RECHAZO Y EL ANÁLISIS

Fuerte rechazo en Diputados a la idea del Presidente de exponer el patrimonio de los periodistas
Solo una integrante de la Comisión de Libertad de Expresión apoyó a Milei, que propuso declarar al personal de prensa como “personas expuestas políticamente”

Delfina Celichini
Referentes de la oposición que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se manifestaron en contra de la idea de Javier Milei de incluir a los periodistas entre las “personas expuestas políticamente” (PEP). El Poder Ejecutivo no envió la iniciativa al Congreso ni tampoco anticipó la propuesta a los legisladores oficialistas, que se mostraron a favor de estos cambios.
El Presidente esbozó la propuesta durante una entrevista en LN+. “Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”, desafió. “Hay casos de periodistas que se han sentado frente a empresarios, les tiraron una carpeta y si no les daban tanta plata, los exponían. Todas mentiras. Hicieron mucha plata”, añadió, sin dar precisiones.
“Es un amedrentamiento a la libertad de expresión. Esto ya pasó en otros países y hay resoluciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los periodistas de medios privados o independientes del Estado no tienen por qué ser personas políticamente expuestas. Toda persona que trabaja en una entidad privada no tiene que rendir cuentas de sus ingresos, salvo en lo que refiere a la evasión fiscal”, consideró la diputada radical Karina Banfi (Buenos Aires). “Es un delirio”, remató.
La libertaria Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, defendió la propuesta de Milei con el argumento de que se enmarca en el compromiso para “mejorar el debate público y la confianza en las instituciones que lo hacen posible”.
“Toda iniciativa que busque fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ámbito de la opinión pública es positiva y merece nuestra atención”, consideró la diputada salteña, a la vez que destacó que la propuesta “podría contribuir con la mejora de la calidad de la información y una mayor transparencia que permitirá elevar la confianza”.
La definición de PEP se encuentra en la ley 25.24 y establece que son las personas “a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, en otro país o en organismos internacionales”. Esta norma es complementada por una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) –35/2023– donde se precisan los cargos públicos alcanzados.
Como referente de Pro, la legisladora Silvana Giudici (CABA) matizó la idea del Presidente y citó un ejemplo para darle un marco de referencia. Recordó que los artículos 14, 32, y 43 de la Constitución “dan amplia protección a los periodistas”. “No pueden ser castigados por sus opiniones, la información que publiquen no admite censura previa y sus fuentes deben ser respetadas bajo absoluta confidencialidad. En ese sentido, el Gobierno no podría emitir ninguna norma que vulnere esos principios”, precisó.
“La norma de ética pública está planteada en particular para todo aquel ciudadano que tenga mayor exigencia por recibir fondos del Estado o por ejercer cargos de decisión que tendrían influencia sobre aspectos económicos sobre privados. Los periodistas no están alcanzados y no deberían recibir ninguna regulación en ese sentido”, sumó.
No obstante, la dirigente, cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que el Presidente “plantea una opinión” cuando afirma que los periodistas deberían ser personas políticamente expuestas. “Entiendo el punto del Presidente sobre el origen de los fondos y acceso a pauta oficial. Por ejemplo, un periodista durante 2021 recibió $150 millones de pauta del PAMI y la Anses, con eso se compró una radio y formó un multimedio de línea editorial oficialista. Esos casos tampoco deberían existir, porque la injerencia indebida a través de fondos públicos sobre la línea editorial afecta a la libertad de expresión y es una forma de censura indirecta”, analizó.
Desde un lugar más crítico, Christian Castillo (FIT-Buenos Aires) destacó que la propuesta presidencial no se anticipó en la comisión y que se ocupará de estudiarla. El legislador consideró que es una medida que “continúa con la política del Gobierno de dificultar y atacar la actividad periodística de todos lo que le hagan críticas”.
