PODER E IMPUNIDAD...EDITORIAL

Los chats de la secretaria, un retrato de la impostura kirchnerista
Poder e impunidad. Las revelaciones sobre Alberto Fernández exhiben una cultura política que naturalizó el ocultamiento y la mentira, en la que la palabra está disociada de la ética

 Luciano Román
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Los chats de la secretaria privada del expresidente Fernández podrían ser editados, en realidad, como la biografía de una época. Además de hechos, datos y conductas, revelan algo de fondo: una cultura del poder que gobernó la Argentina durante cuatro períodos presidenciales. Es una cultura en la que nada es lo que parece, que está basada en el ocultamiento y la impostura, en la que el relato y la supuesta ideología son apenas la máscara y la coartada para tapar la realidad. Los chats hablan de Alberto Fernández, claro, pero también hablan del kirchnerismo y de un sistema de valores o disvalores enquistado en un sector de la política. Retratan una cultura enemiga de la transparencia, en la que el peor pecado no es violar la ley, sino ser descubierto.
Cuando se cotejan las revelaciones de los chats con los discursos y la retórica del expresidente, no solo aparece una doble moral. También queda al desnudo la concepción del poder como un simulacro. Todo era una actuación y una pantalla que ocultaba lo inconfesable. Pero sería ingenuo suponer que esa fue una actitud encapsulada y que la impostura se agota en un individuo que llegó a ocupar la presidencia de la Nación. Lo que muestran los chats debe entenderse en el marco de un sistema y una cultura política que naturalizó el engaño y que apostó, desde sus tiempos fundacionales, a encubrir determinadas conductas detrás de los fuegos artificiales y la cáscara vacía de un supuesto relato ideológico.
Los antecedentes son muchos y muy claros: desde el yate de Insaurralde hasta los bolsos de López, desde la fiesta de Olivos hasta el vacunatorio vip. Desde las viviendas de Schoklender y Bonafini hasta la fábrica de billetes del exvicepresidente Boudou y el desvío millonario de obras públicas para el señor Lázaro Báez. En el medio pueden anotarse los oscuros negocios del exjuez Zaffaroni con departamentos alquilados para la explotación y trata de personas hasta episodios aparentemente menores pero sintomáticos, como el caso de la titular del Inadi que tenía en su casa a una empleada “en negro”. Todo remite a lo mismo: un discurso “para la gilada” y un decorado ideológico que encubre negocios y conductas inconfesables. Es una cultura, además, en la que la palabra está disociada de la ética. Y en la que los datos y las estadísticas se pueden manipular o adulterar según los intereses del que gobierna. El Indec de Moreno fue un símbolo, y a la vez una confesión que terminó ayer en condena judicial.
Cada uno de los episodios que generaron escándalo y debates fueron, sin embargo, la punta de un iceberg. Con toda su carga de revelación, apenas llegaron a mostrar una pequeña porcióndeungigantescoentramado de corrupción, desviaciones, abusos y privilegios derivados de una idea del poder asociada a la impunidad. Lo que expusieron cada uno de esos casos fue a dirigentes que se creían más allá de la ley y que tomaron al Estado en beneficio propio, tanto para enriquecerse como para esconder sus miserias. La fiesta clandestina en Olivos, en medio de la cuarentena estricta, fue una demostración grosera de esa cultura: lo que rige para todos no rige para mí. Hacia afuera, el verbo inflamado y el dedo levantado; hacia adentro, patente de corso y “zona liberada”.
Los chats de la secretaria, como los cuadernos del chofer que en su momento reveló Diego Cabot son registros y testimonios de un momento histórico. En el espíritu monárquico del kirchnerismo, deben considerarse “deslealtades” de la servidumbre. Pero cada uno de esos archivos es un espejo en el que se reflejan el alma y la textura moral de una facción que aún hoy conserva un enorme poder desde gobiernos provinciales y municipales, así como en el Congreso de la Nación. Que algunos de esos casos les haya costado el ostracismo a sus protagonistas no significa que esa cultura haya muerto. ¿Alguien cree que con el escándalo del Bandido se extinguieron definitivamente la influencia y los métodos de Insaurralde en la provincia de Buenos Aires?
