OPINIÓN Y CANCILLERÍA

Un cambio de régimen fiscal para evitar votos y vetos
Enrique Szewach El autor es economista y fue vicepresidente del Banco Nación
Antes de pasar a la cuestión general que quiero plantear, empiezo con un caso particular de rigurosa actualidad: el ajuste de los haberes jubilatorios que fue votado en el Congreso y que será vetado por el Poder Ejecutivo.
Aunque quieran barrerlo debajo de la alfombra, la realidad es que los sistemas jubilatorios de la Argentina, tanto el nacional como los provinciales, salvo alguna honrosa excepción, hace tiempo que están quebrados.
Aunque siempre resulta difícil “fechar” el comienzo de un ciclo histórico, se pueden resaltar algunos hitos de la historia previsional de las últimas décadas. La estatización y confiscación del sistema de capitalización –en lugar de una reforma que redujera costos administrativos y encontrara una solución para los asalariados de menores ingresos incapaces de ahorrar lo suficiente para un retiro digno–. Las sucesivas moratorias que duplicaron la cantidad de jubilados sin duplicar aportes al sistema –en lugar de un régimen focalizado en los sectores más pobres con un subsidio universal a la vejez (ahora la PUAM)–. O la llamada “reparación histórica”, que destinó un ingreso por única vez para financiar un flujo permanente.
Todos estos mojones fueron votados en el Congreso y, arriesgo sin temor a equivocarme, por los mismos legisladores, o al menos los mismos partidos políticos que hoy se rasgan las vestiduras “por el bienestar de nuestros mayores”.
Toda esta saga está enmarcada en años de estancamiento económico y el fenomenal crecimiento de la economía informal, que llevaron a la relación actuarial aportantes/jubilados a valores insostenibles.
Para financiar este desaguisado se recurrió a una combinación de desvío de recursos de impuestos generales hacia el sistema jubilatorio y, como no podía ser de otra manera, a licuaciones de diversa intensidad.
Respecto del desvío de recursos, caber recordar que aproximadamente el 25% de los pagos de jubilaciones se financian con la asignación específica de impuestos generales, y cuando estos fondos no alcanzan se cubren con transferencias directas del Tesoro, de manera que no alcanza con que “suban los salarios”, como sostienen algunos.
Respecto de la licuación, la reducción en términos reales de los haberes jubilatorios no ha sido patrimonio exclusivo de la actual administración ni mucho menos. La última administración kirchnerista redujo el gasto en jubilaciones en casi 2% del PBI. Y todos, además, recurrieron al achatamiento de la pirámide de haberes, licuando más a los haberes más altos, dando lugar, dicho sea de paso, a contingencias por juicios que engrosan cada año el gasto presupuestario.
Aclarado este punto, en donde casi toda la clase política –no quiero ser injusto con algunos/as extraordinarios/as legisladores/ as– se encargó de ser parte del problema y no de la solución, quiero introducir una propuesta de fondo, vinculada con la necesidad de un verdadero cambio de régimen en la manera en que se debería legislar cualquier incremento del gasto público, sea un ajuste de las jubilaciones, sean fondos reservados para el espionaje.
En efecto, además de respetar el equilibrio fiscal, y cerrada la canilla del financiamiento monetario del Banco Central, la Argentina no tolera más aumentos de impuestos o mayor endeudamiento público.
Insisto, independientemente de lo justificado que pueda ser un determinado incremento del gasto, sería muy útil una norma que obligara a que cualquier aumento del gasto público, sea propuesto por el Poder Ejecutivo o propuesto por los legisladores, incluya en la misma norma qué otro gasto público se reduce para financiarlo, y todo auditado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
De esta manera, se revelarían las preferencias y las prioridades, tanto del Poder Ejecutivo como de los representantes del pueblo y de las provincias, y se respetaría la restricción presupuestaria que necesita la Argentina de hoy.
Y esto me lleva al último punto que quería hacer, combinando la cuestión fiscal con los problemas coyunturales y estructurales que hoy enfrenta la economía argentina.
Es un dato, no una cuestión de opinión, que la Argentina ha estado perdiendo competitividad cambiaria en los últimos meses por la reducción del colchón generado por la devaluación del 13 de diciembre pasado, y dado el crawling peg activo del 2% mensual, inferior a la tasa de inflación.
Esto se da en un contexto heredado de reservas netas en rojo y deudas acumuladas explícita o implícitamente –stock de pagos pendientes de importaciones, giros de dividendos, bonistas, organismos multilaterales–, agravado por un shock externo negativo en el precio de nuestros productos de exportación, en la depreciación del real brasileño y en un escenario financiero de extrema volatilidad (recordar que sin reservas en el Banco Central los shocks externos negativos se magnifican).
También es un dato de la realidad que la productividad de nuestra economía ha empeorado en las últimas décadas con la caída de la inversión neta del sector privado, el desastre de corrupción y malas prioridades de la infraestructura pública, tanto en generación y transmisión eléctrica como en la hidrovía, puertos, caminos, etc., solo disimulado por el estancamiento económico. Sumado al deterioro de la calidad de los bienes públicos propiamente dichos (incluyendo el servicio de justicia).
Si este problema de competitividad externa no empieza a solucionarse, aun cuando se consiga endeudamiento con inversores de distinto origen o a través de un superexitoso blanqueo, más temprano que tarde el ajuste será inevitable –sea en “precio”, por un salto devaluatorio, sea en “cantidades”, por recesión–.
Es en este contexto en el que la estrategia de postergar hasta después de la elección de mitad de mandato la verdadera reforma en las relaciones laborales y un pacto serio de cambio en la relación fiscal Nación-provincias, que permita la reducción del sesgo antiexportador de nuestra economía y acelere la recomposición de nuestra infraestructura y bienes públicos, puede ser políticamente una solución, pero económicamente un gran problema.