También se expresó la diputada entrerriana Carolina Gaillard (Unión por la Patria), quien calificó la idea de Milei como “una más de todas las amenazas y agresiones que viene ejerciendo el Presidente contra el periodismo desde que inició su mandato”. Destacó que “busca disciplinar al periodismo y cercenar el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental para poder tener una democracia plena”.
“Como no le alcanza con insultarlos, agredirlos e iniciarles causas judiciales, ahora también quiere amenazarlos con ponerles restricciones que son propias de los funcionarios públicos”, agregó Gaillard.
Límites a la información
Los legisladores también cuestionaron el decreto que ayer restringió el alcance del concepto de ‘información pública’ (ver aparte).
Una de las voces más críticas fue la de Banfi, que objetó la intromisión del Poder Ejecutivo en los asuntos de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que es un ente autónomo y autárquico. “¿Qué está haciendo la señora Beatriz de Anchorena –titular del organismo–, que hace un mes que tiene la resolución del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y no se expidió cuestionándole la intromisión en su autonomía? Barra no puede interpretar una ley de orden público que regula el derecho humano al acceso a la información pública”, sentenció la diputada radical. Y consultó de manera retórica: “¿Los supuestos golpes a Fabiola [Yañez] –exmujer de Alberto Fernández– son de interés público o privado?”.
En julio, Barra sostuvo que debían rechazarse los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Milei que viven en la quinta de Olivos (consultas que incluían, por ejemplo, cuánto habían costado los caniles construidos en la residencia oficial). Barra, en respuesta a una consulta de Karina Milei, dictaminó que eran preguntas “banales” y que debían ignorarse porque versaban sobre asuntos que hacían a la vida “privada” del Presidente.
En su artículo 3, el decreto de Milei señala: “No se entenderá como información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada [...] o por la ausencia de un interés público comprometido”.
Gaillard subrayó la “ambigüedad” que introduce el decreto al mencionar “la ausencia del interés público comprometido”, que puede ser utilizado para “denegar arbitrariamente solicitudes de información”. Y anticipó que la oposición trabajará para revertirlo.
En la misma línea se expresó el legislador Castillo. “Hay que ver las maneras de revocar la medida, porque es una fuente de información muy importante”, consideró.

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Prohibido preguntar: los secretos de Milei
Martín Rodríguez Yebra

Del dicho al hecho no siempre hay un gran trecho. Javier Milei detalló este fin de semana su visión negativa sobre el periodismo, profesión que considera “despreciada” por la sociedad y a la que le achaca un intrínseco espíritu extorsivo. Dijo que solo daría una conferencia de prensa si a quienes preguntan se los obligara a publicar una declaración jurada de bienes y sugirió que solo desde la irrupción de las redes sociales se han podido conocer las miserias de la “casta política”. Minutos después de la difusión de esas palabras, el Boletín Oficial publicó un decreto que prohíbe el acceso a la información estatal de todo aquello que la burocracia del Gobierno considere datos de índole “privada”.
¿Cómo no se le habrá ocurrido a Alberto Fernández? El germen de su desgracia política y personal hay que rastrearlo en la publicación, a consulta de periodistas, de las planillas de ingresos y egresos de la residencia de Olivos. Con la nueva lógica, un suceso como el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la pandemia o las inexplicables visitas nocturnas al entonces presidente encajarían en el acogedor agujero negro de la privacidad.
La decisión de Milei fue una reacción al fastidio que le ocasionaron preguntas remitidas por periodistas a la Secretaría General de la Presidencia acerca de sus perros y del gasto que podría ocasionar al fisco su cuidado, que incluyó obras en Olivos. De los hijos de Conan no se habla.
Ahora la excepción canina se convierte en norma: un verdadero reaseguro institucional para futuras consultas incómodas de mayor calado.