Frente a cada uno de esos escánobscena dalos, la reacción fue casi idéntica, extraída de un manual que responde a la misma lógica del ocultamiento y la impostura: denunciar “una conspiración”, un intento de desestabilización y una “mano negra” de las corporaciones. Siempre se busca, al mismo tiempo, correr al juez y embarrar la cancha. Todo, mientras se agitan fantasmas y se hacen extrañas elucubraciones. El kirchnerismo no se preguntaba cómo era posible que Insaurralde estuviera de fiesta en un yate en el Mediterráneo, sino de qué operación había sido “víctima” para que se conocieran esas fotos.
Cuando la conspiración no alcanza se apela, en última instancia, al recurso al que ha echado mano, una vez más, el expresidente Fernández: negar todo. El yate no era el yate; las fotos están trucadas; la fiesta no existió. En este caso, la reacción parece inspirada más en la cultura popular: “Vos negá, siempre negá”, le recomienda Eliseo, el inefable protagonista de la taquillera serie
El encargado, a su ayudante. La asociación entre el expresidente y este portero de doble personalidad, que vive entre la simulación y la corruptela, enredado en su microcosmos de miserias, engaños y paranoias, tal vez sea gráfica y oportuna, aunque es por cierto penosa. Eliseo abusa de su pequeño poder como encargado. El éxito del personaje quizá tenga que ver con algo que, en la cultura política y social de la Argentina, nos resulta demasiado familiar.
En los casos en los que las pruebas son irrefutables, se intenta la operación “sorpresa y despegue”. Nadie conocía las fechorías de José López, nadie sabía que Insaurralde firmaba decretos desde el yate. No se los reconoce como piezas de un engranaje, sino como excepciones y anomalías de las que nadie se hace cargo. Ahora veremos otra teatralización: la fingida indignación del cristinismo frente al oscuro mundo de Fernández.
La impostura del poder fue tan que chocó con sus propios límites. La sucesión de fotos, bolsos, cuadernos y videos la dejó finalmente en evidencia hasta el punto de provocar hartazgo e indignación en buena parte de la sociedad. Es necesario identificar ese estado de ánimo para entender el drástico giro político que implicó, el año pasado, el triunfo de Javier Milei. Se descubrió que en el relato kirchnerista había, además de un entramado de ineficiencia y corrupción, un gran simulacro basado en la hipocresía y la mentira. La mayoría optó, entonces, por un liderazgo que parece encarnar una suerte de sinceridad brutal y que “dice lo que piensa” aun al punto de la temeridad y el exceso. Se descubrió que el poder tenía una máscara y un disfraz, y no se optó por ir hacia una vestimenta que pudiera considerarse apropiada y convencional, sino por dar el salto al striptease y al desnudo provocador. La historia de ese viraje recién se está escribiendo.
Queda, sin embargo, una pregunta en el aire: ¿cómo se pudo llegar tan lejos?; ¿cómo funcionó durante casi veinte años la retórica hueca del poder? Hay respuestas económicas, por supuesto, vinculadas al distribucionismo engañoso del populismo, pero también hay una doble vara y una ética gaseosa en el seno de la sociedad. Es la actitud que hoy exhiben, sin inmutarse, muchas asociaciones o colectivos feministas frente a hechos que, por su propia naturaleza, hubieran merecido su rápida y enérgica reacción. Son núcleos de la sociedad que también muestran un mayor apego al relato que a la verdad, y a los que las cosas les parecen mal o bien según sean funcionales o no a su estética discursiva y también a sus intereses materiales. Si el transgresor es “de los nuestros”, somos indulgentes y fingimos ceguera. Si es del “bando enemigo”, somos implacables y feroces. No se defienden principios, sino intereses y conveniencias. Lo vemos frente a la tragedia de Venezuela: para el seudoprogresismo argentino, las dictaduras “propias” no son dictaduras. ¿Cuántas asociaciones de derechos humanos se han pronunciado frente al drama de la hijastra de Daniel Ortega, que denuncia por abuso sexual y represión al dictador nicaragüense?
