EL ESCENARIO Y DESDE ADENTRO

Una acción repetida con demasiados objetivos
Claudio JacquelinHéctor Daer y Pablo Moyano
Como si buscara saciar el síndrome de abstinencia que acumuló en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la CGT volvió a escena con el segundo paro general antes de que el gobierno de Javier Milei cumpla un semestre. Un récord cuya efectividad depende menos de la dispar adhesión de ayer que de otros resultados aún inciertos.
La medida gremial de ayer no apuntó a un solo objetivo, sino a, por lo menos, cuatro públicos diferentes. Toda una demostración de la complejidad y la adversidad del escenario que enfrenta esta dirigencia, que en todas las encuestas se encuentra en el piso de los rankings de confiabilidad, popularidad y aceptación.
El contradestinatario obvio del paro general fue el Gobierno; el segundo fue el Senado (en particular, la heterogénea bancada de senadores del peronismo); el tercero, la dirigencia peronista en general, y el último, la base gremial.
El mensaje de los dirigentes sindicales al Gobierno estuvo centrado en manifestarles su rechazo a algunas de sus políticas que impactan negativamente sobre los trabajadores y, también, en reposicionarse con una demostración de fuerza, después de haber negociado y cedido algunas posiciones, principalmente, en la reforma laboral oficialista, que integra el proyecto de la Ley Bases.
En ese plano no parece que la huelga, potenciada por la adhesión de los gremios del transporte, vaya a modificar los propósitos centrales de Javier Milei.
Una mayoría de especialistas en opinión pública considera que la protesta no alteró ni alterará en lo inmediato los ratios de apoyo y rechazo que hoy siguen arrojando un resultado neto ampliamente favorable para el Gobierno, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la recesión, que pone en riesgo ingresos y fuentes de trabajo. En ese humor social sostiene Milei su rumbo.
“Me parece que esto le sigue sirviendo al Gobierno. La pregunta de los no privilegiados (o los afectados por ‘la casta’) sigue siendo quién los perjudica y, por lo que vemos, la mayoría de ellos piensan que los perjudican los sindicalistas y la dirigencia tradicional. Yo creo que a Milei lo habría afectado más si los gremialistas hubieran dicho que habían arreglado y que por eso no paraban”, sostiene Pablo Knopoff, director de la consultora Isonomía.
Más neutro parece ser el efecto del paro en la perspectiva del director de Aresco, Federico Aurelio: “No creo que modifique el estado del acompañamiento que hoy tiene Milei. Los sindicalistas están muy mal evaluados, inclusive peor que los dirigentes políticos, aunque eso no es novedoso. En un contexto donde casi más del 80% de la gente perdió poder adquisitivo, todo lo que sea reclamo salarial puede tener algún nivel de adhesión, lo cual no significa que todos quieran hacer un paro. La huelga general, como método de protesta, tiene en nuestras mediciones un nivel de acuerdo minoritario, pero no mucho más abajo del 40%. Los que apoyan el paro son mayoritariamente los que el año pasado no votaron a Milei y son casi los mismos que no están acompañándolo hoy”, concluye el consultor.
Al margen de la extensión de la medida en un amplio abanico de sectores de la economía, el carácter compulsivo que le impuso la ausencia casi absoluta de transporte público juega a favor de la construcción de una imagen de éxito.
Sin embargo, la apertura de muchos comercios atendidos no solo por sus dueños en el ámbito metropolitano y, también, en el interior del país, o el tránsito intenso en algunas avenidas y rutas relativizan el tamaño del éxito en cuanto adhesión que pregonan gremialistas y políticos opositores.
Además del apoyo en la ciudadanía que aún conservan Milei y su gestión, el poco tiempo transcurrido del mandato, la recesión con el consecuente temor a la pérdida del trabajo, sumados al fracaso de los gobiernos anteriores, la falta de alternativas hacia el futuro y el descrédito de la dirigencia opositora gremial y política parecen haber operado como reductores de daño para el Gobierno. Los testimonios en esa dirección recogidos entre la gente común durante toda la jornada de ayer por los cronistas callejeros avalaron esa percepción.
