LADRONES KK, E IMPACTO

Funcionarios kirchneristas saboteaban la red de agua para después venderla en camiones
Las irregularidades fueron detectadas en Caleta Olivia, una localidad con históricos problemas en el suministro

Mariela Arias
SANTA CRUZ.– Luego de encontrar irregularidades en diferentes puntos de Caleta Olivia, el gobierno provincial denunció que funcionarios de la empresa estatal vendían de forma privada agua potable que pertenecía a la red pública
Las sospechas se acrecentaron cuando este fin de semana detectaron posibles sabotajes en el servicio de la localidad petrolera, históricamente atravesada por la falta de agua potable.
“Si no hay agua para mis vecinos, mucho menos para los negocios; se terminó la joda”, aseguró el gobernador Claudio Vidal a través de un comunicado oficial en el que se dio a conocer lo que podría derivar en un escándalo político.
Las implicancias apuntan directamente a la gestión anterior, de Alicia Kirchner, cuando aparentemente se extendió la irregularidad en el servicio de la ciudad.
“Acá hubo negocios con el agua toda la vida, basta de tapar las cosas, la planta de osmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción”, aseguró Vidal.
El gobernador sostuvo que “pequeños grupos de la política se quedaron con el patrimonio de los santacruceños”, en referencia a los casos denunciados durante las últimas semanas.
Durante el fin de semana, Vidal recorrió sin previo aviso el lugar donde se carga el agua en Caleta Olivia y detectó tres escuelas con las válvulas de agua estranguladas, tras lo cual ordenó a los gerentes zonales que se presenten ante la Justicia para denunciar a los funcionarios.
El comunicado del gobierno provincial asegura que existen fundadas sospechas de acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad.
Esos supuestos sabotajes tendrían por objeto “robar” el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular.
Según pudo reconstruir a partir de quienes están investigando el caso, el sabotaje se daba en lo que se denomina “cargaderos de agua”, una suerte de caños con válvulas que permite abrir y cerrar para cargar los tanques de agua. “Los cerraban a propósito para desabastecer la ciudad y allí mismo cargar los camiones en los que vendían el agua en forma directa o a terceros, que a su vez vendían el agua”, detallaron.
Vidal ordenó a los gerentes zonales de la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado, SPSE, Pablo Gordillo Regada y Alejandro Mamaní que se presenten en la Justicia para denunciar a los funcionarios responsables.
Según informó el gobierno provincial, la operatoria tendría varios años de antigüedad, por lo cual el gobernador ordenó al jefe de policía de la ciudad que realice el control total y la custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, por encima de los funcionarios y trabajadores de la empresa.
Desde el gobierno aseguran que detectaron una “organización dedicada a robar agua potable, para venderla en forma privada, afectando a la población”.
También se ordenó un exhaustivo trabajo técnico, soluciones urgentes relacionadas con el suministro de agua, un estudio de las principales inversiones para mejorar el servicio y todo lo que hay que hacer respecto de reestructuraciones para coordinar que los trabajos se hagan correctamente.
Planta de osmosis
Durante al gobierno de Alicia Kirchner, en 2015 se inauguró la primera planta de osmosis inversa en Caleta Olivia, diseñada para desalinizar agua de mar.
Para eso usa el conocido proceso de osmosis inversa, para paliar la falta de agua en la localidad, con una producción de 3000 m3 de agua por día, requiriendo una captación de 300 m3 por hora de agua de mar.
“Hoy la planta está funcionando en un 30%. El primer problema, y el más grande, es que la toma de agua está construida en un lugar que no corresponde”, destacó Vidal, en tanto que aseguró que la planta funcionó bien solo 8 meses y parte de la tecnología que utiliza no se fabrica más.
La semana pasada, el gobernador Vidal anunció en Caleta Olivia la construcción de un acueducto desde Cañadón Quintar hasta Caleta Olivia.
Se prevé aumentar en unos 2500 metros cúbicos por día el caudal de agua para consumo de los vecinos.

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Hay casi 100.000 empleados privados menos
Son trabajadores registrados dados de baja desde diciembre último

