ESCENARIO SINDICAL Y CRÍTICAS

Milei, La Cámpora y un aliado inesperado para el achique del Correo
Camilo Baldini, un camporista que se mantiene al frente de la empresa pública, coordina el recorte de personal con Alberto Cejas, el jefe del sindicato
Nicolás Balinotti
Camilo Baldini es uno de los 1867 funcionarios del Frente de Todos que siguen durante la gestión libertaria “en puestos de decisión”, como los definió el exjefe de Gabinete Nicolás Posse en su primer y último paso por el Senado.
Baldini es actualmente el presidente y director del Correo Argentino, una de las empresas públicas que Javier Milei desea privatizar, más allá del rechazo del Congreso, y en la que se avanza con un fuerte recorte de personal. Entre retiros voluntarios y despidos, ya se fueron 4270 empleados de una plantilla de 16.858, según precisaron fuentes confiables. El plan es reducirla aún más.
Surgido en el PJ bonaerense y en su momento muy cercano a José Ottavis, Baldini llegó a la compañía estatal durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, cuando La Cámpora controlaba el Ente Nacional de Comunicaciones y el Correo Argentino estaba en manos de la militante Vanesa Piescirovski.
Hoy, junto con otros dirigentes kirchneristas, se mantiene a sueldo en el Estado y es uno de los ejecutores del ajuste. Cuenta con un aliado determinante para avanzar sin sobresaltos en su misión: Alberto Carlos Cejas, el sindicalista santafesino que lidera la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt).
“Nos opusimos a los 570 despidos, pero no a los retiros voluntarios, porque no afectan la operatividad de la compañía. A eso no nos podemos negar. Hay un exceso de personal que viene de administraciones pasadas y se está sincerando la situación. Lo que pedimos es que los retiros no sean discrecionales”, argumentó Cejas a la nacion.
Se define como “justicialista no kirchnerista” y juega por fuera de la CGT. Se abre paso en el sector desde 2017 tras reemplazar al histórico Ramón Antonio Baldassini, que estuvo más de medio siglo al frente del gremio postal y a quien el macrismo había premiado con una silla en el directorio de la empresa.
El pragmatismo de Cejas esconde tal vez una motivación personal. Logró designar a sueldo en el Correo Argentino a su hija, Mariana Carolina Cejas, y a María Silvia Bruschi, una asesora del sindicato, según comprobó a partir la nacion de documentación oficial.
Ambas contrataciones se dieron entre el 1° y 2 de octubre del año pasado, durante la gestión del Frente de Todos. Las altas y las bajas en la compañía estatal dependen hoy, como desde hace algunos años, del director de Recursos Humanos, Santiago Berestein; del gerente del área, Juan Manuel Vena, y del gerente de Relaciones Laborales, Gabriel Ottini, quien llegó a la compañía proveniente del estudio jurídico de Mariano Recalde, senador nacional kirchnerista.
Todos ellos serían interlocuto6000 res cotidianos de Cejas. “Echaron a personal muy bueno porque no provenía de la política ni tenía afinidad con los sindicatos”, dijo un experimentado empleado del Correo Argentino que trató con el sindicalista y los popes de Recursos Humanos.
Baldini no respondió sobre estas contrataciones ni sobre la supuesta coordinación de la gerencia con el sindicato. Cejas, en cambio, admitió las designaciones, pero tomó distancia de las acusaciones sobre su presunta connivencia para digitar despidos y contrataciones. Intentó exhibir un perfil combativo al sembrar dudas sobre el verdadero plan oficial de privatizar el Correo Argentino y al rechazar los límites a la negociación paritaria que se intentaría imponer desde el Ministerio de Economía.
“Es sospechoso que quieran privatizar la empresa cuando funciona bien y se trabaja para que sea más rentable”, dijo Cejas, seco y enigmático. No dio más detalles.
Si el Correo Argentino cede terreno en el negocio, que sería lo opuesto al plan de competitividad y saneamiento económico que Baldini presentó ante la Jefatura de Gabinete, se abriría una oportunidad que los correos privados podrían capitalizar.
Es decir, podrían beneficiarse Andreani, de la familia homónima; Ocasa, la empresa de Héctor Colella, exabogado de Alfredo Yabrán, y OCA, al mando hoy de Claudio Espinoza (un empresario del transporte cercano a Hugo Moyano que le tomó hace dos años la posta al Grupo Clear, vinculado a Cristóbal López y con paso fugaz por el rubro).