La singular paciencia para con los gobiernos peronistas, aun cuando terminen su mandato con una inflación de más del 200%, como acaba de ocurrir, frente a la combatividad mostrada con los gobiernos no peronistas, cristaliza, además, el posicionamiento de quienes rechazan medidas de fuerza que sienten como prematuras.
“No es una medida de fuerza sino una demostración de debilidad”, fue el axioma con el que la ministra de Seguridad (declarada enemiga de la dirigencia sindical desde hace más de dos décadas) se propuso minimizar la protesta. La hipérbole (a la que es tan aficionada Patricia Bullrich) encuentra visos de verosimilitud para muchos y oficia como insumo para la batalla narrativa del oficialismo.
Por eso, Bullrich asoma tan reiteradamente como una eficaz portavoz de las posiciones más duras del Gobierno y sigue fascinando a Milei, que volvió a las referencias bíblicas, al llamar despectivamente “faraones” a los dirigentes. También los descalificó como integrantes de “la mesa del fracaso”.
respuesta de la CGT estuvo en sintonía con esa dureza. “Éxito” y “paro con sustento social y político”, fueron las expresiones con las que el cosecretario general cegetista Héctor Daer procuró ensalzar la protesta.
Fiel a su estilo, a sus antecedentes y a su familia, Pablo Moyano amenazó con una “mayor conflictividad”. Como es habitual, el dirigente camionero hereditario suele ir más lejos de lo que sus pares están dispuestos a llegar. Hay muchos pasos previos todavía por dar y circunstancias por concretarse.
Por eso, el segundo blanco de los gremialistas fue el Senado y, en particular, el bloque de los legisladores peronistas, para que se mantengan unidos en oposición a los planes desregulatorios del oficialismo, así como en su rol de dique de contención de otros avances por venir.
La perspectiva cierta de que la iniciativa oficialista podría ser aprobada en general en la Cámara alta, pero sufrir modificaciones en particular, que obligarían a remitirla nuevamente a Diputados, abre un nuevo panorama sobre el que la dirigencia sindical pretende influir.
La postergación que sufrió ayer la discusión en comisiones fue celebrada por los sindicalistas. Demorar el tratamiento tiene un doble objetivo. Por un lado, para volver a acotar la ley o para licuar sus efectos. Por otro, para complicar la pompa y circunstancia de la firma del Pacto de Mayo, entre el Gobierno y los gobernadores. La sanción de la ley era, originalmente, una condición necesaria que se impuso el Presidente para llegar a la consagración de los nuevos diez mandamientos.
La posibilidad de que haya deserciones en la bancada peronista a la hora de votar en el Senado inquieta a los representantes sindicales y políticos opositores, que aún no logran reponerse de la contundente derrota que les propinó Milei hace medio año en el balotaje de la elección presidencial.
El rechazo a la medida de fuerza que expresó públicamente ayer el (muy dialoguista) gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil, refuerza las preocupaciones.
Mensaje al peronismo
El tercer destinatario del paro general fue la interna peronista de la que es parte la conducción cegetista y en la que desde hace años viene perdiendo espacios y resignando posicionamientos (salvo retóricamente), sin que la condescendencia ofrecida a los últimos dos gobiernos amigos haya mejorado (más bien todo lo contrario) la situación de sus representados, los trabajadores, y tampoco la de sus organizaciones. El paso del tiempo los expone como aportes sin más contraprestación que la preservación del statu quo de la dirigencia y de la legislación laboral.
Por último, como ya es habitual, la medida de fuerza procuró contener a la base sindical. “Al sector más pragmático de los dirigentes gremiales no le molesta nada el contenido de la actual reforma que terminó impulsando el Gobierno en la Ley Bases. Pero, obviamente, frente a las bases tienen que mostrar acción”, explica un filoso analista del peronismo que suele oficiar de consultor de muchos de sus dirigentes.
