Un comisario regulaba la venta de dólares con sus “arbolitos”
José Luis Segovia, jefe de la departamental Mar del Plata, quedó detenido en los últimos días por su rol en una asociación ilícita
Gustavo Carabajal
jefatura departamental de mar del Plata quedó bajo la mirada judicial
Para la Justicia, el jefe de todas las comisarías de Mar del Plata tenía un grupo de “arbolitos” que regulaban la compra y venta ilegal de dólares en la zona de la avenida Luro. Además, el comisario mayor de la policía bonaerense fue acusado de cobrar coimas a integrantes de una banda de asaltantes que, en cuatro robos cometidos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, se apoderó de US$1.500.000.
Hace 72 horas, el comisario mayor José Luis Segovia, jefe de la Departamental Mar del Plata de la fuerza de seguridad provincial fue detenido, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita que protegía a bandas de asaltantes y de vendedores de dólares.
Antes de ser designado como titular de la dependencia que comanda todas las comisarías marplatenses, Segovia se desempeñó desde 2019 hasta diciembre de 2021 como máximo responsable de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) de Mar del Plata.
“Había cosas que nosotros no teníamos que saber, que no teníamos que estar en esos lugares, y no recuerdo si me dijeron que esto era de la DDI o que era de Segovia, como que me estaba metiendo con el kiosco de ellos”, expresó un policía que declaró en la investigación judicial.
La detención de Segovia fue concretada por efectivos de la Prefectura desplegados en Mar del Plata, que llegaron al despacho del comisario mayor, en la Jefatura Departamental de esa ciudad.
La captura había sido solicitada por el fiscal general adjunto de Mar del Plata, Marcos Pagella, quien tuvo a su cargo la investigación que comenzó el 19 de diciembre de 2020, luego de un asalto contra un matrimonio de jubilados, al que le robaron US$450.000 en efectivo.
Además del comisario mayor Segovia, en el listado de detenidos durante los operativos realizados en las últimas horas figuran el policía bonaerense Gastón Moraña, el policía federal Nicolás Rivademar y el expolicía Javier Martín González.
La Justicia también ordenó la detención de un abogado, el único que hasta el momento no pudo ser hallado, aunque el magistrado de Garantías Daniel De Marco rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del letrado acusado.
“Yo sé que Javier González es su contacto con los dólares y Segovia, porque él es quien tiene la entrada a la gente de Luro. Segovia sube fotos al perfil de Facebook en una cena con él. La gente del director Segovia andaba siempre en inmediaciones de Luro y Catamarca”, explicó otro policía que declaró como testigo.
Durante la investigación encarada por el Ministerio Público de Mar del Plata, se habría establecido que, cuando Segovia asumió como jefe de la DDI de esa ciudad, expulsó a todos los vendedores de dólares de la zona de Luro y Catamarca y colocó a dos colaboradores para que se desempeñarán como intermediarios de la compra y venta de divisas: los acusados Christian Adalberto Holtkamp, un exintegrante de la policía bonaerense, y Jorge Javier Toletti.
Otro testigo, cuya declaración se incorporó como prueba en el expediente, afirmó que “con el ascenso de Segovia de la DDI a la Jefatura Departamental de Mar del Plata se subió la cuota a una suma descomunal”.
Protección a bandas
Actualmente, Segovia está detenido, acusado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público.
Según los artículos 266, 267 y 268 del Código Penal, Segovia y sus cómplices habrían cometido el delito de exacciones ilegales, como funcionarios públicos que exigieron el pago de coimas a los “arbolitos” para dejarlos comercializar dólares en el circuito irregular.
“Nos dijeron que no se podía trabajar más si no se arreglaba con la Policía Federal, la Departamental y con la Comisaría Primera. Se acordó que se pagaría una cuota semanal para estar cubierto tanto en el ámbito federal como en el ámbito de la provincia”, dijo uno de los acusados. Esta fecha coincide con la época en la que Segovia fue director de la DDI marplatense.
Rivademar, uno de los detenidos como presunto integrante de la asociación ilícita, se desempeña en la Delegación de la Policía Federal, en Mar del Plata y fue señalado como uno de los participantes de las reuniones en el bar situado en Luro y Catamarca, base de operaciones de los “arbolitos”.
