ALERTA...DENGUE..ENCUESTA Y CORTE SUPREMA ,,,RESTRICCIONES

Preguntas y muestra de sangre: así es el operativo en 6947 domicilios para conocer cuántos porteños ya tuvieron dengue
En la ciudad está en marcha el estudio de seroprevalencia que despliegan el Instituto de Estadística y Censos con el Ministerio de Salud participó de un día de trabajo
Fabiola Czubaj
Por el barrio de Floresta, la encuestadora Ada Albornoz y la enfermera Rocío Choque realizaron estudios serológicos: Delia Bonafina dio postivo a dengue y no había tenido ningún síntoma
“No tuvimos dengue este año. No que supiéramos”, dijo Hernán Peláez, y lo confirmó con Sol, su esposa. Viven en Amenábar al 3200, en el barrio de Núñez, en uno de los 6947 domicilios seleccionados en la ciudad para participar de la nueva edición del estudio que indaga cuántos porteños tuvieron la enfermedad, en especial tras la mayor epidemia en el país de los últimos 15 años. Binomios de encuestadores y enfermeros debidamente identificados están tocando timbre en esas viviendas para obtener información que sirva para evitar un brote como el de 2023-2024.
“Estuvo complicado por acá. Hubo muchos casos a diez cuadras, donde vive mi familia. Casi todos ellos tuvieron dengue”, agregó Peláez, al preguntarle. El test rápido que le acababan de hacer como parte del relevamiento que coordina el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) despejó dudas. “El resultado es negativo”, le informó Rusveiquel Silva Boados, enfermera del Ministerio de Salud porteño. Con Lucila Seta, encuestadora del Idecba, relevaban el miércoles último los domicilios asignados a la redonda de Manuela Pedraza y Amenábar.
El estudio, según explicaron desde el Idecba, se hace sobre una muestra de 6947 domicilios, de los que 6000 fueron seleccionados al azar por muestra probabilística. Los 947 restantes son personas que participaron del mismo estudio el año pasado con resultado negativo en el test rápido, para analizar la evolución epidemiológica con respecto a la epidemia anterior. A través de la detección de dos tipos de anticuerpos circulantes en sangre, la prueba indica si la persona tuvo dengue alguna vez, si lo tuvo en los tres últimos meses o si no lo tuvo.
Una gota de sangre es suficiente para relevar la seroprevalencia de dengue en la población de la ciudad; es el segundo año del estudio
“Los datos que seamos capaces de relevar a partir de esta nueva encuesta, nos van a permitir tomar mejores decisiones a la hora de impulsar acciones concretas”, había dicho Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, al informar con el titular del Idecba, José María Donati, que comenzaba el estudio. Y pidió a los vecinos “su colaboración en esta instancia” de implementación de medidas preventivas. En la epidemia 2023-2024, la Ciudad confirmó más de 28.000 casos de unos 54.000 notificados. Recibieron 1700 denuncias por criaderos de mosquitos.
Durante la recorrida, que comenzó a las 9.30 y a la que se pudo sumar no en todas las viviendas respondían o accedían a hacerlo, aun cuando Seta –como el resto de los encuestadores que participan del operativo– había entregado con antelación puerta a puerta la comunicación oficial informativa. “Esto es lo habitual”, mencionó la encuestadora a este medio al escuchar cómo en uno de los edificios le cortaron la comunicación al anunciarse por el portero eléctrico. Pocos encargados, que a esa hora estaban trabajando o terminando sus tareas, se animaban a prestar alguna colaboración. Ambas tenían asignados 45 domicilios en la semana. Hasta pasado el mediodía, solo en cuatro de una decena que visitaron lograron respuesta.
“Mi consejo es que la gente atienda si los seleccionaron para participar de esta encuesta. Es importante para todos que lo hagan”, pidió Miria Navarro, otra vecina, de 62 años. Si el temor está en que se trate de una estafa o por la inseguridad, recordó que en la información que se entrega al pautar la visita hay vías para corroborar la identidad de los encuestadores a través de BOTI vía WhatsApp, por la línea gratuita 147 u online. “Toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y se utilizará únicamente con fines epidemiológicos”, aclararon desde el Idecba.
