Lijo tiene 13 causas por corrupción abiertas desde hace más de 10 años
Involucran a exfuncionarios menemistas y kirchneristas, además de a empresarios; la estatización de YPF y el caso Siemens, entre las más resonantes
El juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno para ocupar una silla en la Corte Suprema, tiene en su juzgado expedientes de corrupción con atrasos significativos, entre los que se destacan al menos 13 causas con más de 10 años de antigüedad que involucran a exfuncionarios menemistas y kirchneristas y a empresarios, según un relevamiento que realizó la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Según datos que la ONG tomó del Centro de Información Judicial (CIJ), Lijo tuvo a lo largo de sus 19 años como juez federal titular un total de 89 causas de corrupción. Casi un tercio de estos expedientes (26) continúa en etapa de instrucción –la fase liminar de cualquier proceso de investigación– y la mitad permanece en este estado desde hace 10 años o más.
El caso más explosivo de esa lista, aunque no el más antiguo, es el expediente CFP 3518 del año 2006. Es la causa por el vaciamiento y la expropiación de YPF. En la carátula aparecen los delitos de infracción de la ley 22.415 (Código Aduanero), incumplimiento de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública.
El objeto procesal se encuentra enmarcado en la investigación de una posible administración fraudulenta por parte de los directivos de la firma Repsol YPF y representantes del Estado ante el directorio, en virtud de maniobras de vaciamiento mediante descapitalización e incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de funcionarios del Estado.
Entre los denunciantes figuran Elisa Carrió, Mario Alejandro Cafiero, Alejandra Dibo y Carlos Stornelli, y son querellantes YPF SA y la Oficina Anticorrupción.
Carrió informó que hubo sucesivas ampliaciones de prueba, en las que se fueron incorporando acusados: Amado Boudou, Julio De Vido, los hermanos Eskenazi –que ingresaron como accionistas a la compañía con el kirchnerismo–, Axel Kicillof, Carlos Zannini y las compañías Repsol YPF e YPF SA, entre otros. Hasta el momento, ninguno de los denunciados ha sido procesado ni sobreseído.
El expediente que investiga el rol de la familia Eskenazi en la compra de la empresa YPF sobresale como caso paradigmático: según otra entidad, la Inecip, hace 16 años que no muestra avances. “Recién en septiembre del año pasado envió un exhorto a la Justicia de España para averiguar si el grupo Eskenazi se había quedado con algún derecho litigioso en la quiebra de sus subsidiarias que poseían el 25% de las acciones de YPF Repsol”, se lee en el trabajo de la Inecip, publicado en julio, que catalogó a Lijo como el juez con el “peor desempeño de Comodoro Py” y el que registra mayores demoras en casos de corrupción.
En cambio, y con otros tiempos, en el juicio por la expropiación de YPF, realizada por el kirchnerismo en 2012, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ya condenó a la Argentina a pagar indemnizaciones por US$16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar a los accionistas de la petrolera en el momento de la estatización. Quienes cuestionan al candidato de Milei a la Corte le endilgan no haber avanzado sobre cómo ingresaron estos accionistas a la petrolera durante el kirchnerismo y le pasan la factura por los US$16.000 millones.
Acusados que mueren
Otro expediente resonante lleva el número CFP 2645/1998. Es decir, fue iniciada hace 26 años. Corresponde al caso Siemens, en donde se investigan irregularidades en la licitación 1/96 del gobierno para la “contratación de un servicio integral para la implantación y operación de un sistema de control migratorio y de identificación de las personas”, conocido como Proyecto DNI.
En el caso se denunció el pago dirigido a funcionarios públicos por parte de Siemens con el fin de obtener la licitación. En 2013, Lijo procesó a 17 imputados: nueve de ellos pertenecían al Grupo Siemens, tres actuaron como intermediarios del dinero destinado a los funcionarios estatales y cinco eran miembros de la empresa competidora en la licitación, que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens.
Pero aún continúa abierta la investigación sobre la culpabilidad de los funcionarios, entre quienes fueron imputados el expresidente Carlos Menem (ya fallecido) y su ministro del Interior, Carlos Corach.
Otro expediente antiguo y que involucra a la política es la causa iniciada en 2007 contra Edmundo Ruckauf, expresidente de la Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía (OSME) y primo del exgobernador Carlos Ruckauf. El acusado fue procesado por administración infiel y fraude en perjuicio de la administración pública.