La investigación realizada por el fiscal Pagella comenzó el 19 de diciembre de 2020, cuando dos delincuentes irrumpieron en un departamento del edificio Falucho y Aristóbulo del Valle, en la zona de Cabo Corrientes y, luego de maniatar y golpear al matrimonio de jubilados, dueño de la propiedad, le robaron US$450.000.
Al revisar las circunstancias del robo, el equipo de fiscales dirigido por Pagella, advirtió la gravedad del hecho por la violencia aplicada por los malvivientes que fueron grabados por una cámara de seguridad instalada en el edificio.
Pocos días después, un testigo vinculado a los policías de la DDI de Mar del Plata, aportó el nombre de un sospechoso. Pero, al analizar la imagen los investigadores judiciales, comprobaron que el acusado señalado por los uniformados, que habría sido identificado como Mauricio Di Norcia, formaba parte de una pista falsa instalada por los policías para proteger al verdadero responsable del robo que habría sido Carlos Alejandro Juárez.
“Brigada Cuota”
Después de entregar a Di Norcia, los sospechosos Holtkamp y Toletti, vestidos con chalecos con la inscripción DDI Policía de Investigaciones, fueron a buscar al acusado Juárez para reclamarle parte de botín.
Para obligarlo a que entregara el dinero, lo tuvieron cautivo en un hotel del centro marplatense. Así, los falsos policías, lograron que Juárez les entregara US$100.000 de los US$450.000 que le había robado a los jubilados.
No obstante, Juárez no se quedó quieto e intentó vengarse de los falsos uniformados. Llamó al número de emergencia 911 y denunció que dos policías de la “brigada” lo habían asaltado y aportó una serie de datos falsos.
Luego de revisar el teléfono de Juárez, se determinó que la información de que el matrimonio de jubilados tenía US$450.000 en su departamento había sido aportada por un joyero porteño que conocía los movimientos de dinero de las víctimas porque, a través de uno de los “arbolitos” que operaba en la zona de la avenida Luro realizó varias transacciones de divisas que le llevaron al domicilio.
Con la misma metodología se registraron otros tres asaltos. En todos los casos, los ladrones aparecerían como supuestos empleados de un grupo de policías. Uno de esos robos habría sido perpetrado por el sospechoso Di Norcia.
Cuando uno de los sospechosos fue detenido, arrojó su celular al agua para evitar que los investigadores judiciales accedieran a sus contactos y a los detalles de las transacciones de dólares que realizaba. En su agenda figuraban dos números de teléfonos agendados con los nombres “Brigada Cuota” y “Javier DDI”.
“Tenía contactos con la policía y no quería tener problemas”, expresó en su indagatoria el imputado. “Javier DDI”, según fuentes de la investigación sería el Javier Martín González uno de los colaboradores de Segovia en la Dirección de Investigaciones de la fuerza de seguridad bonaerense, en Mar del Plata.
El acusado admitió que “Javier DDI” era un policía que, supuestamente, “hacía junta para Segovia” y que el otro celular correspondería al imputado Moraña. En el celular del mismo sospechoso, los responsables de la pesquisa hallaron agendado como “Nico Federal”, que correspondería al acusado Nicolás Rivademar.
La defensa de Segovia cuestionó las pruebas que fundaron la orden de detención contra el jefe policial y sostuvo que los elementos de cargo para sostener la imputación fueron declaraciones de delincuentes o de efectivos que estuvieron molestos por una serie de traslados ordenados por Segovia.
Según el letrado que lleva adelante la defensa del comisario, no habría elementos suficientes como para que Segovia siga detenido, debido a que no habría tenido participación directa sobre hechos investigados en esta causa, sino que apenas habría sido “mencionado y vinculado” en el marco de testimoniales relacionados con otras causas que comprometen a algunos de los ahora detenidos.
Mientras tanto, Segovia y el resto de los acusados seguirán presos hasta que el juez de Garantías, Daniel De Marco, defina su situación procesal.