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El nuevo secretario de Culto asume con más funciones y le recorta poder a la canciller Diana Mondino
Nahuel Sotelo sería designado esta semana y absorbería materias como derechos humanos, relaciones con las provincias y la representación ante organismos internacionales
Jaime Rosemberg
La canciller Mondino junto al ex secretario de Culto Francisco Sánchez y su inminente reemplazo, Nahuel Sotelo
Doce días atrás, el neuquino Francisco Sánchez dejaba de ser el secretario de Culto del gobierno de Javier Milei y comenzaba a sonar el nombre de Nahuel Sotelo, diputado provincial libertario, como su probable reemplazo. Una foto de ambos junto a la canciller Diana Mondino como sonriente intermediaria, completó aquella escena del traspaso de mando.
Mientras en la Casa Rosada se ultiman los detalles para su desembarco, Sotelo se prepara para asumir en un contexto muy distinto al de su antecesor, según pudo saber  Cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor todoterreno Santiago Caputo, y con relación directa con el Presidente, el joven alfil libertario contaría con mayor poder y control sobre áreas que hoy son parte del trabajo diario de la Cancillería, como derechos humanos, las relaciones institucionales-es decir el vínculo con las provincias- y hasta la representación internacional del Gobierno en Culto y otros temas, como niñez, familia y género.
Si bien en el Palacio San Martín prefieren esperar hasta que el decreto -hoy en preparación, sin texto final aprobado-esté publicado, los cambios que se proponen significarían un nuevo recorte en las atribuciones de Mondino, en el mismo sendero de la aparición de la experta en temas de género y familia Ursula Basset, asesora aún sin nombramiento formal de la Cancillería y con activa participación en una reunión plenaria de la OEA, meses atrás.
Fuentes con conocimiento del proceso de elaboración de la nueva estructura aseguraron  que el decreto con la designación de Sotelo y el nuevo organigrama de la secretaría de Culto y Civilización (se le agregaría esta última palabra) estaría listo esta misma semana. Cercano a Milei, católico practicante y ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia, Sotelo conduce el bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, un bloque atravesado (al igual que a nivel nacional) por las peleas y disidencias internas.
Mientras el inminente funcionario prefiere el silencio, el borrador que circula por distintos despachos oficiales enfatiza la necesidad de defender “valores y principios” coincidentes con los ideales libertarios. Leal a esos preceptos libertarios, y con 29 años, Sotelo calificó días atrás de “basura” al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y suele repetir en las redes sociales consignas contra la “casta izquierdista” en el periodismo. De buen vínculo con el senador provincial libertario Agustín Romo, Sotelo encontrará otro aliado en el joven Agustín Caulo, actual director nacional de Culto, que comparte la militancia contra el aborto desde el liderazgo del denominado Frente Joven.
Milei con Victoria Villarruel, Carolina Píparo y Nahuel Sotelo en una recorrida en Quilmes durante la campaña electoral del año pasado
Los cambios en la secretaría de Culto, que la vieja guardia de la Cancillería califica de “peligrosos”, llegarán luego de la gestión de Sánchez, que alegó “cuestiones personales” para alejarse del cargo, pero que era cuestionado aún desde antes de asumir el cargo, que ejerció durante siete meses. Sus comentarios agresivos contra el papa Francisco, por los que pidió disculpas, y el “sionismo internacional” le generaron al exdiputado por Neuquén una desconfianza congénita de los principales cultos a su llegada a la secretaría, a mediados de enero, una desconfianza que en ningún momento terminó de disiparse.
En cuanto a Mondino, y a pesar de que en las últimas semanas se acallaron los rumores que le adjudicaban una salida inminente de la Cancillería, la llegada de Sotelo significaría para ella otro golpe en el tablero que comanda desde el primer día de la gestión libertaria. “Ambos compartimos que (Julio Argentino) Roca fue el mejor presidente, pero nuestro objetivo será contribuir para que ese podio cambie de dueño”, escribió la canciller en la red social X, junto a la foto con el inminente nuevo funcionario.

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