Las diferencias que se advierten dentro de la dirigencia gremial, en la que abundan los dialoguistas de la conducción cegetista (con la excepción efectiva de Pablo Moyano y la retórica de Héctor Daer y algunos otros), ilusiona a los oficialistas que trazan paralelismos con la experiencia del gobierno de Carlos Menem, que ellos reivindican e idolatran. La biología y el confort del que gozan muchos dirigentes gremiales refuerzan esa perspectiva esperanzada.
El vaciamiento que entonces le impuso el riojano a la conducción de la CGT que lideraba Saúl Ubaldini, con los servicios del aún vigente gastronómico Luis Barrionuevo, es un espejo en el que buscan mirarse y proyectar imágenes los mileístas, más allá de las múltiples diferencias objetivas y subjetivas que hoy existen respecto de aquel tiempo.
La profunda transformación del aparato productivo, en la que la larga decadencia económica se ha visto potenciada por los efectos de la revolución tecnológica y los consecuentes cambios sociales, opera como una ventana de oportunidad para avanzar con cambios en la legislación laboral que muchos sindicalistas admiten, si no como necesaria, al menos como inexorable o inevitable.
La reforma sindical, en cambio, dispara, como siempre, más resistencia de parte de la dirigencia gremial. En eso se juega su capital (metafórica y literalmente) y su destino.
Hasta ahora, esa es una disputa en la que los sindicalistas volvieron a ganar una batalla, con las concesiones que Milei les hizo en la Ley Bases, frente a proyectos, como el del bloque de diputados radicales, que amenazaban los ingresos de las organizaciones. “La nuestra está”, podrían decir Daer, Moyano y el resto. Pero nunca es suficiente ni están demasiado seguros cuando miran hacia adelante en el tiempo.
Preservar lo que les queda de poder a los gremialistas obliga a disimular concesiones hechas y beneficios obtenidos en el diálogo con un gobierno que se ubica en las antípodas de sus bases y que llegó prometiendo terminar con “la casta sindical”, entre otras.
Nada mejor para eso que un paro general, apalancado en realidades objetivas que afectan a los trabajadores, como son la caída del poder adquisitivo de los salarios, que según la actividad puede superar el 30%, el ajuste y la recesión, que impactan sobre los sectores de mano de obra intensiva, entre los que sobresalen el empleo público y la construcción, afectados por la parálisis casi absoluta de la obra pública.
Demasiados frentes abiertos y demasiados destinatarios para un paro que tuvo la contundencia que, gracias a la adhesión de los gremios del transporte, le faltó a la medida anterior de enero. También, demasiados destinatarios para una sola acción que carece de novedad.
El resultado de las políticas oficiales dirán si fue el segundo paso de una escalada en la tensión social, como pregonan los sindicalistas y los opositores más duros. O si solo se trató de una escaramuza sin mayores consecuencias en medio de las turbulencias que imponen el ajuste y los cambios radicales encarados por el Gobierno.
Mientras dura el apoyo popular, el mando sigue en manos de Milei y su gestión.
Fue un mensaje para el Gobierno, los senadores del PJ, la interna peronista y las bases gremiales
El paro del transporte ayudó a la imagen de un éxito relativo

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La política mira a la economía; la economía mira a la política
Florencia DonovanEl presidente Javier Milei
El grupo colombiano Geopark está por cerrar una operación por cerca de US$300 millones para asociarse con la petrolera Phoenix, que tiene como accionista mayoritario al grupo suizo Mercuria y como minoritario al argentino Vila-Manzano, para empezar a operar cuatro áreas no convencionales en Vaca Muerta. El anuncio, que podría hacerse la semana próxima, es una prueba más del interés que suscitan algunas industrias en una Argentina que todavía está lejos de considerarse una panacea inversora.