El escándalo de los chats nos conecta también con componentes de cinismo que han echado raíces en la cultura política argentina. Los simboliza la declaración que acaba de hacer el dirigente Juan Grabois: “Alberto Fernández es un inmoral, pero yo lo volvería a votar”. Se le debe agradecer la franqueza al combativo “dirigente social”: confiesa que la moral y la política transitan, para el kirchnerismo, por senderos paralelos y pertenecen a mundos separados.
Los chats de la secretaria nos muestran, en definitiva, mucho más que una trama de negocios, favores y dramas en los que se mezclan la impostura y la violencia. Exhiben hasta qué punto llegó a naturalizarse la doble moral en el poder. Grabois nos recuerda que el peligro sigue ahí: “Yo lo volvería a votar”. No habla de Fernández, al que hoy nadie imagina candidato a nada, sino de una cultura que sigue viva y que ha quedado retratada, como una bitácora, en el celular de una secretaria que creyó, como Eliseo, que el poder, grande o pequeño, no está para ser honrado, sino para aprovecharse de él.

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Candidatos a la Corte: el agua y el aceite
Mientras uno de los postulados por el Poder Ejecutivo al más alto tribunal cuenta con sólidos antecedentes, el otro solo tiene pies de barro
Desde que, en el noveno acto de La Celestina, escrito en los últimos años del siglo XV, se mencionaba que toda comparación es odiosa, existe una marcada reticencia a confrontar trayectorias personales y profesionales. Toda persona tiene derecho a vivir su vida como le plazca, como le sea posible o lo crea conveniente, sin estar obligada a imitar el camino elegido por los demás. Pero las comparaciones son por demás útiles al tiempo de evaluar y elegir entre distintas personas para adjudicarles una misma e idéntica tarea o función.
El Senado se prepara para analizar la cobertura de dos vacantes en el tribunal más importante de la Argentina. El Poder Ejecutivo ha enviado a esa cámara los pliegos de dos candidatos. Los senadores están facultados para rechazar o aprobar ambos, y para aceptar el de uno solo. Por consiguiente, no se pide al Senado que elija entre uno u otro. Por el contrario, se le exige que en ninguno de los dos casos deje de lado elementales criterios de sensatez al evaluarlos ni que reduzca los requisitos de excelencia que deben regir la designación de los más altos jueces de la república.
Los senadores tendrán ante sí abundante información como para tomar una decisión fundada sobre datos objetivos y verificables acerca de cada candidato. Habrá también, casi con certeza, otros factores, no tan objetivos ni tan verificables, que intentarán influenciar la opinión y el voto de los legisladores. Uno de los escasos recursos con que se puede evitar que esas influencias impongan su efecto destructivo es analizar y comparar la calidad de aquellos datos. Cuanto más se conozca acerca de los postulantes, cuanto mayor énfasis se ponga en la calidad de sus antecedentes y cuanto mejor se los pondere, menos lugar habrá para la subjetividad y la imposición de criterios caprichosos.
Designar un juez de la Corte que, por sus escasos o pobres antecedentes –o, peor aún, por una trayectoria plagada de circunstancias oscuras o hasta delictivas–, no tenga la idoneidad profesional y moral que el cargo requiere pondría en serio riesgo la percepción acerca de la calidad institucional de la república, en momentos en que nuestro país busca atraer inversiones duraderas.
No pueden ser más diferentes los antecedentes técnicos de los dos candidatos propuestos. Los del doctor Manuel García-Mansilla muestran el perfil de un jurista que, tras una brillante carrera universitaria con las más altas calificaciones, completó estudios de posgrado en el extranjero y obtuvo un título doctoral summa cum laude otorgado por un tribunal de notables personalidades. Luego de años de ejercer su profesión en ámbitos de reconocida excelencia, con innumerables artículos, ensayos y libros publicados aquí y en el extranjero, alcanzó el decanato de una destacada casa de estudios superiores. Su trayectoria marca una notable, profunda y reconocida dedicación a los temas y cuestiones constitucionales que son precisamente aquellos que primordialmente debe abordar el más alto tribunal de la república. Están totalmente ausentes denuncias acerca de su falta de probidad o de integridad. Existen, sí, cuestionamientos a la posición que ha adoptado ante ciertos controvertidos temas, pero ellos se han centrado en aspectos técnicos y doctrinarios absolutamente alejados de comportamientos delictivos.
