SEGURIDAD

El Gobierno prepara un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 o 12 años
DELITOS. Luego de varios casos de homicidios que tuvieron como protagonistas a chicos que no pueden ser alcanzados por la ley penal, se planteará una reforma en el Congreso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la intención del Gobierno es bajar la edad de imputabilidad, y adelantó que evalúan si se impondrá en 14, 13 o 12 años, sobre la base de la experiencia de países de la región en cada franja etaria. Asimismo, remarcó que buscarán la pena máxima para delitos de sangre, mientras que si el acusado comete un delito menor, la intención será lograr que “recapacite” y no vuelva a incurrir en ilícitos.
En diálogo  luego del almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en el que explicó los ejes de su gestión, la ministra Bullrich aseguró que está en la etapa final de preparación de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, fijada hoy en 16 años.
“En Brasil es de 12 años, en Uruguay es 13 años. No queremos bajar la edad de imputabilidad y que después los narcos recluten a chicos menores de 12 años. Se podría bajar la imputabilidad para delitos graves como homicidio y tener otra imputabilidad para otros delitos. Las penas privativas de la libertad serán para los delitos más graves, mientras que frente a otros casos se dispondrá de alternativas, en las que se tendrá en cuenta también la situación del entorno familiar”, dijo la funcionaria.
De momento, aclaró que en la Argentina no se puede aplicar la metodología de darle una pena de adulto a quien cometa delitos de adulto debido a que lo impiden acuerdos firmados de carácter “supranacional”, que tienen rango constitucional. Esos tratados, según explicó, establecen “un tope” ante estas cuestiones. El proyecto de bajar la edad de imputabilidad forma parte de una trabajo conjunto de los ministerios de Seguridad y de Justicia.
“Hay delitos de sangre, donde nosotros queremos la máxima pena; hay delitos menores, donde uno puede tratar de que el menor recapacite: [por ejemplo], un pequeño hurto”, detalló Bullrich en una entrevista en Radio Mitre, durante la cual agregó: “Trataremos de que recapaciten. Así como en la teoría de las ventanas rotas de Estados Unidos, que comenzaban con un delito menor y se iniciaba un tratamiento especial para que no vuelvan a cometer el delito, en su momento fue muy exitoso. Luego eso se ablandó y volvió nuevamente el delito menor en Nueva York. Hay que tener una de cal y una de arena. A los que cometen delitos menores, tratar de que no cometan delitos mayores. Y a los que cometen un delito fuerte, de sangre, muy violento, esos tienen que tener una pena mucho más dura”.
Esa teoría a la que se refirió Bullrich nació de los científicos sociales James Wilson y George Kelling, y se hizo popular en la década del 90 en Nueva York. Establece que si en un edificio hay una ventana rota y no se arregla, el resto termina igual; lo que implicaría que abordar los delitos menores ayuda a crear un clima que desincentiva el resto de las acciones ilegales.
Por otra parte, la ministra dijo que trabaja junto a Migraciones para perfeccionar los mecanismos que permitan deportar a los extranjeros que integran organizaciones criminales o cometen ilícitos en la Argentina. En los últimos días se conocieron varios casos que dejaron expuesto que una banda de delincuentes chilenos “traficaba” adolescentes de 12 a 15 años a través de la Cordillera de los Andes para que realizaran entraderas en el conurbano.
Efectivos de la Policía Federal detuvieron a cinco integrantes de la organización criminal. Tres de los sospechosos tienen 16, 15 y 14 años. Todos tenían pedidos de captura internacional. El primero es requerido por diez juzgados penales de Rancagua y de Santiago de Chile. Mientras que sobre los dos más chicos pesan, respectivamente, cuatro y dos órdenes de detención internacional por robos cometidos en ese país.
Si bien los dos sospechosos mayores y el imputado de 16 años tienen pedidos de captura internacional y podrían ser extraditados a Chile, el procedimiento no se aplicaría para los menores no punibles, debido a que la legislación argentina no permite remitir a la persona reclamada por otro país si es considerada inimputable para la ley local. En Chile la edad de imputabilidad está establecida en los 14 años.
En la región americana solo otra nación tiene el mismo límite de edad de imputabilidad penal que la Argentina: Cuba.
La situación regional
Uruguay tiene el límite en los 13 años, al igual que la República Dominicana, Guatemala, Haití y Nicaragua. En Chile, Colombia, Paraguay y Perú los menores son punibles a partir de los 14 años. En Bolivia también comienzan a ser considerados responsables a los 13, pero con la categoría de “infractores”. Por su parte, Brasil, Ecuador y México comparten el límite de 12 años como edad de imputabilidad con Belice, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá y Santa Lucía. Pero hay países que aprobaron la penalización de menores incluso antes de que cumplan 10 años.
Cuatro naciones insulares del Caribe tienen un piso de entre ocho y nueve años más bajo que la Argentina: son Granada y Trinidad y Tobago, donde la edad mínima de responsabilidad penal está fijada en 7 años, y Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, donde el tope inferior es de 8 años.
No es un fenómeno limitado a América Latina. Por caso, en Irlanda es de 7 años, y en Escocia, de 8. En Canadá, es de 12 años, y en los Estados Unidos depende de cada estado: algunos establecieron taxativamente un piso (el más bajo, 7 años, en Carolina del Norte, y solo ocho establecieron una edad mínima superior a 10 años, cinco de ellos, de 16), pero 33 estados de la Unión no tienen edad mínima, por lo que cualquier persona que haya cometido un delito, sin importar su edad, deberá ser sometida a la maquinaria judicial. Si se trata de crímenes graves, podrán ser juzgados como adultos. No podrán ser condenados a muerte ni recibir cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, excepto en el caso de un homicidio en primer grado.
La mayoría de las naciones han establecido regímenes especiales para atender la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. No pueden ser juzgados como adultos ni recibir penas de adultos o ser objeto de medidas restrictivas prolongadas o por cumplirse en los mismos establecimientos que los adultos. La diferencia es desde cuándo pueden ser juzgados y cuál es el período en el que no estarán sometidos a la Justicia que alcanza a los mayores de 18 años.
La condición de inimputabilidad es explotada por bandas criminales, que reclutan a niños y adolescentes para cometer asesinatos. Eso ocurre, por ejemplo, en Rosario, donde un menor de 15 años reconoció ser el autor del homicidio del playero Bruno Bussanich, ejecutado con disparos a corta distancia. Fue ese uno de los cuatro crímenes que la ministra Bullrich califica como acciones de narcoterrorismo, ya que las víctimas fueron elegidas al azar, con la intención de generar conmoción social. Pese a la gravedad del delito, ese adolescente no será siquiera juzgado y, como máxima pena, solo sería confinado a un instituto de menores hasta que cumpla 18 años.

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