Lucila Seta, encuestadora del Instituto de Estadística y Censos porteño, en plena tarea: no en todos los domicilios la atienden a pesar de que pasa un día antes para informar de qué se trata el relevamiento
También, insistieron sobre el personal que visita las viviendas en que “cuentan con una credencial identificatoria y que sus datos pueden verificarse” por las vías detalladas y que, además, “tanto el test rápido, como el cuestionario, se realizan en la puerta o hall de entrada”, con una persona de confianza que acompañe a quien responderá la encuesta si así lo desea.
Mientras la encuestadora chequeaba algunos datos, Navarro conversó Está convencida, a partir de los últimos brotes, de que lo que pasa con el dengue “depende mucho de los cuidados que tomen los vecinos” y opina que sería útil que los consorcios informen si aparecen casos en los edificios para tomar medidas que eviten que más residentes contraigan la infección. “Me tocó participar en la encuesta del año pasado y me quedé más tranquila, porque me dieron recomendaciones de cómo cuidarme del dengue y me hicieron una prueba rápida que no es fácil que te hagan en una consulta”, agregó. Vive en la misma cuadra que los Peláez.
Toda la visita dura no más de 10 o 15 minutos. Seta comenzó con las preguntas, después de corroborar algunos datos, y fue ingresando la información en su tableta: si tuvo dengue, si se vacunó contra la enfermedad o fiebre amarilla, si tuvo síntomas de sospecha en los últimos meses (fiebre, dolor muscular o articular, cefalea, dolor detrás de los ojos o aparición de manchas en la piel, sangrado de encías o nariz y cansancio extremo, entre otros) o si tiene otros diagnósticos médicos.
El relevamiento incluye una serie de preguntas fáciles de responder
Le entregó, entonces, un consentimiento informado para poder hacer el test. Silva Boados procedió: en menos de un minuto, le pinchó un dedo y extrajo una gota de sangre que colocó en el pequeño dispositivo blanco con reactivos. Esperaron e informó el resultado: “¡Es negativo!”. La prueba se hace a un mayor de 18 años por vivienda.
“Me gustaría que esto se haga en todo el país –continuó Navarro, que es jubilada–, porque tengo familia en Santiago del Estero y en nuestro pueblo [Weisburd] hubo mucha gente con dengue este verano. Todos mis hermanos sufrieron bastante. Siempre hablamos de que mantener el pueblo limpio es evitar, también, que proliferen los mosquitos que transmiten enfermedad”.
Camino a otro domicilio por la avenida Crámer, Seta comentó que en algunos casos necesitan aclarar que se trata de una encuesta apolítica, que es de salud pública y por el bien común. “Los datos ayudan a tomar medidas sanitarias”, destacó la encuestadora.
La enfermera Rusveiquel Silva Boados toma la muestra de sangre con la que se hace el testeo mientras la encuestadora pregunta y registra las respuestas
Por Manuela Pedraza al 2600, ya a media mañana, nadie respondía. En un almacén de Tamborini al 2600 confirmaron que la vivienda de al lado, en la que timbrearon, está deshabitada. En Crámer al 3000, un arquitecto atendió. Juan Manuel Masseda, de 50 años, opinó que el estudio sirve para tener estadísticas. “Deben servir para generar campañas de concientización, para que el gobierno de la ciudad trabaje en prevenir –dijo–. Es necesario anticiparnos a enfermedades complejas como el dengue”. Su test también dio negativo.
Por la calle Vidal al 3000, en el primer domicilio de esa cuadra atendieron apenas Seta tocó el timbre. Es Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El procedimiento se repite y ella respondió las preguntas por el grupo familiar. Ante la consulta sobre el operativo, respondió: “Estamos hablando de dengue, que es un tema importante para todos en la ciudad porque vivimos en comunidad. Hay paranoia [en referencia a la inseguridad y la reticencia de los vecinos a atender], pero si le pedimos al Estado que nos cuide, hay que participar en estos relevamientos estadísticos. No se puede hacer política pública sin información”.
