AUMENTO EN LOS PLANES Y AJUSTE Y SALUD

El Gobierno fortalece la asistencia social con aumentos en los planes
La cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello anunció nuevos incrementos en distintas prestaciones
El Ministerio de Capital Humano anunció ayer un nuevo aumento en asignaciones familiares y pensiones. Para el mes de agosto, según lo informado por la cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que asigna una suma mensual por hijo de menos de 18 añosalcanzará los $81.080.
El nuevo monto representa un aumento del 292% con respecto a diciembre del año pasado, cuando Pettovello se hizo cargo de la nueva cartera. En el mismo porcentaje se incrementó la AUH por hijo con discapacidad, cuyo piso llegará a los $263.791 el mes que viene y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que llegará- al igual que la AUH- a $81.010.
Por debajo de estos aumentos corre la Asignación Familiar por Hijo que llegará en agosto a $40.505. La prestación creció un 100% con respecto a diciembre, cuando se ubicaba en $20.677.
El comunicado que Capital Humano hizo circular ayer también incluía el anuncio de una suba del 4,58% en las jubilaciones y pensiones, según lo dispone la nueva movilidad jubilatoria, además del bono de $70.000 que recibirán los jubilados y pensionados con haberes mínimos en agosto. Con este empujón, el piso en los montos de los jubilados trepa a $285.580.
La primera tanda de aumentos se inscribe en el cambio de rumbo que el Gobierno le imprimió a la asistencia social desde diciembre, cuando anunció los primeros aumentos de muchas de las prestaciones sociales, congeló las erogaciones correspondientes al ahora ex-Potenciar Trabajo (permanece en $78.000) e inhabilitó las Unidades de Gestión, muchas de ellas controladas por las organizaciones sociales.
En esos casos, los beneficiarios realizaban la contraprestación obligatoria del programa.
Actualización de montos
Los incrementos van en línea con lo anunciado en noviembre por el presidente Javier Milei.
Por esos días, cuando todavía era presidente electo, el jefe de Estado insistió con la idea de que el Ministerio de Capital Humano sería la única dependencia con “billetera abierta” para mitigar los efectos del ajuste que promovía. “La única billetera abierta es para la ministra de Capital Humano”, repitió Milei en varias entrevistas.
La Tarjeta Alimentar, que busca garantizar el acceso a la canasta básica, fue otro de los programas de asistencia para la población en situación de vulnerabilidad social que experimentó fuertes subas en siete meses de gestión. En agosto, la tarjeta tendrá un piso de $52.250 (un hijo). Con respecto a diciembre, cuando se ubicaba en $22.000, creció en torno al 138 por ciento.
El Plan Primeros Mil Días, un programa que busca fortalecer los derechos de las personas gestantes durante el embarazo y acompañar el crecimiento de sus hijos hasta los primeros tres años de vida, experimentó un único pero muy significativo aumento en abril, cuando la ministra Pettovello dio a conocer un incremento del 500% en el programa, cuyo extensión alcanza a casi 70.000 mujeres embarazadas y poco menos de 600.000 niños, anunció el ministerio
En los primeros seis meses completos del gobierno de La Libertad Avanza, en tanto, la inflación acumulada rozó los 80 puntos. Por fuera de este cálculo queda el mes de julio, sobre el cual todavía no hay datos oficiales y el mes de diciembre, cuya gestión compartió con la anterior administración y en el cual la inflación mensual, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superó los 25 puntos porcentuales.

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Suben desde hoy la luz, el gas y los combustibles
Los servicios energéticos se ajustarían 4%; la nafta y el gasoil, 2,5%; se suman así al alza de 5,16% en el agua

Sofía DiamanteEconomía anunció que definirá mes a mes si incrementa las tarifas de energía 
El Ministerio de Economía autorizó que a partir del consumo de hoy haya un nuevo aumento en los servicios de gas y electricidad. También se aplicará una suba de los precios de la nafta y el gasoil, como ocurrió el primer día de cada mes durante todo el año. Se espera que el aumento sea del 4% para las boletas energéticas, mientras que los precios de los combustibles subirán 2,5%. De esta forma, se suma al ajuste confirmado de 5,16% que aplicará AySA para las boletas de agua.
El detalle fino de la suba en gas y electricidad está siendo todavía analizado en el Palacio de Hacienda, pero a diferencia de los meses anteriores, el Gobierno volverá a permitir una suba en el valor de distribución y transporte.
El monto final de las boletas de energía se compone del costo de tres servicios más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirla en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, la carga es igual para todos los hogares.
A diferencia de lo que ocurrió en los últimos tres meses, el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó que las empresas de distribución y transporte –entre las que se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGN y TGS– vuelvan a tener un aumento tarifario.
Si bien en abril el Gobierno había fijado que los ingresos de estas empresas iban a subir todos los meses según una fórmula polinómica, la variable de ajuste nunca llegó a aplicarse. Unas horas antes de comenzar el mes de mayo, Caputo anunció que se postergaba el aumento.
“En tarifas queda por aumentar, pero este año ya hicimos la parte más importante. Las tarifas son una sintonía fina entre caja o reducción de subsidios e inflación. A algunos les gustaría ver un horizonte de más largo plazo, pero la realidad es que lo decidimos mes a mes porque la prioridad es bajar la inflación. También la prioridad es [cuidar] la caja, pero en la medida en que podamos terminar antes con la inercia inflacionaria, eso es más ventajoso. Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación”, dijo el ministro hace unos días, en una entrevista con Radio Mitre.
En concreto, las tarifas iban a subir todos los meses de acuerdo con una fórmula que tenía en cuenta la variación salarial, la inflación minorista (IPC) y la mayorista (IPIM), que había sido fijada por una resolución de la Secretaría de Energía.
Luego, en el Ministerio de Economía habían intentado cambiar la fórmula por una variable de actualización que iba a depender de la estimación de inflación futura para desindexar los servicios energéticos del comportamiento del pasado. Sin embargo, esta fórmula nunca se terminó de definir.
El alza confirmada en las boletas de luz y gas, por lo tanto, no se rige por ninguna fórmula. En tanto, busca aliviar los ingresos de las empresas de distribución y transporte de energía, que luego del aumento de electricidad en febrero pasado y de gas, en abril, no tuvieron más actualizaciones, pese a que sus costos subieron en promedio 14%, como la inflación acumulada en los últimos tres meses.
Ajuste en los surtidores
En lo que se refiere a combustibles, en el sector esperan que la suba de precios de nafta y gasoil sea en torno al 2,5%. “El crawling peg sigue al 2%, el incremento del impuesto a los combustibles oscilaría en $11, lo que impactaría en un 1% en el precio final”, dijo Guillermo Lego, gerente de la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha), la cámara que agrupa a las estaciones de servicio.
Desde que asumió Javier Milei, el valor de los combustibles aumentó 132% en los primeros siete meses del año, muy por arriba del 86% de inflación acumulada. Esto se explica por el aumento de los impuestos al sector, que estaban congelados por el gobierno anterior desde 2020 y por el atraso que tenían los precios anteriormente.
Con el aumento previsto de 2,5%, a partir de mañana, el litro de nafta súper de YPF en la ciudad de Buenos Aires (CABA) costaría $966, mientras que la premium valdría $1191. El gasoil súper subiría a $1002, mientras que el diésel premium, $1275.