Espinoza, a través de la firma Flecha Log, mantiene incluso hoy un beneficioso acuerdo económico con el Correo Argentino como proveedora de camionetas para el reparto de lo que en la jerga se llama “última milla”, según informaron fuentes del sector.
El sindicato que lidera Moyano es un jugador protagónico en lo relativo al correo postal privado, cuyos trabajadores pueden estar encuadrados en el convenio 40/89 de los camioneros. En cambio, el personal de Correo Argentino se distribuye en 93 sindicatos de todo el país que están representados en cuatro federaciones. La más fuerte y representativa es la Foecyt, encabezada por Cejas.
Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico que lidera Marcos Galperin y que es el principal cliente del Correo Argentino, sigue con atención el rompecabezas del sector, aunque rechazan desde su entorno de manera tajante un interés por comprar la empresa pública, que estuvo concesionada por el Grupo Macri entre 1997 y 2003 por un canon que es motivo de una vigente pulseada en la Justicia entre el Estado y Socma.
El plan de reducción de la estructura del Correo Argentino no es nuevo. Ya se había avanzado en un recorte de personal entre 2021 y 2022, pero lo que hizo ahora la gestión de Milei es acelerar el proceso con mayor determinación. Los retiros voluntarios contemplaron el pago de la indemnización correspondiente más un 30% adicional.
El proceso finalizó el mes pasado, aunque podría extenderse. De los aproximadamente 3700 empleados que accedieron al retiro, el salario promedio rondaba los $2.500.000, según precisaron fuentes al tanto de las desvinculaciones. Las 3700 bajas equivaldrían salarialmente a operarios rasos, afirmaron.
Inusual coordinación
La intención de la gestión libertaria de explorar cierto consenso entre los sindicatos para avanzar en el ajuste en determinadas áreas excede al Correo Argentino. En la administración pública nacional, están cada vez más aceitados los nexos entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el jefe de la UPCN, Andrés Rodríguez, en cuya negociación entran, además de los recortes de personal, el nuevo reparto de fondos dispuesto por la Superintendencia de Servicios de la Salud para las obras sociales sindicales.
En la Secretaría de Transporte también sorprendieron los movimientos coordinados entre el Gobierno y los gremios, sobre todo, los ferroviarios. Después del accidente en Palermo, perdió impulso el deseo oficial de achicar en un 15% los costos y el personal de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que emplea a unas 23.000 personas.
La tregua, sin embargo, podría romperse si es que prospera la semana que viene en Diputados el paquete fiscal, que prevé la reversión del impuesto a las ganancias. La restitución del tributo que pesa sobre los salarios impacta de lleno en los transportistas y podría alterar esta novedosa negociación de la que participan Sergio Sasia y Omar Maturano.
Como parte de la misma estrategia de acercamiento con los sindicatos, Julio Cordero, el exabogado del Grupo Techint que está a cargo de la Secretaría de Trabajo, logró el aval del ministro de Economía, Luis Caputo, para homologar paritarias con aumentos mensuales por encima del 5%.
Así fue como acordó, por ejemplo, Hugo Moyano con las tres cámaras del transporte de cargas: 5% (junio), 6,7% (julio) y 4,5% (agosto). ¿Se frena la caída de la inflación o el Gobierno apuesta a una leve recuperación de los salarios? No hay aún respuesta posible para una economía inestable y un presidente indescifrable.ß
El pragmatismo de Cejas esconde tal vez una motivación personal. Logró designar a sueldo en el Correo Argentino a su hija, Mariana Carolina Cejas, y a María Silvia Bruschi, una asesora del sindicato, según comprobó

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Cuadernos: cuestionan el fallo que favoreció a Calcaterra
Dos entidades jurídicas pidieron que intervenga la Corte
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), integrados por penalistas de acreditada trayectoria en la región, cuestionaron el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa de los cuadernos, que favoreció al empresario Angelo Calcaterra, acusado de pagar coimas y sobornos. Objetaron la decisión de que los pagos efectuados deben ser investigados por la Justicia Electoral, como aportes a las campañas, y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
“La Corte Suprema tiene ahora la responsabilidad de revertir este fallo, ya que afecta compromisos internacionales del Estado en materia de lucha contra la corrupción”, expresaron las entidades.
Recordaron que la causa de lo cuadernos permitió “romper el sentido común generado a lo largo de los años, que colocaba a los grandes empresarios de nuestro país como supuestas víctimas de extorsiones por parte de funcionarios públicos”.
Añadieron que el caso visibilizó que “tanto el poder político como el poder económico son parte del fenómeno de la corrupción, que la criminalidad empresarial contribuye al vaciamiento del Estado y que funcionarios y empresarios se unen a los fines de lograr negocios espurios a costa de los intereses de la sociedad. Pero, a medida que las investigaciones avanza ron y luego de que funcionarios y empresarios desfilaran por Comodoro Py como indagados, detenidos o arrepentidos, hoy prácticamente no existe avance en materia de juzgamiento y sanción”.
Advirtieron, así, que la Cámara de Casación, con “argumentos jurídicamente insostenibles, favoreció al empresario de la construcción y contratista del Estado en diversas obras públicas Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y acusado de sobornar a funcionarios públicos del gobierno de Cristina Kirchner”. Y cuestionaron la decisión de que esos pagos debían ser interpretados como “aportes no declarados para las campañas electorales del partido gobernante y no como sobornos o coimas”.
“De este modo, las falencias del sistema de financiamiento de la política se convierten, increíblemente, en una excusa para justificar a los empresarios que pagan coimas”, opinaron las entidades.
“No es un hecho aislado en el devenir de la misma causa. En 2021 el juez Julián Ercolini falló en esta misma dirección al sobreseer a Paolo Rocca y otros directivos de Techint, argumentando que habían coimeado a funcionarios bajo “un estado de necesidad”, expresaron. Agregaron que, con estos fallos, “el Poder Judicial, en particular los tribunales de Comodoro Py, garantiza una vez más que el poder económico y el poder político sigan gozando del pacto transversal de impunidad que la causa cuadernos, conocida como el Odebrecht argentino, había puesto bajo la lupa”.

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