Desde el Ministerio de Salud porteño explicaron que “lo más valioso” es poder saber cómo impacta cada brote y va cambiando la seroprevalencia [porcentaje que contrajo la infección] en la sociedad. El año pasado, luego de la epidemia 2022-2023, fue del 8,1% en la ciudad. Otro dato es con qué intensidad circula el virus en el distrito, lo que cruzado con los grupos etarios con mayor incidencia resulta un insumo relevante para tomar decisiones, por ejemplo, sobre la vacunación.
El resultado del test se documenta durante la entrevista
Pasadas las 18, en el barrio porteño de Floresta, la encuestadora Ada Albornoz y la enfermera Rocío Choque, llevaban buen ritmo con las visitas del día. En una de las viviendas a metros de Ramón Falcón y la avenida Olivera, Albornoz comenzó con las preguntas. El sorteo indicó que la prueba se haría a Delia Bonafina, de 74 años, que extendió la mano a través de las rejas por donde atendió para el pinchazo en el dedo. A los minutos, Choque anunció que el resultado del test es positivo. Ni ella ni su esposo, según refirió la mujer, tuvieron síntomas. Antes de concluir, la enfermera le dio recomendaciones de cuidados.
Una vez en un domicilio, explicaron desde el Idecba, “se elige por sorteo a una persona mayor de 18 para realizar el test y la encuesta. Si la persona seleccionada no acepta participar, no se realiza un nuevo sorteo, sino que se registra un rechazo. Si la persona accede, entonces debe firmar un consentimiento informado [para el testeo]”.
Para Albornoz, ya camino a otro de los domicilios en la avenida Lacarra al 200, “tener la posibilidad de acceder a este testeo, que es gratuito y con la facilidad de que nos acercamos al domicilio, hay que aprovecharlo”. Choque, en tanto, aprovechó para aclarar sobre un temor que le expresan con frecuencia los vecinos. “Muchos piensan que es una extracción de sangre, pero es solo un pinchazo en un dedo. Solo necesitamos una gota de sangre. Cuando les explicamos, aceptan”, planteó.
Matías Gandini, en una de las viviendas seleccionadas de Floresta, durante la entrevista con la encuestadora Ada Albornoz y la enfermera Rocío Choque
En la siguiente vivienda, fue el turno de Matías Gandini, que respondió que tiene 35 años, pero está a punto de cumplir 36. Le hicieron las preguntas, prestó su consentimiento y le realizaron la prueba. Ni a él ni al resto de la familia le habían diagnosticado dengue hasta ahora.
“Ellas [por la encuestadora y la enfermera] me transmitieron confianza cuando se comunicaron y si no es de esta manera, no sé cómo podría obtenerse la información que van a reunir con el estudio –expresó–. Tuve este verano un montón de amigos y vecinos con dengue”. Entonces Choque le informó el resultado: negativo. “Tuve suerte”, respondió Gandini. “Acá, en la zona de Parque Avellaneda, fue un descalabro con los mosquitos”, repasó sobre la epidemia.
En un edificio de Bolaños al 200, una vecina con visita pendiente no atendió. Metros más adelante, fue el turno de Ayelén Aguilera, de 31 años, que salió sorteada para el testeo en su grupo familiar. Respondió a una de las preguntas que, si contrae dengue, piensa que podría ser grave. Lo mismo sucedió a lo largo de las visitas en Núñez.
Ayelén Aguilera responde las preguntas luego de prestar su consentimiento informado para el testeo
Leo, pareja de Aguilera, estaba atento al resultado del test. “Es negativo”, comunicó la enfermera. “Por lo que pasó con el Covid-19, esto que están haciendo con dengue es muy útil”, opinó el hombre.