Entre las multinacionales y los grandes inversores de la economía real prima la cautela. La euforia que se vive en el mercado financiero no tiene correlación con lo que pasa entre quienes deben decidir hundir grandes cantidades de dinero por años. No pocos tienen fresco el recuerdo del macrismo, que, pese a las buenas intenciones, finalmente no pudo imponer un cambio de reglas de juego. Está claro, para la mayoría de ellos, que el presidente Javier Milei hará lo imposible por sostener el superávit fiscal, pero lo que todavía no terminan de ver es si Milei podrá domar un sistema político anquilosado. Las demoras en el tratamiento de la Ley Bases en el Senado hacen ruido. “Las reuniones que tenemos en el exterior con inversores –reconoce el CFO de una empresa argentina que cotiza en Wall Street– están cada vez más llenas, pero el 30% de las preguntas que nos hacen son del negocio; el 70% restante son políticas, de la Ley Bases y de la macro”, admitió.
Para los grandes inversores, la realidad es que no importa tanto el detalle del capítulo del polémico régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI), pero sí que haya al menos un RIGI. El presidente de YPF, Horacio Marin, fue uno de los que ayer levantaron el perfil para advertirlo: dijo en un evento empresario que el proyecto de construcción de una planta de gas licuado en la Argentina (clave para el desarrollo de todo el potencial de Vaca Muerta), para el cual la petrolera estatal tiene un acuerdo con la malaya Petronas, depende de que se sancione el RIGI. “Sin RIGI no habrá GNL”, sentenció en el VI Foro Nacional de Energía, Libertad y Seguridad Energética de LIDE. Varios proyectos mineros están a la espera de lo que suceda en el Congreso con este capítulo.
En tanto, el paro de ayer de la CGT no solo desconcertó a quienes venían negociando con los gremios el detalle de la reforma laboral que pasó por el Congreso. “Estábamos seguros de que lo iban a suspender después de haberles concedido lo que pedían en la Ley Bases”, dijo un funcionario del equipo económico. También puso en alerta a quienes miran a la Argentina desde el exterior. Hasta los burócratas del Fondo Monetario Internacional (FMI) hicieron llamados en las últimas horas a embajadas y a empresas para entender el impacto de la medida.
“Al Fondo le preocupa qué va a pasar con la inversión, no quiere ser el único que pone plata”, confió un hombre desde Washington, asiduo interlocutor del FMI. “Quieren tener más claro, una vez que levanten los controles, cuánta inversión puede haber”, confió.
Anoche estaban regresando de Washington el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning. A diferencia de lo que sucedió con el viaje a China, volverían con la certeza de que el FMI le liberará al país en junio los US$800 millones que corresponden a la octava revisión del programa que la Argentina firmó con el organismo. No sería suficiente para financiar el vencimiento ese mes de US$5000 millones del swap (préstamo) chino, pero ayuda. Las conversaciones de Economía con bancos privados internacionales para conseguir algo de financiamiento complementario no se interrumpieron en ningún momento. La realidad es que para un nuevo programa con el FMI, con dinero fresco, habrá que esperar varios meses más.
También el FMI sigue de cerca el conflicto que esta semana terminó de estallar entre el Gobierno y las empresas generadoras de electricidad por la deuda de unos US$2000 millones que la administración Milei acumuló con el sector entre diciembre y marzo. Tanto petroleras como empresas generadoras de energía eléctrica rechazaron la propuesta del Gobierno de saldarles la deuda con un bono a 14 años, con una quita del orden del 50 por ciento, y advirtieron que tal medida sería interpretada como una ruptura de los contratos. Claramente los “derechos adquiridos” a los que se refiere Milei para explicar la no desregulación del régimen de Tierra del Fuego no son derechos universales. Las prepagas sufrieron la misma suerte. Esperaban liberalismo pero recibieron en cambio un shock de intervencionismo. “Me llaman del FMI, del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la embajada, y solo preguntan: ‘¿por qué el Gobierno hace esto?’. Cuando un contrato no se respeta, hay un problema gigantesco”, dijo ayer en el evento de LIDE Martín Genesio, CEO de la norteamericana AES. Muchas de estas grandes compañías tienen como accionistas a fondos de inversión o tienen deudas con inversores internacionales. El mago Luis Caputo viene recorriendo el espinel desde hace décadas; habrá que ver si conoce los límites de la negociación.