Los antecedentes del otro candidato, el actual juez federal Ariel Lijo, no pueden ser más distintos, y son reveladores de un desempeño laboral y académico concentrado en el área del derecho penal que no es habitualmente de competencia de la Corte. Su carrera universitaria, por otra parte, no ha sido destacada, pues el propio interesado no ha incluido en su currículum ninguna referencia a ningún aspecto notable. No ha ido más allá de una especialización en administración de justicia. Tampoco ha tenido experiencia alguna del otro lado del mostrador, pues su actuación profesional se ha desarrollado exclusivamente como empleado y luego funcionario del Poder Judicial. Nada de malo tiene esto en sí mismo, a excepción de una eventual falta de interacción con el mundo de quienes pagan impuestos. Numerosas entidades empresarias y asociaciones profesionales han señalado que esa actuación aparece oscurecida por muchas sospechas fundadas y consistentes que la opacan y enturbian. A esas observaciones se añaden más de 30 graves denuncias presentadas ante la Justicia Penal y el Consejo de la Magistratura fundadas en demoras injustificadas en la tramitación de cuestiones a su cargo, falta de investigación sobre ciertos delitos y –como si todo eso fuera poco– en su posible enriquecimiento ilícito.
En resumen: surge de la comparación de actuaciones de ambos candidatos a lo largo de los últimos 20 años que, mientras uno estuvo a cargo del departamento legal de una empresa importante, pasó luego a un estudio jurídico de relevancia, se desempeñó después como director ejecutivo de una cámara empresarial y finalmente fue designado decano de una facultad de derecho, el otro, durante esos mismos veinte años, ocupó un mismo cargo, sin siquiera haber aspirado a ascender a juez de cámara, desde que nunca concursó para ocupar un cargo de mayor jerarquía, acumulando en cambio decenas de denuncias por delitos que van del lavado de dinero al cohecho, pasando por la asociación ilícita.
Si uno de los dos candidatos ha sido objetado por algunos sectores como consecuencia de puntos de vista técnicos sobre cuestiones opinables, ello no parece exceder el marco normal de un debate donde no están en juego ni su probidad ni su idoneidad. En el otro caso, en cambio, el candidato ha sido objeto de numerosas denuncias y quejas sobre la posible comisión de graves delitos. Un futuro juez de la Corte puede elevarse por encima de cualquier debate técnico acerca de sus ideas y posiciones doctrinarias. Pero un candidato a tan relevante cargo no puede ser designado si las denuncias que lo involucran y los delitos de los cuales se lo acusa afectan y pulverizan la decencia y la dignidad que son la esencia de la administración de justicia. En ese sentido, hay que destacar, han expresado y fundamentado sus objeciones e impugnaciones a esta candidatura una larga lista de prestigiosas instituciones y personalidades ligadas al derecho.
En suma, mientras uno de los candidatos propuestos acredita bases por demás sólidas, el otro solo tiene pies de barro. Por eso, incurrirían en un grave error histórico las autoridades de la república si designaran al candidato equivocado. Peor aún, convalidarían la utilización de la más alta magistratura de la Nación como moneda de cambio para un canje entre la decencia, por un lado, y la complicidad delictiva, por el otro.
Un candidato a tan relevante cargo no puede ser designado si las denuncias que lo involucran y los delitos de los cuales se lo acusa afectan y pulverizan la decencia y la dignidad, que son la esencia de la administración de justicia
Incurrirían en un grave error histórico las autoridades de la república si designaran al postulante cuestionado
No se puede convalidar la utilización de la más alta magistratura de la Nación como moneda de cambio para un canje entre la decencia, por un lado, y la complicidad delictiva, por el otro

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