Para las 20, habían logrado completar cuatro de cinco domicilios para cerrar el día. “Es importante que la población contribuya con este estudio que sirve para orientar políticas públicas. Sin información, cómo se puede decidir qué hacer en esta o aquella comuna. No necesitamos entrar a los domicilios, es rápido y solo necesitamos que nos dediquen solamente unos minutos”, finalizó Albornoz.


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Es innecesaria la ampliación de la Corte Suprema
Raúl Aguirre Saravia
¿Este proyecto cuya idea comenzó a circular en los distintos medios, es una necesidad del Poder Judicial o un pedido de la política para lograr la designación de distintos candidatos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Lamentablemente la respuesta es la segunda alternativa.
El presidente Milei ganó las elecciones de noviembre de 2023 con un claro mandato de la sociedad civil para que elimine la inflación, el déficit fiscal y equilibre sus cuentas. Mantiene una imagen positiva en las encuestas por haber dictado medidas en dicha línea. Congeló su sueldo, el de sus ministros, frenó el ingreso de nuevos empleados al Estado, redujo la cantidad de ministerios, despidió a quienes no formaban parte de la planta permanente, e incluso en estos días vetó la ley que dispuso el aumento a jubilados, sin que existan mayores manifestaciones de repudio, como seguramente se hubieran producido con otros gobiernos.
Sin embargo, en este último tiempo dictó medidas que van en sentido contrario a ese mandato de eliminar el déficit fiscal y así, por ejemplo, trató de aumentar significativamente los fondos para los servicios de inteligencia sin necesidad de rendir cuentas, o incrementó las partidas de la Secretaría de Presidencia.
Hoy en esa misma línea, al no contar con acuerdo del Senado y estar trabados los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, se suma el posible proyecto de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 7 o 9 miembros, para que cada partido político o bloque legislativo pueda designar a sus candidatos. No se hizo un estudio pormenorizado de la conveniencia de aumentar la cantidad de magistrados, sino que solo se funda en la necesidad de negociar los nombramientos de los distintos integrantes.
Si el principal objetivo del Gobierno es el equilibrio fiscal, no existe razón alguna para incrementar el número de miembros de la Corte, designar más secretarios letrados, empleados que respondan a nuevas vocalías, etc.
La ciudadanía tiene una imagen negativa del Poder Judicial. Las últimas encuestas realizadas por importantes consultoras, ubican a la Justicia en uno de los peores lugares entre las instituciones y organizaciones públicas. Los sondeos efectuados mostraron que su cuestionamiento alcanza a 3 de cada 4 encuestados, señalando que los principales problemas son la demora en la tramitación de los juicios y la corrupción existente entre muchos de sus miembros. Se indicó que los aspectos a mejorar son la celeridad en la resolución de los conflictos y la idoneidad de los jueces para interpretar y aplicar el derecho en tiempos razonables, fundamentales para la recuperación de su imagen.
El Poder Judicial debe ajustar su funcionamiento, remuneraciones, exenciones impositivas, licencias y ferias judiciales al régimen laboral ordinario similar al resto de la sociedad. Hoy no se conciben privilegios exorbitantes cuando el servicio de justicia está en crisis y sus miembros gozan de todo tipo de prerrogativas, que no tienen el resto de los argentinos.
El Poder Judicial debe generar confianza para que la sociedad recurra a sus tribunales y que una vez dictada una sentencia, se acepte pacíficamente esa decisión sin generar dudas en la población acerca de la forma en que se cumple el servicio judicial. Esto es aplicable para todos los magistrados, pero sobre todo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su ampliación significaría una demora en la tramitación de los temas sometidos a su jurisdicción, sea por división de salas o por mayor circulación de los expedientes. No es lo mismo la circulación de un expediente por 5 vocalías que por 7 o 9.
Existe una oportunidad única para poder dotar de mayor legitimidad a nuestro Superior Tribunal, y, en consecuencia, a todo el Poder Judicial al existir 2 vacantes disponibles que deben ser cubiertas con profesionales de una ética y antecedentes intachables. Manuel Garcia Mansilla reúne esos requisitos y debería buscarse una mujer con experiencia judicial o en la profesión, que no genere resistencia entre la ciudadanía. También deben cubrirse en forma definitiva los cargos de Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y más de 140 cargos de jueces federales.
