CATALEJO, MANUSCRITO Y LEY BASES

Vida de perros
Pablo Sirvén
Clara Muzzio, vicejefa del gobierno porteño, viene expresando últimamente en los posteos de sus redes sociales gran preocupación por el envejecimiento de la población de la ciudad de Buenos Aires. “Ya hay más personas mayores de 60 que menores de 10”, apunta, y afirma algo todavía más inquietante: “Mueren más personas de las que nacen”. Sin embargo, algo crece. También Muzzio lo computa: si sumamos perros y gatos, “casi duplican a los niños”.
Los políticos deberían preguntarse si no han tenido bastante que ver con el fenómeno: a los potenciales padres se les hace cada vez más cuesta arriba defender su nivel de vida como para, encima, ampliar la familia. Menos compromiso y menos gasto implica tener un perro, que es más leal y menos rebeldón que un crío.
Pero tampoco es cuestión de que, por la mustia natalidad humana, el gobierno capitalino se la agarre con los pobres canes, que nada hicieron al respecto. Lo cierto es que vedan el ingreso de estos animalitos a gran cantidad de plazas y parques. Como si no fuera suficiente castigo que vivan encerrados en departamentos, la Policía de la Ciudad destaca efectivos para ahuyentar de esos paseos a las mascotas y sus dueños. ¿No tienen nada mejor para hacer?

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Médicos en las veredas
Dolores Caviglia
No es algo que pase seguido, pero de pronto ahí están. En pequeños grupos. A veces son tres, son dos, son cuatro. Como el otro día. Caminaba por una de las avenidas más concurridas de Palermo y los vi, ellos, los médicos, ambo celeste o verde agua, el cuello escote en ve. Estaban en la puerta de uno de los hospitales más concurridos de la zona y fumaban. Cada uno un cigarrillo. Yo me sentí tan aliviada.
Lo pensé inmediatamente. Avanzaba en dirección a mi casa con una línea de pensamiento completamente absurda en la cabeza –porque quién puede pensar tantas cosas al mismo tiempo y salir ilesa, cómo reprocharse a una misma las fallas del pasado sin terminar deshecha, cómo parar la voz que dice qué hiciste, mirá lo que te pasa ahora Dolores– y de pronto en la calle no había viento pero yo conseguí el aire que me faltaba con una bocanada que me bajó las pulsaciones y me despeinó sin moverme un pelo. No, no se puede con todo. El humo y el olor a tabaco que se desprendía apenas de las manos de los médicos me daba la razón.
A veces maldigo mi educación, tan ligada al orden de las cosas. En mi cabeza mi vida debería ser una regla de tres simple (si esto, aquello; si esto, eso también). Acá yo y mis formas de la hija de una profesora de matemáticas. Mi educación y esa manía de responsabilizarme por todo cada vez. Sin escapatoria. Pero ahí estaban estos tres, los profesionales de la salud, que aspiraban su cigarrillo a centímetros de la entrada de la guardia del hospital en un día soleado como el sol de ese día y montaban una tregua que no se veía. Pero que estaba. Ahí en la puerta, la frontera necesaria entre el dentro y el afuera, de un lado médicos y del otro, los tres. Mi bravo por ellos, que saben que fumar hace mal al cuerpo, que provoca cáncer, que las décadas del ochenta y del noventa hicieron mucho daño al mostrar el hábito y ligarlo al éxito (recuerdo en particular una publicidad de la marca Le Mans en que una mujer y un hombre se mueven bajo la lluvia en medio de un escenario bien natural, el pasto verde, las piedras grises, y se empapan la ropa, el pelo, y luego se besan y después fuman mientras una voz
Hay que estudiar, hay que hacer caso, hay que comer verduras, hay que agradecer, hay que recibirse, hay que visitar a los más viejos, hay que seguir
en off decía algo así como qué rico se siente un cigarrillo y dejaba la idea de que fumar era ser lo más canchero del mundo ) y sin embargo lo hacen igual, pese a las fotos tremendas que están impresas en los atados. Es mentira que se puede vivir siempre de la forma correcta. ¿Cuál es esa manera?
La lista es difícil de cumplir. Hay que estudiar, hay que hacer caso a los padres, hay que comer verduras, hay que agradecer, hay que estudiar también después, hay que elegir una carrera que importe, hay que recibirse, hay que visitar a los más viejos, hay que ganar dinero, hay que formar una pareja, hay que comprar una casa, hay que disfrutar, hay que agrandar la familia, hay que seguir y a mí me faltan tantos ítems. Cinco seguro. Eso pensaba cuando los vi fumar el otro día al sol, en una escena que me resultó más rimbombante todavía porque a unos metros, del otro lado de la misma vereda, había dos curas, sus sotanas largas, oscuras, la tirita blanca en el cuello, que no fumaban pero les llegaban el humo y el olor. Eran parte de lo que pasaba y yo, que no tomé la comunión porque en las iglesias lloro, lo sentí como un aval. Qué difícil es sacarse las cosas de encima.
Quisiera verlos más seguido, para no olvidar. Para seguir de largo, cruzar apenas una mirada y decirles a mi manera gracias por eso, dejen de fumar, pero gracias. Si no pueden de pronto, que sea de a poco, hay parches, hay estrategias, lo saben, pero gracias. En contra de la lógica es una ayuda porque también esa es la lógica. No se puede con todo, yo no puedo con todo, nadie puede con todo, ustedes tampoco.

