. enojada porque la había interrumpido, calificó de ”show mediático” el interrogatorio de Paoltroni.
Martín Lousteau senador (UCr-CaPital)
insistió y le exigió a lijo que se definiera sobre la dolarización. Hizo punta en obligarlo a sentar posición sobre algunos de los temas más polémicos del gobierno de Milei.
Eduardo Vischi senador (UCr-Corrientes)
le pidió precisiones sobre las acusaciones por el mal manejo de causas de corrupción, como el caso the old Fund, que benefició a Gildo insfrán. esto le permitió a lijo repetir lo que ya había respondido por escrito.
Carolina Losada senadora (UCr-sant
Junto a la cordobesa álvarez rivero (Pro), fue una de las más insistentes en acusar a lijo de falta de idoneidad moral y profesional. le dijo que su ingreso a la Corte sería un peligro para la institucional idadd el país.
Alicia Kirchner senadora (UP-santa CrUz)
en sintonía con la estrategia del kirchnerismo, le pidió opinión al juez sobre iniciativas que impulsa el Gobierno y que podrían llegar a la Corte. en su caso, sobre la baja de edad de imputabilidad a los 13 años.
Juliana Di Tullio
senadora (UP-BUenos aires)
su intervención, apoyando la insistencia de lousteau, obligó a lijo a definirse sobre la dolarización, otra medida que podría convertirse en materia de definición de la Corte suprema.
Sergio Uñac senador (UP-san JUan)
a raíz de una pregunta suya el juez lijo se pronunció sobre la posible ampliación de la Corte, cuestión que el kirchnerismo pretende poner sobre la mesa de negociaciones antes de definir su apoyo al juez.
José Mayans senador (UP-ForMosa)
el jefe del bloque kirchnerista buscó, y logró, que lijo cuestionara el fallo de la Corte que repuso el viejo Consejo de la Magistratura al declarar inconstitucional la última modificación del organismo, norma impulsada por Cristina Kirchner.

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