Francisco JueguenLa construcción perdió más de 55.000 trabajadores desde fines de noviembre 
En el marco de un ajuste del gasto público y de la retracción de la actividad económica, entre el comienzo del gobierno de Javier Milei y el tercer mes de este año, hay casi 100.000 trabajadores registrados privados menos.
Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en ese período desaparecieron de los registros oficiales 94.900 empleados en el sector privado formal. Los trabajadores públicos, en tanto, son 21.700 menos. Buenos Aires es la provincia más golpeada.
En un contexto de fuerte ajuste del gasto y de retracción de la actividad económica –una situación que habría tocado fondo en marzo– entre que comenzó el gobierno de Javier Milei y el tercer mes de este año hay casi 100.000 trabajadores registrados privados menos.
Así lo estimaron los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que contó que en ese período desaparecieron de los registros 94.900 empleados en ese segmento.
Los números oficiales indicaron además que la mayoría de los que se cayeron del SIPA son trabajadores de la construcción (55.800), la actividad más impactada por el frenazo de la obra pública dispuesta por el Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo. Pero también se registraron bajas de a miles en la industria (12.500), en el comercio (5700), en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (10.100) y en el transporte, almacenamiento y comunicación (5000). A contramano, hubo mejoras en las plantillas laborales de los sectores del agro (4700), explotación de minas y canteras (1400) y de suministro de electricidad, gas y agua (unos 100). Se trata de segmentos impulsados por el modelo económico de Javier Milei.
Los propios registros que mastica la Secretaría de Trabajo indicaron que la provincia más afectada por la caída de trabajadores privados registrados fue Buenos Aires (-37.000). Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9700), Santa Fe (7600) y Córdoba (7100).
Los números oficiales que sirven de anticipo con relación al movimiento del SIPA adelantaron que la contracción del mercado laboral se mantuvo en abril. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el nivel de empleo privado registrado en empresas –de más de 10 personas ocupadas– del total de los aglomerados urbanos relevados presentó en abril una contracción del 0,4% frente a marzo. “Con esta variación, se verifican –en los principales aglomerados del país– cinco meses consecutivos de caída neta del empleo, y se acumula (de diciembre de 2023 a abril de 2024) una reducción del 1,9%”, indicaron en la Secretaría de Trabajo.
Fuentes del sector del seguro confirmaron esta tendencia negativa en abril. Allí observaron bajas en las cápitas de las aseguradoras de riesgo del trabajo (un símil del empleo registrado público y privado), que cayeron en el primer cuatrimestre, en promedio, un 1,9%.
Los sectores más golpeados –señalaron– son la construcción (-15%) y el transporte (-8%), y luego vienen el comercio y la industria, que ven caer mensualmente entre 2000 y 4000 trabajadores. La minería y el agro siguen creciendo, mientras los servicios financieros están estables. Los servicios sociales, donde están los trabajadores públicos, muestran bajas del 2%.
Los registros del SIPA ofrecen además una foto de la cantidad de empleados registrados por el Estado que dejaron de estarlo desde que Milei se hizo cargo del Ejecutivo. En ese sentido, desde que el gobierno es libertario hay 21.700 trabajadores públicos menos.
Vale aclarar que la merma del empleo privado registrado no comenzó con el actual gobierno. Ya con Alberto Fernández y Cristina Kirchner empezaron a verse ajustes en el mercado laboral por fuera de la gran pérdida que se manifestó en los ingresos de los ocupados.
“De acuerdo con el SIPA, con la reducción verificada en marzo, la fase contractiva del empleo formal se extiende ya durante siete meses (entre septiembre de 2023 y marzo de 2024). En ese período, alrededor de 127.000 personas se desvincularon de puestos de trabajo registrados en empresas privadas”, señaló el documento que ayer difundió el Gobierno.
El año pasado, el PBI cayó 1,6%, mientras que la inflación, que fue del 211,4% (la mayor en más de 30 años), generó además una retracción de 20,2% en los salarios del sector público, 14,7% en el privado y 31% en el privado no registrado.
Es importante remarcar que casi la mitad de los argentinos tienen un trabajo en negro o son independientes. Por eso, muchos de ellos –los no registrados– no están incluidos en el SIPA. La Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra del Indec estimaba a fin del año pasado que hay 23 millones de puestos de trabajo en la Argentina. Un poco más de la mitad (11,2 millones) tienen un sueldo en blanco. La otra mitad son asalariados no registrados (5,7 millones) y cuentapropistas (5,9 millones). El SIPA, que es un registro y no una encuesta, estimó que a fines de febrero pasado los trabajadores registrados (públicos, privados, autónomos, monotributistas) eran 13,3 millones.
Los expertos que siguen de cerca el mercado laboral señalan que la pérdida de esta cantidad de puestos de trabajo es significativa, aunque no dramática, y esperan que los incipientes rebotes en algunos motores económicos –ya se vieron en abril respecto de marzo en la industria y la construcción– frenarán una ola de despidos masivos. De hecho, en los diferentes sectores de la economía indican que se registraron en los primeros meses del nuevo gobierno planes de retiro, bajas en horas extras, eliminación de contratos temporales (empleo eventual) y fundamentalmente un freno casi completo de las incorporaciones. Los despidos sin causa por baja de actividad, si bien hubo en situaciones puntuales, no son tendencia, por lo menos, por ahora. Sí hubo casos puntuales, como los de FV, Changomás, Whirlpool y Fate.
A fines del año pasado, último dato del Indec, la desocupación era del 5,7%. Proyectados a todo el país, son unos 2,6 millones de personas. El próximo dato elaborado por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec se conocerá el 24 de junio. Será un nuevo termómetro para la situación del desempleo en los primeros tres meses del gobierno libertario.

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