Antes de ser designado como titular de la dependencia que comanda las operaciones de todas las comisarías marplatenses, el comisario Segovia se había desempeñado entre 2019 y 2021 como máximo responsable de la Dirección Departamental de Investigación de la ciudad balnearia
La pesquisa del fiscal Marcos Pagella comenzó en diciembre de 2020, tras el robo de US$450.000 a una pareja de jubilados
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Hay cada vez más robos y homicidios en la provincia
La estadística oficial de 2023 muestra que crecieron 23% y 14%, respectivamente
Para la Justicia, el jefe de todas las comisarías de Mar del Plata tenía un grupo de “arbolitos” que regulaban la compra y venta ilegal de dólares en la zona de la avenida Luro. Además, el comisario mayor de la policía bonaerense fue acusado de cobrar coimas a integrantes de una banda de asaltantes que, en cuatro robos cometidos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, se apoderó de US$1.500.000.
Hace 72 horas, el comisario mayor José Luis Segovia, jefe de la Departamental Mar del Plata de la fuerza de seguridad provincial fue detenido, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita que protegía a bandas de asaltantes y de vendedores de dólares.
Antes de ser designado como titular de la dependencia que comanda todas las comisarías marplatenses, Segovia se desempeñó desde 2019 hasta diciembre de 2021 como máximo responsable de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) de Mar del Plata.
“Había cosas que nosotros no teníamos que saber, que no teníamos que estar en esos lugares, y no recuerdo si me dijeron que esto era de la DDI o que era de Segovia, como que me estaba metiendo con el kiosco de ellos”, expresó un policía que declaró en la investigación judicial.
La detención de Segovia fue concretada por efectivos de la Prefectura desplegados en Mar del Plata, que llegaron al despacho del comisario mayor, en la Jefatura Departamental de esa ciudad.
La captura había sido solicitada por el fiscal general adjunto de Mar del Plata, Marcos Pagella, quien tuvo a su cargo la investigación que comenzó el 19 de diciembre de 2020, luego de un asalto contra un matrimonio de jubilados, al que le robaron US$450.000 en efectivo.
Además del comisario mayor Segovia, en el listado de detenidos durante los operativos realizados en las últimas horas figuran el policía bonaerense Gastón Moraña, el policía federal Nicolás Rivademar y el expolicía Javier Martín González.
La Justicia también ordenó la detención de un abogado, el único que hasta el momento no pudo ser hallado, aunque el magistrado de Garantías Daniel De Marco rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del letrado acusado.
“Yo sé que Javier González es su contacto con los dólares y Segovia, porque él es quien tiene la entrada a la gente de Luro. Segovia sube fotos al perfil de Facebook en una cena con él. La gente del director Segovia andaba siempre en inmediaciones de Luro y Catamarca”, explicó otro policía que declaró como testigo.
Durante la investigación encarada por el Ministerio Público de Mar del Plata, se habría establecido que, cuando Segovia asumió como jefe de la DDI de esa ciudad, expulsó a todos los vendedores de dólares de la zona de Luro y Catamarca y colocó a dos colaboradores para que se desempeñarán como intermediarios de la compra y venta de divisas: los acusados Christian Adalberto Holtkamp, un exintegrante de la policía bonaerense, y Jorge Javier Toletti.
Otro testigo, cuya declaración se incorporó como prueba en el expediente, afirmó que “con el ascenso de Segovia de la DDI a la Jefatura Departamental de Mar del Plata se subió la cuota a una suma descomunal”.
Protección a bandas
Actualmente, Segovia está detenido, acusado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público.
Según los artículos 266, 267 y 268 del Código Penal, Segovia y sus cómplices habrían cometido el delito de exacciones ilegales, como funcionarios públicos que exigieron el pago de coimas a los “arbolitos” para dejarlos comercializar dólares en el circuito irregular.
“Nos dijeron que no se podía trabajar más si no se arreglaba con la Policía Federal, la Departamental y con la Comisaría Primera. Se acordó que se pagaría una cuota semanal para estar cubierto tanto en el ámbito federal como en el ámbito de la provincia”, dijo uno de los acusados. Esta fecha coincide con la época en la que Segovia fue director de la DDI marplatense.