Más que los extranjeros, son los empresarios nacionales los que, no sin algo de temor, empiezan a mostrarse más activos. “Acá hablan mucho de Elon Musk, pero Musk no tiene ni dos palos metidos en la Argentina. Yo tengo 10.000 millones”, se sinceró un empresario.
Además del grupo Vila-Manzano, con Geopark, el banquero Jorge Brito se ocupó de presentarle al presidente Javier Milei un proyecto para desregular el negocio bancario. Entre otras cosas, la idea es que los bancos puedan invertir en el capital accionario de empresas no complementarias por encima del 12,5% del paquete accionario, y que además tengan menos restricciones para prestar los dólares que reciben del público. La propuesta, que se había planteado inicialmente en un encuentro que a fin de marzo los empresarios del Grupo de los Seis tuvieron con Milei, luego formó parte de un encuentro privado más reciente entre Brito y Milei, que le encomendó al presidente del BCRA, Santiago Bausili, trabajar sobre el tema.
En el mercado, creen que el presidente del Macro, que el año pasado se quedó con la sucursal local del Banco Itaú, tiene intenciones de seguir apostando por el país. “La mayoría de los grande bancos distribuyeron gran parte de sus dividendos acumulados menos Macro, lo que le permitiría apalancar futuras compras”, evaluó un competidor. “Santander distribuyó el 60% de los resultados acumulados; el BBVA, el 55%; el Banco Galicia, el 40%, pero porque se tuvo que guardar algo para hacer frente a la compra del HSBC, y el Macro, apenas el 33 por ciento”, detalló.
Entre los economistas, algunos empiezan a ver en la economía señales incipientes de mejora. “Para abril, los primeros datos adelantados de la industria (automotriz) son positivos, podría pensarse en un piso desde donde podría comenzar la recuperación –dice un reporte enviado ayer a clientes por la consultora Empiria, de Hernán Lacunza–. La mejora del salario real y el impacto de la cosecha podrían servir de impulso. Por el lado de la construcción, los datos adelantados de abril arrojan señales positivas: el índice Construya aumentó un 6% mensual desestacionalizado”. En X, Mariano Flores Vidal, exgerente general del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, coincidió: “Estamos viendo el piso de la recesión, la recuperación viene de la baja de inflación, el crecimiento de los salarios reales, el crédito y el menor ajuste relativo del gasto público. Se acelerará gradualmente con la cosecha”. Habrá que ver que las señales no se esfumen como se esfumaron los “brotes verdes” del macrismo. El tiempo dirá.
En los bancos reconocen que la demanda de crédito en pesos es por ahora ínfima, pero empiezan a sorprenderse con el repunte de la demanda de financiamiento en moneda extranjera. Según datos del BCRA, los préstamos al sector privado en dólares suben 74,4% en el año, y 23,5% en el mes. Son apenas US$5945 millones, y en su mayoría, están colocados entre mineras, petroleras y empresas agroexportadoras. Tres sectores de los más competitivos del país.
En el consumo masivo, no obstante, son todas lágrimas. Así se lo hicieron saber el lunes de esta semana los supermercadistas al secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo, Juan Pazo. Durante el encuentro, en el edificio de la calle Roca, admitieron en abril una caída en las ventas de alimentos y bebidas de entre el 11% y el 15% interanual, en unidades, mientras que en el caso de los productos “non-food” (textiles, electro y juguetería) la caída habría sido del 40%, promedio. La única nota positiva –para el consumidor– es que revelaron también que los aumentos de alimentos el mes pasado habrían estado entre el 3 y el 4%. Cifras similares habría relevado el responsable de la cadena Frávega en la última reunión de la Cámara de Comercio, en la que reconoció bajas de hasta 50% en las ventas.
Es la macro, para el Gobierno, lo que hará repuntar la economía. Es la política, para los inversores, lo que hará que realmente la Argentina salga adelante.
Las demoras que sufre la Ley Bases en el Senado hacen ruido entre los inversores

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