CASTA Y EDITORIAL

El Pacto de Mayo, ¿un acuerdo sin acuerdistas?
“CASTA”. Por sus rasgos como candidato “extrasistémico”, sorprendió la convocatoria de Milei en su discurso de apertura de sesiones del Congreso; al menos media docena de gobernadores avisaron que no participarán

Sergio Berensztein

Sorprendió Javier Milei el 1º de marzo durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación cuando convocó al Pacto de Mayo: ni en su campaña presidencial ni en su corto paso por la Cámara de Diputados ni mucho menos en su pasado como panelista de televisión y conferencista en temas económicos había hecho mención alguna a algo que su denostada “casta” declamó infinidad de veces, aunque nunca quiso, supo o pudo concretar. Resultaba contraintuitivo que un candidato extrasistémico, carente de estructura y con una clara postura hipercrítica de las culturas político-partidarias que, desgastadas, seguían prevaleciendo en las dos grandes coaliciones que dominaron la escena nacional hasta el año pasado, propusiera como objetivo de su administración alcanzar un acuerdo sobre políticas de Estado. De este modo, casi materializando lo que María Elena Walsh inmortalizó en el poema “La cigarra” (“Tantas veces me mataron. / Tantas veces me morí. / Sin embargo estoy aquí, / resucitando”), la oportunidad de consensuar una agenda común, en este caso sesgada hacia cuestiones económicas, reapareció en el horizonte de corto plazo de un sistema político que está lejos de rearticularse luego de sufrir un golpe de características terminales, precisamente con la irrupción de Milei en el centro de la escena.
La perplejidad por la convocatoria no fue suficiente para sacar a la vieja política de su inercial letargo. La fragmentación de las identidades electoralmente competitivas es habitual en la izquierda y más reciente en un peronismo que no termina de romper con la influencia K, a pesar de los reiterados fracasos en las urnas y en la gestión. Pero resulta novedosa en JxC, que había logrado sobrevivir a pesar de la derrota de 2019, pero que carece de sentido en la práctica aunque funcione como referencia del pasado. Todo esto allana el camino al oficialismo libertario para que, a pesar de sus desbarajustes y errores no forzados, mantenga la iniciativa política e implemente un ajuste de una severidad sin precedentes. A pesar y como consecuencia de eso, el Presidente y la mayoría de su equipo sostienen una razonable cuota de respaldo ciudadano: según un estudio reciente de D’AlessioIROL/Berensztein, el 80% de quienes votaron por Milei en segunda vuelta apoyan con convicción su gestión. Que el formidable esfuerzo demandado en esta primera etapa logre resultados beneficiosos para lo que queda del año y el país salga por fin de su prolongada decadencia es una expectativa de la que, con un discurso exagerado, si no directamente fantasioso, el oficialismo se sigue alimentando ante la ausencia de propuestas alternativas de referentes opositores, que si bien reaccionan y critican parte o toda la agenda de reformas de LLA, no tienen un programa lógico, coherente ni comunicable para seducir a los muchos ciudadanos en desacuerdo con el rumbo actual.
Las referencias a que “la Argentina volverá a ser potencia” que a menudo repiten referentes libertarios causan estupor y nos retrotraen a la etapa más intervencionista y autoritaria del peronismo. El senador por Formosa Francisco Paoltroni suele finalizar sus frecuentes apariciones radiales con esa frase. Los mercados ignoran semejantes espejismos y se concentran en la frágil dinámica del equilibrio fiscal. Más allá de la polémica respecto de cuánta motosierra y cuánta licuadora se viene necesitando para alcanzar los asombrosos resultados en materia de superávit financiero, llama la atención que el Gobierno esté pensando en postergar los ajustes tarifarios para dar un respiro a la clase media y evitar un factor que echaría leña al fuego de la inflación. Por otra parte, el Presidente afirmó el miércoles durante el almuerzo del Cicyp que sería posible salir “pronto” (sin mayores precisiones) del cepo cambiario, que ayuda a licuar el déficit cuasi fiscal con la política de tasas negativas del Banco Central. Algunos economistas sugieren que en realidad es un gran instrumento de recaudación fiscal, como consecuencia del creciente peso del impuesto PAIS en la recaudación. “Podrían levantar el cepo y mantener ese impuesto”, asegura un conocido especialista, aunque admite que también aumentaría el costo político de sostenerlo. Más trabajo para Lógica (lógica.com.ar), la ONG que promueve una reducción de la carga tributaria y mayor transparencia en la información que se brinda al consumidor y al contribuyente.
En su planteo original, el Pacto de Mayo fue presentado casi como una concesión, una contraprestación, algo supeditado a la aprobación de la versión nueva y abreviada de la Ley Bases. “Las reformas, mucho más profundas que las de Menem, las voy a hacer igual, pero si me dan la ley que necesito, los convoco al Pacto, nos sacamos la foto y todos contentos”, fue el mensaje que emanó de la Casa Rosada. Resulta prudente señalar que, de concretarse el anhelado acuerdo, algo sobre lo que dudan cerca y lejos del Presidente, el Gobierno podría mostrar que un relativamente amplio segmento del liderazgo nacional respalda sus políticas, lo que implica que está dispuesto a, con perdón de la palabra, socializar los ingentes costos de este ajuste en el conjunto de la sociedad. Tal vez por eso los organizadores estén pensando en otorgar una medalla a los que lo rubriquen. Se merecerían sin duda también un aplauso y un beso. Algunos especulan con que el 25 de Mayo no habrá acuerdo alguno y que Milei dará un discurso dirigido a la ciudadanía. ¿Un pacto consigo mismo? “Responsabilizaría a la casta por haber boicoteado el acuerdo”, aclaran en su entorno.
Esto explica por qué al menos media docena de gobernadores avisaron que no van a participar. En general, se trata de casos esperables, como los de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Otros son más disruptivos. No se esperaba que Claudio Vidal (Santa Cruz) fuera renuente a ser de la partida. Enfrentado al kirchnerismo local y apoyado por el larretismo y un sector radical de la provincia para ganar las elecciones, había mostrado buena sintonía con el gobierno nacional y hasta con el embajador de los Estados Unidos. Es cierto que el feroz recorte en el envío de fondos discrecionales a las provincias afecta en particular a su provincia, que había gozado de un tratamiento especial a pesar de la fractura expuesta entre Alberto Fernández y CFK. Pero la situación de Tucumán y de alguna otra provincia norteña sugiere que con este gobierno más vale seducir y dialogar que, como típicamente hizo el sindicalismo desde Vandor en adelante, pegar y negociar (Vidal se proyectó a la arena política a partir de su papel como líder del sindicato de petroleros de su provincia). Existe un tercer grupo de gobernadores, encarnado en Nacho Torres (Chubut), que busca ampliar la agenda del Pacto a otros temas más allá de la economía, en especial la educación. ¿Gerardo Zamora? Otro mimado por el kirchnerismo, por ahora mantiene prudentemente abiertos los canales de negociación. A propósito de Kicillof, su decisión de proyectar su imagen a nivel nacional pensando en 2027, suavizando su narrativa y apalancado en los recursos de la provincia, despertó indignación en algunos intendentes, en especial del conurbano. “Con la nuestra, no”, se oyó decir a un caudillo de la tercera sección electoral.
El Presidente afirmó el miércoles que sería posible salir “pronto” del cepo cambiario, que ayuda a licuar el déficit cuasi fiscal con la política de tasas negativas del Banco Central