Rivademar, uno de los detenidos como presunto integrante de la asociación ilícita, se desempeña en la Delegación de la Policía Federal, en Mar del Plata y fue señalado como uno de los participantes de las reuniones en el bar situado en Luro y Catamarca, base de operaciones de los “arbolitos”.
La investigación realizada por el fiscal Pagella comenzó el 19 de diciembre de 2020, cuando dos delincuentes irrumpieron en un departamento del edificio Falucho y Aristóbulo del Valle, en la zona de Cabo Corrientes y, luego de maniatar y golpear al matrimonio de jubilados, dueño de la propiedad, le robaron US$450.000.
Al revisar las circunstancias del robo, el equipo de fiscales dirigido por Pagella, advirtió la gravedad del hecho por la violencia aplicada por los malvivientes que fueron grabados por una cámara de seguridad instalada en el edificio.
Pocos días después, un testigo vinculado a los policías de la DDI de Mar del Plata, aportó el nombre de un sospechoso. Pero, al analizar la imagen los investigadores judiciales, comprobaron que el acusado señalado por los uniformados, que habría sido identificado como Mauricio Di Norcia, formaba parte de una pista falsa instalada por los policías para proteger al verdadero responsable del robo que habría sido Carlos Alejandro Juárez.
“Brigada Cuota”
Después de entregar a Di Norcia, los sospechosos Holtkamp y Toletti, vestidos con chalecos con la inscripción DDI Policía de Investigaciones, fueron a buscar al acusado Juárez para reclamarle parte de botín.
Para obligarlo a que entregara el dinero, lo tuvieron cautivo en un hotel del centro marplatense. Así, los falsos policías, lograron que Juárez les entregara US$100.000 de los US$450.000 que le había robado a los jubilados.
No obstante, Juárez no se quedó quieto e intentó vengarse de los falsos uniformados. Llamó al número de emergencia 911 y denunció que dos policías de la “brigada” lo habían asaltado y aportó una serie de datos falsos.
Luego de revisar el teléfono de Juárez, se determinó que la información de que el matrimonio de jubilados tenía US$450.000 en su departamento había sido aportada por un joyero porteño que conocía los movimientos de dinero de las víctimas porque, a través de uno de los “arbolitos” que operaba en la zona de la avenida Luro realizó varias transacciones de divisas que le llevaron al domicilio.
Con la misma metodología se registraron otros tres asaltos. En todos los casos, los ladrones aparecerían como supuestos empleados de un grupo de policías. Uno de esos robos habría sido perpetrado por el sospechoso Di Norcia.
Cuando uno de los sospechosos fue detenido, arrojó su celular al agua para evitar que los investigadores judiciales accedieran a sus contactos y a los detalles de las transacciones de dólares que realizaba. En su agenda figuraban dos números de teléfonos agendados con los nombres “Brigada Cuota” y “Javier DDI”.
“Tenía contactos con la policía y no quería tener problemas”, expresó en su indagatoria el imputado. “Javier DDI”, según fuentes de la investigación sería el Javier Martín González uno de los colaboradores de Segovia en la Dirección de Investigaciones de la fuerza de seguridad bonaerense, en Mar del Plata.
El acusado admitió que “Javier DDI” era un policía que, supuestamente, “hacía junta para Segovia” y que el otro celular correspondería al imputado Moraña. En el celular del mismo sospechoso, los responsables de la pesquisa hallaron agendado como “Nico Federal”, que correspondería al acusado Nicolás Rivademar.
La defensa de Segovia cuestionó las pruebas que fundaron la orden de detención contra el jefe policial y sostuvo que los elementos de cargo para sostener la imputación fueron declaraciones de delincuentes o de efectivos que estuvieron molestos por una serie de traslados ordenados por Segovia.
Según el letrado que lleva adelante la defensa del comisario, no habría elementos suficientes como para que Segovia siga detenido, debido a que no habría tenido participación directa sobre hechos investigados en esta causa, sino que apenas habría sido “mencionado y vinculado” en el marco de testimoniales relacionados con otras causas que comprometen a algunos de los ahora detenidos.
Mientras tanto, Segovia y el resto de los acusados seguirán presos hasta que el juez de Garantías, Daniel De Marco, defina su situación procesal.