El decreto 780/24 retrata como ninguna otra medida anterior la paradoja de un presidente liberal que promueve el secreto y condena el disenso. Peor aún, que les impone más obligaciones a los privados que a los colaboradores del Poder Ejecutivo, mucho más influyentes y poderosos
La repulsión hacia la prensa corre en paralelo. Milei se empeña en acusar a los periodistas en general de ser parte de la “casta corrupta” que él prometió combatir desde sus días de candidato. En la entrevista con Luis Majul en LN+, proyectada este domingo, transmitió con crudeza sus sentimientos. Lo hizo, obviamente, con total libertad.
“Lo que me interesa mostrar de todo esto es que les quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas el desprecio que la gente tiene por ellos”, enfatizó. En su tesis, la libertad de prensa sobrevive hoy en las redes sociales. Lo justificó así: “Antes, como estaba censurado, como estaba el monopolio del micrófono, como estaba el control del archivo, entonces los políticos arreglaban y transaban con los periodistas, o el periodista los extorsionaba y hacían un arreglo, y las cosas no se veían”.
La lógica de las redes a la que adscribe el Presidente admite afirmar sin argumentar, insultar a gusto,
Javier Milei
acusar sin pruebas, estigmatizar, alentar el ciberacoso. Pero ¿se puede también borrar la historia?
Es abrumadora la lista de “cosas que se vieron” en los 40 años de democracia por acción de periodistas, pese a la afirmación de Milei. El Yomagate, las mencionadas fiestas de Olivos, Skanska, los cuadernos de las coimas, el caso Carrasco, Sueños Compartidos, la valija de Antonini, la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, Ciccone, el tráfico ilegal de armas de Menem, las coimas en el Senado, los seguros de Alberto Fernández y cientos de revelaciones que atragantaron al poder salieron a la luz por la constancia de profesionales que consiguieron la información, la corroboraron y afrontaron su publicación, a riesgo de sufrir demandas en la Justicia (incluso de tipo penal).
¿Cuántas verdades relevantes para la sociedad surgieron de la red de propaganda libertaria en Twitter (X)? El Presidente machaca una y otra vez con datos de la pauta que tal o cual periodista recibió en el pasado. Los tuiteros oficialistas los distribuyen con la misma obediencia marcial que los invita al silencio cuando se conoce información que el Gobierno quisiera ocultar.
Nadie de ese círculo paraoficial osó esbozar una explicación sobre la conducta de Milei en 2015 después de la investigación de Hugo Alconada Mon que informó sobre la moratoria en la que había entrado el economista libertario cuando la AFIP sospechó que había emitido facturas falsas por servicios al Banco Provincia. En aquellos años, Milei era asesor de la campaña presidencial del gobernador Daniel Scioli. Es decir, pugnaba por la continuidad del kirchnerismo. que suponer que el hombre que señala a “los que no la ven” no veía aquello que publicaba el propio Alconada Mon sobre los negocios oscuros de Cristóbal López, Amado Boudou y Lázaro Báez, entre otras figuras del poder de entonces.
Políticamente expuestos
Milei apeló a una chicana ante la consulta de si aceptaría ofrecer una conferencia de prensa a agenda abierta. “Hagamos esto: yo estoy dispuesto a dar conferencias de prensa, pero vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Si quieren mando una ley para que los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten a toda la sociedad”.
Es curioso que proponga exigirles a quienes quieran preguntarle una obligación que no tiene la figura que, a su juicio, es la más importante del Gobierno junto a su hermana Karina. Santiago Caputo tiene apenas un contrato de asesor y tiene licencia para manejar los servicios de inteligencia u ofrecer un sillón en la Corte sin que nadie pueda conocer su patrimonio ni exigirle responsabilidad jurídica por sus actos.
La pretensión de pedirles requisitos a los periodistas para dejarlos preguntar lo emparenta en cierto modo a su odiado Pedro Sánchez. Después de las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, el líder socialista español promovió una reforma que contempla, entre otros aspectos, la obligación de publicar el nombre de los accionistas de los medios de comunicación, que se detalle cómo se financian y se limite el acceso a la publicidad estatal en todos los niveles. Se desató un escándalo: los socios transatlánticos de los libertarios argentinos –y no solo ellos– denunciaron un intento de censurar a la prensa crítica.