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Lijo o respetar las promesas electorales Piqueteros
El Presidente cometerá un grave error si decide sostener la candidatura a juez de la Corte de quien es impugnado por su ineficiencia, parcialidad y falta de ética
El presidente Javier Milei sorprendió cuando entre los postulantes para completar vacancias en la Corte Suprema incluyó al actual juez federal Ariel Lijo.
Esa postulación provocó una tan inmediata como enérgica y poco común reacción por parte de los colegios de abogados, la academia, prestigiosas ONG y destacados profesionales del derecho, con fundadas expresiones que apuntan a su falta de idoneidad para ocupar tan alto cargo.
Lo particularmente grave es que las críticas exceden la cuestión de la insuficiencia de sus antecedentes profesionales o académicos, bastante módicos si se los compara con los del otro candidato propuesto, Manuel GarcíaMansilla. La consternación creciente se relaciona con que, a lo largo de su trayectoria, Lijo se ha destacado por “dormir” o “descarrilar” causas penales durante diferentes gobiernos con el común denominador de garantizar impunidad a importantes funcionarios y personas estrechamente ligadas al poder.
En 2016, ante la manifiesta demora en el trámite de causas por corrupción, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras ONG pidieron al Consejo de la Magistratura realizar una auditoría al fuero penal federal. Los resultados fueron alarmantes, lo que dio lugar a un pedido de investigación contra algunos jueces, incluyendo a Lijo, quien ocupó el triste podio del peor desempeño en la gestión de los juzgados federales penales evaluados.
Uno de los casos más emblemáticos es el de YPF, que, desde hace 18 años, duerme el sueño de los justos, a pesar de la gravedad de los hechos y sus consecuencias para el país. Esta causa incluye varias denuncias, desde la primera por el vaciamiento de YPF por parte de Repsol, seguida por los negociados de Néstor Kirchner con el Grupo Petersen, que permitió a este tomar el control de la empresa en 2008 sin poner un centavo, financiando su compra con las ganancias de la compañía cuyas acciones adquiría, hasta llegar a las irregularidades asociadas a la expropiación del 51% de las acciones, de propiedad de Repsol. Esta escandalosa secuencia de desaguisados, con participación estelar de Axel Kicillof, le costó al país 5000 millones de dólares como pago transaccional a Repsol para desistir de su arbitraje internacional y dio pie a que los fondos Eton Park y Burford llevaran adelante en Nueva York un juicio que, en primera instancia, resultó condenatorio para la Argentina por un total de 16.000 millones de dólares.
Otro caso grave es el de encubrimiento en la causa AMIA. Lijo tuvo a su cargo la investigación por el pago de 400.000 dólares que, durante el gobierno de Carlos Menem, recibió Carlos Telleldín –acusado de haber facilitado la camioneta Trafic con los explosivos a los autores materiales del atentado terrorista–para falsear sus declaraciones que complicaron el avance de la investigación en sus etapas iniciales. Si bien Lijo elevó la causa a juicio oral contra algunos imputados, comprometió de tal manera el desarrollo del expediente que derivó en su apartamiento del caso por la Cámara Federal en duros términos.
Quizás uno de los casos más escandalosos que revelan a Lijo como proveedor y garante de impunidad es el de Siemens, en el que el juez jamás avanzó contra los funcionarios públicos involucrados, ni siquiera cuando en 2018 la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado (Procelac) identificó una red de sociedades offshore de los Corach y pidió el congelamiento de esos fondos por vincularlos temporalmente con las coimas de Siemens. La información se hizo visible con el blanqueo de 16 millones de dólares. De hecho, Lijo rechazó sumar esa trascendente información a la causa Siemens al considerar, sin mayor fundamento, que no tenía vinculación con el objeto de investigación, lo cual le mereció otra denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