Antes de ser designado como titular de la dependencia que comanda las operaciones de todas las comisarías marplatenses, el comisario Segovia se había desempeñado entre 2019 y 2021 como máximo responsable de la Dirección Departamental de Investigación de la ciudad balnearia
La pesquisa del fiscal Marcos Pagella comenzó en diciembre de 2020, tras el robo de US$450.000 a una pareja de jubilados
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Hay cada vez más robos y homicidios en la provincia
La estadística oficial de 2023 muestra que crecieron 23% y 14%, respectivamente
Daniel Gallo
El delito golpea fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y los datos oficiales marcan que no se trata de una sensación generada por la difusión de casos impactantes, sino de una realidad que padecen día tras día los vecinos.
Cada 24 horas, 868 personas fueron víctimas de ladrones en el mayor distrito del país. Por otro lado, se abrieron 737 investigaciones por asesinatos. La estadística, elaborada por el Ministerio Público bonaerense, muestra un aumento interanual en los casos de homicidios (14%), robos con armas de fuego (23%) y hurtos de vehículos en la vía pública (23%), entre otros delitos que crecieron el año pasado con relación a los datos de 2022.
Los viralizados videos sobre asaltos en el conurbano llaman siempre la atención de una sociedad que queda impactada por la violencia de esos hechos. Cada día aparecen una o dos de esas grabaciones registradas por los sistemas de videovigilancia públicos y privados. A veces se difunden hasta tres de esos eventos cada día. Pero se trata solo de una porción ínfima de lo que ocurre en las calles. Así lo exponen las estadísticas del Ministerio Público bonaerense, que determinan que cada 24 horas 112 vecinos son apuntados por un arma de fuego durante un robo. El informe oficial sobre 2023 demuestra, además, un fuerte crecimiento en las modalidades más graves de delitos. En comparación con 2022, el año pasado subieron los homicidios, los robos y los hurtos.
Los datos relevados por la Procuración General bonaerense en todos los departamentos judiciales de la provincia marcaron una dura realidad. Un riesgo latente en cada barrio. Y se trata de cifras avaladas por las denuncias que originaron investigaciones en las fiscalías. No todas las víctimas inician ese trámite, especialmente si el bien robado no tiene alto valor económico o no es necesaria la radicación de la denuncia.
Entonces, esos 40.796 episodios notificados durante 2023 por robos agravados por el uso de armas de fuego tampoco es el total de los hechos similares ocurridos en Buenos Aires. Es un piso, por cierto alto, ya que significa un aumento de 16,8 por ciento con relación al período evaluado doce meses antes.
Si se toma en cuenta la cantidad total de robos denunciados -que fueron calificados de manera diferente, de acuerdo con las circunstancias del hecho- la cifra trepa a 181.466. Eso equivale a consignar que cada hora hay, al menos, 20 vecinos que son víctimas de delitos muy violentos.
En esa cifra no se incluye a los damnificados por el hurto de vehículos en la vía pública, ya que para la Justicia no se trata de un robo si no hay un hecho de violencia durante la ilegal apropiación del bien. En ese aspecto, se identificaron 32.754 casos, 23 por ciento más que en 2022.
Se trata de uno de los delitos en los que se tiene información más precisa, ya que la denuncia es obligatoria para el reclamo a las compañías de seguro, empresas que durante el año pasado recibieron cada hora 90 llamados por sustracciones de vehículos.
Tampoco se integra a los datos de robos los delitos calificados como hurtos, en general arrebatos, en la mayoría de los caso, de celulares, que tuvieron un fuerte incremento en el lapso de doce meses. Fueron 102.657 episodios denunciados en Buenos Aires, por lo que se puede mencionar que, tomándose en cuenta todas las variantes usadas en delitos contra la propiedad, cada 24 horas 868 vecinos bonaerenses denuncian que fueron víctimas del delito.
Los homicidios, en tanto, también aumentaron el año pasado en relación con 2022. Se informaron oficialmente la apertura de 737 expedientes por asesinatos, mientras que la estadística anterior había fijado la cantidad en 645. Es un 14 por ciento de crecimiento interanual, en un delito cuyo seguimiento estadístico es complejo.