Milei va más allá. No apunta únicamente a algunos dueños, sino a cualquier periodista que quiera dirigirle la palabra. Resulta descriptivo que alguien tan alérgico a los privilegios del Estado se resista a aceptar de buen agrado el sano deber de rendir cuentas que tiene aquel que administra fondos públicos en un sistema republicano y representativo. Mundo al revés: exposición y deberes para los privados; opacidad para lo público.
En casi nueve meses de gestión, Milei no ha dado una sola rueda de prensa abierta. Tampoco los otros dos integrantes del “triángulo de hierro”. Llegó incluso a modificar el formato de una reunión bilateral con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en Berlín para no tener que pasar por la rutina de preguntas y respuestas establecida en el protocolo de sus anfitriones.
Hasta ahora le gana a Cristina Kirchner –acaso la presidenta arHabrá gentina más reacia a atender a la prensa–. Ella llegó a dar una conferencia de prensa, en agosto de 2008, en plena crisis por la caída en el Senado de la resolución 125, de retenciones móviles. La vara está baja.
La pretensión de enviar un proyecto para regularlas no parece siquiera una idea en estudio. Cualquiera que haya leído la Constitución sabe que la libertad de prensa es un derecho fundamental y que se prohíbe al Congreso dictar leyes “que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. ¿Qué cosa si no una restricción sería fijar un requisito como el que planteó el Presidente para acceder a una simple conferencia de prensa? Es la misma razón por la cual desde hace 30 años se ha desistido de exigir una matriculación para ejercer el oficio, algo que este gobierno intentó reponer, sin éxito, meses atrás.
Esbirros y extorsionadores
Milei repartió acusaciones genéricas sobre “periodistas extorsionadores”. Si sabe sus nombres, como funcionario estatal que es, debería denunciarlos en la Justicia. Le haría muy bien a la profesión cualquier avance en castigar a aquellos que delinquen en nombre de la libertad de expresión.
Justificó también sus insultos habituales a periodistas: “Cuando yo los señalo lo hago con mentiras probadas y sin embargo se ponen a llorar: ‘Ay, libertad de prensa’”. Sin embargo, a la enorme mayoría de los 48 profesionales y medios a los que apuntó con nombre y apellido en lo que va de su mandato los ha acusado por brindar información que no quiere que se difunda, por disentir en sus ideas o por cuestionar sus formas antes que por la veracidad de sus afirmaciones. Aplica un reduccionismo confortable cuando los describe como “progres”, sin distinguir matices entre personas de una enorme diversidad ideológica que no practican el alineamiento acrítico con su gobierno.
Tal como hacía Cristina, tilda de “esbirros” a los columnistas de los medios, a quienes reduce a meros difusores de las órdenes de los propietarios. Lo hizo explícito al hablar respecto de la postura editorial sobre la nominación de Ariel Lijo a la Corte. Expuso sus acusaciones libremente en un medio de esa misma empresa. La entrevista no era en vivo y sus señalamientos, como corresponde, salieron sin edición.
Exige a todos “que se banquen” el insulto. No considera que su investidura –y el poder que viene adosado– requiera otro código de decoro que el que rige en la Babel de la crispación que regentea su amigo Elon Musk. Según él, allí está ahora la verdad. O al menos “su” verdad. Se sabe: la burbuja del algoritmo permite la fantasía de una realidad de diseño, a costa de volvernos títeres de nuestros propios gustos.
Ese mundo ideal será mejor con los secretos bien guardados y sin presencias molestas que insistan en la herejía de dudar.
Milei propone exigirles a los periodistas una obligación que no tiene Santiago Caputo, a su juicio la figura más relevante del Gobierno junto a su hermana Karina

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