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Silencio administrativo: cuando el Estado calla, ¿qué otorga?
Alfredo Silverio Gusman



Con frecuencia los expedientes no se resuelven a raíz de retrasos crónicos en las oficinas públicas, sea por un excesivo cúmulo de trabajo, deficiente organización o por cualquier otra razón o pretexto. Si bien los plazos que la ley impone a la administración pública son obligatorios, lo cierto es que los funcionarios suelen incumplirlos. Para no perjudicar tanto al solicitante, las normas crearon la figura del silencio administrativo, entonces una vez que han vencido los plazos para resolver, según lo disponga la ley, se podrá entender desestimado aquello que se pedía (silencio administrativo negativo) o aceptado lo que se solicitaba (silencio administrativo positivo – de aquí en más lo voy a llamar SAPO–).
Nuestro régimen se basa en el artículo 10 de la ley de procedimiento administrativo 19.549, que dice que, salvo que haya una ley especial que disponga otro efecto, el silencio administrativo tiene el alcance de una decisión denegatoria. La Ley Bases 27.742 introdujo una significativa reforma, pues admite el silencio positivo en los casos en que se requiera autorización administrativa para llevar a cabo actividades previstas en las leyes. Ergo, cuando venza el plazo aplicable y no se resuelva la autorización peticionada, se presumirá que fue otorgada, con ciertas excepciones en las que se mantiene el silencio como negativa (temas de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público). La norma fue reglamentada a inicios de agosto por el decreto 695, que dispone que el término máximo para resolver son 60 días, salvo en los casos de leyes que contienen plazos especiales.
En la Unión Europea, este paradigma tuvo un punto central a partir de la llamada Directiva de Servicios o “Bolkestein”, 123/2006 del Parlamento Europeo, pues ante la unidad de los mercados se tornó conveniente que los países que la forman adopten mecanismos más fluidos para la gestión. Cuando se requiere autorización previa para realizar una actividad –en general siquiera es necesario obtenerla, sino que se considera aprobada automáticamente con la solicitud–, se asignó al silencio administrativo un carácter positivo, admitiéndose lo solicitado, salvo que razones de interés público, incluidos los derechos de terceros, justifiquen el silencio negativo. Además de los países que conforman esa unión, han incluido normas similares en nuestra región Perú, Ecuador, Brasil.
No estoy de acuerdo con quienes ven en el SAPO la solución a la lentitud de la Administración, o una herramienta para prevenir corruptelas, al menos en nuestro país. En cambio, coincido con prestigiosos autores que dicen que el SAPO se asemeja a una ilusión, abre la puerta a la inercia o negligencia administrativa, permitiendo el oportunismo e implica serio peligro a la seguridad jurídica.
Me baso en las siguientes razones:
● La norma reconoce efecto positivo al silencio administrativo siempre que lo pedido se corresponda con la legalidad, lo que en la práctica equivale a un silencio estimatorio, sí, pero condicionado. Pero pretender que “quien calla otorga” sea la regla y, al mismo tiempo, permitir eludir dicha regla cuando la callada por respuesta se refiere a peticiones contra la ley genera inseguridad jurídica. No hay certeza de lo que fue autorizado y si el Estado acatará lo autorizado tácitamente o si el mismo funcionario va a extinguir los derechos adquiridos a través del SAPO.