Es cuestión de dialogar y consensuar buscando la excelencia para cubrir las distintas vacantes, sin necesidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Acceso a la información pública: un decreto inconstitucional
Eduardo Bertoni
El Presidente restringió mediante el decreto 780/2024 el acceso a la información pública. ¿Debe sorprendernos que lo haya hecho? No, resulta hasta previsible. ¿Y es ese decreto inconstitucional? Sí. El decreto de Milei vino a terminar de reglamentar la ley de acceso a la información pública que se sancionó en 2016 y que entró en vigor en 2017. La crítica principal y generalizada, con la cual concuerdo, es que la reglamentación presidencial es contraria a la letra y al espíritu de la ley, por lo cual ese decreto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hace decir a la ley lo que la ley no establece.
Primero, la ley dice qué debe considerarse información pública, pero el decreto hace ese concepto más restrictivo. Segundo, la ley claramente establece las excepciones para acceder a la información, pero el decreto las amplía. Y tercero, la ley no pide los requisitos que el decreto pide para solicitar información. Todo eso es suficiente para afirmar que el decreto contradice la ley de acceso a la información y que esa contradicción hace más estrecho el ejercicio de un derecho humano. Volvamos, entonces, al punto de inicio. ¿Debe sorprendernos que el Presidente haya dictado este decreto? Sí y no.
Nos sorprende porque viniendo de alguien que es economista no puede desconocer que las leyes sobre acceso a la información y su implementación tienen efectos en el desarrollo económico de los países. Resumidamente: el libre flujo de información es un elemento esencial para el funcionamiento eficaz de los mercados; el acceso a la información pública tiene una incidencia positiva en la economía dentro del marco de los enfoques económicos desde el punto de vista de la gobernabilidad; finalmente las leyes sobre acceso a la información inciden en los resultados económicos debido a la forma, al menos indirecta, en que la existencia de esas leyes impacta en la percepción de las empresas que brindan evaluaciones sobre el riesgo país y la calificación soberana. Eso es así dado que estas entidades toman en cuenta las cuestiones vinculade das a la gobernabilidad y el acceso a la información cuando asignan una calificación a los países.
Hay abundante bibliografía en el campo de la economía sobre estas tres afirmaciones. Sin embargo, el decreto que hace restrictivo el acceso a la información no debería sorprendernos dado que tiene que ser visto como la continuación de afirmaciones provenientes del señor Presidente que son en contra de la libertad de expresión y, especialmente, de la libertad de prensa.
Para quienes prefieren gobernar sin escrutinio público, la prensa –y también una Justicia independiente– se interpone en su camino. Por eso, las acciones contra el ejercicio de la libertad de expresión empiezan de manera que apenas pueden percibirse; se ejecutan acciones o manifestaciones públicas que aparecen como tolerables frente al ejercicio de lo que se indica, por ejemplo, como “mal periodismo”.
Pero un día nos despertamos ya con decretos o leyes que estrangulan el acceso a la información, al poco tiempo aparecen otras regulaciones que provocarían el cierre medios y tiempo después desayunamos con la sanción de leyes mordaza y un largo etcétera. Esto ya lo hemos visto: el régimen chavista en Venezuela no empezó con el cierre de medios o detenciones de periodistas; empezó con acciones que se fueron incrementando paulatinamente.
No importa la ideología si el gobierno no quiere ser criticado y escrutado públicamente. Restringir el acceso a la información por decreto es la continuidad de lo que lamentablemente está ocurriendo en la Argentina a partir de las expresiones públicas, incluso insultos, del Presidente en contra de periodistas. Alzar la voz frente a estos atropellos a un derecho fundamental ojalá sirva para que el continuado que puede venir sea detenido ya mismo por los carriles institucionales que correspondan.ß
Director del Centro de Derechos Humanos en American University, exdirector de la Agencia de Acceso a la Información Pública y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la OEA

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