El Ministerio Público Fiscal lleva un registro anual de todos los delitos en ese territorio. Sin embargo, el flujo que información que abastece esa estadística tiene sus particularidades. Es que se toma como dato solo la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la primera carátula que asigna un fiscal al expediente. Si el caso arranca como la averiguación de paradero, así se mantendrá en la estadística por más que luego se modifique la pesquisa hacia un homicidio. Pasa lo mismo si la causa empieza como lesiones graves y la víctima fallece en un hospital. En 2015 se revisaron las IPP consignadas en la estadística criminal de 2013 y se verificó un aumento del 30 por ciento de los homicidios al seguir el trámite de cada expediente.
Por esos cambios desde la carátula original hay una baja cifra de homicidios en ocasión de robo, 33 informados en 2023, doce casos más que un año antes, aunque también figuran 43 homicidios criminis causa (cuando el victimario mata para ocultar otro delito o facilitar la concreción del mismo o la fuga) que bien podrían integrarse en ese tópico. Los datos oficiales tienen esas variantes.
La tasa de homicidios bonaerense, a partir de esos 737 asesinatos confirmados, quedaría en 4,19 cada 100.000 habitantes. Podría haber alguna mínima oscilación, ya que la cantidad hace referencia a las IPP iniciadas sobre un asesinato, pero no refleja el número de víctimas de cada caso. De todas maneras, no hay muchos asesinatos masivos, por lo que esa cifra deja a Buenos Aires bastante alejada de los 22 casos cada 100.000 habitantes que impacta en Rosario y bastante cerca de la tasa porteña, que con 2,86 para muertes registradas en 2022, es la más baja de América latina y la segunda en todo el continente, solo detrás de Ottawa, Canadá. Los números bonaerense para robos con armas de fuego y los asesinatos concretados parecen no tener, por suerte, relación entre sí. Poco menos del dos por ciento de esos violentos asaltos derivaría en muertes, según esos datos.
Y, vale la aclaración, esa cifra de 737 investigaciones por asesinato deja fuera a 1299 homicidios culposos, es decir, muertes causadas por situaciones que las fiscalías consideraron accidentales.
Por otra parte, quedaron dentro de la estadística oficial 1076 episodios en los que hubo al menos una víctima de intento de homicidio. Y otros 2262 casos tuvieron heridos en Buenos Aires por el abuso de armas de fuego.
Si se pone el foco en el conurbano, las estadísticas indican que la zona sur mostró durante 2023 los mayores niveles de peligrosidad. Es que el incremento más grande de homicidios se visualizó en el Departamento Judicial Lomas de Zamora, que abarca a ese distrito y a los municipios de Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. En las fiscalías radicadas allí se abrieron el año pasado 108 investigaciones preliminares por asesinatos y otras 164 por intentos de homicidio, expedientes que representan un aumento del 40 por ciento con relación a 2022.
En cambio, los 124 homicidios notificados en La Matanza significaron un incremento de poco más de 10 por ciento con relación a los casos mortales investigados doce meses antes. En los restantes departamentos del Poder Judicial bonaerense se notificaron también aumentos de asesinatos, pero en un nivel porcentual menor que lo observados en los otros dos distritos judiciales.
Más allá de lo sucedido con robos y homicidios, con 61 ataques sexuales denunciados cada día, sigue alto el volumen de esas agresiones, que en todas sus posibles calificaciones judiciales mantuvo un llamativo nivel estadístico, con 22.359 casos en 2023 y 22.399 en 2022.
Los datos consignados tienen que ver con la información recopilada por el Ministerio Público bonaerense en las fiscalías de mayores. A los casos de homicidio deberían sumarse 85 muertes a manos de menores, que también serían responsables de otros 114 intentos de homicidio.
En ese aspecto, el informe oficial no establece cuántos de esos casos de homicidios tratados en juzgados de responsabilidad penal juvenil tuvieron entre los señalados autores a chicos de menos de 16 años, la edad límite para imputar un delito.
En la estadística se indica, además, que creció 36 por ciento la participación de menores en el hurto de vehículos.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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