Seguramente por haber sido mal informado, el presidente Milei justificó la nominación de Lijo como candidato a la Corte diciendo que había sido él quien “metió preso a Boudou”. Lo cierto es que la condena por corrupción contra el exvicepresidente en la causa Ciccone se debió a la querella llevada adelante por la UIF, presidida entre 2016 y 2019 por Mariano Federici, mientras que la sentencia condenatoria fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4. Si bien Lijo procesó a Boudou en 2014, se tomó nada más y nada menos que tres años en elevar la causa a juicio oral. Por si esto fuera poco, en una de las ramificaciones del caso que investigaba el pago de más de siete millones de pesos por parte de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, a The Old Fund, el sello de goma usado para la compra fraudulenta y extorsiva de Ciccone por el exvicepresidente, Lijo remitió el expediente precisamente a los tribunales formoseños, asegurando la frustración de la investigación en manos de una justicia provincial complaciente y adicta al gobernador.
Recientemente, con motivo del debate de la Ley Bases, surgieron informaciones sobre lobbies e influencias indebidas en el Congreso para impedir el establecimiento de un impuesto que igualara las condiciones de competencia entre las tabacaleras y eliminara la escandalosa situación de privilegio de la que goza desde hace años Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, conocido como “el señor tabaco”. Una vez más aparece Lijo facilitando la habilitación de causas penales impulsadas por aquel funesto personaje.
No deberían sorprender los resultados de investigaciones sobre su patrimonio ligado al enriquecimiento de su hermano Freddy, a los sospechados negocios conjuntos en un balneario en Necochea y a un haras de cría de caballos en Dolores. Ello dio lugar a la apertura de un expediente en el Consejo de la Magistratura, que en 2018, luego de un confuso e incompleto trámite, terminó archivando el caso. Los indicios sobre la existencia de maniobras que permitieran a Lijo eludir la destitución dieron lugar a una denuncia penal de la entonces diputada Elisa Carrió. Con tantos “favores” realizados y debidos dentro y fuera del Poder Judicial, tampoco sorprendió que la investigación no se hubiese completado y la causa se cerrase a instancias del defensor de Lijo, el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El Presidente cometerá un grave error si sostiene la candidatura de Lijo. De confirmar el Senado su designación se estará comprometiendo gravemente la salud institucional de la república. Sostener esta nominación afectará la credibilidad y autoridad moral del jefe del Estado, tendiendo un cono de sombra sobre su auténtica vocación por erradicar la corrupción.
El retorno de una fuerte corriente inversora depende en buena medida de la seguridad jurídica, que exige no solo reglas legales claras y estables, sino también previsibilidad en las decisiones que tenga que tomar la Justicia en general y la Corte en particular, como intérprete final de las leyes y de la Constitución nacional.
La legitimidad del Poder Judicial depende de la confianza de la gente en su integridad. Los jueces de la Corte deben tener una reputación y una ética intachables para inspirar confianza en la imparcialidad y equidad del proceso judicial, y fortalecer así la fe pública en el Estado de Derecho. Un Poder Judicial confiable es la piedra angular de la estabilidad y el desarrollo macroeconómico de largo plazo.
Los jueces deben ser independientes y libres de toda influencia que les impida defender el imperio de la ley. Una trayectoria como la de Lijo, con tan fundados cuestionamientos, ya lo condiciona. Sostener una nominación con tantas objeciones no deja dudas sobre su incapacidad para actuar con imparcialidad.
Los cuestionables antecedentes del candidato propuesto permiten calificarlo como la quintaesencia de quien, en el ámbito de la Justicia, representa a la denostada “casta” que el Presidente promete erradicar, y siembra razonable desconfianza sobre su compromiso de respetar y promover un Poder Judicial independiente.
“Cuando nos equivocamos, lo corregimos”, ha dicho el Presidente. El torbellino desatado por su cuestionado candidato pone a prueba su sentido común y su capacidad de liderazgo. Mucho de su capital político está en juego ante la mirada escrutadora de una sociedad que necesita más que nunca volver a confiar en la Justicia.
Los jueces de la Corte deben tener una reputación intachable para fortalecer la fe pública en el Estado de Derecho

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