● Se autoriza una actividad que requiere control previo sin que el mismo se lleve a cabo. Por lo tanto, si no se resuelve, en los hechos la fiscalización administrativa termina siendo delegada en el mismo particular interesado solicitante.
● Desde lo formal, ¿cómo se acredita el derecho obtenido? La normativa dice que el solicitante puede exigir que se le otorgue la certificación correspondiente en 15 días. Pero si no nos resolvieron en 60 días, ¿en 15 días nos lo van a certificar? ¿Y quién lo va a hacer?
● ¿Qué pasa cuando se trata de procedimientos en los que hay más de un interesado en disputa del derecho (por ejemplo, licitaciones públicas)? Si uno lo obtiene por SAPO, ¿en qué situación quedan los restantes?
● ¿Dónde queda la garantía de la igualdad? El mismo derecho que a uno se le rechaza expresamente otro lo puede obtener por SAPO, en virtud, en el mejor de los casos, de la mayor o menor diligencia del empleado o funcionario que toque en suerte
● ¿De verdad se cree que el Estado, una vez configurado el SAPO, va a rendirse y respetar el derecho reclamado? En la mayoría de los casos, para poder concretar el derecho conseguido por SAPO igual habrá que hacer juicio.
● ¿Favorece la transparencia el hecho de que si la Administración guarda silencio se le reconoce al solicitante lo pedido? ¿Qué otro campo más propicio que el SAPO puede haber para una connivencia entre el funcionario que debe resolver y el solicitante?
● Ante la realidad de nuestras administraciones públicas, ¿apuntala la eficiencia el SAPO? Si ya de por sí cuesta que se reconozcan los derechos en sede administrativa, ¿qué pasaría si encima el funcionario sabe que si no resuelve en breve plazo queda como autorizado lo pretendido? Temo que la respuesta serán rechazos sistemáticos expresos antes de que venza el plazo, incluso a través de “planchas” estandarizadas o con programas informáticos no necesariamente sofisticados que brinden las alertas del caso.
Seguramente con buenas intenciones pero también con alguna dosis de ingenuidad, se cree que el SAPO va a solucionar la ineficacia de nuestra administración pública. No se pondera la dificultad de trasladar técnicas que tal vez puedan resultar útiles en los países desarrollados en donde se originaron, hacia administraciones públicas con relativo apego a la institucionalidad, con insuficiente personal –si se considera a quienes realmente trabajan–, desbordados de labores, con retrasos crónicos, mal pagos, con inadecuada capacitación para las tareas que realizan y con débiles mecanismos para efectivizar la responsabilidad disciplinaria y patrimonial que les pueda caber.
Ante esas dudas, ¿dónde quedan la seguridad jurídica, el marco amigable para la llegada de las inversiones, la mayor transparencia? Claro que comparto esos propósitos, pero no veo que se favorezcan con esta parte de la reforma legislativa. Los silencios, paradójicamente, aturden al ciudadano, que es, en definitiva, el que se va a tragar el SAPO.
Los silencios, paradójicamente, aturden al ciudadano, que es, en definitiva, el que se va a tragar el SAPO

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