El juez entendió que la obra social falsificaba expedientes con el fin de recibir subsidios para la compra de medicamentos destinados a afiliados que no padecían las enfermedades que se describían. Hay 11 imputados, un procesado sin prisión preventiva y un sobreseído.
En la lista de expedientes longevos se encuentran también un caso contra Menem, de 1998, donde el expresidente fue denunciado por fraude por Jorge Estrada; una causa de 2012, por encubrimiento y enriquecimiento ilícito, contra Amado Boudou, actualmente con confirmación del procesamiento; un caso por violación del Código Aduanero y fraude al Estado, sin imputados identificados; otra por malversación de caudales, que lleva en la carátula a Miguel Ángel Paniagua.
Asimismo, hay un caso de 2012, elevado a juicio en 2022, contra Norberto Berner, que era secretario de Comunicaciones de Cristina Kirchner. En el juzgado tramita otra causa desde hace diez años contra Florencio Randazzo, exministro de Transporte y actual diputado, por defraudación y abuso de autoridad.
También hay una denuncia de 2014 contra Boudou por malversación de caudales, exacciones ilegales, violación de deberes y abuso de autoridad; y otro caso del mismo año contra la extitular de la Casa de Moneda Katya Daura, que en parte ya fue elevada a juicio y juzgada, pero parte del expediente sigue abierta en el juzgado.
Otro exministro kirchnerista. Carlos Tomada, está acusado por nombramientos ilegales y estafa. Tiene un sobreseimiento dictado en 2018, pero la causa sigue abierta en el juzgado. Similar es la situación del exfuncionario de la Anses Julio César Barreto: investigado por fraude, cuenta con un sobreseimiento a su favor, pero el expediente sigue activo en el despacho del candidato de Milei para el máximo tribunal.
El miércoles pasado, Lijo enfrentó cuestionamientos de algunos senadores por esta demora en tramitar causas de corrupción. Le señalaron el mote de “tiempista” con el que se lo cataloga, en alusión a la falta de cierre de las causas que involucran a funcionarios y políticos, que no son condenados ni sobreseídos y se mantienen bajo investigación.
Para contestar, el juez se excusó detrás de la “rigidez” de los procesos judiciales. “En criminalidad trasnacional, los períodos de demora, de exhortos y de pedidos de información son fenomenales. Los tiempos promedio de respuesta de un exhorto internacional son de seis meses, y es incompatible con los resultados este tipo de esquema de investigación, que son rígidos”, afirmó Lijo.
A su vez, habló del “sesgo” de las estadísticas, que, según su criterio, no tienen en cuenta todo el derrotero de un expediente. “Están basados en el universo de casos que se escogieron para auditar y no en la totalidad. Y tienen ese sesgo que evalúan las empezadas versus las concluidas. No tienen en cuenta las sucesivas denuncias en esos expedientes que están tramitando y que generan un límite respecto de la información que yo puedo brindar porque son causas en trámite”, consideró. Y remató: “El juez de primera instancia es el más controlado”.
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El Gobierno recurrirá a la Justicia si el Congreso insiste con las jubilaciones
Conflicto. Milei ratificó que vetará la norma aprobada por una mayoría opositora
Jaime Rosemberg
El presidente Javier Milei analiza si el veto es total o parcial
La Casa Rosada ratificó ayer que el presidente Javier Milei vetará la ley de reajuste de las jubilaciones que sancionó el Congreso con el impulso de la oposición, que considera una medida “demagógica”. Y anticipó que si tras el eventual veto presidencial el Congreso insiste con la ley, el Gobierno recurrirá a la Justicia.
“No hay marcha atrás ni negociación; la decisión está tomada”, dijo al mediodía el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
La judicialización de la ley, si es que el Congreso insiste en su sanción con dos tercios de los votos en ambas cámaras, es vista como una opción “inevitable”.
La Casa Rosada venía sosteniendo que el veto sería total y argumenta que la ley amenaza el equilibrio fiscal.
Sin embargo, el Gobierno dejó ayer la puerta abierta a un veto parcial. Esa posibilidad puede acercar aliados. Pero por el momento no hubo contacto con goLa bernadores que puedan ayudar a restar votos en contra. Tampoco hubo todavía llamados a los bloques que en el pasado se movieron como aliados.
El proyecto aprobado sube los aumentos sistemáticos de las jubilaciones y fija un ingreso mensual mínimo garantizado.