Las prepagas grandes aún no dejan atrás a las obras sociales
Muy pocas se anotaron en el registro para evitar la triangulación de aportes por la que pierden $8600 millones por mesIgnacio Grimaldi
La relación entre el Gobierno y las empresas de salud privada es una verdadera caja de sorpresas. Al principio de este vínculo, eran las firmas las que no comprendían al Ejecutivo cuando se involucró en la determinación del precio de las cuotas, pero ahora la ecuación se invirtió. Nadie entre los funcionarios del sector entiende por qué ninguna de las compañías de salud privada consideradas entre “las grandes” se inscribió en el registro para recibir el 100% de los aportes que un empleado deriva, para no “dejar en el camino” entre 3% y 7% en manos de obras sociales.
El Gobierno identificó un triángulo que quiere romper. Precisamente, trabaja para quitar a las obras sociales de su rol como intermediario entre los aportes de empleados y las prepagas. Según cifras oficiales, los aportes de 4.537.883 personas persiguen ese circuito de tres jugadores (empleados, obras sociales y prepagas), en el cual las obras sociales absorben $8600 millones al mes por su rol de nexo.
“Se busca que la plata vaya a las prestaciones y no se la quede en el camino ningún peaje”, describieron desde uno de los despachos del Gobierno. Incluso, deslizaron que las cuotas de los planes de medicina prepaga podrían ser más bajos en caso de no existir intermediarios.
El 29 de febrero la Superintendencia de Servicios de Salud reglamentó la inscripción al Registro Nacional de Agentes del Seguro (Renas) para las prepagas que “decidan
aplicar los fondos percibidos con destino a las prestaciones de salud”, según la resolución 232/24.
Según detallaron desde el área de Salud, ninguna prepaga considerada de las “grandes” se inscribió en tal listado para que sus afiliados no triangulen sus aportes y, en consecuencia, todo ese dinero vaya directo a la empresa que el afiliado desea. En concreto, solo se inscribió el 6,3% de las prepagas. Esto equivale a 43 de 675 empresas, según datos oficiales.
Esta cifra no incluye a una gran porción de afiliados, por el perfil de las firmas que se registraron. De hecho, las 10 empresas que concentran al 80% de los clientes son OSDE, Swiss Medical, Sancor Salud, Galeno, Omint, Medifé, ACA Salud, Jerárquicos Salud, Medicus y Prevención Salud. Ninguna de ellas adhirió al régimen.
“Esto es una anomalía. No hay razón que explique por qué una prepaga le deje dinero a una obra social que no presta el servicio de salud”, cuestionó una fuente oficial al tanto de la estrategia del Gobierno.
A propósito de la no inscripción en el registro, fuentes del sector privado de la salud consultadas respondieron: “Todavía es nacion muy pronto para que las entidades hagamos un análisis de conveniencia”. En ese sentido, argumentaron que todavía restan detalles de aquella reglamentación cuyo decreto fue publicado el 29 de febrero.
En paralelo, una de las prepagas “grandes” admitió que estaba muy cerca de adherir al registro que busca eliminar a los que el Gobierno considera “peajes de la salud”. Pese a eso, no especificaron si bajarían el valor de su cuota al percibir ese dinero extra.
Desde el Gobierno rechazan que la no adhesión de las prepagas para “quitar del medio” a las obras sociales sea catalogado como un fracaso. Argumentan que el Ejecutivo no puede obligar a las empresas a que se inscriban. Por lo tanto, aseguraron que trabajan en dictar nuevas medidas que tienten a las entidades a anotarse en el Registro.
Las prepagas que se inscribieron son Oscosalud, Clínica de la Unión, Administración de recursos para la Salud, Prestadores Sanatoriales, Red Salud, Clínica Médico Quirúrgica Sanatorio Junín, Saber, Protección Esmeralda, Sistemas Médicos, Asociación Mutual Salud Ciudad el a, Cynthios Salud y AMUR, entre otras.

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