El Gobierno ratificó una y otra vez a lo largo del día que el presidente Javier Milei vetará el reajuste de jubilaciones que sancionó la oposición en el Congreso. Cuando se aprobó, la confluencia de diferentes bloques mostró que el conglomerado opositor tenía los votos suficientes para rechazar el anunciado veto presidencial. En la Casa Rosada reconocen que es un escenario posible y anticipan que se evalúa ir a la Corte Suprema si se profundiza el conflicto de poderes.
“No hay marcha atrás ni negociación; la decisión está tomada”, dijo al mediodía el portavoz presidencial, Manuel Adorni, ante una pregunta de en relación con la reacción la nacion del Gobierno frente al proyecto convertido en ley por la abrumadora mayoría de los senadores.
La judicialización de la ley, si es que el Congreso insiste en su sanción con dos tercios de los votos en ambas cámaras, es vista como una opción “inevitable”.
La Casa Rosada venía sosteniendo que el veto sería total. Sin embargo, el lunes por la tarde el Gobierno dejó la puerta abierta a un veto parcial. Esa posibilidad puede acercar aliados.
Todavía no hubo contacto con gobernadores. Dos de ellos afirmaron a que no fueron consultados la nacion por el Poder Ejecutivo. Tampoco hubo todavía llamados a los legisladores del Pro de Mauricio Macri.
El proyecto aprobado por el Congreso establece el índice de precios al consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones.
“Veto va a haber, la intensidad depende del Presidente”, sostuvo un alto miembro del Poder nacion Ejecutivo. Sin embargo, la misma fuente evitó dar más detalles. “Hasta que no se firme el veto total, no está hecho”, afirmaron muy cerca del primer mandatario.
El Gobierno subió la apuesta al anticipar que piensa encarar una reforma previsional que dé marcha atrás con los 3,7 millones de haberes jubilatorios otorgados por distintas administraciones kirchneristas, la primera de ellas con Sergio Massa como titular de la Anses, en 2005.
“El 65 por ciento de los jubilados actuales recibe un subsidio, no una jubilación, porque no aportó los años que debía hacerlo”, continuaron cerca del Presidente, aunque descartaron que el impulso de la reforma, que sin dudas tendrá la resistencia del kirchnerismo y otros bloques, se produzca en el corto lapso.
Mientras insisten en que “las jubilaciones se recuperaron durante este gobierno” y enfatizan en la responsabilidad de las gestiones anteriores, en la Casa Rosada reiteran que el proyecto aprobado “es un delirio irresponsable, demagógico y populista” de la oposición.
“Entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, ya veremos cómo avanza administrativamente”, dijo también Adorni durante su conferencia de prensa diaria en Balcarce 50.
“Ya sabíamos que esto iba a pasar, pero tenemos plan B, C y D”, se ufanó un funcionario cuando la consulta giró en torno a los próximos pasos del Gobierno. Judicializar la eventual ratificación de la norma o reorientar partidas está previsto en ese combo de posibles respuestas, siempre con la acusación al Parlamento de “querer voltear” el superávit fiscal y, con él, una de las premisas “intocables” de la actual administración.
El vínculo del oficialismo con el Congreso, luego de tres derrotas consecutivas, no pasa por su mejor momento. “Ya logramos lo que queríamos, que era la Ley Bases. El resto… habrá que esperar al año próximo”, comentó otro vocero oficialista en referencia a las nuevas mayorías que, en solo una semana, contrariaron los deseos del Poder Ejecutivo. “También habrá que elegir mejor a nuestros candidatos”, coincidieron, con ironía, dos espadas del oficialismo, algo incómodos por las sucesivas y reiteradas peleas y disidencias que dividen a los bloques legislativos de La Libertad Avanza, y que podrían determinar, este martes, la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta y el senador Francisco Paoltroni de esos bloques
La Casa Rosada ratificó ayer que el presidente Javier Milei vetará la ley de reajuste de las jubilaciones que sancionó el Congreso con el impulso de la oposición, que considera una medida “demagógica”. Y anticipó que si tras el eventual veto presidencial el Congreso insiste con la ley, el Gobierno recurrirá a la Justicia.
“No hay marcha atrás ni negociación; la decisión está tomada”, dijo al mediodía el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
La judicialización de la ley, si es que el Congreso insiste en su sanción con dos tercios de los votos en ambas cámaras, es vista como una opción “inevitable”.
La Casa Rosada venía sosteniendo que el veto sería total y argumenta que la ley amenaza el equilibrio fiscal.
Sin embargo, el Gobierno dejó ayer la puerta abierta a un veto parcial. Esa posibilidad puede acercar aliados. Pero por el momento no hubo contacto con goLa bernadores que puedan ayudar a restar votos en contra. Tampoco hubo todavía llamados a los bloques que en el pasado se movieron como aliados.
El proyecto aprobado sube los aumentos sistemáticos de las jubilaciones y fija un ingreso mensual mínimo garantizado.
El Gobierno ratificó una y otra vez a lo largo del día que el presidente Javier Milei vetará el reajuste de jubilaciones que sancionó la oposición en el Congreso. Cuando se aprobó, la confluencia de diferentes bloques mostró que el conglomerado opositor tenía los votos suficientes para rechazar el anunciado veto presidencial. En la Casa Rosada reconocen que es un escenario posible y anticipan que se evalúa ir a la Corte Suprema si se profundiza el conflicto de poderes.
“No hay marcha atrás ni negociación; la decisión está tomada”, dijo al mediodía el portavoz presidencial, Manuel Adorni, ante una pregunta de en relación con la reacción la nacion del Gobierno frente al proyecto convertido en ley por la abrumadora mayoría de los senadores.
La judicialización de la ley, si es que el Congreso insiste en su sanción con dos tercios de los votos en ambas cámaras, es vista como una opción “inevitable”.
La Casa Rosada venía sosteniendo que el veto sería total. Sin embargo, el lunes por la tarde el Gobierno dejó la puerta abierta a un veto parcial. Esa posibilidad puede acercar aliados.
Todavía no hubo contacto con gobernadores. Dos de ellos afirmaron a que no fueron consultados la nacion por el Poder Ejecutivo. Tampoco hubo todavía llamados a los legisladores del Pro de Mauricio Macri.
El proyecto aprobado por el Congreso establece el índice de precios al consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones.
“Veto va a haber, la intensidad depende del Presidente”, sostuvo un alto miembro del Poder nacion Ejecutivo. Sin embargo, la misma fuente evitó dar más detalles. “Hasta que no se firme el veto total, no está hecho”, afirmaron muy cerca del primer mandatario.
El Gobierno subió la apuesta al anticipar que piensa encarar una reforma previsional que dé marcha atrás con los 3,7 millones de haberes jubilatorios otorgados por distintas administraciones kirchneristas, la primera de ellas con Sergio Massa como titular de la Anses, en 2005.
“El 65 por ciento de los jubilados actuales recibe un subsidio, no una jubilación, porque no aportó los años que debía hacerlo”, continuaron cerca del Presidente, aunque descartaron que el impulso de la reforma, que sin dudas tendrá la resistencia del kirchnerismo y otros bloques, se produzca en el corto lapso.
Mientras insisten en que “las jubilaciones se recuperaron durante este gobierno” y enfatizan en la responsabilidad de las gestiones anteriores, en la Casa Rosada reiteran que el proyecto aprobado “es un delirio irresponsable, demagógico y populista” de la oposición.
“Entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, ya veremos cómo avanza administrativamente”, dijo también Adorni durante su conferencia de prensa diaria en Balcarce 50.
“Ya sabíamos que esto iba a pasar, pero tenemos plan B, C y D”, se ufanó un funcionario cuando la consulta giró en torno a los próximos pasos del Gobierno. Judicializar la eventual ratificación de la norma o reorientar partidas está previsto en ese combo de posibles respuestas, siempre con la acusación al Parlamento de “querer voltear” el superávit fiscal y, con él, una de las premisas “intocables” de la actual administración.
El vínculo del oficialismo con el Congreso, luego de tres derrotas consecutivas, no pasa por su mejor momento. “Ya logramos lo que queríamos, que era la Ley Bases. El resto… habrá que esperar al año próximo”, comentó otro vocero oficialista en referencia a las nuevas mayorías que, en solo una semana, contrariaron los deseos del Poder Ejecutivo. “También habrá que elegir mejor a nuestros candidatos”, coincidieron, con ironía, dos espadas del oficialismo, algo incómodos por las sucesivas y reiteradas peleas y disidencias que dividen a los bloques legislativos de La Libertad Avanza, y que podrían determinar, este martes, la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta y el senador Francisco Paoltroni de esos bloques
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